La victoria del MAS en la gesta electoral del 6 de diciembre es sin duda alguna contundente y nadie puede poner en duda un triunfo categórico e imposible de objetar. Hemos oído, como siempre, miles de los más rebuscados paliativos: que si el triunfo de la derecha en Pando, Santa Cruz y Beni revela un país polarizado; que si el padrón biométrico jugó a favor del oficialismo, y las más ridículas pero no por eso menos frecuentes denuncias de urnas llenadas previamente. Es inútil; la reedición de una nueva victoria electoral del oficialismo, esta vez con el 64% de las preferencias y con casi tres millones de votos a su favor, resulta ser, sin equívoco alguno, expresión del rechazo mayoritario a la tradicional clase política. Más allá de todo ello, la lectura de los resultados electorales de diciembre 2009 amerita de puntualizaciones que incluyen los desafíos inmediatos que el gobierno de Evo Morales, ratificado una vez más, habrá de asumir en la construcción del nuevo Estado Plurinacional.
Tras la aprobación en enero de la nueva Constitución Política del Nuevo Estado boliviano-CPE, la agenda electoral quedó en el centro del contexto político y tanto oficialismo como la oposición se veían obligados a moverse de forma inteligente para alcanzar sus respectivos objetivos. La reelección de Evo Morales ya aparecía como inminente pero era en sí misma insuficiente, puesto que, controlar 2/3 de de la Asamblea Plurinacional era el objetivo necesario que perseguía el gobierno en la contienda electoral. Para ello, resultaba imprescindible captar el voto de la clase media, sostener los niveles de aprobación en los sectores populares y conseguir erosionar sustancialmente cualquier posibilidad de articulación de la derecha, que intentaba recomponerse de la derrota sufrida por su intento de golpe de estado del 2008.
Fracaso de la oposición
La oposición también se veía demandada a definir acciones con inteligencia: recomponerse de las fisuras no sería asunto fácil en medio de una situación electoral en la que ciertamente no tenía alternativa para llegar a la presidencia del país, pero en la que necesitaba garantizarse una presencia importante en la Asamblea Plurinacional para sostener el poder de veto usufructuado durante los casi 4 años de gestión de Evo Morales. Lograr superar los intereses personales en torno a candidaturas y a protagonismos políticos sería para los sectores de derecha el desafío necesario, que no conseguirían superar. Por otro lado, la bandera autonómica que ostentaran fue tan burdamente manoseada que terminó perdida en el intento de golpe de estado de septiembre 2008 y, para colmo, terminó siendo retomada hábilmente por el oficialismo. Sin bandera de lucha a la que asirse y sin una propuesta coherente y nacional, la derecha volvió a su discurso de confrontación y descalificación y terminó sumida en disputas internas secundarias y sin conseguir un solo destello de lucidez política a lo largo de todo el año.
El fracaso electoral de la derecha quedó sellado por la incapacidad de alcanzar un frente único, por la ausencia de un candidato capaz de constituirse en verdadero contrincante del presidente, pero sobre todo por su incapacidad crónica de lectura del contexto, que le ha impedido ver y aceptar que el retorno de su hegemonía y del modelo neoliberal es, para las grandes mayorías, inaceptable. De haber visionado la realidad en la que tocaba actuar, hubiesen advertido la imposibilidad de su ascenso al gobierno, pero también la necesidad de una reconducción de sus acciones y de cambiar al menos su discurso. Más aún, esa incapacidad ha hecho que sus intereses estratégicos hayan sido siempre antecedidos por intereses más mediatos y hasta individuales, con lo que en definitiva han acumulado derrota tras derrota.
Si la división opositora en diversas candidaturas fue reflejo de su debilidad e inoperancia, los candidatos de la dupla principal de oposición, reciclados de la más tradicional partidocracia, signaron de forma inevitable la magnitud de la derrota en las urnas en diciembre. A pesar de ello, los errores de la oposición deben entenderse como expresión de una derrota anterior que se remonta a las gestas populares del 2000, 2003 y 2005 y que terminaron por fracturar el sistema de democracia pactada de la partidocracia tradicional. Es esa derrota la que le ha dejado en un punto de inflexión y que les impone la necesidad de acomodarse a los nuevos tiempos políticos y es esa derrota, asestada por el movimiento popular, la que explica el nuevo revés electoral que con dramatismo han sufrido ahora.
Victoria del oficialismo
En otro orden de cosas, el 64% obtenido por el MAS es sinónimo de la demanda popular de cambios en un país en el que la clase política se ha ajustado a las definiciones y programas impuestos desde afuera, ajenos a los intereses del país y de su población. El gobierno de Evo Morales está lejos de evadir las presiones y condicionamientos externos, pero ha conseguido simbolizar la lucha de las mayorías por la recuperación de la dignidad y soberanía nacional. Aún con profundas diferencias entre su discurso popular, anticapitalista y anti neoliberal y su gestión más bien tibia respecto de las transformaciones estructurales, el partido oficialista, y concretamente Evo Morales, ha conseguido sostener la esperanza popular en el proceso de cambio que promete, y capitalizar la inexistencia de alternativas políticas en el país.
Para los sectores medios, e incluso para sectores más tradicionales, los casi 4 años de gobierno de Evo Morales han disipado buena parte de los temores sembrados por las campañas mediáticas opositoras. Los fantasmas creados en torno a expropiaciones, estancamiento económico, proscripción de la propiedad privada, escasez y hambruna van desapareciendo con la constatación de que el proceso impulsado por el Presidente -a pesar del tono del discurso-, deriva en un proceso de reformas y no en el proceso de revolución social que tanto temen. El MAS se concentró en conquistar ese voto de la clase media y lo hizo incluyendo en las candidaturas a profesionales y personajes de los sectores medios de la población, pero también con medidas más polémicas como la cooptación de activistas de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo emblemático de la violencia fascista y racista ejercida contra el pueblo.
A pesar de ello, el apoyo popular al presidente fue conservado y logró sumar a los que votaban con la esperanza en el cambio estructural, a los que lo hacían aliviados con la convicción en que la transformación estructural no llegaría, a los seducidos por la estabilidad macroeconómica, la política social de bonos, la reforma política autonómica o las promesas de industrialización; a los disidentes de una oposición que ya no les brindaba beneficios y a los que buscaban frenar – mediante el voto- la desestabilización política y económica auspiciada desde la oposición. El resultado fue el deseado: la reelección presidencial, la mayoría aplastante del MAS en la asamblea plurinacional, pero además un importante crecimiento oficialista en los bastiones de la propia media luna.
Desafíos del gobierno
Si bien la victoria aplastante del oficialismo hace prever una gestión sin mayores obstáculos desde el poder legislativo, el escenario en el que se deberá administrar la victoria no deja de tener dificultades y particulares desafíos. La agenda electoral seguirá siendo el centro político hasta la elección de autoridades de los gobiernos autónomos departamentales y municipales en abril. Y, pese a la ventaja que ha logrado el MAS, el resultado no está tan claramente definido ya que si bien el liderazgo regional de la derecha ha sido afectado sustancialmente sigue conservando un peso específico en lo territorial que no debe ser subestimado.
Por ahora, la oposición sigue sin articular su estrategia y sin capacidad de superar sus divergencias; la proliferación de frentes que buscan acreditarse en la contienda refleja el fraccionamiento interno que amenaza nuevamente con la dispersión del voto. Tras las candidaturas de los prefectos de Beni, Pando y Santa Cruz no existen los apoyos unánimes que antes consiguieran. Otros personajes emblemáticos de las fuerzas cívicas están borrados del escenario político y electoral debido a su participación en el frustrado golpe de Estado del 2008 o por sus vinculaciones con la célula terrorista desbaratada en el pasado abril. Pese a ello, la oposición tiene la oportunidad (y el desafío) de conservar los ejecutivos de las nacientes gobernaciones autónomas, pero es poco probable que consiga la hegemonía en los gobiernos, ya que se instalarán órganos legislativos elegidos de forma independiente a la autoridad ejecutiva y con ello la posibilidad del voto cruzado permitirá que los ejecutivos enfrenten una sensible oposición interna en la propia estructura del gobierno autónomo.
En el oficialismo, la búsqueda de candidatos para conquistar gobernaciones y asambleas en los departamentos controlados por la oposición ya ha originado las primeras controversias respecto de la decisión de incluir a personajes vinculados a los partidos políticos de la derecha tradicional, como el caso de Santa Cruz en el que el candidato oficialista a alcalde resulta ser uno de los representantes del partido UCS vinculado a las megacoaliciones de los gobiernos neoliberales. La diferencia en el nuevo escenario electoral es que esta vez el MAS y el Movimiento Sin Miedo (MSM) participan de forma separada, lo que obliga al gobierno a pugnar no solo enfrentando a la tradicional oposición, sino también a la que tendrá de sus hasta ahora aliados. El MSM, por su parte, busca a través de los gobiernos departamentales y municipales lograr un posicionamiento propio en el Estado Autónomo en cuyo diseño ha sido actor de primera línea gracias a la alianza con el gobierno. En tanto en los municipios, incluyendo a los que han optado por la autonomía indígena, el MAS despliega negociaciones y presiones a fin de lograr que su sigla sea la única que figure en la contienda por el movimiento popular.
Pero más allá del escenario electoral, el gobierno tiene otros desafíos que debe afrontar y el de mayor peso político es el de definición del rumbo que el proceso de cambio deberá tomar. Con la reelección y la hegemonía en el legislativo asegurada, el gobierno está obligado a profundizar el proceso de cambio que en las demandas populares ha implicado la transformación estructural, pero que sigue siendo difuso y hasta tibio en la práctica y gestión gubernamental. Por ello, aunque las elecciones de diciembre marcan una correlación favorable al oficialismo, no debe olvidarse que la hegemonía conseguida en la Asamblea Plurinacional ha implicado la inclusión de las más diversas corrientes ideológicas y composiciones de clases dentro de las filas del gobierno, lo que hace prever que será en lo interno en que se defina y exprese la correlación de fuerzas verdadera dentro de la institucionalidad estatal que tiene el mandato de garantizar la aplicación de la nueva CPE.
La autonomía, que está funcionando desde abril 2010 en todos los municipios y departamentos del país, aún cuando sus contenidos específicos y alcances no están definidos legalmente, parece estar signada por las disposiciones del proyecto de ley elaborado de forma unilateral desde el gobierno y que da al sistema autonómico el carácter de descentralización profundizada en la que los mecanismos de la democracia continúan siendo los representativos, muy lejanos a la transformación cualitativa de la participación política popular que demanda el nuevo Estado, supuestamente cimentado en el pluralismo y el protagonismo popular. Los gobiernos autónomos a ser electos definirán entonces un nuevo escenario de expresión de la correlación de fuerzas que puede derivar en la emergencia de nuevos mediadores de la voluntad política social, cuando no en el reciclaje de protagonismos tradicionales desgastados.
Es entonces el papel de la sociedad civil y de los sectores populares en el proceso de cambio el que en lo inmediato demanda definiciones claras y es en este aspecto en el que se plantean los iniciales desafíos del gobierno y también en el que van gestándose las preocupaciones sobre la hegemonía electoral conseguida por el MAS: en tanto sus propuestas no presentan cambios sustanciales respecto a la participación política social, las actitudes adoptadas ante la exigencia indígena de respeto al derecho a la consulta previa, al autogobierno y a la participación política bajo sus propias normas ya generan cuestionamientos al gobierno, que no solo ha manifestado su molestia ante la exigencia de respeto a derechos constitucionalizados en el proceso de cambio mismo, sino que ha optado por la imposición a través de la presión, la descalificación y hasta la promoción de la división interna popular.
Por otro lado, el papel que el gobierno asigna a los movimientos sociales con los que mantiene un vínculo orgánico, como únicas instancias de representación de los intereses populares, no resulta menos preocupante, sobre todo cuando se ha llegado a proponer que el estratégico papel de control social sea asignado a esos movimientos aglutinados en la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), instancia creada para impedir la independencia de las organizaciones sociales respecto del gobierno.
En definitiva, el rumbo del proceso de cambio estará marcado directamente por la incorporación o no, y la independencia que se permita a la participación política social en el desarrollo del nuevo marco normativo y en la vida política del país. Por ello, acaso el desafío inicial del Estado Plurinacional, es superar lo que el mismo presidente dijo interpretar en los resultados de la pasada jornada electoral: “Nuevamente, el pueblo boliviano con su participación en estas elecciones nacionales demostró que es posible cambiar Bolivia con base en los votos del pueblo”.