La Universidad del Valle se encontraba por esos días en la semana de conmemoración y reconocimiento de los Derechos Humanos y en un proceso de protesta y lucha en contra de una reforma educativa; como ya es tradición en ella había varios eventos programados como charlas, foros, carpas informativas, etc. Se defendía, como aún hoy se defiende, la autonomia universitaria que incluye la libre cátedra y la concepción de la Universidad como centro de debate y de saberes, opuesto a la reforma educativa planteada en el congreso, que iba dirigida a tecnificar la educación y hacer de ésta un jugoso negocio.
Como es de esperarse este ambiente era vivido también en todas las universidades de Colombia en respuesta a las políticas del estado que acaban con los derechos de los estudiantes: ya se había perdido el derecho a la residencia en todas las universidades públicas, el servicio médico sólo quedaba en la Universidad del Valle, en el resto ya había desaparecido. Por esta razón se desarrollaba una lucha estudiantil para defender sus conquistas, que pesará fuertemente en la Universidad del Valle.
Los hechos
El día 22 de septiembre del 2005, en la campaña de reconocimiento y defensa de Derechos Humanos y estudiantiles, estaba programada una charla en el auditorio cinco de la universidad y un campamento informativo y de protesta ubicado entre la biblioteca y el edificio de la administración. Eran casi las 4:00 de la tarde cuando algunos estudiantes decidieron hacer un plantón, en el que se proponían salir a la vía pública a protestar e informar a la comunidad caleña lo que estaba sucediendo en la Universidad. A esa misma hora el Esmad de la policía, Escuadrón Móvil Anti Disturbios, reprimía una marcha de los habitantes del barrio de invasión Brisas del Cauca, que protestaban contra el desalojo al que estaban siendo sometidos.
A eso de las 5:00 de la tarde, mientras los estudiantes protestaban pacíficamente, dos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Valle se hacían presentes, ambos secretarios de Derechos Humanos, uno de Sintraunicol y el otro de la Cut-Valle, acompañados por unos delegados de universidades británicas que se encontraban en Cali, invitados por el vicepresidente Francisco Santos para verificar el tratamiento a los estudiantes de universidades públicas. Es entonces cuando la policía, a través de su Esmad, irrumpe en la protesta universitaria, amenazando a los defensores de derechos humanos, mostrándoles un arma de fuego. Esto fue visto por los delegados británicos, quienes terminaron como testigos de excepción y tomaron hasta el número del integrante del Esmad que hacía la amenaza.
Cerca de las 7 p.m., el Esmad rompe la cerca de la parte noroccidental de la universidad del Valle sede Meléndez e ingresa a ésta por la avenida Pasoancho. En ese preciso momento, y de manera sospechosa, se va la luz en el claustro universitario, quedando la oscuridad como cómplice de lo que sucedería. El Esmad llega hasta la biblioteca cubriendo toda la parte norte de la universidad y se viene hacia el edificio de la administración, pasando así por el campamento informativo y de protesta, sorprendiendo a los estudiantes. Estos salen corriendo, pero igualmente dos de ellos son detenidos. Cuando el Esmad llega al edificio de la Administración Central, un integrante de éste saca un arma de fuego y otro le sirve de apoyo para precisar el disparo que hará caer a Jhony Silva, estudiante de Química. Entre la espera de la ambulancia de la universidad, casi media hora, y la demora en la atención en la clínica Valle del Lilí, por gestiones de la policía, pierde la vida el estudiante.
Estrategias de impunidad
A raíz de los hechos, el presidente Álvaro Uribe dice en los medios de comunicación que está de acuerdo con el accionar de la policía de entrar al Campus Universitario, según él a perseguir terroristas camuflados de estudiantes, aunque viole su autonomía. Cuando fue evidente que lo sucedido fue un asesinato de estudiantes sin motivo aparente, tan solo como forma de atemorizar al resto en su oposición a la reforma. A pesar de los testigos (vigilancia privada y estudiantes, quienes grabaron en sus celulares los hechos), la policía, por intermedio de su comandante en el Valle, quién después de los hechos es condecorado y ascendido por el gobernador Angelino Garzón, negaba haber entrado al Campus Universitario. Intentaron inclusive presionar a la vigilancia privada de la universidad para que firmara un acta en la que asegurara haber encontrado explosivos dentro de ésta; sin embargo, los guardas de la vigilancia se negaron a firmar porque ellos jamás vieron nada allí.
La policía también aseguraba que el Esmad no lleva armas cuando está en sus funciones y que como control a sus miembros siempre los revisan al salir en misión. El propio Capitán Gabriel Bonilla, quien comandaba el escuadrón del Esmad que ingresó a la universidad, aseguró bajo juramento que él personalmente había verificado que el personal no portara armas. Posteriormente, al menos tres de los patrulleros que participaron en la acción testificaron que ese día, curiosamente, la requisa no se había realizado. En todo caso era ya bien sabido lo sucedido con los defensores de derechos humanos, de lo cual fueron testigos los delegados británicos.
La metodología presentada por la fiscalía encargada del proceso de investigación de este asesinato era: primero investigaría si lo asesinó la subversión, segundo si fue un paramilitar, tercero un delincuente común, cuarto otro estudiante. Por último, investigaría si fue la policía. Además, a diciembre del 2005 habían cambiado cuatro veces el fiscal. En un proceso con más de mil quinientos folios en su comienzo, casi dos cambios de fiscal por mes: a cada uno el tiempo le alcanzaría apenas para leer el proceso. Incluso, aunque ya se demostró que la policía asesinó a JHONNY SILVA, una de las últimas fiscales del caso que se atrevió a llamarlo a indagatoria tuvo que huir porque fue invitada a un evento en que fue amenazada por la policía.
Finalmente, tal vez por las presiones que el movimiento estudiantil mantuvo, el 20 de septiembre de este año, tres años después del asesinato, la fiscalía se atrevió a concluir lo que era un secreto a voces: que fue un agente de la policía, aun no identificado, quien disparó contra Jhony Silva. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía es bien insólita: aunque se determina la participación del Esmad en el asesinato del estudiante, se abstiene de dictar medida de aseguramiento contra el hoy Mayor Gabriel Bonilla y los dos suboficiales que lo acompañaban en la dirección del escuadrón que ingresó a los predios de la universidad del valle aquel 22 de septiembre de 2005 en la tarde. En últimas, la fiscalía responsabiliza al esmad, pero individualmente no penaliza a nadie. Según cuenta el padre de Jhony, el señor William Silva, en la fiscalía le dijeron que nadie sería castigado, por tratarse de oficiales con carreras promisorias.
¿Habrá que aceptar como real lo que le dijo en algún momento la coordinadora de fiscalías regional al padre de Jhony: “no se preocupe, estos casos casi siempre se quedan así”?. Para que no sea cierto, y convencido de que la justicia colombiana no actuará, el señor William Silva ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre tanto, el movimiento estudiantil y otras organizaciones populares del Valle seguimos presionando porque se haga justicia, para que los asesinos de Jhony sean castigados.