Sandra vive en Caño Pescado, una vereda de San José del Guaviare desde que tenía ocho años, cuando llegó con su madre desde Cundinamarca. Desde entonces cocinan en promedio para veinte “raspachines”, solas en medio de los cultivos de coca. Durante todo ese tiempo, Sandra apoyó a su madre en las labores domésticas asociadas a la producción, pero también aprendió a raspar, a fumiguiar y a quimiquiar.
Como Sandra, muchas mujeres con hijos también raspan y hasta “raspan más que los hombres, son unas berracas” nos cuenta ella. Sandra y su madre fueron empleadas de muchas chagras o cultivos, hasta que con su esposo comenzó a sembrar la coca en la finca y, en la división de las labores, ella cocinaba. Ella siente que no fue adecuada la distribución de las ganancias de la producción porque su esposo disponía del dinero de la finca y “la mujer y los hijos muy poco miran la plata”. Sandra considera que con la producción de coca también viene el consumo de licor y los conflictos, hay mucha zozobra. Recuerda ese momento con mucha nostalgia y afirma que “eso era como una esclavitud para mí”.
La profesión de cocinera es dura porque “se está trabajando desde las cuatro de la mañana y casi siempre es una la última en acostarse a dormir, a las 8 de la noche… el trabajo de la cocina es el más desagradecido”, cuenta. La mayor parte de las mujeres que participan del cultivo lo hacen como cocineras, también lavando la ropa de los raspachines y muy pocas deciden sobre el proceso productivo y las ganancias.
En las veredas donde prima la presencia de la coca se compra en gramos y las cosas cuestan el doble. El Censo Agropecuario del 2014 mostró que la mayoría de las mujeres trabajadoras rurales del Guaviare pertenecen al hogar donde trabajan, sin decir que solo el 0,1 de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) censadas pertenecen a mujeres responsables de la producción, y que entre menor la dimensión de la UPA –menos de 5 hectáreas– mayor es la participación de las mujeres productoras en la tenencia de la tierra.
Las mujeres campesinas del Guaviare son de las más olvidadas por el Estado. Sandra y otras tantas mujeres, al sustituir el cultivo de la coca se dedican a la leche, los quesos, y a la ganadería, porque es muy difícil comerciar cuando se cultivan alimentos. Algunas con dificultad estudiaron ya que en el campo generalmente la oferta es hasta el noveno grado de educación, no hay infraestructura suficiente para cubrir la demanda y, de acuerdo a información de la Secretaría de Educación departamental, en todo el Guaviare las mujeres representan el 67% del analfabetismo, en uno de los departamentos más afectados por ello en el país. Este Guaviare rural no tiene acceso a agua potable ni al sistema de salud –en general, los prestadores de servicios de salud son auxiliares de enfermería que deben cubrir grandes zonas rurales sin acceso a medicamentos–, sumado a que la alimentación es deficiente porque desafortunadamente la coca le quitó espacio al cultivo de alimentos.
Muchas de las mujeres han sido víctimas del cruento conflicto armado que desató la presencia del paramilitarismo durante finales de los noventas, y que se ha venido prolongando durante el tiempo en el marco de la confrontación con las FARC, por lo que muchas de ellas se declaran revictimizadas. A esto se le suma que en buena parte del área rural durante diferentes periodos, el acceso institucional es limitado por causa del conflicto y esto ha conllevado a la imposibilidad del acceso a la justicia en casos de violencia intrafamiliar o de género. Los contextos cocaleros por sí mismos construyen unos estereotipos machistas frente a las mujeres que dificultan la libre expresión y el ejercicio a decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad.
En manos de las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas del área rural guaviarense han estado muchos de los pocos alimentos que circulan en esa zona, especialmente aquellos que sirven para el autoconsumo. Las afrocolombianas del río Inírida, por ejemplo, guardan celosamente sus huertas de jengibre y achiote, el árbol de pan. Son mediadoras de conflictos y generan solidaridades entre ellas, enseñando a ser resilientes y propositivas en medio de la manigua.
De acuerdo a cifras del año pasado del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, en Colombia para el 2016 habían 96 mil hectáreas de coca sembrada con fines ilícitos. Muchas de esas hectáreas se encuentran en territorios dispersos, inaccesibles, abandonados por el Estado o mejor dicho, donde la principal presencia del Estado es la represión. Ahí en esos territorios “macondianos”, hay mujeres que se disputan la posibilidad de existir en cada jornada diaria. Hoy ellas se disputan la posibilidad de ser incluidas en los procesos de paz, sea en la implementación de los acuerdos con las FARC o sea en la construcción de la agenda de negociación con el ELN.
Ejemplo de ello es también el Encuentro de Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia, que se realizó en Puerto Asís, Putumayo, el 17 y 18 de marzo, donde mujeres de diferentes regiones del país dialogaron y definieron seguir luchando por la no criminalización de sus labores, la participación efectiva en la construcción de la paz, el derecho a un territorio libre de multinacionales, el aseguramiento de la propiedad sobre la tierra y el acceso efectivo de las mujeres a la misma, la financiación de proyectos que permitan a las mujeres dirigir procesos productivos acordes a las condiciones de su entorno y el fortalecimiento de los procesos educativos para mujeres.
Aunque a este encuentro no asistieron mujeres del Guaviare, fue un aliento que evidenció la necesidad de dialogar. Por eso, estas mujeres ahora proponen una Juntanza de Mujeres por la Paz el próximo 8 de julio, con el impulso de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, en la que pretenden hablar de las violencias y buscar mecanismos para enfrentarlas, y así mismo, construir juntas las posibilidades de transformar la región. En ese camino van las mujeres del Guaviare, y ellas, sobre todo ellas, ya tienen un terreno abonado: el de la lucha cotidiana por la dignidad y la vida.