Es común encontrarnos a diario con varias Alertas Tempranas y Denuncias Públicas hechas por las organizaciones sociales que pretenden informar acerca de vulneraciones, irregularidades e impedimentos para el cumplimiento de las tareas de los defensores de derechos humanos o del maltrato de comunidades o personas vulnerables. Y esto es porque en Colombia las vulneraciones son un hecho y ocurren tantas que su sentido se ha perdido en la reiteración. En el caso de los detenidos y las detenidas políticos y sociales, todo el tiempo hay violaciones a los derechos de las cuales se debe hablar, aún más cuando parece que en el país los únicos “presos políticos” que existen son Andrés Felipe Arias y el nunca menos importante Alfonso Plazas Vega.
Ante esta situación cabe preguntarse: ¿Qué tal si en vez de la denuncia pública encontramos un referente que nos permita dirigirnos a la sociedad como la directamente afectada por todos los hechos de conculcación y transgresión de los derechos?
Tal es la intención de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Seccional Antioquia: ante la necesidad de que sea el conjunto de la sociedad la que asuma los efectos de hechos que a veces resultan inverosímiles, nace la concepción de Alerta Social. Son muchos los casos para ilustrar el anterior planteamiento, pero en esta ocasión presentamos tres que tienen lugar en algunas prisiones de Antioquia.
Caso Bellavista: El hacinamiento, el traslado y la salud.
En días pasados se dio a conocer la problemática que viven los detenidos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Bellavista, ubicado en el municipio de Bello. La situación de éste penal es un caso emblemático del drama que padecen las personas privadas de la libertad, en tanto fue diseñado para albergar 2400 personas y hoy confina entre 7150 y 7300. Ante esta y otras condiciones de las cárceles, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-153/98, declara que las prisiones del país se encuentran en un Estado de Cosas Inconstitucional y lo reitera mediante las Sentencias T-257/00 y T-971/09. A partir de éste hecho, la Corte le ha ordenado al Estado, en cabeza de los distintos gobiernos, que dé una solución integral a la problemática carcelaria, ante lo cual solamente se han asumido medidas parciales, ‘pañitos de agua tibia’ como diríamos coloquialmente, que no han logrado llegar a soluciones.
A esta situación ha de sumarse el hecho de que vivimos en un país con un conflicto social, político y armado en el que se ven involucrados distintos actores que están en constante disputa: sectores armados y organizados de la criminalidad y la insurgencia. Las cárceles no escapan a esta dinámica. Por tal razón, en 1998 se crearon mesas de trabajo por iniciativa de los detenidos, acompañados por las organizaciones defensoras de derechos humanos con el fin de buscar medidas que permitieran la convivencia en los penales, entre las que se encuentra la distribución por habitación de la población adscrita a uno u otro sector de la compleja conflictividad social colombiana y de la ciudad.
Por ello hoy se encuentra el “pasillo Cuba” del patio 8, destinado desde 1993 para personas sindicadas o condenadas por su militancia en las insurgencias y algunos presos sociales, que son recibidos allí, siempre que no signifiquen un peligro para la convivencia. De igual manera se distribuyen pasillos para personas pertenecientes al paramilitarismo o a los diferentes sectores del neo-paramilitarismo -oficial y mediáticamente conocido como “bacrim”-.
Sin embargo, la Dirección General de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- sólo ha tomado medidas de carácter reformista, como se demuestra en la Circular Interna 033 del 1º de julio del año 2011, en la cual se ordena a las Subdirecciones Regionales del INPEC y a las direcciones de los establecimientos carcelarios y penitenciarios tomar medidas para clasificar la población carcelaria y penitenciaria: separar a las personas sindicadas y condenadas, tal y como lo ordenan los instrumentos internacionales y nacionales para el tratamiento al interior de las prisiones.
En función de tal ordenamiento, la Dirección de Bellavista anunció el pasado 10 de enero que el espacio para sindicados en tal penal será el patio 8, donde se agruparán sin distingo de tipo de delito cometido o su implicación en estructuras organizadas, haciendo caso omiso al panorama de enfrentamiento entre los diferentes ‘bandos’. Además, la medida implica el traslado de los presos políticos “del 8” a otros patios o cárceles, donde serían mezclados con presos que pueden representar un peligro para su seguridad, lo cual provocaría una tragedia humanitaria, de no encontrase una solución estructural.
Con tales elementos en juego y en vía de encontrar el camino más idóneo para la resolución de éste conflicto, el día 17 de enero de 2012 se realizó una reunión entre la Dirección, el INPEC, algunos representantes de los detenidos, la FCSPP y el Representante a la Cámara, Iván Cepeda. En esta oportunidad se llegó a unos acuerdos tales como que los prisioneros a trasladar sean: aquellos que manifiesten su voluntad de ser reubicados, todos los adultos mayores, los funcionarios públicos, todos los discapacitados y aquellos internos que están ad portas de la libertad. Sin embargo, días después de la reunión, la Dirección del penal empezó a trasladar a varios internos sindicados, incumpliendo así el acuerdo y dejando en suspenso la amenaza de una tragedia que bien puede ser evitada.
Caso El Pesebre: del ‘des-hacinamiento’ a las condiciones inhumanas.
El Establecimiento Penitenciario El Pesebre está ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, en la subregión del Magdalena Medio antioqueño. Su inauguración el 5 de julio de 2010, junto a 9 prisiones más que se inauguraban para la época, fue presentada como una gran contribución al des-hacinamiento, pues se pretendía albergar allí un total de 22.703 reos.
Pero desde sus inicios el establecimiento mostró fallas estructurales referentes al suministro de agua y mala calidad de la misma, poca ventilación, insuficiencia de los espacios para las visitas -incluidas las conyugales- y la ausencia de escenarios deportivos. También presentaba fallas en la prestación del servicio de telecomunicaciones, salud y alimentación, incluido el expendio; contratación de funcionarios en el área administrativa mal preparados y sin experiencia, lo cual afectaba, entre otras cosas, el derecho a la redención de penas a que tienen derecho las personas detenidas. Los presos insistieron en señalar estas fallas desde el mes de agosto de 2011, cuando la FCSPP inició su labor de acompañamiento y defensa de los derechos humanos con los allí privados de la libertad.
Estos hechos se vieron confirmados el 29 de diciembre de 2011, cuando una comisión gubernamental conformada por la Dirección de Salud de la Gobernación de Antioquia, la Dirección de Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Dirección Seccional de la Protección Social de Antioquia visitó las instalaciones del mismo centro penitenciario. La comisión ordenó el cierre inmediato del Centro de Sanidad del penal, ante la cantidad y gravedad de fallas encontradas en el lugar destinado para la atención médica de los presos.
Luego, el 26 de enero pasado, en una nueva visita, esta vez del Representante Iván Cepeda, la FCSPP y algunas otras organizaciones que han venido tratando el tema de las condiciones carcelarias, el Director de ‘El Pesebre’ reconoció la existencia del “pico y placa” para el suministro del agua, que se lleva a cabo por horas: en la mañana 2 horas, al medio día otra hora, en la tarde 1 hora y en ocasiones 1 hora en la noche.
En materia de servicios de salud, el Director reconoció que desde la visita de la comisión gubernamental del 29 de diciembre no hay médico para la atención de los presos, para lo que se ha implementado un plan de contingencia con ayuda del Hospital de Puerto Triunfo y los puestos de salud de los municipios de Doradal, Antioquia, o la Dorada, Caldas, según el nivel de urgencia. Manifestó, además, el directivo, que de 876 presos diariamente van 6 a recibir atención médica. Su propuesta por ahora, se limita a llevar a cabo en el futuro unas brigadas de atención en medicina general y odontología en cada uno de los patios del penal.
Sobre esta materia los presos políticos y sociales insistieron en que la ausencia de médico no obedece únicamente al cierre del centro de sanidad, sino que esta medida es una consecuencia inevitable de las malas condiciones en que se encontraba ese recinto: según ellos, en la penitenciaría no hay médico desde el mes octubre del 2011.
San Cristóbal (Medellín): Los detenidos y detenidas en el limbo.
Una de las problemáticas de San Cristóbal tiene que ver con la burocracia en la oficina jurídica del penal, pues en ésta se retrasan los trámites. El hecho trae como consecuencia la prolongación del tiempo de las condenas pagadas o la negación implícita de beneficios administrativos a los que tienen derecho las detenidas. Una detenida manifestó al FCSPP que en una reunión con administrativos del penal se decía que habían contratado 10 abogados supuestamente para ayudar con la descongestión en la oficina jurídica.
No obstante, este penal no se salva de las irregularidades y condiciones inhumanas para los reclusos: el diseño de esta cárcel hace que a las torres de hombres no llegue el sol en ningún momento del día; a las mujeres, por su parte, se les priva de luz solar como un medio de castigo. La alimentación, según lo han manifestado las reclusas, es de mala calidad, y el expendio siempre está vacío. Los detenidos y detenidas sufren maltrato de la guardia a través de requisas abusivas y tratos groseros en su contra e incluso, en el caso de las mujeres, algunas veces los maltratos son propinados por hombres.
La atención en salud es insuficiente, pues esta cárcel hace parte de las 11 nuevas que empezaron a funcionar sin estar lista del todo su estructura. Se ha manifestado también que las Unidades de Tratamiento Especial -UTE- son utilizadas como medio de castigo a través del aislamiento, lo cual está prohibido. A todas estas condiciones se suma el hecho de que la labor de los defensores de los Derechos Humanos se ve seriamente afectada allí; muchas veces no permiten ni siquiera que se lleve a cabo una visita a través de múltiples excusas y ‘tirando la pelota’ de un lado a otro.
Para cerrar, es imposible no mencionar que esta prisión tiene una infraestructura gris, amenazante, hostil y fría, diseñada para suprimir, aminorar y hasta anular a los individuos.
Alerta Social
Estos casos dan un panorama general de la situación carcelaria que se vive hoy en día en algunas penitenciarías de Antioquia y que debe ser conocida por la sociedad en su conjunto. Debe ser justo la sociedad la que exija al Gobierno Nacional soluciones estructurales y no parciales, pues estos hechos no son más que el reflejo de lo que a diario pasa fuera de los muros, además de que se ha tornado casi imposible exigir al Estado soluciones de raíz para tales situaciones: la sordera invade todos los rincones de la estructura. En todo caso, la superación de un estado permanente de violación de derechos humanos sólo puede ser tarea de la sociedad en su conjunto.
Por ello, la Alerta Social llama a la movilización, a la denuncia, a la socialización de los muchos problemas que se viven al interior de las cárceles y que no sólo son competencia de los familiares o las organizaciones defensoras de los derechos de los detenidos: las cárceles son un asunto que debe ser tratado por todos, pues la lógica del hiper-encarcelamiento en Colombia pone en riesgo a cualquiera de estar tras las rejas, no en vano la Ley de Seguridad Ciudadana persigue actos de protesta legítimos como el bloqueo de una vía o el populismo punitivo que promueve medidas como la cadena perpetua para la solución de problemas sociales. Así, la afirmación del INPEC es clara, contundente y realista: una boleta de detención no se le niega a nadie.