ActualidadEdición 172 – Noviembre 2022

La paz en el paraíso

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Por Samir Rojas

En la Serranía de la Macarena nace la Amazonia, se bifurcan los Andes y las colinas de la Orinoquia. Allí, en esa inmensidad declarada parque de reserva natural, nace el Escudo Guayanés, esa enorme formación rocosa que sobresale entre la selva. Una selva de sangre rojo marrón, hecha ceniza por la guerra, atravesada por ríos amarillos, magentas, verdes y azules. Nido de osos hormigueros, pumas, venados, saínos, dantas, nutrias, variedad de monos, jaguares, aves de melódicos cantos, y orquídeas arabescas.

Desde que se firmó el Acuerdo Paz en 2016, va en aumento la deforestación en la Serranía de la Macarena y la Amazonia colombiana. De acuerdo con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible: perdimos “113.572 hectáreas de bosque entre abril de 2021 y marzo de 2022”. Lo que equivaldría a deforestar el área urbana de Bogotá 3 veces. De toda la deforestación en la Amazonia, la Serranía de la Macarena fue la cuarta zona ecológica más afectada. Hacer “chuza”, como en los bolos, es una hazaña para el aserrador.

En los años 40 y 50, llegaron a ella campesinos del Tolima y del Sumapaz que huían del avance latifundista y de La Violencia, se instalaron en el alto del Guaviare, Guayabero, Ariari. Los colonos del llano desplazados por terratenientes, llegaron a orillas de los ríos que limitan la reserva natural. Después de la década del 70, los colonos con el hacha estampada en su bandera, empezaron la conexión terrestre progresiva entre los municipios de Vistahermosa y la Macarena. La cicatriz roja se conoce como la ruta ganadera; un nombre que plantea una visión sobre la selva, un lugar donde la naturaleza ha sido determinante para la persistencia de la violencia, donde la lógica parasitaria y la mentalidad colonizadora no permite entender su infinita diversidad.

Durante el proceso de paz del expresidente Pastrana en 1998, se consolidó la ruta Ganadera. La zona de distención compuesta por La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, es decir toda la zona sur del Meta, dejó en manos de las FARC-EP la construcción de puentes y vías en el parque natural. La coca fue moneda y los mandamientos guerrilleros ley, hasta que en 2002 la arremetida del Ejército y los paramilitares desató una guerra por el territorio y los cultivos de coca. Los bombardeos acabaron con la carretera y con el puente del caño Yarumales, construido por los habitantes y financiado por las FARC. La trocha fue la excusa del Estado y de los grupos ilegales para seguir disputando una guerra perdida contra el narcotráfico y la deforestación.

La paz firmada entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, planteó la necesidad de cambiar las formas de habitar la Serranía de La Macarena y transformar la ruta ganadera en un camino de la paz. Todo se quedó en anuncios. El incumplimiento de los acuerdos desencadenó nuevas formas de violencia en la que se mezclan diferentes actores armados, que acordaron la distribución del control del territorio, la población civil y los roles dentro de los circuitos del narcotráfico; también nuevas formas armadas de sobrevivir en esa violencia. La presencia actual de tantos grupos dificulta saber si son las disidencias, narcotraficantes, ganaderos, o inversores, los responsables de la deforestación y la toma de las tierras. Lo qué si está claro es que no implementar lo acordado favoreció el control de las disidencias de las FARC que aglutinó Gentil Duarte.

Semanas atrás la coyuntura política visibilizó la pérdida de biodiversidad, antesala al problema de la toma de tierras en la Amazonia colombiana. Sectores que generaron riquezas y poder político como Fedegan y Fedepalma, fueron centro del debate político. El narcotráfico y el lavado de activos se han camuflado entre terratenientes y gamonales que arrasan con la megadiversidad y la riqueza biológica y genética de la humanidad. No hay nada más absurdo que “quienes deciden enfrentarse a la naturaleza bajo la idea de un dios supremo, quemando su hogar para demostrar poder”.

La politiquería ha favorecido la construcción de carreteras, lo qué un día fueron pequeños asentamientos, hoy son municipios levantados por las economías ilegales. La negligencia política en los municipios que circundan la Serranía de la Macarena, evidencia los intereses y poderes que existen en esta región. La falta de agua potable, saneamiento básico, energía, y condiciones mínimas de habitabilidad y trabajo, favorecen el ingreso de campesinos y colonos a las economías ilegales: el que pone la tierra, el que la trabaja, el que campanea, el que la saca, el que trae los insumos, el consumo para vivir del raspacho; todos de alguna manera están involucrados en una de las economías más importantes de Colombia: la cocaína.

El ser estigmatizados y señalados como colaboradores de su enemigo, tanto de parte del Estado y de los diferentes grupos armados, sin importar cual sea su nombre, les ha quitado a los pobladores la posibilidad de generar otras formas organizativas que superen la violencia y permitan condiciones de vida digna.

El asesinato y amenaza a líderes y guardaparques sigue dejando aislada la situación en la Serranía. Los grupos armados ilegales siguen siendo los que administran la justicia, mantienen la seguridad y el control de las dinámicas sociales en la reserva; todo se vigila, todo se controla, quién entra y quién sale.

El 18 de septiembre, ante la ONU, el presidente Gustavo Petro defendió un cambio de paradigma frente a la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial, y su vínculo con la deforestación y la existencia de grupos armados. Le planteó al mundo que para optimizar esfuerzos en la guerra contra las drogas, se debe repensar cuál es el origen del consumo de sustancias, no solo descargarles la responsabilidad a los países donde se producen. Además pidió renegociar la deuda externa —la que representa más del 50% del PIB nacional— para destinar ese dinero al cuidado de la selva amazónica. En el mismo organismo internacional, el Canciller Alvaro Leyva ratificó la política del nuevo gobierno ante el mundo, la cual llamó “paz y oxígeno”.

La Serranía de la Macarena es lugar de gran importancia científica y ecológica. Su deforestación “es una acción criminal masiva con profundos daños en su bioma, el cual presta servicios ambientales irremplazables tanto para la población que lo habita como para el país, para el planeta en su conjunto y para las generaciones futuras, ya que su destrucción puede incluso cambiar el sistema climático mundial”. Pero para hacer la paz con la selva se requieren cambios sobre la tenencia de la tierra, el narcotráfico y la cultura colonizadora. Mientras persista el abandono del Estado, y el imaginario colectivo de que la riqueza se mide por número de hectáreas o becerros, será más complejo habitar de otras formas este santuario natural.

Las disidencias de FARC que comandó Gentil Duarte, hoy al mando de Iván Mordisco, controlan gran parte del sur del Meta, el Guaviare, Putumayo y las principales zonas afectadas por la deforestación de la Amazonía. El 22 de septiembre, Iván Mordisco leyó un comunicado a la opinión pública en el que planteó su voluntad de cesar de manera bilateral las confrontaciones, iniciar diálogos exploratorios y construir con el gobierno agendas que incluyan temas como las reservas forestales, las áreas protegidas y los cultivos de coca. Este nuevo panorama obliga a que el gobierno aclare cuál mecanismo jurídico permitirá llegar a acuerdos con este sector de las disidencias. Sea cual sea el método, deben esclarecer sus vínculos directos o indirectos con narcotraficantes, y explicar las causas por las que arde la Amazonía y se concentra la posesión de la tierra.

En un encuentro con diferentes organizaciones del Meta, el Guaviare y Putumayo, Susana Muhammad, ministra de medio ambiente, aseguró el 16 de octubre que para frenar la deforestación de la Amazonía iban a hacer acuerdos con las comunidades campesinas y étnicas, impulsarían economías de la biodiversidad, el desarme y contención de economías ilícitas, investigaciones de la Fiscalía para determinar actores responsables, y por último articular el trabajo de la fuerza pública. Si no hay garantías para negociar la paz y no se estudian los procesos históricos de disputa de la tierra, en el sur del país las estructuras ilegales seguirán siendo el Estado. Los carteles mexicanos se han adaptado y logran convivir entre y con los diferentes grupos que hacen presencia en el territorio.

Aunque también ha tenido consecuencias ecológicas en la Serranía de La Macarena, el turismo es una de las actividades que ha tomado fuerza los últimos años; hoy se hace en su mayoría de manera comunitaria. Poco a poco este tipo de prácticas desencadenan en nuevas formas organizativas al interior de las Juntas de Acción Comunal. Pese al mal estado de las carreteras, la ruta ganadera y el control de los grupos armados, se convierte en el sustento de familias que tienen una nueva visión de cara a las futuras generaciones.

Para superar la guerra y hacer la paz en el que puede ser uno de los más bellos laboratorios del mundo, se debe superar el error conceptual que separa los seres humanos de naturaleza. Comprender que la recuperación de estos ecosistemas también depende de quienes viven allí. Cortar los circuitos de economías ilegales como la ganadería y el consumo de carne de res, practicas que aportan a la deforestación amazónica. En el actual gobierno recae la responsabilidad de recuperar la confianza en el Estado y cumplir los compromisos adquiridos. Cambiar la visión extractiva de habitar y pensar la selva resulta esencial para diseñar planes de vida que permitan reordenar los territorios. Los saberes indígenas que llevan miles de millones de años descifrando la selva, pueden ser adaptables y trastocar la cultura colonizadora. Los intentos de lograr la paz con la selva deberían ser infinitos como nuestra biodiversidad.

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