Comenzaba la navidad del 2002. Cobraba fuerza la certeza de que la paz en la ciudad había sido lograda tras los operativos militares –y paramilitares- que, a lo largo del año, desarrolló la Fuerza Pública en diferentes sectores de Medellín, pero con especial ímpetu en la Comuna 13(1). Los crudos titulares de prensa que hasta el momento habían retratado algunas fracciones de las realidades de la Trece, cedían espacio a temas más acordes con las festividades y, de tanto en tanto, a los “formidables logros” de la pacificación a sangre y fuego que buscaba exterminar a las milicias de las FARC, el ELN y los CAP cuya presencia en la zona databa de años atrás.{jcomments on}
Pero la noche del 9 de diciembre un nuevo enfrentamiento desvelaba a los habitantes de la Comuna 13. Ante la inminente posibilidad de que una bala atravesara los delgados muros o los techos de zinc, como en tantas ocasiones había ocurrido, la gente ponía los colchones contra las paredes y toallas mojadas en las ventanas para que disminuyera la velocidad de las balas.
Esa noche Gloria(2) apenas si tuvo tiempo de resguardarse un poco, cuando un disparo impactó en su mano y, atravesándola, le rompió el estómago. Desde entonces, a las ya habituales necesidades, se ha sumado la imposibilidad para trabajar, y la martilleante pregunta “¿si es el Gobierno quien dirige a la Fuerza Pública para realizar dichas operaciones, por qué no es consciente de que los más afectados son los civiles que nada tienen que ver con todo esto?”.
Casos como este se multiplican por miles en la Comuna 13. A lo largo del 2002 y en los años posteriores, sus habitantes han sido sometidos a un sinnúmero de violaciones a sus Derechos Humanos y sus libertades han sido constantemente mancilladas: allanamientos ilegales, capturas masivas, tratos crueles, asesinatos de civiles, constantes enfrentamientos armados, desplazamientos masivos, reclutamiento forzado de niños y jóvenes, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas.
Tras los operativos militares, la zona no sólo resultó altamente militarizada por la Fuerza Pública, sino que el Bloque Paramilitar Cacique Nutibara tomó pleno control de lo que en ella sucedía. Eso lo denunciaron en varias oportunidades algunos pobladores de estos barrios, sin que sus quejas tuvieran trascendencia alguna puesto que la Comuna 13 de Medellín se exponía como modelo de pacificación en el país y como uno de los grandes logros de la Política de Seguridad Democrática del hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
También han hecho presencia en los barrios de la Comuna estructuras paramilitares del Bloque Metro y del Frente José Luis Zuluaga, pertenecientes a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quienes ejercen dominio absoluto mediante la proliferación del terror.
Sobre estos hechos se han impuesto el silencio y la impunidad. La gran mayoría de ellos no han sido investigados eficientemente por los operadores de justicia, con lo que se impide establecer responsabilidades, no obstante la existencia de indicios que comprometerían la responsabilidad penal y disciplinaria de altos mandos de la Fuerza Pública que actuaron en connivencia con grupos paramilitares.
Este año, cuando se cumplen diez de terror, control social, paramilitarización, militarización y violación de los Derechos Humanos, las víctimas han decidido mantener viva la memoria y exigir el esclarecimiento de los hechos y avances en justicia. Decirle a la sociedad, al Gobierno Nacional y Local, a la comunidad internacional, que los derechos de las víctimas no han sido una realidad en la Comuna 13. Que aunque se promueve la Ley de Víctimas y se habla de la hora de las víctimas, la verdad es que no se ha hecho nada por buscar a los seres queridos desaparecidos, por garantizar el retorno de las familias desplazadas, por avanzar en medidas de no repetición.
Por lo anterior se ha definido la realización de una Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en la Comuna Trece de Medellín, entre los años 2002 y 2003, que pretende ser un ejercicio de memoria y esclarecimiento histórico de los hechos, donde participarán cuatro comisionados latinoamericanos y dos nacionales, reconocidos por su trabajo a favor de los Derechos Humanos y los derechos de las víctimas, quienes examinarán los casos y se pronunciarán con respecto a los objetivos de la Comisión. Su fuente principal será la voz de las víctimas.
El objetivo es que puedan determinar la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos, señalar si estas agresiones constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y establecer la ilegitimidad e ilegalidad de los operativos que se legitimaron mediante mentiras que estigmatizaron a la población, lo que permitió las agresiones posteriores.
La Comisión de Esclarecimiento busca evidenciar cómo las acciones que se presentaron con el inicio de la Política de Seguridad Democrática sirvieron para garantizar la entrada del paramilitarismo a la Comuna 13 y el control por parte del bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, hoy extraditado a los Estados Unidos.
Persigue, además, la Comisión el propósito de avanzar en el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de la Comuna 13 que han sufrido el horror de los crímenes de Estado.
1. Durante el año 2002 en la Comuna 13 de Medellín se ejecutaron las operaciones militares Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión –por mencionar sólo algunas–, justificadas oficialmente señalando que se trataba de exterminar a las organizaciones insurgentes y milicias que operaban en la zona.
2. Su nombre ha sido cambiado por seguridad.