Recordemos
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) adquirió vida jurídica en 1967 como una Empresa Industrial y Comercial del Estado. En 1977 se constituyó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Interconexión Eléctrica S.A. (SINTRAISA); en represalia, ISA recurrió a la conformación de un Pacto Colectivo, figura que es usada desde entonces por la empresa para obstaculizar el derecho de asociación sindical, limitar la negociación colectiva con el Sindicato y discriminar a los trabajadores sindicalizados.
Desde 1993, SINTRAISA estableció en sus estatutos la posibilidad de afiliación a la organización sindical de los trabajadores que presten sus servicios en las filiales y subsidiarias de ISA. Estando en plena discusión de las leyes 142 y 143, SINTRAISA acude al Senado de la República para establecer garantías y protección de los derechos de los trabajadores. En el parágrafo 4 de los artículos 167 y 32 estableció que “el personal de la actual planta de ISA será reubicado en las empresas a que dé origen, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores”.
ISA es hoy un poderoso consorcio multilatino con operaciones de energía eléctrica, vías y telecomunicaciones. Tiene cerca de 50 filiales y subsidiarias. La Nación es propietaria del 51,41% de las acciones. En Colombia, el grupo ISA opera y mantiene el sistema interconectado y administra el mercado mayorista de energía, y en Latinoamérica posee la mayor red de alta tensión. Su capitalización bursátil asciende a $20,16 billones; en 2019 tuvo ingresos por $8,14 billones y una utilidad neta de $1,64 billones. Sus activos alcanzan $51,34 billones, y proyecta inversiones entre 2020 y 2024 por $14,8 billones.
Procesos de privatización
La intención del gobierno nacional de vender la participación accionaria del Estado Colombiano en ISA no es nueva. Las leyes 142 y 143 de 1994, entre otras acciones, dividieron a ISA en dos empresas: ISA e ISAGEN. Con el propósito de abrirle paso al capital privado, en 1997 fue cambiada la estructura jurídica de ISA, de una empresa Industrial y Comercial del Estado pasó a ser a una empresa de Servicios Públicos Mixta constituida por acciones.
Posteriormente, bajo la figura de la “democratización accionaria”, desde el año 2000 hasta la fecha, el gobierno nacional ha realizado varias subastas y ha vendido paquetes minoritarios de acciones al “incauto” pueblo colombiano. Los propios accionistas estatales han contribuido al proceso privatizador; es así como en 2015 Ecopetrol sale de la totalidad de su participación accionaria en ISA (5.32%), en 2017 la Empresa de Energía de Bogotá enajena la totalidad de su participación (1.67%), y a comienzos de 2019 se aprobó la venta de las acciones que EPM tiene en ISA (8.82%), acciones que pasaron a manos privadas.
En 2014 ISA crea a INTERCOLOMBIA, una empresa de papel con un capital de 50 millones de pesos a la que le entregó la representación técnica y comercial de los activos y le “trasladó” a la mayoría de los trabajadores, lo que consideramos una “tercerización desde adentro”.
La venta de ISA es una orden dada por el gobierno nacional, y con participación activa de la junta directiva, la cual preside un representante de los fondos privados de pensiones. La junta directiva y el gobierno han definido e implementado una política de exterminio del sindicato y de flexibilización laboral que pretende entregar a ISA en “bandeja de plata” a las multinacionales, con mínima resistencia de la sociedad y sin mayores responsabilidades laborales.
El Ataque a SINTRAISA
En ISA se han adelantado a nombre propio y de terceros una serie de acciones ilegitimas y hasta ilegales para desconocer a los sindicatos, a sus representantes y a los trabajadores sindicalizados, por ejemplo crear filiales, desconociendo la ley, tercerizar labores propias del objeto social de ISA, promover una supuesta sustitución patronal, negar la unidad de empresa, demandar la estructura sindical, violar el fuero sindical, mentir ante autoridades administrativas, violar el derecho humano de asociación y negociación colectiva, entre otras. Todo esto con el propósito de desconocer a los sindicatos y los derechos de los trabajadores que laboran para ISA desde filiales como XM e INTERCOLOMBIA.
En plena pandemia y mediante una ofensiva basada en el decreto 811 de 2020 – derogado recientemente por la corte Constitucional–, ISA intentó arrasar con el sindicato y con los derechos individuales y colectivos de los trabajadores afiliados a esta organización. Para lograrlo recurrieron a la argucia de demandar los estatutos del sindicato para que se suprimiera la posibilidad de afiliar trabajadores de las filiales y subsidiarias. En un fallo totalmente amañado, en abierta intromisión a la autonomía sindical y en contravía de reiteradas sentencias, el Tribunal Superior de Bogotá decidió anular de los estatutos las expresiones “filiales” y “subsidiarias”, demostrándose así, una vez más, cómo se pueden alinear las distintas ramas del poder cuando se trata de imponer las políticas en favor de los amos del capital. ISA, escudándose en la amañada sentencia, se ha negado a seguir aplicando la convención colectiva, desconoce al sindicato y simultáneamente presentó una demanda para que a SINTRAISA se le cancele el registro sindical, sea liquidado y disuelto.
La empresa y el gobierno le quieren cobrar también a SINTRAISA su liderazgo en la lucha contra el Acto Legislativo 01 de 2005, pues se logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitiera una demanda que busca recuperar las pensiones convencionales para los trabajadores.
