En los últimos meses Colombia ha asistido a un intenso debate acerca de lo que realmente aconteció en Mapiripán en enero de 1997, cuando un ejército paramilitar, con el apoyo de la fuerza pública, irrumpió en el pueblo y realizó una de las más sangrientas y macabras masacres de las que tenga memoria el país. Muchas personas fueron conducidas al matadero municipal, descuartizadas y luego arrojadas al río, sin que la fuerza pública hiciera nada por proteger a la población. Por los hechos, la Corte Penal Internacional condenó al Estado y lo conminó a investigar el caso y reparar a las víctimas.
El debate ha cobrado vigencia e intensidad por las declaraciones de Mariela Contreras, quien se presentó ante el Colectivo José Alvear Restrepo -Cajar-pidiendo que la representara como víctima de estos hechos ante el Estado. La señora ha cambiado su versión y el Gobierno, los militares y los medios de comunicación intentan con ello disminuir la dimensión macabra de la masacre y señalar al Colectivo de Abogados José Alvear de armar una estrategia de guerra jurídica contra el Estado. Periferia habló con el doctor Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados, para intentar desenredar esta madeja.
¿Cómo explicar esta masacre?
Yo creo que hay una estrategia de las FF.MM., de empresarios y de políticos que lleva a la expansión del paramilitarismo de la Costa hacia los Llanos, y por esa razón en enero de 1997 se reúnen aproximadamente 55 jefes paramilitares para planificar esta operación. Adicionalmente hay reuniones con miembros de la fuerza pública de la Brigada Móvil 2, del Batallón Joaquín Paris, de la Séptima Brigada y otros miembros de la fuerza pública como la policía y con autoridades políticas de la región. Y hoy se ha determinado que hubo reuniones con empresarios, aunque no se han determinado específicamente los nombres de quiénes; lo que sí es claro es que hubo aportes del sector ganadero, del sector empresarial en general. Adicionalmente hay una tesis que no se ha investigado y es la que incluye o vincula a miembros de las tropas norteamericanas que están acantonadas en el Barrancón, en el Guaviare entre San José y Mapiripán; esa es la base militar de entrenamiento o reentrenamiento de las fuerzas militares de lucha contra guerrillera.
Cuando se hace el traslado de los grupos paramilitares hacia San José del Guaviare hay una operación muy grande entre Policía, Ejército y Fuerza Aérea. Hay que trasladar dos aviones desde Villavicencio y desde Medellín hacia el Urabá antioqueño para traer a cerca de 85 paramilitares, según lo han confesado ellos mismos. Esa operación contó con la colaboración de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía del Urabá antioqueño y son estas entidades las que no han sido investigadas. Eso está en la absoluta impunidad.
Los aviones llegan a San José del Guaviare, efectivamente, y sacan a los paramilitares en camiones. Esto ocurre en un aeropuerto que está militarizado y es, además, la base fundamental de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ahí entran los aviones y los camiones de los paramilitares y los sacan sin que pase nada.
Después de eso los paramilitares son trasladados a Puerto Alvira por la trocha ganadera y a través de las lanchas por el río Guaviare, pasando por la base militar del Barrancón. Es decir, los militares de la base vieron pasar a los paramilitares que iban por el río. Eso la opinión pública no lo conoce.
La responsabilidad del general Uscátegui
Aquí hay que decir que cuando los paramilitares llegaron tuvieron información de inteligencia del Ejército de San José de Guaviare, que tenían una relación directa con los que controlaban las lanchas, porque el tráfico se suspendió por el río. Esa información interna se recibió en el Batallón Joaquín Paris. El Mayor Orozco, encargado del Batallón, le informó por teléfono al General Uscátegui, el día 15 de julio de 1997, que habían llegado los paramilitares a Mapiripán y pidió protección para la población. El General Uscátegui no le creyó, le dijo que eso no era posible porque en la región no había paramilitares, y le pidió más detalles. Esta actitud es inaceptable, porque quien le informa es un comandante de un batallón, no cualquier persona.
Al día siguiente, el mayor Orozco le envió a Uscátegui el oficio 2919, que es la prueba fundamental de responsabilidad del General Uscátegui en contra de él. En este oficio Orozco le narra en diez puntos todo lo que está sucediendo en Mapiripán. Y el General no hace absolutamente nada durante una semana, a pesar de que en el oficio el Mayor Orozco le solicita que realice alguna operación con la Brigada Móvil que tiene dos batallones reentrenados en la base de Barrancón: estamos hablando de cerca de mil quinientos contraguerrilleros. El general Uscátegui tenía a su disposición, además, la Base Antinarcóticos de la Policía del Guaviare, que tenía aviones para transportar tropa. Pero el general permaneció impávido y lo que hizo después fue desviar la investigación al ordenarle al mayor Orozco que cambiara el oficio.
El oficio original fue entregado a la Procuraduría un año después de iniciada la investigación, por el Inspector General del Ejército, a quien el mayor Orozco lo entregó el día 21 o 22 de julio. Cuando se hizo el estudio de etas cosas más en detalle, en la jurisdicción penal militar en el Consejo Verbal de Guerra que juzgó al mayor Orozco y al General Uscategui, fueron condenados ambos por la falsedad del oficio 2919, y por prevaricato por omisión, porque dejaron de cumplir sus obligaciones. Es decir, les calificaron el delito en una forma distinta: ese es uno de los mecanismos de impunidad de la justicia penal militar, y por eso las condenas fueron apenas de 41 meses de prisión.
Afortunadamente la decisión fue anulada posteriormente por la jurisdicción ordinaria como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, que declaró que los crímenes de lesa humanidad, como en este caso, no pueden ser de la jurisdicción penal militar. Por eso el General Uscategui no se puede presentar ahora como víctima cuando no lo es. Él es responsable y eso está plenamente establecido en el proceso penal y por esa razón lo condenó el Tribunal. Y nosotros esperamos que la Corte ratifique ese fallo, en esos términos.
Confusión en el número de víctimas
En el proceso quien da una primera valoración de las víctimas es el juez Cortés Novoa de Mapiripán. Él habla de 26 personas que vio pasar secuestradas por los paramilitares. A estas 26 personas las llevaron al matadero municipal y ahí las mataron, las descuartizaron y las echaron al rio.
Después confesaron varios paramilitares que participaron en los hechos, como Pedro Alex Conde Anaya y Edison Londoño Niño. Ellos hablaron de 22, de 26, de 28 cadáveres, porque los vieron allá en el matadero municipal. Y a ellos les consta que los botaban al río. Y después está el informe de inteligencia del Ejército que llegó desde Mapiripán, en donde hablan de por lo menos 30 cadáveres. Posteriormente, en el 2007, durante el proceso, declaró Elkin Casarubia, alias El Cura, que fue uno de los dirigentes militares de la operación de Mapiripán, y narró cómo en sólo Mapiripán ellos mataron por lo menos 35 personas. Esta declaración la rindió directamente a la doctora Yolanda Prado en la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Allí explicó que los miembros de la UP fueron asesinados, también los comerciantes, los matarifes, los expendedores de carnes, el controlador aéreo. Y que después de que salieron de Mapiripán fueron a La Cooperativa y allí se encontraron con los buitragueños, y éstos asesinaron en La Cooperativa por lo menos a 7 personas más.
Posteriormente, en el proceso aparece la declaración del CTI, una investigación especial que se hizo el año pasado, ordenada por el Fiscal que lleva la investigación del caso por la masacre de Mapiripán, y del estudio global de todas las declaraciones que las víctimas han dado: hablan de 77 víctimas en la masacre de Mapiripán y en La Cooperativa. Victimas entendidas como personas muertas, secuestradas, desaparecidas y arrojadas al río. El problema de los desaparecidos es que si los asesinos les abrieron los intestinos y los arrojaron al río, entonces no flotan. Esas víctimas se pierden y eso también hay que considerarlo.
Dentro de lo que inicialmente apareció en Justicia y Paz solamente estaban hablando los mandos medios y ellos han tratado de disminuir la responsabilidad, y solamente hablan de los cadáveres que se han encontrado. Y efectivamente, uno tiene que reconocer que los cadáveres que se recuperaron en Mapiripán son apenas 4, creo. Los demás son secuestrados o desaparecidos. Y en La Cooperativa se recuperaron tres o cuatro cadáveres. Los demás son desaparecidos.
Ahora localizar los cuerpos de las víctimas en el río es imposible, porque es un río que solamente ahí, en Mapiripán, tiene cerca de 18 metros de profundidad en El Remanso, donde arrojaron los cadáveres al lado del matadero. Se necesitan equipos especiales porque localizar una parte de un resto óseo en esas condiciones implica traer equipos de buzos especiales, extractores especiales para sacar el lodo y localizar los restos. Además, por la corriente, los restos han ido río abajo.
¿Qué es lo que pasa con Mariela Contreras?
En el proceso ante la Corte Interamericana se ha venido hablando de 21 víctimas (muertos y desaparecidos). Esas son las víctimas reconocidas por el Estado, sobre las cuales quien suministra la información es el Estado. De esas 21 víctimas nosotros como Colectivo representamos 11, que están ubicadas en cinco núcleos familiares. Y dentro de esos cinco núcleos aparece Mariela Contreras, la compañera de un exsoldado que se fue para el Meta y trabajó por allá.
Lo que nos dijo inicialmente, y lo que le dijo a la alcaldía de Mapiripán y después a la Red de Solidaridad Social, a la Fiscalía, a la Corte, es que su esposo iba con ella y con algunos de sus hijos para el puesto de salud de Mapiripán a llevar a uno de ellos que se encontraba enfermo. Cuando llegaron fueron abordados por los paramilitares y se llevaron al esposo y después se llevaron a los dos hijos mayores, Hugo y Diego. Al esposo lo mataron y de los hijos no sabía si corrieron con la misma suerte.
Aquí en Bogotá, en el 2011, ella explicó varias cosas ante Justicia y Paz: que esos hechos no fueron ciertos tal como los narró, que a su esposo sí lo habían asesinado, pero unos meses antes de la masacre y que a sus hijos sí se los habían desaparecido, pero que no fue durante los episodios de la masacre. Fue después que se enteró que a su hijo Diego lo habían matado los paramilitares y, según se enteró después, su otro hijo, Hugo, se encontraba en las Farc. Ella se comunicó con la Séptima Brigada y pidió autorización para ir a buscar a su hijo y traerlo; y efectivamente fue a donde la guerrilla, por la zona de Mapiripán, localizó al hijo, habló con la guerrilla y logró que se lo devolvieran. Cómo, no lo explica ni se lo piden. Ella regresó a la base militar del Rincón del Indio y estuvo allí cerca de 20 días con los militares y su hijo, y después en un helicóptero los trasladaron a la Séptima Brigada; pocos días después de que ella salió de allí fue su hijo dejado en libertad.
Eso lo hizo la señora en el 2008, pero se quedó callada. No da esa información al Colectivo, sino al Ejército, que es quien desmoviliza al muchacho. En efecto, hay constancias de que Hugo se somete al proceso de dejación de armas, lo que implica que el Ejército tenía toda la información y solamente en el 2011 la divulgó públicamente.
Lo que nosotros vemos es que se quiere presentar el caso de doña Mariela utilizando una estrategia múltiple y con todos los medios de información, para decir que aquí hay unas falsas víctimas. Y sobre esa base hablan el Presidente, los ministros, el Procurador, la Fiscalía, todo el mundo, presentando al Colectivo como una organización que está dedicada a delinquir dentro de lo que ellos denominan la estrategia de guerra jurídica y política por parte del Colectivo contra las Fuerzas Militares. Y al mismo tiempo presentan al General Uscátegui como una persona inocente. Y quieren disminuir o minimizar la responsabilidad del Estado y las Fuerzas Militares en la masacre y en la actuación conjunta con el paramilitarismo. Esa es la estrategia clara.
Para el Colectivo José Alvear Restrepo es claro que si la señora Mariela ha mentido, pues tiene que responder y aclarar esta situación. Su declaración al Colectivo es del 2002, cuando ya habían pasado cinco años de la masacre. Pero ella vino con una certificación de la alcaldía, que ratificaba su versión y con una declaración del rector del colegio donde estudiaban sus hijos, donde se dice que sus hijos no volvieron. Por lo demás, en la audiencia ante la Corte Penal Internacional, donde declaró Mariela Contreras, la actuación del Estado fue nula, no preguntó nada, no aclaró nada. Y por otra parte, la Fiscalía había verificado esa información, con la alcaldía y con el colegio, Por tanto, la declaración parecía convincente y era creíble lo que ella había dicho, tenía incluso pruebas para sustentarla.
Sobre esa base es que se le cree. No hay otra explicación, y ya ahora, si ella cambia la versión quien tiene que responder y aclarar en todo sentido es ella. Y lo que ha dicho el Colectivo es que si esta persona es hallada responsable, obviamente no tendría derecho a recibir ninguna indemnización. Y en ese sentido, habría que discutir la responsabilidad del Colectivo en términos jurídicos, porque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de carácter penal, porque no incidimos en nada en relación con lo que ella dijo.