Durante los últimos tres años, el Gobierno nacional y algunos empresarios en Colombia parecen estar muy interesados en que se potencie el cultivo de aguacate Hass y se convierta en uno de los mayores productos de exportación, pero las posibles desventajas que podría traer consigo para un sector de la población ya se están evidenciando. El boom productivo de este fruto oculta tras sus cifras la compra y venta de predios en las zonas rurales del país, en especial en el Eje Cafetero. Esto ayuda a agudizar un fenómeno social, reconocido por el desarraigo y desplazamiento del campesino a la ciudad, luego de verse obligado a vender su tierra porque las dinámicas del mercado para el sector agrario no brindan garantías y protección al pequeño productor. Esto sumado al costo ambiental.
Históricamente, este boom se presentó con mayor intensidad luego de que los precios del café cayeran en el mercado internacional para 1989, y se intentara con otros productos como el plátano, los cítricos y la ganadería extensiva para recuperarse de la mala racha, pero hasta ahora no parece que se haya logrado. Se reforzó, sin embargo, al modelo latifundista en el país, dejando al campesino una vez más sin tierra y sin posibilidades de mejorar su calidad de vida.
Desde el año 2016 la ganancia ha sido cerca US$35 millones, luego de que se produjeran cerca de 78.547 toneladas de aguacate Hass y la tendencia al aumento es continua. Hombres como Ricardo Uribe Lalinde, gerente de Cartama, empresarios dedicados a la producción y comercialización del fruto, o Pedro Aguilar, gerente general de Westsole, una comercializadora internacional que fue creada por un exfuncionario de Proexport (hoy ProColombia), han pasado de pequeños propietarios, a grandes propietarios, luego de comprar más de 1.000 hectáreas en el departamento de Risaralda, según documentó la Revista Dinero en 2017.
Pero el problema no es el aguacate Hass en sí; es su producción expansiva a nivel internacional y el impacto sobre las economías locales. Colombia no está exenta de las repercusiones. De acuerdo al informe Colombia Siembra, en los últimos cinco años se presentó un aumento del 125% en la producción del fruto, modificando el uso del suelo del país, cambiando la propiedad y el uso de la tierra, y privilegiando grandes firmas comerciales por encima del campesinado. La implicación real es la afectación a la economía campesina como la base de la economía nacional, porque la producción del sector agrícola es del 8,7 % del PIB (Producto Interno Bruto). Lo anterior frente al aumento acelerado de la inversión extranjera de países como China, Japón, México, entre otros.
El país carece de una política agraria amplia, democrática y pluralista, porque dentro de esta el campesino de base no es reconocido como tal, sino que son grandes propietarios e inversionistas los que se ven beneficiados y más aún con la expedición de la Ley Zidres (Zonas Francas para el Agro) en el 2016, que sirvió de marco para la puesta en marcha de estos grandes proyectos privados de inversión productiva, siempre sustentados en los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Con esto se genera desigualdad socioeconómica, debido al abandono por parte del Estado al campesino y pequeño productor, que necesita que el Gobierno nacional lo reconozca como sujeto de derecho y lo asista para ser competitivo en el mercado nacional y global, con condiciones mínimas que le permitan ser propietario de su tierra, ser autogestor de su economía y no ser simplemente un jornalero. Es problemático que un campesino deba vender su producción a precio de huevo, que sean los intermediarios quienes se queden con la mejor parte de la producción y luego la vendan en el mercado internacional a precios tres veces superiores a los que le pagaron al campesino.
Vale la pena revisar cuál será la cuota ambiental que trae consigo la implementación del monocultivo de Aguacate Hass para la población campesina y demás comunidades que residen en territorios aptos para la producción. Ya hemos conocido ejemplos cercanos como los de la provincia de Petorca en Chile, o Michoacán en México, donde el costo ha sido alto: la deforestación de cientos de hectáreas de bosque, incendios forestales para luego plantar sobre el terreno devastado y el desabastecimiento de agua. El acceso al recurso hídrico se termina priorizando para el privado y se le restringe a la población, violando indirectamente uno de sus derechos fundamentales y constitucionales.
Ahora bien, el Gobierno nacional debe tomar medidas frente a la inminente producción expansiva del monocultivo; la solución podría ser una política pública para su implementación y regularización, además de una política de Estado que blinde al campesino y al mercado al interior del país, y se cumpla a cabalidad.