Ésta es la pregunta que se hacen los/as vecinas/os en el barrio Alejandro Echavarría, en el oriente de Medellín. Sus viviendas tendrán que echarse abajo para darle paso a las obras requeridas para el proyecto del sistema de transporte “Tranvía de Ayacucho”. No obstante, aún no hay arreglo económico entre las partes.
El por qué de la incertidumbre
Gilberto Hernández vive desde hace 45 años en el barrio Alejandro Echavarría. Actualmente disfruta su pensión, pero lo entristece tenerse que ir de su casa, aquella que construyó a punta de préstamos mientras trabajaba en la empresa de vidrios Peldar. Y la oferta económica hecha por la empresa Metro de Medellín, la encargada del proyecto, lo desconcierta aún más. “Con 88 millones de pesos no nos alcanza para conseguir una vivienda en iguales o mejores condiciones; la hemos buscado y hemos hallado hasta en el mismo barrio casas que no bajan de los 100 millones de pesos”, expresaba Gilberto. Está aquejado por una neumonía que, coincidencialmente, empezó a manifestársele desde que le notificaron que debía entregar su vivienda para darle paso a las obras. En esa ocasión, dice Gilberto, las funcionarias del Metro le hicieron una promesa: “no se asuste don Gilberto que el Metro está en condiciones de pagarle un modo de vida igual o mejor al que tiene”. Gilberto ha estado esperando que le cumplan.
La oferta hecha a Gilberto no difiere mucho de las hechas a demás vecinas/os. Hablando con el Comité Cívico del Tranvía, una asociación en que se articulan los/as vecinos/as inconformes por los precios, sostuvieron que el promedio de ofrecimiento hecho por el Metro oscila entre 800 mil y un millón de pesos el metro cuadrado. En cambio, ellos piden un valor aproximado de un millón 300 mil pesos por metro cuadrado.
Sin embargo, aún sin haberse opuesto al proyecto, cuentan desde el Comité que han intentado instalar mesas de concertación con el gerente general de la empresa Metro, Ramiro Márquez. Inclusive desde el Concejo de Medellín y la Asamblea Departamental se lo han solicitado, pero el gerente se ha negado, agregando a su respuesta negativa que los avalúos están ajustados a la ley.
En un intento por demostrar lo irrisorio de los precios, tanto Gilberto como el Comité han contratado con agencias para que avalúen sus respectivas casas. Con los resultados tomaron base para realizar la petición de la reconsideración de la oferta del Metro. “¿Ustedes consideran que estas agencias están actuando deshonestamente?”, le preguntaron desde la comunidad a un funcionario de la empresa Metro, quien guardó silencio ante el cuestionamiento.
Sin ninguna respuesta, el Comité ha llegado hasta el recinto del Concejo Municipal de Medellín a protestar y en una ocasión impidieron el desarrollo de las sesiones. Y aún así, ni el alcalde, Aníbal Gaviria, ni la gerencia del Metro atienden la situación.
Pero no sólo los precios incomodan en este barrio. El Comité asegura que el Metro a la hora de comprar está incumpliendo con los pagos. Denuncian que a varias personas que decidieron vender les hicieron caer la compra de sus nuevas viviendas y por cumplir con las cláusulas de compra-venta se vieron obligados a pagar hasta 6 millones de pesos de multa, ya que el Metro no está pagando de una sino por tandas: la primera tanda es del 50% y la entregan cuando ya el vecino tiene asegurada su nueva vivienda con un compra-venta; la segunda es del 30% y el Metro lo paga cuando el vecino ya ha hecho las escrituras de su nueva vivienda; y la tercera parte se la pagan cuando el vecino queda a paz y salvo con las deudas de su vieja vivienda. Entre las deudas que obligan a asumir a la comunidad afectada están la desconexión de los servicios públicos y la tasa de aseo: 55 mil pesos.
Sin planes de reubicación, sin la contemplación de los “perjuicios morales” de los que habla Gilberto, esta comunidad espera que al menos El Metro le suban un poco más al valor de la oferta. Dice Gilberto: “Esperaba con mi esposa (quien, además, sufre de alzhéimer), terminar aquí nuestras vidas. Aquí vivimos muy tranquilos. Quizás tenemos que emigrar a un barrio más lejano, donde no nos conoce nadie y no encontraremos el ambiente que queremos… Muy triste me encuentro porque si no acepto lo que me ofrecen ¿Qué será de nosotros?”.
En el Comité, en cambio, aseguran que si no llegan a un acuerdo con la empresa Metro, prefieren irse a expropiación.
Las obras, también en cuestionamientos en El Salvador
Luis Jairo Sierra viene acompañando al Comité del barrio Alejandro Echavarría y contándole su experiencia. Él también es uno de los afectados por las obras de infraestructura vial que adelanta actualmente la administración municipal de Medellín. Su antigua casa, de tres plantas, quedaba en la calle 42 con la carrera 36, en el barrio El Salvador –centro oriente de la ciudad-. Allí tenía un garaje y lo utilizaba para vender comidas rápidas, tenía en arriendo dos apartamentos: de eso sobrevivía. Pero fue demolida para la construcción de una calle.
La Empresa de Desarrollo Urbano –Edu- es una empresa del municipio y encargada de las obras que se adelantan en el barrio El Salvador, que tiene entre sus propósitos ampliar la movilidad en el sector, a través de la construcción de vías y viaductos, y, además, interconectar El Salvador con otros barrios.
Luis Jairo y la Edu no llegaron a un arreglo económico, y el proceso se fue a expropiación. En un principio, Luis Jairo no compartía el área reconocida por la Edu: 225m2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó un nuevo avalúo de la casa y determinó un area de 244m2, y en una carta expresaba la Edu “que las diferencias que podrían presentarse -en este último avalúo- irían en beneficio del ciudadano”. La Edu ordenó suspender el proceso mientras se resolvía la determinación del área, pero según cuenta Luis Jairo, una misma funcionaria de la Edu, Vanesa Ospina, continúo con el proceso de expropiación con base en al avalúo inicial.
Le dieron por su casa 132 millones de pesos. Vanesa Ospina fue despedida por su actuación, pero quienes la remplazaron continuaron con lo hecho por esta funcionaria. Su caso está en los juzgados aún sin resolverse. Y con el dinero que le dieron, compró una vivienda de un tercer piso, cerca a donde vivía, pero sin la posibilidad de vender comidas rápidas, ya que su antigua vivienda le ofrecía mejores condiciones, que, según Luis Jairo, no tiene ahora. Y su nueva casa todavía la sigue debiendo.
