Mucho se ha hablado últimamente sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, específicamente por la gran cantidad de asesinatos, amenazas y procesos judiciales en su contra. Aunque esto no es algo nuevo, el alarmante crecimiento de estos casos está en el foco de la opinión pública. Esta visibilización es importante y necesaria para movilizar al Estado, la sociedad civil e incluso a la comunidad internacional en torno a la protección de estas personas y el apoyo a los procesos que desarrollan, pero también trae especulaciones e información contradictoria. Por esta razón, es importante establecer qué es verdad en esta situación, cuáles son los mitos a su alrededor y qué preguntas hacerse como sociedad frente a este fenómeno.

VERDADES

Entre los grupos de personas olvidados por el Estado colombiano e invisibilizados en el conflicto armado están los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A lo largo del tiempo los gobiernos de turno han hecho poco o nada por apoyar el liderazgo social y desconocen la violencia sistemática que la afecta. De acuerdo con Carlos Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, la tasa de homicidios focalizada en estos activistas se disparó y viene en aumento sostenido desde el inicio y la implementación del proceso de paz con las FARC.

Guevara señala que los activistas que reportan mayor número de afectados son líderes campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal, indígenas y afro de diferentes zonas de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. En este sentido, se evidencia una violencia concentrada en representantes de minorías con pocas oportunidades de acceso a la ayuda estatal y en lugares donde la guerra ha sido una constante, hay algún tipo de interés económico y político o se llevan a cabo luchas de reivindicación social.

Denuncias
Organizaciones como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, la Marcha Patriótica e Indepaz, en alianza con el instituto Heinrich Böll Stiftung Colombia, presentaron en mayo de 2018 un Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos-Situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC y sus familias, ampliado y actualizado en julio del mismo año por Marcha Patriótica en su rueda de prensa sobre el tema.

En este informe se habla, hasta el cinco de julio de 2018, de 123 líderes y/o defensores de DDHH asesinados en lo que va transcurrido del año. Dicha cifra fue ampliada en el comunicado oficial de Marcha Patriótica del 17 de julio, al considerar datos desde enero de 2016 hasta julio 2018, para una cifra final de 445 líderes asesinados, de los cuales 169 pertenecían a Marcha Patriótica y 22 de estos eran mujeres.

Entre los datos relevantes presentados por el informe están: en el 2018 las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son en su mayoría la Cumbre Agraria (ONIC, Marcha Patriótica, PCN, Congreso de los Pueblos y Ríos Vivos) y la Confederación Comunal de Colombia; el 81,5% de las personas afectadas pertenecen a organizaciones campesinas, étnicas o a JAC; los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 12,6%; los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los asesinatos en 2018; el 15,12% de los homicidios fueron mujeres y desde la elección presidencial el 17 de junio del presente año, hasta el cinco de julio, se han asesinado a 22 líderes y/o defensores de DDHH, y la cifra aumenta día a día.

Así mismo, el informe señala que “La presencia de grupos paramilitares, del ELN y disidencias se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”. Con lo anterior, se pone de manifiesto el peligro en el que están los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz. Además, concluye que se observa un número significativo de asesinatos de personas pertenecientes a los mismos grupos sociales o políticos ocurridos en un mismo periodo de tiempo y en los mismos espacios geográficos, evidenciando una sistematicidad en la que se destacan los actores que las ejecutan y los modos de ejecución de acuerdo con el territorio y los fines que persiguen.

Frente a esto, las organizaciones sociales piden al Estado, entre otras cosas, investigar el origen de las amenazas y los asesinatos para evitar más casos, y esclarecer los ya existentes; una ruta de concertación para garantizar la vida e integridad; medidas de prevención y de protección territorial y colectiva, como fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, entre los que están las guardias indígenas, cimarronas y campesinas; pactos regionales de no violencia; cumplimiento de los acuerdos de paz, e implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los pactos de sustitución.

Otras organizaciones se han visto afectadas en lo que podría considerarse una ampliación de esta violencia hacia sectores sociales. Es el caso de los integrantes del movimiento político Colombia Humana asesinados y amenazados. Al respecto, Jorge Rojas, gerente de la campaña política de este movimiento señaló en varios medios de comunicación que se han recibido amenazas, en su mayoría, en zonas de interés político, y que se trata de un “plan de exterminio” aprovechando el momento de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, espacio en el que ninguno se responsabiliza sobre la problemática.

Amenazas, judicialización y otras formas de violencia
No solo se trata de asesinatos. Existen otras formas de violencia recurrentes y caracterizadas en contra de los activistas sociales que dan cuenta de una sistematicidad en las acciones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo están las amenazas, que se presentan de manera individual y colectiva mediante panfletos, llamadas, mensajes o redes sociales y buscan intimidar y servir de advertencia. Las violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad con toma de fotografías no autorizadas y robo de información, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias, el desprestigio, las desapariciones y el desplazamiento forzado son las maneras recurrentes en las que se ataca a los líderes sociales y deben ser consideradas como parte de la problemática.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores, realizaron un informe para la Comisión de la Verdad, titulado Defender la Vida. En este muestran cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones por grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

¿Qué dicen el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Frente a la problemática, el Estado ha manifestado su posición de diferentes formas. A finales de 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que no había una organización asesinando líderes sociales y que la “inmensa mayoría” de estos asesinatos eran producto de problemas de linderos, rentas ilícitas y líos de faldas. A esta declaración se suma la del presidente Juan Manuel Santos en octubre de ese mismo año, en la que afirma que no hay un patrón sistemático y que se trata de hechos aislados.

A julio de 2018, con el obvio incremento de las muertes, el ministro Villegas señaló que “le preocupa enormemente el asesinato de líderes” y que se están tomando las medidas necesarias. La Fiscalía General indicó que las investigaciones están en curso y el ministro del Interior informó que se empezó a implementar un modelo de “protección colectiva”. Por otro lado el presidente electo Iván Duque prometió “cero tolerancia” frente a la violencia que sufren los líderes sociales, y el presidente Santos condenó enfáticamente los hechos de violencia y pidió a la fuerza pública actuar con contundencia.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reconoció la sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras, afirmó que la defensa debe hacerse desde los territorios, con esquemas de protección rural, colectiva y con enfoque diferencial. En cuanto al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, este afirma que: “No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”.

La sociedad civil se ha mostrado inquieta y solidaria con la situación de los líderes sociales y se ha manifestado de diferentes formas, por medio de performances artísticos en diferentes partes del país y movilizaciones en las calles y redes sociales. Entre las diferentes manifestaciones se destaca la Velatón del pasado seis de julio, en la que miles de colombianos salieron a las plazas principales de diferentes pueblos y ciudades, tanto en Colombia como en el extranjero, para sentar su voz de protesta en contra de la violencia y por el derecho a la vida.

En cuanto a organismos internacionales, Amnistía Internacional, le ha llamado la atención al gobierno de Santos por la situación de seguridad que hay en algunos territorios y que representa un riesgo para la vida de los líderes. 38 Diputados del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de seguridad, Federica Mogherini, en la que manifiestan su profunda preocupación por la situación de los líderes sociales en el país y hacen un llamado urgente y de carácter humanitario para la inmediata intervención, con el fin de salvar la vida de los líderes. Por parte de la ONU, Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista a medios de comunicación expresó que: "la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio" y que la situación es tan grave que se ha normalizado el riesgo y el miedo en la defensa de los derechos humanos.

MITOS

¿Por qué hay diferentes cifras de asesinatos?
Para muchos, la discrepancia en las cifras sobre asesinatos a líderes sociales genera dudas respecto a la credibilidad del problema, y para otros representa intereses específicos de las entidades que las presentan. Lo cierto es que la diferencia en cifras se debe a dos factores: las metodologías para verificar los casos y los periodos analizados.

Algunas organizaciones reportan solo los casos que tienen que ver con sus miembros y las diferentes denuncias que se realizan, otras tipifican la función del líder social para determinar si realmente lo era o no, y de qué forma se presentó su fallecimiento (si tuvo o no relación con su labor social), y otras tienen en cuenta de qué forma ejercía su liderazgo y qué cargo tenía.

Así mismo, en cuanto a los periodos de tiempo reportados, algunas organizaciones establecen como fecha de inicio enero de 2016, otras el día D de los acuerdos de paz, algunas reportan año a año y no un total, y otras amplían su espectro de análisis hacia el 2015 o años anteriores. La frecuencia de reporte de víctimas también es un factor, ya que organizaciones como la ONU o la Defensoría del Pueblo presentan informes oficiales cada trimestre, mientras que otras organizaciones van actualizando las cifras día a día.

Por esta razón se encuentran cifras que van desde los 200 hasta los más de 400 líderes asesinados. Lo que no se puede perder de vista es que más allá de los diferentes reportes, se trata de vidas humanas valiosas e importantes, que debieron ser respetadas y a las que se les debió dar garantías para el trabajo social que desempeñaban.

PREGUNTAS

Las dimensiones de una problemática que pudo haberse atendido con celeridad y contundencia han alcanzado los niveles de crisis humanitaria. La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es insostenible, y en este punto coyuntural en el que es tan evidente que existe un problema, vale la pena preguntarse: ¿Por qué se llegó tan lejos? ¿Qué hay detrás de las muertes sistemáticas de los líderes y defensores humanos? ¿Acaso no todos los ciudadanos son potenciales líderes sociales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué exigirle al gobierno y cómo? ¿Qué nos dice como sociedad los alcances de esta problemática? Ahora es momento de reflexionar y de reconocer que la sociedad en su conjunto debe actuar con responsabilidad y sin indiferencia ante algo que está pasando y que afecta a todos.

Una de las regiones más afectadas por los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es el Pacífico colombiano. En esta región, el contraste entre la abundancia de bienes naturales y económicos de los puertos y la extrema pobreza de sus habitantes, es un paisaje habitual. Esta desigualdad que afecta a la población, la moviliza y la pone en pie de lucha por sus derechos.

Como ejemplo de la lucha de los pueblos del Pacífico está Buenaventura, una tierra que, según Arturo Grueso, docente experto en educación popular y coordinador del Nodo de Pensamientos Ancestrales de la Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos (CEIP), contiene una gran cantidad de imaginarios culturales que configuran a su población, en su mayoría afro, alrededor de sus raíces y de la tierra, a pesar de las difíciles situaciones que enfrentan.

Las problemáticas que afectan a esta población y por las cuales se han generado protestas y levantamientos de líderes sociales son la falta de infraestructura, la precaria atención en salud, el escaso acceso a la educación y la mala prestación de servicios públicos. Al respecto, Grueso señala que existe un abandono total del Estado y que cuando hace presencia afecta mucho más a la población. La población los reclama, pero a la vez desconfía absolutamente de sus intenciones y de su accionar.

En mayo de 2017 la comunidad, a través de diferentes organizaciones sociales, convocó a un paro cívico que mantuvo 22 días en parálisis al puerto. Con la organización de un Comité ejecutivo del Paro Cívico, que agrupaba las demandas de las organizaciones, se generó un pliego de peticiones. Después de días difíciles de negociación, problemas de orden público y desacuerdo entre las partes, se logró la sanción de la ley de diciembre de 2017, que garantiza recursos para cumplir las obras prioritarias de la ciudad: se aprobaron recursos para el desarrollo de una ciudadela hospitalaria y una Unidad de Cuidados Intensivos, inversión en acueducto, agua, saneamiento y educación. En la actualidad se mantienen los acuerdos y el Comité ejecutivo verifica su implementación.

El profesor Arturo señala que aparte del hambre y la pobreza que sufren los bonaverenses, la población se ve afectada por diferentes máquinas de guerra que quieren el control territorial. En este sentido, además de estas condiciones sociales vinculadas con el abandono estatal, Buenaventura sufre por el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción, la privatización del puerto, la segregación racial y el desplazamiento forzado. “En el puerto la violencia se da por oleadas. Hay momentos de letargo, de calma, en la que los actores de alguna manera están calmados o han hecho acuerdos para realizar sus acciones y de repente vuelve la violencia”, afirma Grueso.

Todas la anteriores problemáticas sociales traen violencia a la población y entran en conflicto con el trabajo social desempeñado por líderes. Entre los casos más notorios de líderes sociales afectados está el de Temístocles Machado, del Proceso de Comunidades Negras e integrante de la mesa que promovió el paro cívico, quien fue asesinado el 27 de enero de 2018 por hechos relacionados con su liderazgo, que aún se encuentran en investigación. Otro caso es el de Orlando Castillo, quien ha recibido cerca de 37 amenazas por parte de grupos armados, y desde hace cuatro años está con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque este panorama social no difiere del que se presenta en diferentes partes del país, Buenaventura es un lugar especial en el que el territorio es la vida misma, porque genera una identidad cultural a partir del imaginario de lo afro. Por esta razón, explica Grueso, hay una rebeldía en la comunidad y, aunque soporta condiciones difíciles, en su ADN está la protesta social que los impulsa a luchar por su territorio y por su identidad afro.

Por lo mismo, la ancestralidad es algo que ha sido atacado por parte de diferentes actores armados en busca de la ruptura del sistema de creencias de la población. Ejemplos documentados de este tipo de violencia son las casas de pique, en las que por medio de la desaparición de los cuerpos de los muertos se impedía a la comunidad sus ritos y así se destruía la ancestralidad. También es el caso de las “sabedoras”, mujeres con saber ritual propio de la cultura afro que, según el profesor Arturo, han sido atacadas y estigmatizadas por su saber y su papel dentro de los imaginarios que fortalecen la cultura de la población.

De esta forma, en una radiografía general de Buenaventura, es posible identificar problemáticas sociales generales que aquejan a sectores rurales y regiones apartadas de los centros de poder; pero también problemáticas específicas que pertenecen a esta comunidad en particular y que deben ser comprendidas y atendidas en su particularidad. Por esta razón, son tan importantes los enfoques diferenciales en los territorios para la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de un país en el que todos puedan vivir.

Lo asesinaron de cuatro impactos de bala y luego lo degollaron. Así relataban los medios de comunicación la muerte de Nelson, así llegó aquella trágica noticia al coliseo de la Universidad de Antioquia, donde se encontraban sus compañeros de lucha. Dura, fría, sin anestesia, sin tacto, así de fuerte como se lee al inicio fue su muerte para quienes le conocieron.

Nelson Giraldo Posada hacía parte de Ríos Vivos Antioquia, un movimiento social que lucha por la defensa del territorio, del agua, los ríos y la biodiversidad. Se había sumado a la defensa del río Cauca, lo amaba, y fue justo ese amor el que lo llevó a retornar a Sardinas, una de las tantas playas que están a lo largo del cañón del río Cauca y que pertenece al municipio de Ituango. Había llegado allí en busca de oportunidades para el retorno. Lideraba un grupo de más de 50 barequeros que se encontraban, desde hacía meses, alojados en el coliseo de la Universidad de Antioquia en Medellín, en espera de respuestas por parte del Gobierno frente a las afectaciones del megaproyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango – Hidroituango, el mismo que hoy se derrumba ante los ojos del país.

Desesperado por no tener soluciones y por las malas condiciones en las que se encontraba su familia, se aventuró, pese a las amenazas que habían recibido, a viajar a aquella playa. “Nelson amaba a su familia”, relata con nostalgia Stella, una de las voceras del grupo de barequeros y pescadores que hoy se encuentra en el Coliseo de Ituango afectados por el megaproyecto y su mala planeación. Stella fue compañera de Nelson, e igual que él ama el río, le hace falta. Mientras termina de coser un bolso en una vieja máquina a la que le falta el motor, va contando lo poco o mucho que se acuerda de aquel hombre de 31 años, a quien todos consideraban un líder innato y que hoy se ha convertido en un símbolo de resistencia. Ese hombre luchador aún se refleja en los ojos de Elver, un niño de más o menos 10 años, hijo de Nelson, que a veces los visita en el coliseo de Ituango.

Falta poco menos de dos meses para que se cumpla el quinto aniversario de su muerte. A eso de las 6:30 p.m., un 17 de septiembre de 2013, se escucharon los disparos. El cuerpo sin vida de Nelson cayó a orillas del río, del “mono”, como cariñosamente le llaman al Cauca quienes desde niños han vivido de lo que su arena y sus aguas les proporciona. Han pasado cinco años ya desde su muerte y los asesinatos en contra de sus compañeros y otros tantos líderes que defienden sus territorios como un día lo hizo él, no paran. Asistimos todas las semanas a ver cómo la muerte se pasea por nuestros campos y ciudades, así como un día se paseó por Sardinas.

Desde inicios de la construcción del proyecto en el 2010, barequeros, pescadores y campesinos se opusieron a que se desarrollara. Sabían que represar el río no solo iba a traer consecuencias para su economía, sino que era algo fuera de cualquier proporción. Hoy saben que tenían la razón. Más allá del silencio cómplice de los medios y de la falta de claridad en la información que EPM entrega, hoy lo que ha quedado demostrado es que la construcción de la represa cambió sus vidas, las cambió a tal punto de dejarlos en la calle, con solo la ropa que llevaban puesta el día de la inundación. Más allá de las pérdidas materiales, los cañoneros perdieron su arraigo cultural, cambiaron a la fuerza su paisaje: “es como si a uno le arrancaran un pedazo del corazón, porque el Cauca era todo para nosotros y ahora ni verlo podemos. Ahora hasta amenazados nos tienen”, dice Conrado de Jesús Correa “Chucho”, mientras revuelve unos frijoles que cocina para el almuerzo de todos.

La muerte de Nelson se pudo evitar. Eso es lo que sus compañeros mencionan, es lo que abogados y defensores de derechos humanos que acompañan a Ríos Vivos han manifestado. Días antes de que le cegaran la vida, el nueve de septiembre del mismo año, el Tribunal Superior de Medellín había emitido un fallo en el que ordenaba, en un plazo de seis días, que se solucionaran y se dieran las medidas de protección que el movimiento había solicitado. Nelson había denunciado las amenazas en su contra y el Estado no hizo nada para protegerlo. A aquel hombre alto, moreno, robusto, de cabello corto negro y gran sonrisa, que manoteaba al hablar, lo dejaron sin ver crecer a Elver y a Mariana, sus dos hijos, por los que fue capaz de arriesgarse para darles la vida digna y estabilidad que EPM les había quitado y que jamás podrá reparar.

El recuerdo de Nelson sigue vigente. Su nombre (junto al de otros compañeros y al de muchos desaparecidos, cuyos restos se cree que están en el cañón) lo han pintado en una tela por la memoria para así honrarlo. Su muerte sigue impune, como muchas de las muertes de líderes en este país del “sagrado corazón”. Nelson Giraldo sigue vivo en la memoria de Ríos Vivos; camina entre ellos en cada marcha; está en la fuerza del grito que exige con vehemencia que se detenga Hidroituango; acompaña a Elver y a Mariana en cada caminar. Nelson seguirá en nuestra memoria, como permanecen los hombres que nunca dejan de luchar.

Quienes habitamos la República Bolivariana de Venezuela entendemos de primera mano que “la paz de Colombia es la paz de Venezuela”, por eso, desde estas tierras se han hecho innumerables gestiones para dar inicio a diversos procesos de paz, o a conversaciones que conlleven bien sea a reducir el conflicto o a liberar secuestrados por parte de grupos al margen de la ley.

La postura venezolana de coadyuvar en el fin del conflicto interno colombiano ha sido histórica, sin embargo, es perentorio destacar que fue durante los años de gobierno del presidente Hugo Chávez cuando más avances y esfuerzos hubo al respecto; las gestiones llevadas a cabo en el Gobierno bolivariano fueron el punto de partida del proceso de paz con las FARC, así se quiera ignorar esta realidad por el ahora hostil gobierno de Juan Manuel Santos y por la propia oligarquía colombiana.

Esta postura pacifista se debe a que Venezuela ha sido receptora de buena parte de los problemas que han aquejado a la sociedad colombiana producto del conflicto armado. De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística venezolano (censo 2011), el número de extranjeros en el país era de 1,03 millones, de ellos el 70% provienen de Colombia, es decir 721.791 personas. Dicha cifra podría ser superior producto del ingreso continuo de desplazados sin ningún tipo de registro migratorio. Reportes de la ACNUR dan fe de por lo menos 173.529 colombianos con necesidad de protección en Venezuela para 2014.

El auge del éxodo de neogranadinos a tierras venezolanas concuerda a plenitud con el incremento del conflicto armado colombiano: de acuerdo a un artículo publicado por Alcides Gómez Jiménez en El Espectador, “el gran salto de la emigración de colombianos a Venezuela se dio en la década del setenta del siglo pasado, cuando de 180.100 en el censo de 1971, se pasó a 508.200 en el censo de 1981, para en adelante estabilizarse: 529.900 en 1990, 608.700 en 2001 y 721.800 en el censo de 2011”.

El ingreso desmedido de personas huyendo de la violencia generó un sinfín de inconvenientes a lo interno de la sociedad venezolana: crecimiento de los cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades, aparición de actividades delictivas desconocidas hasta finales de la década del 70 como extorsión, secuestro y sicariato, pérdida de soberanía por parte de grupos al margen de la ley e incremento en los niveles de pobreza.

Contrario a lo que se cree, la ola de inmigrantes colombianos continúa. Recientemente municipios fronterizos como García Hevia en el estado Táchira y Jesus Maria Semprum en el estado Zulia han recibido de manera permanente refugiados producto de la agudización del conflicto en la zona del Catatumbo colombiano. Dada la violación de los acuerdos firmados en La Habana entre el gobierno y las FARC, muy seguramente el ingreso de campesinos y activistas políticos huyendo continúe, aún con la compleja situación venezolana. No es para menos, es preferible resistir los embates de la economía venezolana que perecer a manos del terrorismo de Estado colombiano.

Actualmente Venezuela vive la peor crisis económica, política y social de su historia, que amenaza con profundizarse a niveles, hasta ahora inimaginables. Si bien la crisis tiene un carácter estructural, dado el petro Estado instalado desde finales de la década de los 30 del siglo pasado, la República de Colombia ha jugado un importantísimo papel en la profundización de la misma.

Pocas veces del lado colombiano se reconoce que existe una permanente y nociva violación de la soberanía económica venezolana producto de la creación de un Banco Central paralelo que, con la complicidad del Estado, determina de manera arbitraria el valor del bolívar venezolano. Tampoco que la estatal Petróleos de Venezuela pierde por lo menos 12 mil millones de dólares anuales por concepto de subsidios al combustible, que en buena parte engrosan las cuentas de robustos grupos de poder que surten de combustible no sólo el parque automotor de departamentos como Norte de Santander, Guajira y Arauca, sino que también proporcionan la gasolina para el procesamiento de la hoja de coca en el Catatumbo, la segunda mayor zona productora de cocaína en el mundo, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidos Contra la Droga y el Delito.

Ante todo esto, hay algo que no se quiere ver: la llegada desmedida de productos venezolanos está generando una especie de reflujo que, de no controlarse, generará un shock en el aparato económico colombiano volviéndolo estéril y malicioso. A la fecha ya son varios los sectores económicos golpeados por el contrabando, veamos:

La Federación de Ganaderos (Fedegan) ha denunciado las pérdidas del sector producto del contrabando de queso, leche y carne venezolana; ciudades como Cúcuta que requieren de 400 animales por día para alimentar a su población, están sacrificando no más de 70 reses. Semejante situación padece el gremio ganadero de departamentos como Cesar, Guajira, Atlántico, Magdalena, Santander y Bolívar. El gremio cafetero ha alertado de la presencia de café de contrabando “hasta en departamentos como Antioquia”, lo cual perjudica no sólo la producción sino la calidad de la misma debido a la falta de controles fitosanitarios.

El sector calzado, textil y marroquinero reporta el ingreso de más de un billón de pesos en prendas traídas de contrabando. La Asociación Colombiana de Gas Licuado no se queda atrás, denuncia pérdidas superiores a los 100.000 millones de pesos producto de llenaderos clandestinos cercanos a la frontera con Venezuela. En general, sectores estratégicos y que emplean buena parte de la mano de obra del país como construcción y producción agrícola, entre otros, dejan de recibir por lo menos 6 mil millones de dólares.

De continuar este panorama de violación de la soberanía venezolana, habrá un colapso no sólo económico sino social con implicaciones muy complejas que desde ya se comienzan a percibir. Es más que evidente que el Estado colombiano no cuenta con la capacidad de atender a la totalidad de sus conciudadanos en temas como salud, educación, trabajo digno o vivienda. No en vano es el octavo país más desigual del mundo y el segundo en número de refugiados internos, solo superado por Siria.

Tal panorama exige el desechar las posturas intervencionistas y profundizadoras de los conflictos que padecen cada uno de los países. Las posturas patrioteras y de vernos como enemigos están de más. Si en Colombia la violencia y la guerra continúan, Venezuela se verá impactada; si en Venezuela se profundiza la crisis económica, Colombia también sufrirá alteraciones. En pocas palabras “La paz de Colombia es la paz de Venezuela, y la estabilidad económica de Venezuela es la estabilidad económica de Colombia”.

No tenemos opción alterna a la unión, pareciera que la providencia se encargó de enraizar nuestros caminos. Por algo el Libertador Simón Bolívar vislumbró que “La unión de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino”.

*Economista

A las tres de la mañana se rompió la poca calma que se respiraba en el caserío. Entre patadas a la puerta y gritos de “salgan hijueputas”, miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía allanaron la casa de Isidro Alarcón, en Micoahumado, Sur de Bolívar. A esa hora se encontraban en ella la compañera de Isidro y su nieta, una niña de cuatro años. Los invasores maltrataron a la mujer y a la niña, y dijeron de mala manera que estaban buscando a Isidro y las armas que, según ellos, se encontraban allí. “Voltiaron todo patas arriba pero no encontraron nada, porque nada teníamos escondido”, dice la señora. Era la madrugada del 22 de marzo de 2017.

Dos días antes habían llegado al corregimiento Micoahumado unidades del Ejército y la Policía, acompañados de civiles sin identificar, se dedicaron a patrullar el caserío, a preguntar por los líderes y a vigilar las casas de estos. Preguntaron insistentemente por Pablo Santiago, el líder más reconocido del corregimiento y fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; Pablo estaba de viaje, pero eso no los detuvo, consiguieron su número de teléfono y lo llamaron con la excusa de que lo necesitaban para que convocara a la comunidad a una reunión para “conversar sobre la situación de seguridad del caserío”. Similar procedimiento siguieron con Arisolina Rodríguez, lideresa del mismo corregimiento que tampoco se encontraba allí; presionaron a su familia hasta obtener su número de teléfono y también le insistieron en que regresara para que estuviera en la mencionada reunión.

Mientras se llevaba a cabo el allanamiento en la casa de Isidro y el corregimiento se encontraba sitiado, se adelantaba un operativo sin antecedentes en la región y simultáneamente fueron detenidas varias personas. Allí mismo fueron detenidos dos jóvenes, hombre y mujer, a quienes obligaron a recorrer semidesnudos el trayecto que había desde el sitio donde fueron detenidos, hasta donde se encontraba el helicóptero en que se los llevaron.

La noche del 21 de marzo, en el casco urbano del municipio de Arenal, ya había sido detenido Isidro Alarcón, quien ha liderado procesos organizativos desde 1985 y fue uno de los fundadores de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado. En la madrugada del 22 de marzo fue detenida Milena Quiroz, a quien le invadieron su casa por el techo en un operativo digno de película. Milena es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y directiva de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A Floro Edilberto Díaz, el conductor que presta servicio de transporte hacia Mina Proyecto, lo capturaron en Aguachica en la tarde del 21. Floro desde hace muchos años ha sido quien, sin importar las circunstancias, ha puesto su vehículo al servicio de las personas que lo requieran, sea para transportar carga, para sacar enfermos al hospital más cercano o para mover a una persona así no tenga con qué pagar el pasaje.

En el corregimiento Casa de Barro, del municipio de Norosí, fue capturado en la madrugada del 22 Manuel Francisco Zabaleta. Kito, como es conocido por todos, es tal vez el líder más antiguo y reconocido del Sur de Bolívar. Es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundador junto a otros campesinos de Fedeagromisbol, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y presidente de la Asociación Agrominera de Casa de Barro.

Ese mismo 22 de marzo fue detenida Nubia Gómez en el municipio de Arenal, y allanada la finca del señor Joaquín Gómez Quiñonez, padre de Nubia y directivo de la Junta de Acción comunal de la vereda Unión Doradas. Joaquín fue detenido en mayo de 2017.

Ese operativo fue ordenado por la Fiscal Tercera Especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes, quien basándose en dichos de supuestos desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, actuó contra los líderes comunitarios que presuntamente eran miembros o auxiliadores de esa organización insurgente. Es de resaltar que pocos meses después de ordenar estas capturas, la fiscal María Bernarda fue detenida por graves hechos de corrupción vinculados con organizaciones paramilitares de la Costa Caribe.

Los líderes y pobladores capturados fueron trasladados a la ciudad de Cartagena. En la audiencia de legalización de las capturas y allanamientos, que duró 12 días, uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía fue que “organizaban marchas y eran un peligro para la sociedad”. El juez de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscal y ordenó el encarcelamiento de todos los capturados por los delitos de rebelión y otros conexos.

Ocho meses después de las capturas, un juez de segunda instancia concedió la libertad a varios de los detenidos y reconoció que la actuación de la Fiscalía Tercera de Cartagena se asimilaba a un falso positivo judicial en contra de reconocidos líderes de la región. Sin embargo el proceso sigue su curso y catorce meses después de las detenciones aún no se inicia el juicio en contra de los imputados.

La arremetida contra líderes regionales no paró allí: en septiembre de 2017 en otro operativo espectacular, que incluyó helicópteros, la Fiscalía Primera Especializada del Magdalena Medio intentó capturar a la lideresa de Fedeagromisbol, María Antonia Rangel, bajo el pretexto de ser la determinadora de dos homicidios cometidos por las FARC años atrás. La firmeza de la comunidad y de los líderes de la región impidieron la captura, y meses después la Fiscalía se vio obligada a suspender esta orden ante lo endeble de las pruebas que tenían en este caso.

Sin embargo, mientras se judicializaba a los detenidos, en operativos repetidos y sistemáticos, el Ejército nacional intimidó a los líderes que no habían sido capturados y a sus familias, bajo el argumento de que eran guerrilleros y tenían orden de captura. Fueron más de 365 días y noches en los que esta situación irrumpió con su tranquilidad. La presión nunca se detuvo, tanto por la presencia de los llamados “zorro solos” que vigilaban las viviendas, o por la actitud de miembros del Ejército nacional que “no dejaban de joder noche y día acusando de guerrilleros a los líderes”.

Fue tal la presión que el 11 de abril de 2018, y después de un año de soportar los continuos hostigamientos a que fueron sometidos, cinco líderes regionales decidieron presentarse voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación “para de una vez por todas saber qué estaba pasando con nosotros que no nos dejaban en paz”.

Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez, Raúl Balmacea, Julio Arboleda y Andrés Trillos llegaron hasta Bogotá y se presentaron en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía. El trámite fue atendido por Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes, se constató que ninguno de los líderes que hizo su presentación registraba algún tipo de requerimiento judicial.

Aunque esa verificación dio un parte de tranquilidad temporal a los líderes y sus familias, queda en el aire la inquietud acerca de las intenciones de la Fuerza Pública que durante un año los señaló y persiguió, y de lo que pueda pasar ahora que la Fiscalía General de la Nación ha dicho que desde lo jurídico no hay requerimientos contra estos líderes, que en su momento le hicieron el quite a las capturas masivas que se adelantaron en la región.

Un capítulo de violencia está viviendo nuevamente, desde hace algunos meses, el Bajo Cauca, subregión de Antioquia históricamente ocupada por grupos paramilitares. Los grupos en disputa no son pocos, y tienen como escenario de confrontación un corredor que empieza en los municipios de Ituango y Valdivia (último municipio del Norte antes de comenzar el Bajo Cauca), atraviesa Tarazá, Cáceres, y Caucasia, y llega hasta San José de Uré, municipio de Córdoba que limita con estos. A raíz de las confrontaciones armadas en estos municipios, 732 familias (2.192 personas) han sido desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles son los grupos armados que actúan en esta región? En Tarazá y en Cáceres hay presencia de la Compañía Móvil Héroes y Mártires de Tarazá y del Frente de Guerra Compañero Tomás, del ELN. En los límites entre Tarazá e Ituango está la disidencia del Frente 36 de las FARC-EP. Sin embargo, los dos actores que encendieron la violencia en la región fueron el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, los llamados caparrapos, un reducto paramilitar que viene desde la desmovilización de las autodefensas del Bajo Cauca, y el grupo que tiene mayor dominio en la zona, el mismo que se ha convertido en el centro de la persecución criminal del Estado colombiano: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. Los caparrapos estaban subordinados a las AGC, pero el año pasado se sublevaron y decidieron enfrentarlas.

Las AGC se adueñaron de la región
Según el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, Nodo Antioquia, las AGC tienen presencia en 22 departamentos del país, y están en 97 municipios de Antioquia.

Su incursión en esta región empezó en el 2008, año en que tuvo que enfrentarse –según un informe de la Fundación Ideas para la Paz– “a dos estructuras herederas de las AUC, particularmente a 'Los Paisas', una extensión rural de la llamada 'Oficina de Envigado' conformada por antiguos miembros del Bloque Mineros, y a una facción de 'Los Rastrojos', integrada por ex paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB)”. Esta primera confrontación ocasionó el retiro de “Los Rastrojos”, y el fortalecimiento en la región de las AGC.

Hubo un tiempo de relativa calma, signada por el empoderamiento de las AGC y por la salida de las FARC-EP de algunos terrenos circundantes al Bajo Cauca. Pero al finalizar el 2017 dicha calma se rompió, primero, por confrontaciones internas de las AGC, y segundo, por la incursión de otros grupos que querían hacerse al control de las rentas ilícitas. Estos grupos, según Oscar Yesid Zapata, representante en Antioquia de la CCEEU, no son solo locales. Para él hay una relación entre las confrontaciones en la región y los carteles internacionales de la droga. “Por informaciones que hemos recibido sabemos que eso también debe estar relacionado con carteles mexicanos de la droga, que pueden estar apadrinando a uno de estos dos grupos. Eso puede estar generando una explosión criminal en Bajo Cauca”, explica. Dice además que estas rentas ilícitas son de los cultivos de coca, la minería, el tránsito de sustancias de uso ilícito, y la extorsión.

Pero de estas, la principal economía ilícita por explorar es la producción de la coca. Por eso, cuando se vio reducida en el 2017 por los planes de sustitución del Gobierno, las confrontaciones y el control sobre la población se intensificaron. Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, “el principal objeto de disputa de las estructuras asociadas a las AGC, está centrada en las necesidades de control de la cadena del narcotráfico”. Agrega que son precisamente “los territorios del cultivo de coca vinculados al PNIS –Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito–, el escenario principal de riesgo de las comunidades rurales en los municipios de Tarazá y Cáceres”.

El centro de la confrontación
En los corregimientos y en la zona urbana de Cáceres y Tarazá, fue donde inició la confrontación. Tarazá, por ejemplo, fue noticia los primeros dos meses del año, luego de que se conociera que hubo 26 asesinatos, cuando en el mismo periodo del año pasado solo hubo seis. Se trata de un incremento del 383%. Además de eso, en cuatro eventos de desplazamiento se produjeron cerca de 1600 víctimas, como muestra de lo que la Defensoría llama “una clara estrategia de vaciamiento del territorio”.

En este pueblo, además de los desplazamientos, hay serias restricciones a la movilidad, pues según registra la Defensoría, los residentes no pueden movilizarse hacia algunos lugares aledaños. También ha habido toque de queda: “Desde marzo de 2018 circula un panfleto firmado por el Bloque Virgilio Peralta Arenas, en el que se restringe la movilidad a partir de las 7:00 p.m. en los sectores en los que tiene injerencia”. Además, se han visto afectadas las dinámicas económicas de estos municipios, donde en dos ocasiones varios grupos de mineros han sido expulsados de sus lugares de trabajo por miembros de las AGC y los caparrapos.

No es distinto el panorama en Cáceres. Según un comunicado de Derechos Humanos sobre la situación de seguridad en este municipio durante los primeros meses del año, en la población hay temor a causa de los enfrentamientos y por el límite en el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, por lo que los sitios públicos y establecimientos comerciales permanecen vacíos, afectando las actividades económicas.

Poder político y grupos ilegales
Según Oscar Yesid, “ha existido en el correr de este tiempo una serie de nexos entre las AGC y las autoridades locales. Todavía hay una connivencia que les facilita accionar en este territorio. El problema está dentro del mismo Estado”. No son pocos los casos que sustentan esta idea. En enero fue capturado el alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, por nexos con las AGC. Según la Fiscalía, Berrío llegó en las elecciones del 2014 al cargo gracias a una alianza con este grupo.

En febrero, el capturado fue Mario Eliecer Sierra Correa, vicepresidente del Concejo de Tarazá, a quien la Fiscalía señala de dar información a “polocho”, un cabecilla del Frente Julio César Vargas, para que este supiera cuándo habría operativos en su contra. Alias “polocho” fue abatido por la policía ese mismo mes y ejercía su control en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá. Además de ellos dos, ya habían sido capturados desde el año pasado el concejal de Tarazá, Carlos Mario Mira, el jefe de personal del hospital de dicha localidad, Boby Bedoya, y una enfermera del hospital.

Lo más grave es que al parecer vienen más capturas en camino, precisamente en Cáceres, Tarazá y Caucasia. Esto cuenta Leiderman Ortiz, periodista de Caucasia que ha denunciado a los dirigentes políticos por sus nexos con los grupos criminales: “A la alcaldesa de Tarazá están que la capturan. Al de Caucasia están que lo capturan por concierto para delinquir, por nexos que tiene con grupos armados, y por corrupción. Eso ya está que revienta”.

El Bajo Cauca, históricamente fortín paramilitar, está volviendo a vivir las manifestaciones de violencia que vivió a finales de los noventa y principios de la década pasada. Según Leiderman, a la zona, que está intervenida militarmente desde hace unos meses, va a llegar una nueva intervención grande, de inteligencia, contrainteligencia, ejército”. Por esto, una compleja situación de derechos humanos, y el riesgo de desplazamiento para las comunidades, siguen latentes. A esto se suma la reciente tragedia a causa de las fallas del proyecto Hidroituango, en donde resultaron afectadas las comunidades de estos mismos municipios.

Cuando lo perdimos todo

La primera vez que Lucía vivió la guerra fue el 22 de octubre de 1997. Ese día los paramilitares se tomaron el Corregimiento de El Aro, en Ituango Antioquia. Ella estaba embarazada de una niña, vivía con su esposo y con un hijo de siete años. “Nosotros nos habíamos escondido en el monte, teníamos un mero hijo, la niña venía en camino. Los que pasaron haciendo estragos nunca nos vieron. Pero cuando los paramilitares se fueron, la guerrilla dijo que nosotros éramos amigos de ellos, entonces nos quitaron la finca que teníamos”.

De esta manera empezaría el triste historial de despojo y desplazamiento que sufriría esta mujer, cuya vocación de líder la llevó a enfrentarse, directamente, a los poderes políticos y a los grupos armados.

“Guerrilleros”
En Valdivia, el pueblo de su corazón, al que llegó luego de ser desplazada de Ituango, y donde vio crecer a sus tres hijos, emprendió unas luchas con las que tocaría los intereses criminales de la zona. La principal tenía que ver con la transformación del sustento de ella y de su comunidad: la erradicación de los cultivos ilícitos. “Vi que por los cultivos ilícitos había hogares sin papás. Hogares sin hijos. Todo el flagelo que se vivía allá era debido a los cultivos ilícitos”.

Como había tantas veredas con coca en su pueblo, ella, y otros líderes del municipio, crearon un comité cocalero. Este comité sirvió para formar unas mesas de discusión con el Gobierno Departamental y con las Fuerzas Armadas, en busca de un acuerdo para sustituir los cultivos, pero este acuerdo, que para muchos se visualizaba como un plan piloto que se extendería en toda la región, se vio truncado por la indelicadeza de una funcionaria.

“Ahí estuvimos todos los líderes campesinos para pedir cultivos que realmente estuvieran acordes con el clima de la región. Íbamos a erradicar todo lo que había en el municipio de Valdivia. El Gobierno nos iba a dar un cultivo alternativo y una mensualidad para que subsistiéramos cultivando. Era el mejor comienzo, y eso se iba a ampliar para todo el Bajo Cauca. Pero la secretaria de gobierno de Antioquia, lamentablemente, dio unas declaraciones a la prensa, donde dijo que se había reunido con líderes “guerrilleros” de Valdivia. Entonces ya ninguno quiso volver a las mesas de negociación y ahí se dañó todo”.

A pesar de esto, en Valdivia, y específicamente en la vereda en la que Lucía ya era presidenta de la Junta de Acción Comunal, se decidió continuar con el proceso de sustitución, así no se contara con el apoyo del Gobierno Departamental. Posteriormente, se acogieron a los planes nacionales de sustitución y Lucía tomó la iniciativa erradicando su cultivo de coca que ya tenía tres años y estaba floreciendo, e impulsó la siembra del que sería el símbolo de su lucha: el cacao.

Pero el apoyo del Gobierno no fue ni tan efectivo ni tan amplio como se prometió, incluso se prestó para los intereses privados de algunas entidades intermediarias en el proceso, tal como pasó con Fedecacao, entidad que debía prestar acompañamiento a Lucía y su comunidad. “Siempre ponen un tercer y cuarto intermediario, y esa plata que nos envían a nosotros se queda ahí. ¿Sabe qué pasó con Fedecacao? Erradicamos, y supuestamente teníamos derecho a alimentación y a todo, mientras esos cultivos estaban produciendo. Pero solo nos dieron herramienta. ¿Nosotros de qué íbamos a vivir? Hoy por hoy me entero de que el Gobierno sí le daba a uno la comida, pero Fedecacao se quedaba con esa plata”.

Alcaldes
Lucía participó en la creación de un comité de veeduría, para supervisar el gasto de los dineros públicos en su municipio, especialmente los provenientes de Hidroituango. Desde allí se enfrentó con el alcalde de ese entonces, Francisco Javier Cárdenas, y con el exalcalde, amigo y compañero político de este, Mauricio Gómez. Dos dirigentes políticos que desde entidades distintas, y turnándose en el poder, se apoyaban mutuamente.

“El alcalde era Francisco Javier Cárdenas, que hizo todo lo malo que hacen los alcaldes. Fui su peor enemiga, por mí tenía 27 denuncias en Procuraduría. Pero en Procuraduría nunca lo investigaron, porque allí estaba Mauricio Gómez, el antiguo alcalde, que era su amigo. Se perdió gran cantidad de plata que nunca llegó al campesinado. Uno como líder investiga, se mete en los rincones donde nadie se mete. Nuestro primer descubrimiento fue que quien creó el modelo para la campaña de Francisco había sido Mauricio, y desde ahí empezó la relación”.

“Lo que le dije al policía, me lo dijeron “ellos” a mí”
En una ocasión, un sábado en la noche, a las 2 a.m., mientras Lucía se encontraba dormida, hubo un tiroteo justo a dos casas de ella, en un negocio. Habían asesinado a un hombre propinándole 16 disparos. Como la situación en el pueblo estaba tan delicada, los inspectores habían delegado a los presidentes de las juntas la tarea de firmar las actas de levantamiento de cuerpos. Entonces esa noche unos oficiales tocaron a la puerta de Lucía. “Necesito que esté presente en el levantamiento del cadáver y que me firme el acta de levantamiento”, le dijo uno de ellos.

Ella supervisó el levantamiento del cuerpo y fue hasta la inspección a firmar el acta. Allí tuvo una conversación con el segundo oficial al mando en el municipio. Conversación que, como se sabría luego, sería el inicio de su martirio. Lucía había sido nombrada líder de la juventud en su municipio, y tenía entre sus planes desarrollar proyectos para sacar a los jóvenes de la drogadicción. El oficial la cuestionó por dichos proyectos. Lucía le dijo que, en su concepto, había que ayudarlos a que dejaran las drogas, y que ello requería de educación, de programas deportivos, de acompañamiento. Le dijo que ella implementaría todo eso en su municipio. Lo curioso es que esta respuesta no solo quedaría en los oídos del oficial.

“Cuando me desplazaron me enteré de que esa gente (las autodefensas) sabía puntualmente lo que yo le había dicho al policía, y eso solo lo sabía él. ¡Y como ellos manejan casas de vicio en el Bajo Cauca…! Yo estaba en contra de lo que ellos sobrevivían. Como yo iba a hacer eso, los jóvenes no iban a ir a comprar esas drogas. Yo los iba a educar. Entonces tal cual las palabras como se las dije al oficial, me las dijeron ellos a mí…”.


En un segundo momento, ese mismo día, en esa misma conversación, el oficial le preguntó a Lucía que si sabía quién había matado al muchacho. “Yo le dije: no sé, como en esta zona hay tantos grupos al margen de la ley, no sé quién pudo haber sido. Le dije las palabras correctas. Pero las palabras que él les dijo (a las autodefensas) era que yo había dicho: “ustedes saben quiénes manejan la zona, las autodefensas fueron las que lo mataron”. Viendo que yo ni sabía, solo fui a firmar un acta de levantamiento”.

***

Solo unas semanas después Lucía fue visitada en dos ocasiones por los paramilitares. La primera vez se encontraba en el negocio donde habían matado al muchacho en esa ocasión. Un grupo de hombres fue hasta allí y preguntó por el hijo de la dueña del negocio, que si estaba, pero fue negado por Lucía por temor a que le hicieran algo. “Yo dije: no, no tengo conocimiento de quién me hablan. Y apenas se fueron le dije al muchacho: vea, esa gente lo está buscando. El muchacho me respondió: “Que me busquen. Casualmente a ellos los están esperando para hacerles un atentado”.

Lo malo fue que alguien le dijo a los paramilitares que habían estado allí que Lucía sabía que les iban a hacer un atentado. Por eso la buscaron y le reclamaron, pero ella no dudó en responder: “Yo trabajo con la comunidad, soy líder comunitaria. No trabajo con ningún grupo. No tenía por qué contarles todo chisme que me cogiera en la calle”.

El último encuentro directo con estos paramilitares lo vivió en su propia casa, un día que estos fueron a pedirle las listas de los cultivadores cocaleros de su vereda, pero ella se negó. “Ese grupo vino a mi casa a exigirme a mí que le entregara todos los nombres de las personas de mi vereda que cultivaban. Porque esas personas no les vendían a ellos. Y yo nunca les quise entregar ese listado, esa fue otra de las cosas...”.


“Avísele a su hermana”
Un hermano de Lucía, que tenía un negocio en un corregimiento cercano, pero que vivía en Medellín, recibió una llamada que la alertó de una amenaza de muerte contra su hermana: “Avísele a su hermana que la van a matar para que se vaya. Llévesela antes de que la maten”. Su hermano viajó hasta donde ella, y le dijo las palabras que más la marcarían desde que su desplazamiento comenzó: “Lucía, hay un problema con usted. A usted la van a matar. Se va a tener que ir”.

De esta manera relata ella lo que sucedió después. “Estaba fría. No sentía las manos, no sentía nada. Me fui para mi casa y me estiré en la cama. Me quedé tres días en esa casa. No me daba hambre, no me daba sueño. Estirada en esa cama con las cortinas bajadas y las puertas cerradas. No podía salir porque cuando dijeron que me iban a matar, llegaron dos hombres y se hicieron pasar por guerrilleros de las FARC, pero un sobrino mío que estaba en el negocio les tomó una foto, y eran de ellos mismos (las autodefensas). Solo que ellos querían matarme y hacerse pasar por otro grupo para que no los culparan a ellos”.

“Yo ya no era yo, era como si me hubiera muerto. Ya no sentía nada. Con el cuerpo entumecido. Mi hermano hacía comida para todos. Pero no prendíamos la luz y hablábamos pasitico. No podíamos salir. ¿Cómo me iba a volar de ahí?”.

Después de este confinamiento de tres días que vivió Lucía con su familia, los hombres que habían merodeado la casa bajaron la guardia, situación que aprovechó con su familia para huir. El hermano había cuadrado su salida en un carro, con la ayuda de una joven de una organización social que dispuso el auto, los ayudó a salir y a quedarse en una casa a las afueras del pueblo un día y una noche, antes de viajar hasta Medellín, en donde comenzó su vida como desplazada.

“Ojalá a ustedes les tocara”
Una vez desplazados las amenazas siguieron. Al hermano lo llamaron al celular y le dijeron que ella no podía contarle a nadie que la habían desplazado porque le mataban el resto de la familia. Y a ella, por Facebook, la contactó un comandante paramilitar para intimidarla. “Estando acá, que cambié mis redes sociales, me apareció un comandante de esa gente persiguiéndome en el Facebook. Dizque ya sabemos dónde estás. Yo lo bloqué y lo cambié, pero me apareció en el otro con otro nombre”.

En Medellín ha vivido el maltrato de la comunidad que la recibió. Empezando por los policías del barrio en el que alquiló una pieza para vivir con sus hijos, que estigmatizaron a la familia, especialmente a su hijo mayor. “Cuando llegamos al barrio, como se supo que veníamos de esa zona, la policía se lo llevaba en la camioneta, lo requisaba siempre. No podía salir a la calle. Usted viene de allá, usted es un paraco, le decían”.

Sus otros dos hijos también han sufrido por el desplazamiento, sobre todo psicológicamente. Su hija de 16 años, que tiene síndrome de Down, se ha vuelto más agresiva. Lucía cuenta la anécdota de un día, en una brigada de salud, en la que su hija se escondió debajo de una mesa y gritó que la iban a matar. Y su hijo menor, de 14 años, que había llegado antes del desplazamiento a tercer grado de primaria, tuvo que estar en tratamiento psicológico durante dos años porque, a raíz del trauma, olvidó todo lo aprendido y tuvo que volver a empezar desde preescolar.

Además de ello, ha vivido la incompetencia y el maltrato de los funcionarios de la Unidad de Víctimas, quienes le han retrasado las ayudas económicas, o se las han negado aun cuando ya las tiene autorizadas. En ocasiones, al ver con impotencia la mala atención y la indiferencia de los funcionarios con las víctimas, sobre todo desplazadas, les ha expresado su descontento. “Ojalá a ustedes les tocara que los desplazaran para que vieran lo duro que es”, les ha dicho.

No ha recibido la ayuda que, asegura ella, es la que más necesita con su familia, la ayuda psicológica. Desde que está en la ciudad solo ha recibido unas cobijas, dos mercados pequeños, y una ayuda económica. Por otro lado, ha tenido que ver a su hijo mayor, de 21 años, trabajar en construcción, mientras ella debe estar pendiente todo el tiempo de su hija.

Ahora Lucía es una de las 2.175 personas (781 familias), que han tenido que dejar sus hogares en el Norte y el Bajo Cauca antioqueño por la violencia paramilitar, desde finales del 2017 hasta abril de 2018. Una líder más que por su entrega a las comunidades, y por no temer a los poderes políticos ni a los actores armados, perdió todo lo que había construido y luchado desde su comunidad.

Líderes y lideresas, no simplemente cifras
Prisciliano Manuel Mercado García, de 63 años, era reclamante de tierras en el corregimiento de Guaripa, Sucre; él venía exigiendo trazar los linderos en su finca La Concepción, pero la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Comfasucre, William Martínez, se lo impedía. Yolanda Maturana era lideresa social y ambientalista del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y venía desarrollando una férrea lucha contra la actividad minera en esta región controlada por las nuevas bandas paramilitares. Luis Díaz López, de 22 años, era secretario del Cabildo indígena de Tame, en Arauca, y su hermano Miller Díaz López era el fiscal de la comunidad indígena del Juliero de Betoyes. Estos hombres y mujeres tenían una cosa en común y era que ejercían la vocación más peligrosa en Colombia: ser líderes y lideresas sociales. Ahora tienen una dolorosa razón más que los identifica: todos ellos fueron asesinados. En el caso de los hermanos Díaz López, fueron asesinados por el Ejército nacional y presentados como guerrilleros del ELN, según denunció la ONIC.

Estos nombres, con sus luchas y sus vidas, según la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), hacen parte de los más de 220 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas, asesinados desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la ya extinta guerrilla de las FARC, el 26 de septiembre de 2016. Estas muertes causadas por el Estado (Ejército y Policía) y por el neoparamilitarismo, se suman a los 48 excombatientes, luego integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y los 13 familiares suyos también asesinados.

¿Por qué nos están matando?
Cínicamente el ministro de defensa Luis Carlos Villegas señaló un par de meses atrás que estas muertes obedecían a “un tema de linderos, un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”. Lo que no explica este funcionario encargado de la defensa de las élites económicas del país, es que dichos linderos son los que reclaman los campesinos a grandes hacendados y a multinacionales que se han valido del paramilitarismo y el terrorismo de estado para quitarle la tierra a quien la trabaja; que las faldas envueltas en líos son las de muchas tierras productivas que son arrebatadas mediante la violencia a la gente del campo, para entregarla a compañías mineras; que las rentas ilícitas son las que financian a esas nuevas bandas paramilitares que ejecutan el asesinato de todo líder social. En síntesis, el mismo ministro explica en un lenguaje cifrado y cínico, algunas de las razones por las que se asesina a muchas personas que tienen por vocación liderar causas justas en favor de sus comunidades.

También nos están matando por protestar contra las injustas condiciones laborales que impone el empresariado poderoso del país, por movilizarse por una mejor salud, educación, vivienda digna, por denunciar y evidenciar la criminalidad estatal y exigir garantías de protección de los derechos humanos.

No es algo nuevo
Pero lo más grave es que las razones de fondo se siguen ocultando. Estas tienen que ver con la profunda desigualdad social y económica que impera en Colombia, y que ha sido la causa principal del conflicto armado interno. Aunque el Gobierno dice que estos asesinatos no son sistemáticos, la realidad misma de nuestro país demuestra que estas muertes sí corresponden a un patrón de sistematicidad impuesto por décadas.

Son una práctica histórica de las clases dominantes encabezadas por las viejas castas políticas y económicas (Santos, Vargas Lleras, Pastrana, Ardila Lülle, Santo Domingo, Sarmiento Angulo) y por las emergentes provenientes del narco paramilitarismo (Álvaro Uribe, Cabal, Lafaurie) que se resisten no solo a brindar posibilidades de participación real a los sectores sociales empobrecidos, para que con dicha participación se puedan superar sus problemáticas, sino que también se niegan a reconocer el pensamiento diferente y las formas distintas de construir sociedad. Lo hacen eliminando al otro porque ese pensar y actuar diferente de las comunidades, de sus lideresas y líderes sociales, toca los intereses económicos de esas mismas élites que han gobernado los últimos 200 años.

Tal práctica histórica se recrudece hoy como lo señala recientemente la CACEP en un comunicado: “Hoy nuevamente recordamos que existe un fortalecimiento del paramilitarismo en las regiones, la militarización de los territorios, una guerra contra el movimiento social y popular y falta de diligencia en los deberes de respeto, prevención y protección efectiva y garantía a los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano”.

En un momento en que se habla de paz por el logro de un acuerdo entre FARC y Gobierno, acuerdo por demás hasta hoy incumplido por este último, pero también en un momento de profunda tensión en los diálogos entre Gobierno y ELN en Quito, resulta sumamente preocupante la manifiesta falta de voluntad política de las élites, que se expresa en los incumplimientos mencionados, y también a los acuerdos con el movimiento social y popular, pero sobre todo por el tratamiento de guerra que sigue dando a las luchas populares del campo y la ciudad.

Tal situación se hace evidente en un momento de escalamiento del conflicto armado interno luego de terminado el cese bilateral entre la guerrilla elena y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ante las acciones de la insurgencia contra la infraestructura petrolera, con la Fuerza Pública y las fuerzas militares al servicio de esas élites, la respuesta del Estado con sus aparatos legales e ilegales se enfila contra el movimiento social, contra los líderes y lideresas en los territorios, para encubrir su incapacidad tanto de contener a la insurgencia, como de cumplirle a las comunidades y a la misma FARC, y se excusa diciendo que las víctimas eran guerrilleros de civil, auxiliadores o en el mejor de los casos cómplices.

La paz es de los pueblos
Tenemos la fuerza, el coraje y la razón desde las clases populares para hacer emerger la posibilidad de vivir en paz, solo si creemos en nosotros mismos, nos juntamos, defendemos y protegemos a nuestros líderes y lideresas, en el día a día de batallar contra las penurias personales y las amenazas permanentes que el terrorismo de Estado impone. Tenemos que cuidarnos mutuamente, no solo porque hacer un líder es un esfuerzo individual y colectivo, sino ante todo porque es una vida al servicio de la gente, y toda vida vale, más cuando está en función del otro.

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