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Los movimientos estudiantiles en Colombia han luchado durante más de 30 años para exigir sus derechos y los de la sociedad en general. Sin embargo, hoy el país presenta un contexto muy distinto en algunos escenarios, y sus mecanismos de manifestación parecen estar cambiando mientras la resistencia continúa.

 

La historia de los movimientos estudiantiles es un tema apasionante, pues, como menciona el vicerrector de la Universidad del Rosario, Richard Santamaría Sanabria, en su texto La importancia del movimiento estudiantil en Colombia, la relevancia de estos se debe al “reconocimiento del valor inmutable del estudiantado y su significancia dentro de la vida social bajo una perspectiva histórica amplia”. A su vez subraya que “las grandes reformas constitucionales que conllevan una real conmoción en el funcionamiento del estado se han gestado con un papel protagónico y contundente del movimiento estudiantil colombiano”.

En ese sentido, la lucha de los estudiantes en Colombia ha sido efectivamente vital para que la sociedad reconozca las distintas coyunturas que ha atravesado el país, pasando el surgimiento de grupos armados ilegales, los grandes cambios legislativos, y hasta por expresiones de resistencia ante la violencia armamentista.

Actualmente, el contexto es significativamente otro, aunque no por ello menos adverso. El país vive un proceso de paz con dos de los grupos armados más influyentes en la historia del conflicto armado colombiano, y en teoría los escenarios de lucha están cambiando, pero la estigmatización, la represión y las amenazas aún existen.

Una lucha que cambia, pero no termina
El diario El Espectador recordó en junio de este año cuando en 1971 se llevó a cabo una de las movilizaciones estudiantiles más grandes en la historia del país, uniendo a universidades privadas y públicas, gremios y sindicatos bajo una consigna: “Por una educación nacional, científica y de masas”.

Las protestas habían empezado en enero, pero el suceso que desencadenó en tal paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato de 20 personas en la Universidad del Valle, el 26 de febrero de ese mismo año.

La represión incentivó a la unión de las distintas asambleas estudiantiles plasmada en el Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, documento que proponía seis puntos. El más importante hablaba de abolir los Consejos Superiores Universitarios, conformados por representantes de los gremios y el clero (sectores extrauniversitarios), y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación, cuya función sería la de gestionar las universidades bajo la fórmula del cogobierno.

El paro duró hasta septiembre y cerró en un común acuerdo entre estudiantes y el Estado, donde se constituyó el nuevo gobierno universitario y se estableció el cogobierno en la Universidad Nacional y la de Antioquia, disueltos ambos en 1972.

Esa fue una de las primeras luchas que lograron visibilizarse a nivel nacional y, por ende, una de las victorias más importantes obtenidas para el movimiento estudiantil.

Hoy parece ser que diversos factores han reducido al movimiento, la unidad y a la movilización. O al menos eso afirma María Fernanda Uribe, estudiante de Ciencias Políticas y miembro importante de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, pues para ella la lucha de los estudiantes universitarios ha perdido fuerza por una situación imperceptible: la edad. Y es que en las mismas inducciones que se realizan cada año en su universidad, se encuentra con estudiantes de hasta 15 años de edad. Para María “salir del colegio a los 15 años y llegar a un mundo tan grande como la universidad” es muy fuerte para ellos. Por lo tanto, vincularse a una lucha estudiantil que represente una mejora a nivel educativo, social o político es exigirle demasiado a un joven de esa edad.

Sin embargo, María Fernanda sostiene que el papel trascendental del movimiento estudiantil no es el único que ha decaído, pues, desde su punto de vista, las organizaciones políticas dentro de la universidad también están en un mal momento. María Fernanda dice que ha tratado de ser enfática en cambiar las formas de transmitir las ideas a la gente, pues puede ser otro gran motivo de la tangible falta de unidad. María lo propone con tal de incentivar a la participación y a adaptarse a las nuevas generaciones que van llegando a la academia universitaria.

Así las cosas, “ocurre que cuando se convoca a las marchas la gente a veces sale y a veces no”. Según María Fernanda, esa situación se debe a que hay métodos de convocatoria desgastados. De la misma forma, considera que en este momento el movimiento estudiantil se encuentra en un limbo ya que no se decide a la hora de proponer e implementar esos métodos los cuales se reducen al gusto de unos y se convierten en un repelente para las distintas voces que pretendan involucrarse.

Soranny Moncada, estudiante de la Universidad de Antioquia e integrante desde hace más de cuatro años de la organización Proceso Nacional Identidad Estudiantil, agrega que la problemática se podría deber en gran parte a una marca de temor creada por el paramilitarismo dentro y fuera de la universidad, que prevalece y sin duda cumplió su objetivo dividiendo y señalando al estudiante que quisiera integrarse en una organización social o estudiantil.

¿Por qué están luchando hoy los estudiantes?
Los estudiantes siempre se han vinculado a las luchas que proponen los distintos sectores sociales que se empeñan en exigir sus derechos, nunca sin olvidar sus necesidades. De esta manera, para Soranny hoy hay un problema clave para resolver: la desfinanciación.

Soranny explica que, aunque hace 10 años los movimientos estudiantiles estaban más atomizados regionalmente y hoy están más articulados a nivel nacional, falta superar esa barrera de unidad concertando las necesidades puntuales, apuntando a la construcción de paz, que abran espacios dentro de las mismas universidades.

Los casos específicos actualmente son el decreto 2034 y el programa Ser Pilo Paga (SPP). El primero, una reforma a la educación, y el segundo, para las organizaciones estudiantiles, una beca abstracta y egoísta. Ambos son para Soranny y muchos estudiantes, unas políticas aplicadas como forma de privatizar la educación. Según Soranny, se está eligiendo una estrategia política y económica por encima de una necesidad social, y siempre ha sido así.

Por lo tanto, la lucha estudiantil siempre tendrá cómo resistir y contra qué luchar, porque esa chispa de rebeldía necesaria para confrontar y reclamar sus derechos no desiste. Las expectativas de los movimientos de los estudiantes se basan en superar errores pasados y lograr la unidad que requieren para asumir los retos que década tras década no disminuyen, sino que, todo lo contrario, se reproducen sistemáticamente mientras atentan contra sus derechos.

El departamento de La Guajira es un territorio diverso cultural, económica y socialmente, y está habitado por una multiplicidad de poblaciones afros, indígenas, mestizas, campesinas y pescadoras. Sin embargo, hace más de tres décadas, empresas multinacionales para la explotación de carbón se han instalado en el territorio, modificando estas dinámicas propias.

La desviación del río Ranchería es uno de los principales proyectos para la expansión del Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada en La Guajira, la cual, según el Plan de Desarrollo, traería un impulso social y laboral. Sin embargo, desde el punto de vista de las comunidades locales, esto solo ha traído problemas, pues el río en un actor primordial en sus vidas cotidianas, que al ser desviado para la explotación y lavado del carbón, desencadena desorden en todos los aspectos de sus culturas.

Diferentes movimientos sociales de estas mismas comunidades (como Fuerza de mujeres Wayuu, Organización de comunidades negras y ancestrales de Tabaco, y el Comité Cívico por la dignidad de La Guajira) han venido gestando un proceso de resistencia por la defensa del río Ranchería y la vida digna.

La tierra, el río y las montañas dan sentido a las luchas
La fuerza que mueve a los pueblos guajiros para organizarse y velar por sus derechos está relacionada con el sentir sobre el territorio, con la relación eco-social que se construye a partir de visiones y relaciones con el entorno, forjando un hilo cultural que le da sentido a estas prácticas.

Por ejemplo, la importancia del territorio para las negritudes guajiras está íntimamente influenciada por las corrientes del río. El río Ranchería es la base de la soberanía alimentaria, de sus economías solidarias, de sus creencias y de su cotidianidad. Narraciones, cuentos, leyendas, lugares de esparcimiento y otros elementos han sido despojados de las comunidades afrodescendientes que hacen presencia en las cuencas del río Ranchería, y que ven con preocupación la intención de desviarlo o de privatizar los principales afluentes que lo alimentan.

Para las comunidades negras, asentadas desde tiempos ancestrales en La Guajira, específicamente para la Organización de comunidades negras y ancestrales de Tabaco, la naturaleza, la tierra, es entendida desde su cosmovisión como su madre, ellos son hijos de la tierra y es a la madre a la que deben agradecimiento por su vida y su cultura.

En el caso de las comunidades indígenas, no se tejen hilos tan diferentes en torno a la cuenca del Ranchería. Las diferentes etnias indígenas situadas a lo largo de esta fuente de agua también han construido desde tiempos ancestrales sus formas de sustento y sus tejidos sociales, basadas en los servicios ecosistémicos que este les provee, además de ser un entorno cargado de saberes ancestrales.

Las comunidades Kogui, Wiwa y Wayuu, presentes a lo largo de la cuenca del río Ranchería, personifican en él deidades propias de cada una de sus cosmovisiones. Para la organización de fuerza mujeres Wayuu, el río Ranchería es visto desde una mirada tradicional, es una entidad sagrada, es parte fundamental del equilibro de todo ser. Los sabedores espirituales de la cultura wayuu han inculcado la creencia de que el río es un espíritu, una gran vena que bombea a la tierra, es la sangre que permite que el corazón de la tierra siga funcionando.

Las interacciones con el río Ranchería que construyen las comunidades de La Guajira están atravesadas por un sentimiento mágico y maternal; además sus contextos ardidos y con escasez de agua, hacen aún más del río un actor muy importante en las vidas políticas, económicas y sociales de estos grupos sociales.

Organización social
Con la llegada de la minería a La Guajira, las formas en que normalmente la gente vivía se vieron interrumpidas. Los pescadores fueron desplazados para dar vía libre a los puertos; los campesinos tuvieron que dejar sus siembras; los indígenas abandonaron sus sitios sagrados, y los afros sus caseríos y ríos. Muchos de sus territorios estaban siendo saqueados, y empezó a sembrarse la resistencia.

Sin embargo, con el proyecto de desviación del río Ranchería, se consolidó la organización de las comunidades y pueblos guajiros, quienes en su proceso organizativo tienen como vertientes la apropiación y la preocupación por el territorio, la memoria histórica y la generación de nuevos espacios para la articulación de diferentes sectores sociales por la defensa del río. Fue de esta manera que en el 2014 la movilización social logró posponer la desviación del río.

Además, diferentes agendas de acción han sido llevadas a cabo por estas organizaciones sociales. Pliegos de peticiones que se traducen en políticas culturales, foros, marchas, expediciones, asambleas, centros culturales y paros civiles, fortalecen los procesos de resistencia y sus luchas por no abandonar sus identidades y culturas.

Estas luchas permiten visualizar las dinámicas de conflicto e imposición, generadas desde las prácticas económicas extractivistas. En las demandas, discursos y prácticas de los movimientos sociales en La Guajira, en ámbitos institucionales y culturales más amplios, se destacan las propuestas ecológicas como alternativas, y una apuesta por superar el actual modelo económico impuesto en el departamento.

La lucha por el río Ranchería les ha demostrado a los pueblos de La Guajira que la unidad entre ellos puede darles la fuerza para detener cualquier atentado contra sus territorios. Es un ejemplo para los demás pueblos de la región y se constituye un referente de lucha para las comunidades que habitan alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta y que hacen uso del recurso hídrico que de ella proviene. Actualmente se viene gestando un nuevo espacio de articulación entre todas estas comundiades por la defensa de los ríos de la Sierra.

*Comité por la defensa de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta - Congreso de los pueblos Karibe

Soy Sara, tengo 21 años y soy estudiante de Derecho. Leo mucho, todo el tiempo, no solo por la carrera que estudio sino porque es lo que más me gusta hacer. Tengo sueños, espero ser una penalista muy tesa acá en Colombia, ser millonaria y viajar mucho. Hasta ahora puedo decir que el mejor día de mi vida fue cuando tuve a mi hijo, y el peor día de mi vida fue el día que abusaron sexualmente de mí.

No recuerdo el año exacto, fue cuando tenía 13 años, faltaba poco para cumplir los 14. Estaba en la fiesta de quinces de una prima, que era en el garaje del primer piso y mi prima vivía en el tercero. Me dio sueño y fui a dormir, dejé la puerta abierta porque me habían dicho que más personas iban a dormir en la misma habitación. Yo ya estaba medio dormida cuando escuché que alguien entró en el cuarto, sentí que alguien me empezó a tocar, después me cogió de los brazos, me alzaron el vestido.

En Colombia, hasta septiembre de este año el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 17.412 casos por presunto abuso sexual, de los cuales 15.175 eran a menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, reportaron el número más alto de casos con 7.205, seguidos por los menores entre cinco y nueve años con 4.068. En comparación con los casos presentados con menores de edad hasta septiembre de 2016, el número de presuntos abusos sexuales ha aumentado un 9,28% este año. En Medellín, el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Abuso Sexual -CAIVAS-, registró hasta el 31 de octubre de 2017 un total de 978 casos de menores de edad víctimas de abuso sexual, 223 casos más que el total de reportados en el año 2016.

Según la UNICEF, “el abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña y adolescente) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo”. Actos como el manoseo, frotamientos, contactos, besos sexuales, el exhibicionismo, comentarios lascivos, el contactar menores por internet con propósitos sexuales y la exhibición de pornografía, son conductas que se consideran abuso sexual a menores, según este organismo internacional.

Silencio
En el momento en que sucedió no le conté a nadie lo que pasó. Yo no quería que la gente supiera, además sentía que podía superarlo sola. Hablé de eso, la primera vez, como a los 16 o 17, que se lo conté a una amiga de toda la vida. Ella me estaba hablando de algo que le pasó con un novio que tenía, y para que dejara de sentirse tan mal le conté, así ella veía que el drama que estaba haciendo era exagerado.

Gladys Díaz, psicóloga e investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI-, quien realiza entrevistas a menores víctimas de abuso sexual, asegura que hablar de la experiencia es importante en el proceso de las víctimas, siempre y cuando se haga en el espacio y con los profesionales adecuados. De acuerdo con ella las familias pueden afectar de manera negativa a los menores al señalarlos y estigmatizarlos.

Me hubiera gustado haberlo denunciado si hubiese sabido quién fue. Como el delito se trata de un acceso carnal violento, la pena hubiera sido de 12 a 20 años, si son actos sexuales la pena es de 9 a 13 años. “Se presenta una gama de delitos muy grande, desde las conductas abusivas, es decir, cuando el menor por su edad, por su inmadurez psicológica o por miedo, permite que las conductas se cometan”, afirma Diego Giraldo, fiscal 96 de delitos sexuales.

Son agravantes del delito de abuso sexual, explica Giraldo, el que actúen varias personas, que se produzca una enfermedad de transmisión sexual, que haya una relación de autoridad o confianza con el agresor, que sea con menor de 14 años, el que se da entre parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, que se ejerza sobre una persona vulnerable por su raza, etnia, edad, ocupación u oficio, o cuando se cometa el delito por control social, temor u obediencia de la comunidad.

Culpa
Yo no sentí culpa, no es culpa mía que en el mundo existan desadaptados, pero eso quizá no es lo que la mayoría de las víctimas del abuso sexual piensen. La psicóloga Gladys Díaz afirma que en este tipo de casos las víctimas tienden a sentir culpa. Diferente de mi historia en que un desconocido abusó de mí, Díaz señala que el abuso se da generalmente dentro de las familias, causando que estas se “desvertebren”. “Casi que el niño siente que fue culpa de él, es decir, todos están sufriendo por su culpa en el hogar. Cuando la familia lo sabe hay unos que dudan, otros que no le creen, lo miran mal. Hay una cantidad de cosas que hacen que esos niños se arrepientan de haber contado y se sientan culpables”, asegura Díaz.

Según el psicólogo clínico Alberto Ferrer, los abusadores regularmente son personas hábiles para manipular al niño y hacerle creer que es cómplice del maltrato, que hicieron algo para merecerlo, generando sentimientos de culpa en la víctima. Esto lleva a que los niños no quieran compartir la situación, por lo que pueden prolongarla durante años.

Secuelas
En el momento en que sucedió, me sentí pésimo, eso afectó mucho mi vida personal y la manera en la que me relacionaba con la gente. No me gusta el contacto, pero aprendí a manejarlo, sin embargo, normalmente no me gusta estar muy cerca de alguien o que me toquen mucho, eso hizo que me gustara más estar sola que rodeada de personas.

Con mi pareja sentimental a veces soy muy distante o simplemente me dan ganas de estar sola o de que no me toque y me voy; en la parte sexual soy muy cohibida. Yo le he contado a mis parejas. El primero, que fue un novio con el que duré como cuatro años, fue muy indiferente, y con el que estoy actualmente, se lo conté porque él estaba notando mis actitudes y ha sido muy comprensivo.
El abuso sexual suele generar problemas psicológico-emocionales que pueden acompañar a las víctimas hasta su edad adulta si no reciben ayuda o tratamiento. Según Alberto Ferrer, “el abuso sexual es una de las experiencias más devastadoras que un ser humano pueda vivir”. Lo mínimo que puede producir es un trastorno de estrés postraumático, pero también puede producir un trastorno límite de la personalidad.

Durante un tiempo sí sentí que necesité ayuda. En el 2015 quedé embarazada del tipo con el que duré cuatro años, el año pasado nació mi hijo y para mí fue un cambio brusco porque mi vida cambió mucho, ese mismo año caí en una depresión post-parto, pero la ignoré porque retomé mis estudios en la universidad.

Sin embargo, este año, más o menos en mayo, recaí en la misma depresión y ahí fue donde decidí buscar ayuda. Yo tenía cambios en el sueño y dormía todo el día. No le encontraba sentido a las cosas, no me motivaba a estudiar ni a estar con mi hijo. Empecé a comer muy poco, de hecho bajé como seis kilos. Yendo al psicólogo me dijeron que todo eso se debía a cosas de mi pasado, específicamente eso.

El apoyo psicológico se daba generalmente en las consultas, por medio de charlas, a veces me ponían a dibujar o hablábamos de mi familia y de las cosas que yo pensaba que debía hacer para mejorar, bobadas. No eran cosas muy productivas que digamos y pienso que no me sirvieron, por eso no volví. Recuperarme fue un proceso largo y creo que la lectura me ayudó mucho en eso. Me distraía mucho y a veces me gustaba imaginar que yo era uno de los personajes o imaginaba muchas vidas. Yo no lo he superado, lo asimilé y aprendí a vivir con eso.

Los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCAG) son una figura territorial creada desde las comunidades campesinas e indígenas que viven en el campo, que producen la tierra y viven de comercializar sus productos agrícolas o pecuarios. Estos tienen el objetivo de fortalecer los ejercicios de autonomía y soberanía alimentaria de las comunidades, quienes a través de sus organizaciones propias, asociaciones y cooperativas, se reúnen para consolidar la Junta de Gobierno, el plan de trabajo territorial y el despliegue logístico del TCAG.

Bajo esta premisa, el pasado mes de noviembre se constituyeron el TCAG “Vida y soberanía popular”, ubicado en los Distritos 2 y 6 del municipio de Saravena, y el TCAG del “Piedemonte araucano”, ubicado en el Distrito 1 de Fortul, ambos en el departamento de Arauca. Durante la declaración oficial de estos territorios, hombres y mujeres lucieron orgullosos los productos de su finca o sus proyectos económicos. En medio del mercado campesino, vecinos e invitados conversaron, creando lazos afectivos que contribuyen a fortalecer el tejido social.  

Con esta declaración y constitución se ponen en práctica tres vocaciones que históricamente han tenido estos pueblos araucanos. La primera es el tipo de democracia que desde la llegada de los colonos han aplicado, la de carácter participativo. Es decir que en asambleas, reuniones, comités y vocerías, la comunidad participa directamente en la construcción de su futuro, sin intermediación de actores externos que no representan sus intereses y necesidades.   

La otra vocación que hace posible el TCAG es la agrícola y pecuaria, porque permite que las comunidades continúen produciendo alimentos bajo la agricultura orgánica, limpia de agrotóxicos, como forma de preservar su salud y la vida de las personas y la naturaleza, evitando que las parcelas sean vendidas a empresas. Por eso, en las instalaciones de los TCAG encontramos papaya, yuca, plátano, naranjas, hortalizas, gallinas criollas, vacas, frutas de todo tipo, cacao, e incluso las mujeres impulsan proyectos como la elaboración de chocolates, postres, vinos de frutas, entre otros. De esta manera, también permiten que las comunidades exijan a las instituciones el apoyo a sus proyectos productivos.
La tercera vocación es la defensa y permanencia en el territorio, porque si bien es cierto que la tierra debe ser para quien la trabaja, también se debe defender con lucha y organización y no permitir el despojo por parte de los megaproyectos viales o petroleros como Caño Limón, o Verilo llano 58 y 51, en Saravena y Fortul, los cuales han dejado grandes afectaciones ambientales, sociales y culturales. Esta responsabilidad de defender el territorio recae en toda la comunidad, que se ha organizado en la Guardia Campesina, Étnica y Popular para poder tener una herramienta encargada de esta labor.

La guardia campesina garantizará que las multinacionales no invadan el TCAG; así mismo motivará a que la organización del territorio sea estable y sus miembros sigan el ejemplo de disciplina que caracteriza a los miembros de la guardia. Su carácter siempre será defensivo, porque su lógica es proteger y preservar, no destruir. Para lograr su objetivo, se valen de un bastón hecho con la madera más resistente que ofrezca el territorio, el cual no dudarán en usar si una amenaza pretende dañar el TCAG.

Lo que sigue de aquí en adelante es hacer realidad el plan de trabajo de las TCAG, de la mano de las Juntas de Gobierno, figura por elección democrática. En estos miembros de las comunidades recae la responsabilidad de llevar a cabo las propuestas hechas por la gente, hablando de igual a igual con las Alcaldías, Consejos municipales, Gobernación, y demás entidades del Estado para que sea reconocida la autonomía y soberanía de estos territorios.

Desde el Coordinador Nacional Agrario se impulsa la creación de estas figuras territoriales populares, que se encaminan al reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, siguiendo el ejemplo de los pueblos hermanos indígenas y afrodescendientes. Solo queda por decir que donde haya una familia campesina trabajando la tierra para que tenga comida en su mesa, hay todo un ejercicio político de preservar la vida. Debemos darle dignidad a ese acto bondadoso con la movilización, organización y lucha popular en el campo.

 

Muchos jamás habían regresado, solo quedaban los recuerdos de la guerra, de los familiares muertos, de los pasos hacia el destierro, de las casas abandonadas y del estruendoso sonido de los balas. Hacia atrás la memoria dibujaba el eco de una guerra más antigua, la que se ensañó contra sus territorios y sus gentes. Atrás pervivía el recuerdo de la tragedia, de la violencia, de la maldita violencia que arrasó sus vidas y los  convirtió en sobrevivientes. Aún quedaban intactos los restos de la guerra, algunas casas abandonadas como monumentos del dolor, como triste testimonio del pasado; aún quedaban en pie algunos restos de la destrucción que se signó sobre sus veredas, como un relato que no se olvida y que martilla todo el tiempo sobre la memoria.

Las veredas San Miguel Santa Cruz y La Honda habían concentrado gran parte de la violencia que se vivió en La Unión y el Oriente antioqueño en general, a finales de la década de 1990 y principios de la década del 2000; allí se presenció una verdadera catástrofe humanitaria en el marco del conflicto armado colombiano. La totalidad de la población de ambas veredas fue desarraigada el seis de diciembre del 2000, cuando los grupos paramilitares amenazaron a los pobladores obligándoles a marchar al destierro, al desplazamiento, dejando la zona totalmente deshabitada durante muchos años.

El paramilitarismo se había ensañado allí con la población campesina por ser una zona de presencia guerrillera, puesto que el ELN y el EPL se habían instalado en las veredas desde finales de la década de 1980. Así la población vivió todo tipo de victimizaciones quedando entre el fuego cruzado, pues cuando se prendió la cosa, vecino tras vecino empezó a caer, que porque le dio agua a tal, que porque le vendió, que porque no informó, que por colaborador… Los motivos parecieran sobrar para haber asesinado a tantos injustamente.

Sin embargo, esta vez el motivo del encuentro no era hablar de la guerra, no era ahogarse de nuevo entre incontables recuerdos de historias vividas. Esta vez el reencuentro era entre vecinos con su territorio, con sus antiguas veredas, con sus raíces; retornar a lo que había sido su terruño años atrás para sembrar esperanza y vida, para contarle a las nuevas generaciones el relato de lo vivido, con la única intención de que jamás se repita y de que la guerra nunca más sea una opción.

Por eso esta vez los antiguos pobladores, los sobrevivientes que jamás volvieron y los que sí retornaron se dieron encuentro en el primer Festival Comunitario por la Vida y el Territorio, después de 17 años de abandono y desencuentro, en la escuela de la vereda San Miguel Santa Cruz, en el municipio de La Unión. Uno a uno fueron llegando los integrantes de la antigua comunidad, para reencontrarse, abrazarse  y mascullar entre chanza y chanza los recuerdos vividos, pero no solo los de la tragedia, sino también los de las mejores épocas cuando la guerra todavía parecía lejana. Porque es que San Miguel Santa Cruz y La Honda no solo fueron violencia y tragedia.

Así, esta vez el encuentro después de tantos años era para sanar las viejas heridas, para sembrar vida donde un día reinó la muerte, para reconstruir el territorio y borrar sus cicatrices, para retornar a lo que fuimos como comunidad en el pasado. Por eso festejar la vida y el territorio en comunidad, porque sólo en comunidad podrá reconstruirse el proyecto de vida colectiva sobre los territorios, desde la participación conjunta de todos y todas. Ese era el principal mensaje del Festival Comunitario, juntarnos nuevamente para sobreponernos a la guerra y al dolor; juntarnos para labrar la memoria, sembrar esperanza y cosechar dignidad a varias manos.

La historia de estas veredas ha permanecido en el completo olvido, ha sido totalmente invisible ante el municipio, la región y el país, por eso la comunidad se juntó para ser visible, para ponerle rostro a su dignidad que se ha resistido al despojo y a la guerra, para apostarle a la construcción de paz desde los territorios que este país tanto necesita hoy. Por eso celebrar en comunidad al son de las danzas tradicionales, la música parrandera y el teatro, como se hacía antes en las romerías campesinas, los festivales, los convites y la navidad comunitaria (espacios que había sepultado la violencia), para contar con el grano de arena de cada quien en esta labor de reconstruir el territorio y defender la vida ante todo siempre, para que, como se gritó este cinco de noviembre al unísono en la vereda, “voltear nuevamente al sol, y que otro San Miguel sea posible”

 

 

A diferencia de sus hermanos, Leonidas Proaño sobrevivió a la pobreza y al hambre, y así nació en 1910 en un sencillo hogar en Ibarra, un pueblo de artesanos en la provincia de Imbabura situada al norte del Ecuador. Durante su infancia, el sustento de su hogar provino del oficio de su padre de macetear sombreros, el cual el pequeño Leonidas también ejerció en largas jornadas que les sacaban cayos a sus manos y le hacían doler la espalda. Aun así, ser “compositor de sombreros” -como él mismo lo definía- fue la oportunidad para compartir la experiencia junto a su familia de una fe muy profunda y un hondo amor a sus raíces, a su pueblo. Sobre esta etapa escribiría en su autobiografía: “La dureza o la monotonía del trabajo eran suavizados por la conversación y el canto. El diálogo y el canto tienen un profundo sentido comunitario. El primero, el diálogo, es el mejor vehículo de intercomunicación personal. El segundo, el canto, es un vehículo inapreciable de armonización, a través de las voces, de los sentimientos. Y es un medio para crear alegría”.

Allí en el seno de su familia descubrió que la pobreza es un don en cuanto se tiene conciencia de ella, o en sus palabras “siempre que lleguemos los hombres a ser conscientes de nuestra congénita indigencia”, de ahí su amor por los pobres, por su capacidad de vivir lo comunitario y expresar la solidaridad. También de sus padres aprendió sobre el trabajo, la honradez y la valentía, que forjaron las semillas que luego dieron frutos en su vida.

En su juventud quería ser pintor, pero pronto la vocación lo hizo dudar de este camino, y en medio de este dilema terminó optando por el sacerdocio. “Tuvo que venir a Quito para los estudios de teología, y parece que sus padres no tenían cómo sostenerlo, y no tenían cómo viajar a Quito para visitarlo, lo veían una vez al año. Su madre hacía sus ahorritos para mandarle una tostadita, un poquito de maíz, unas papitas... Antes de ordenarse sacerdote su padre muere, y su madre queda en el peor desamparo, la viudez, la pobreza, entonces ella se vio obligada a vender el trocito de tierra y el pedacito de casa que tenían, para poder comprar la sotana y todos los requerimientos a monseñor para que se ordenará sacerdote, pero él se opuso porque no iba a permitir que su madre se quedara en la calle”, cuenta Nidia Arrobo, quien ahora es continuadora de su legado en la Fundación Pueblo Indio, que el mismo Proaño antes de morir dejó proyectada.

Una vez sacerdote empleó el método de ver-juzgar-actuar y entonces se dedicó a los jóvenes y obreros de su ciudad, Ibarra, y con ellos comenzó a trabajar para organizarlos. En este sentido apoyó la consolidación de las Juventudes obreras cristianas
-JOC-, y comenzó junto a otros amigos un proyecto de librería “La Cardijn” que continuó también con el periódico “La Verdad”, con el cual iba en su búsqueda para ser libre. Desde esta tribuna comenzaría a plasmar sus preocupaciones y posturas sobre los más pobres.

“A través de la vida hay hombres que abren caminos. Yo quiero ser uno de ellos”

No se sabe cómo, pero el nombre de este sacerdote que ya demostraba su entrega por el pueblo terminó para 1954 en la terna para ser Obispo, sin embargo al ser el tercero de la lista nadie creyó que este fuera a quedar seleccionado. La sorpresa llegó con una llamada del nuncio papal:

-Apúrese y tráigame la foto con toda la vestimenta de obispo– le dijo el nuncio molesto.

-Pero si yo no tengo nada, sólo tengo una raída sotana negra– contestó

Para solucionar esto, el nuncio terminó prestándole sus ropas, y así se tomó su primera foto como Obispo de Riobamba. El ahora monseñor se dirigía de Imbabura a Chimborazo, al centro sur del país. Mientras monseñor saludaba en un carro descapotable, se le acercó una indígena que no era distinguida de la zona, con un poncho totalmente viejo, sin zapatos y con un sombrero que casi no tenía forma de sombrero por su desgaste, y le dice: “por fin llegaste, taita amito”, haciendo referencia a los amos que todavía para esa época eran los hacendados, los curas, los obispos, y al taita que en lengua quichua quiere decir padre. Con esto lo reconoció como una figura superior pero cercana. "Eso le toca el corazón al monseñor de una forma impresionante, ya que él nunca olvidó esta frase", recuerda Nidia. De esta manera, monseñor comenzó a desmarcarse de la parafernalia y dejó de participar en los actos públicos con las autoridades.

Se dedicó a las grandes visitas pastorales por toda la diócesis, y así pudo constatar que la Iglesia de Riobamba tenía 36.000 hectáreas de tierras, fruto de la herencia colonial, y los indígenas -decía monseñor- no tenían tierra sino en las uñas y vivían como topos en chozas. También se dio cuenta de la penosa situación de los indígenas de esta región; observó que vestían de negro o gris, que tenían las muelas podridas, los cabellos desgreñados, estaban en un completo abandono por lo que eran explotados económica y socialmente, y además sufrían una de opresión psicológica, entonces decía: "Yo le quiero dar al indio tierra, trabajo y dignidad".

Antes de la primera reforma agraria en Ecuador, el monseñor Proaño comenzó a darle tierra a los indígenas de Chimborazo, pero allí no se quedó su labor, él sabía que lo más importante era que los indígenas tomaran conciencia y comenzó las escuelas radiofónicas para enseñarles el alfabeto en Quichua, valorando la lengua que es prioritaria para la identidad. También les mostró que tenían derechos, entonces los indios se comenzaron a alzar y a reclamar.

Nidia menciona que en principio, cuando él celebraba la misa, llegaban “los señores” y ocupaban las bancas, y los indígenas que habían llegado primero tenían que ponerse de pie, irse para atrás y arrodillarse en los suelos de los costados. Un día monseñor les dijo: “ustedes tienen tantos derechos como ellos, o más, porque seguramente ustedes levantaron este templo”, y con esto los indígenas comenzaron a ocupar las bancas, y los denominados señores dejaron de ir. Se armó la revolución del poncho, los indígenas de otras haciendas de Chimborazo comenzaron a reclamar también que se les devolvieran las tierras, poniendo como ejemplo la labor del monseñor Proaño. En otras diócesis comenzaron a exigir también lo mismo. Para este momento el monseñor ya era incómodo para los poderes económicos y políticos, que lo veían como una amenaza, mientras que para los indígenas él era una luz de esperanza.

Así, sin frenos ni marcha atrás, siguió la revolución, y el rumor no sólo llegó a oídos sordos, sino que también otras experiencias en el continente comenzaron a interesarse por el proceso que se gestaba Riobamba.

Monseñor Proaño es reconocido como una de las figuras que impulsó la teología de la liberación en Latinoamérica, hizo parte del Concilio Vaticano II y luego firmó el pacto de las catacumbas de Santa Domitila, en Roma, en el cual sin decirle a nadie se comprometió junto a otros sacerdotes del mundo a vivir en pobreza y en optar preferencialmente por los pobres. Luego también participó de la Conferencia Episcopal Latinoamericana -CELAM- de Medellín en 1968; en este espacio que resultaría en cultivo de organización a favor de los pobres de Latinoamérica, compartió su visión de los indígenas del Ecuador. Se encargó después del Instituto Pastoral Latinoamericano –IPLA–. Todo este trabajo trajo consigo la persecución y una contra ofensiva de los sectores de la iglesia conservadores, que entonces comenzaron a arremeter contra estas propuestas liberadoras. En el caso del monseñor Proaño, por la denuncia del nuncio y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, llegó un visitador apostólico de Roma para sacarlo del obispado en 1973, porque según ellos era un comunista, subversivo y estaba armando a los indios.

Antes de la llegada del visitador, Proaño le avisó a la comunidad, y esta organizó un recibimiento muy grande. Le exigieron hablar primero con ellos antes que con el obispo, entonces le mostraron la realidad en que vivían, sin armas, pero con la radio por donde aprendían. Después de esto, el visitador le dijo al monseñor que no se preocupara porque había visto una fuerte relación entre las comunidades y el evangelio. Para despedirlo, los indígenas hicieron una concentración enorme, donde una indígena de Imbabura se sacó la faja de la falda que llevaba, se la colgó al visitador y le dijo:

-Padre visitador, usted dígale al Papa santo que de aquí no saca al taita obispo, porque por el ojo ve, oído oye, boca habla, mano hace, pata no mas no quiere caminar, pero caminará.

El monseñor Proaño murió en 1988 y fue sepultado por su solicitud en la comunidad de Pucahuaico. Antes de morir reunió a un grupo de cinco personas, entre ellos Nidia, y le encomendó continuar la obra, porque entendía que desde la iglesia jerárquica no lo iban a hacer. Monseñor Proaño abrió el camino de la lucha de los indígenas en Ecuador que continúan exigiendo sus derechos, hoy en día en contra del modelo extractivista que azota a la región.

Es plena década de los setenta y huele a renacer; llegan a Cocorná Estación, en el municipio de Puerto Triunfo, de la mano de un curita, que se comporta como alguien del común, un nuevo estilo de formar Iglesia y organización comunitaria.

 

Estación Cocorná es un caserío en torno a una parada de la línea férrea que recorría el Magdalena medio antioqueño; es un corregimiento de Puerto Triunfo, cuenta con extensos valles, con abundantes ríos y con tierras muy fértiles que en su mayoría son utilizadas para la ganadería extensiva.

En esos parajes, a orillas de los ríos Cocorná y Ríoclaro, se encontraban desde los años cincuenta ocho familias numerosas que habitaban en confortables casas de cancel (madera). Era un vecindario que había construido una hermandad; tenían una escuela, a la que asistían cerca de cuarenta niños, y una inmensa cancha de futbol que quedaba más arriba a unos diez minutos, donde se reunían todas las tardes a jugar y a compartir, ambas construidas a punta de convites. Este territorio constituye una vereda llamada Santa Rita.

Por allí, en el punto exacto donde confluyen aquellos ríos, estaba la finca de los Buitrago Ramírez, campesinos oriundos de una vereda del municipio de San Luis, que después del nacimiento de Gustavo, su primer hijo, se fueron a abrir montaña. Para esa época ya tenían once hijos, de los cuales uno murió de un ataque de parásitos todavía siendo bebé, y otro a los ocho años de edad en un accidente en la finca. Su casa estaba ubicada a la mitad de la cuesta cerca del río Cocorná, a diez minutos de travesía a la escuela y a veinte minutos de la cancha. Desde la casa hasta la desembocadura del Ríoclaro, donde estaban los cultivos y el campamento para guardar las cosechas, hay media hora.

La familia Buitrago Ramírez recibió en su corazón la semilla del hombre y la mujer nuevos. Además de las sendas veredales, comenzaron a recorrer nuevos caminos: los de la utopía de una nueva sociedad donde la dignidad humana, la paz con justicia social y la vida plena no sean solo un anhelo de la inmensa mayoría del pueblo, sino una realidad que se sienta en cada corazón.

Herlinda Ramírez, madre, asumió el compromiso en toda su dimensión, entregándose al trabajo comunitario, y a las comunidades cristianas. Manuel, por su parte, se vinculó de la misma forma a las actividades que implica ser un líder, asumir verdaderamente el compromiso cristiano; cambió las cantinas por las actividades de las organización comunitaria, los convites, la cooperativa, las jornadas de solidaridad; los muchachos Gustavo, Carlos, Alirio y además los parientes de los esposos Buitrago Ramírez ya no eran jóvenes; además de crecer físicamente, crecían en el aspecto espiritual y político, asumieron tareas de organización comunitaria, se batían día a día por un mejor vivir.

“En las noches me decían: 'bueno papá, ¿qué vamos a hacer mañana?' y nos sentábamos y hacíamos el plan de trabajo para el otro día; algunas veces combinando el trabajo en la finca con tareas de comunidad, solidaridad para las comunidades más alejadas… mis hijos nunca me dejaron solo trabajando la finca… se vive un ambiente de mucho entusiasmo. ¡Ah que veredita tan buena! A parte del trabajo comunitario, el padre Bernardo López Arroyave nos animó a conformar una cooperativa, ya teníamos un johnson en el que traíamos la mercancía de Puerto Boyacá, y vendíamos más barato que en el pueblo quizá…”, cuenta Manuel mientras descansa de hacer labores que aún realiza a sus ochenta y siete años, cumplidos el pasado primero de noviembre.

Pero tanta dignidad y altivez cuestan caro, y esta familia pagó un precio muy alto; el 17 de septiembre de 1982, después de un atentado fallido contra Bernardo, dos policías de Estación Cocorná y tres paramilitares irrumpieron en la finca preguntando por Manuel Buitrago, quien se encontraba realizando trabajo comunitario por fuera de la casa. Allí asesinaron a dos de sus hijos, Alirio y Carlos, a Gildardo, hermano de Herlinda, a Marcos Marín, un niño de diez años que se encontraba de visita en la casa, y a Fabián, un sobrino de Manuel, hijo de Horacio Buitrago. Horacio colaboró con los sicarios, y lo siguió haciendo luego del crimen.

Herlinda y dos niños menores escaparon de ser asesinados porque se ocultaron en la zona boscosa. Cuando Manuel regresó, encontró una escena de dolor. Debajo de un árbol yacían sin vida cinco de los más jóvenes de la vereda, sus familiares. Su esposa no estaba en casa; el desespero lo invadió, pero recobró el valor para buscar al resto de su familia, que al cabo de un rato aparecieron.

Los vecinos se reunieron, y a raíz de la negativa de las autoridades civiles de levantar los cadáveres y realizar las necropsias, la comunidad decidió llevarse a sus muchachos y realizar las exequias. La familia Buitrago Ramírez, a causa del inminente riesgo de ser exterminada, no regresó a la finca nunca más.

A pesar de lo que significó este duro golpe para ellos, mantuvieron la esperanza. Herlinda escribió a las Comunidades Cristianas Campesinas: ''Esto es un caso muy doloroso para nosotros, pero mis hijos no murieron. Ellos siguen vivos en el corazón del pueblo y su sangre le da vitalidad a la comunidad”. Más adelante refiere: “Todo el pueblo lloró a mis hijos porque no encontraban delito para haberlos matado tan dolorosamente”. Y luego: “…siguen siendo vivos entre todos nosotros para siempre. Porque el que ama a sus hermanos hasta dar su vida por ellos tendrá la vida eterna”.

Herlinda Ramírez murió, pero sus sencillas palabras aún retumban en el corazón del pueblo que hace viva su esperanza. Porque siempre se repuso y surgió como el ave fénix después de cada golpe, ya que ese no fue el único: esta familia además perdió a otros cuatro de sus hijos violentamente, a manos de paramilitares y funcionarios del Estado.

El nuevo imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso de Colombia.

En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa(DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.

La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.

Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.

Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisissobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales.

Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito a las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.

Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicos, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.

Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades, y la gentrificación (desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la población incómoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002.

El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas se deben tener en cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana”.

Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.

Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del “crimen organizado”, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro”.

En conclusión, se trata de unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”, “moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.

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