La primera vez que Lucía vivió la guerra fue el 22 de octubre de 1997. Ese día los paramilitares se tomaron el Corregimiento de El Aro, en Ituango Antioquia. Ella estaba embarazada de una niña, vivía con su esposo y con un hijo de siete años. “Nosotros nos habíamos escondido en el monte, teníamos un mero hijo, la niña venía en camino. Los que pasaron haciendo estragos nunca nos vieron. Pero cuando los paramilitares se fueron, la guerrilla dijo que nosotros éramos amigos de ellos, entonces nos quitaron la finca que teníamos”.

De esta manera empezaría el triste historial de despojo y desplazamiento que sufriría esta mujer, cuya vocación de líder la llevó a enfrentarse, directamente, a los poderes políticos y a los grupos armados.

“Guerrilleros”
En Valdivia, el pueblo de su corazón, al que llegó luego de ser desplazada de Ituango, y donde vio crecer a sus tres hijos, emprendió unas luchas con las que tocaría los intereses criminales de la zona. La principal tenía que ver con la transformación del sustento de ella y de su comunidad: la erradicación de los cultivos ilícitos. “Vi que por los cultivos ilícitos había hogares sin papás. Hogares sin hijos. Todo el flagelo que se vivía allá era debido a los cultivos ilícitos”.

Como había tantas veredas con coca en su pueblo, ella, y otros líderes del municipio, crearon un comité cocalero. Este comité sirvió para formar unas mesas de discusión con el Gobierno Departamental y con las Fuerzas Armadas, en busca de un acuerdo para sustituir los cultivos, pero este acuerdo, que para muchos se visualizaba como un plan piloto que se extendería en toda la región, se vio truncado por la indelicadeza de una funcionaria.

“Ahí estuvimos todos los líderes campesinos para pedir cultivos que realmente estuvieran acordes con el clima de la región. Íbamos a erradicar todo lo que había en el municipio de Valdivia. El Gobierno nos iba a dar un cultivo alternativo y una mensualidad para que subsistiéramos cultivando. Era el mejor comienzo, y eso se iba a ampliar para todo el Bajo Cauca. Pero la secretaria de gobierno de Antioquia, lamentablemente, dio unas declaraciones a la prensa, donde dijo que se había reunido con líderes “guerrilleros” de Valdivia. Entonces ya ninguno quiso volver a las mesas de negociación y ahí se dañó todo”.

A pesar de esto, en Valdivia, y específicamente en la vereda en la que Lucía ya era presidenta de la Junta de Acción Comunal, se decidió continuar con el proceso de sustitución, así no se contara con el apoyo del Gobierno Departamental. Posteriormente, se acogieron a los planes nacionales de sustitución y Lucía tomó la iniciativa erradicando su cultivo de coca que ya tenía tres años y estaba floreciendo, e impulsó la siembra del que sería el símbolo de su lucha: el cacao.

Pero el apoyo del Gobierno no fue ni tan efectivo ni tan amplio como se prometió, incluso se prestó para los intereses privados de algunas entidades intermediarias en el proceso, tal como pasó con Fedecacao, entidad que debía prestar acompañamiento a Lucía y su comunidad. “Siempre ponen un tercer y cuarto intermediario, y esa plata que nos envían a nosotros se queda ahí. ¿Sabe qué pasó con Fedecacao? Erradicamos, y supuestamente teníamos derecho a alimentación y a todo, mientras esos cultivos estaban produciendo. Pero solo nos dieron herramienta. ¿Nosotros de qué íbamos a vivir? Hoy por hoy me entero de que el Gobierno sí le daba a uno la comida, pero Fedecacao se quedaba con esa plata”.

Alcaldes
Lucía participó en la creación de un comité de veeduría, para supervisar el gasto de los dineros públicos en su municipio, especialmente los provenientes de Hidroituango. Desde allí se enfrentó con el alcalde de ese entonces, Francisco Javier Cárdenas, y con el exalcalde, amigo y compañero político de este, Mauricio Gómez. Dos dirigentes políticos que desde entidades distintas, y turnándose en el poder, se apoyaban mutuamente.

“El alcalde era Francisco Javier Cárdenas, que hizo todo lo malo que hacen los alcaldes. Fui su peor enemiga, por mí tenía 27 denuncias en Procuraduría. Pero en Procuraduría nunca lo investigaron, porque allí estaba Mauricio Gómez, el antiguo alcalde, que era su amigo. Se perdió gran cantidad de plata que nunca llegó al campesinado. Uno como líder investiga, se mete en los rincones donde nadie se mete. Nuestro primer descubrimiento fue que quien creó el modelo para la campaña de Francisco había sido Mauricio, y desde ahí empezó la relación”.

“Lo que le dije al policía, me lo dijeron “ellos” a mí”
En una ocasión, un sábado en la noche, a las 2 a.m., mientras Lucía se encontraba dormida, hubo un tiroteo justo a dos casas de ella, en un negocio. Habían asesinado a un hombre propinándole 16 disparos. Como la situación en el pueblo estaba tan delicada, los inspectores habían delegado a los presidentes de las juntas la tarea de firmar las actas de levantamiento de cuerpos. Entonces esa noche unos oficiales tocaron a la puerta de Lucía. “Necesito que esté presente en el levantamiento del cadáver y que me firme el acta de levantamiento”, le dijo uno de ellos.

Ella supervisó el levantamiento del cuerpo y fue hasta la inspección a firmar el acta. Allí tuvo una conversación con el segundo oficial al mando en el municipio. Conversación que, como se sabría luego, sería el inicio de su martirio. Lucía había sido nombrada líder de la juventud en su municipio, y tenía entre sus planes desarrollar proyectos para sacar a los jóvenes de la drogadicción. El oficial la cuestionó por dichos proyectos. Lucía le dijo que, en su concepto, había que ayudarlos a que dejaran las drogas, y que ello requería de educación, de programas deportivos, de acompañamiento. Le dijo que ella implementaría todo eso en su municipio. Lo curioso es que esta respuesta no solo quedaría en los oídos del oficial.

“Cuando me desplazaron me enteré de que esa gente (las autodefensas) sabía puntualmente lo que yo le había dicho al policía, y eso solo lo sabía él. ¡Y como ellos manejan casas de vicio en el Bajo Cauca…! Yo estaba en contra de lo que ellos sobrevivían. Como yo iba a hacer eso, los jóvenes no iban a ir a comprar esas drogas. Yo los iba a educar. Entonces tal cual las palabras como se las dije al oficial, me las dijeron ellos a mí…”.


En un segundo momento, ese mismo día, en esa misma conversación, el oficial le preguntó a Lucía que si sabía quién había matado al muchacho. “Yo le dije: no sé, como en esta zona hay tantos grupos al margen de la ley, no sé quién pudo haber sido. Le dije las palabras correctas. Pero las palabras que él les dijo (a las autodefensas) era que yo había dicho: “ustedes saben quiénes manejan la zona, las autodefensas fueron las que lo mataron”. Viendo que yo ni sabía, solo fui a firmar un acta de levantamiento”.

***

Solo unas semanas después Lucía fue visitada en dos ocasiones por los paramilitares. La primera vez se encontraba en el negocio donde habían matado al muchacho en esa ocasión. Un grupo de hombres fue hasta allí y preguntó por el hijo de la dueña del negocio, que si estaba, pero fue negado por Lucía por temor a que le hicieran algo. “Yo dije: no, no tengo conocimiento de quién me hablan. Y apenas se fueron le dije al muchacho: vea, esa gente lo está buscando. El muchacho me respondió: “Que me busquen. Casualmente a ellos los están esperando para hacerles un atentado”.

Lo malo fue que alguien le dijo a los paramilitares que habían estado allí que Lucía sabía que les iban a hacer un atentado. Por eso la buscaron y le reclamaron, pero ella no dudó en responder: “Yo trabajo con la comunidad, soy líder comunitaria. No trabajo con ningún grupo. No tenía por qué contarles todo chisme que me cogiera en la calle”.

El último encuentro directo con estos paramilitares lo vivió en su propia casa, un día que estos fueron a pedirle las listas de los cultivadores cocaleros de su vereda, pero ella se negó. “Ese grupo vino a mi casa a exigirme a mí que le entregara todos los nombres de las personas de mi vereda que cultivaban. Porque esas personas no les vendían a ellos. Y yo nunca les quise entregar ese listado, esa fue otra de las cosas...”.


“Avísele a su hermana”
Un hermano de Lucía, que tenía un negocio en un corregimiento cercano, pero que vivía en Medellín, recibió una llamada que la alertó de una amenaza de muerte contra su hermana: “Avísele a su hermana que la van a matar para que se vaya. Llévesela antes de que la maten”. Su hermano viajó hasta donde ella, y le dijo las palabras que más la marcarían desde que su desplazamiento comenzó: “Lucía, hay un problema con usted. A usted la van a matar. Se va a tener que ir”.

De esta manera relata ella lo que sucedió después. “Estaba fría. No sentía las manos, no sentía nada. Me fui para mi casa y me estiré en la cama. Me quedé tres días en esa casa. No me daba hambre, no me daba sueño. Estirada en esa cama con las cortinas bajadas y las puertas cerradas. No podía salir porque cuando dijeron que me iban a matar, llegaron dos hombres y se hicieron pasar por guerrilleros de las FARC, pero un sobrino mío que estaba en el negocio les tomó una foto, y eran de ellos mismos (las autodefensas). Solo que ellos querían matarme y hacerse pasar por otro grupo para que no los culparan a ellos”.

“Yo ya no era yo, era como si me hubiera muerto. Ya no sentía nada. Con el cuerpo entumecido. Mi hermano hacía comida para todos. Pero no prendíamos la luz y hablábamos pasitico. No podíamos salir. ¿Cómo me iba a volar de ahí?”.

Después de este confinamiento de tres días que vivió Lucía con su familia, los hombres que habían merodeado la casa bajaron la guardia, situación que aprovechó con su familia para huir. El hermano había cuadrado su salida en un carro, con la ayuda de una joven de una organización social que dispuso el auto, los ayudó a salir y a quedarse en una casa a las afueras del pueblo un día y una noche, antes de viajar hasta Medellín, en donde comenzó su vida como desplazada.

“Ojalá a ustedes les tocara”
Una vez desplazados las amenazas siguieron. Al hermano lo llamaron al celular y le dijeron que ella no podía contarle a nadie que la habían desplazado porque le mataban el resto de la familia. Y a ella, por Facebook, la contactó un comandante paramilitar para intimidarla. “Estando acá, que cambié mis redes sociales, me apareció un comandante de esa gente persiguiéndome en el Facebook. Dizque ya sabemos dónde estás. Yo lo bloqué y lo cambié, pero me apareció en el otro con otro nombre”.

En Medellín ha vivido el maltrato de la comunidad que la recibió. Empezando por los policías del barrio en el que alquiló una pieza para vivir con sus hijos, que estigmatizaron a la familia, especialmente a su hijo mayor. “Cuando llegamos al barrio, como se supo que veníamos de esa zona, la policía se lo llevaba en la camioneta, lo requisaba siempre. No podía salir a la calle. Usted viene de allá, usted es un paraco, le decían”.

Sus otros dos hijos también han sufrido por el desplazamiento, sobre todo psicológicamente. Su hija de 16 años, que tiene síndrome de Down, se ha vuelto más agresiva. Lucía cuenta la anécdota de un día, en una brigada de salud, en la que su hija se escondió debajo de una mesa y gritó que la iban a matar. Y su hijo menor, de 14 años, que había llegado antes del desplazamiento a tercer grado de primaria, tuvo que estar en tratamiento psicológico durante dos años porque, a raíz del trauma, olvidó todo lo aprendido y tuvo que volver a empezar desde preescolar.

Además de ello, ha vivido la incompetencia y el maltrato de los funcionarios de la Unidad de Víctimas, quienes le han retrasado las ayudas económicas, o se las han negado aun cuando ya las tiene autorizadas. En ocasiones, al ver con impotencia la mala atención y la indiferencia de los funcionarios con las víctimas, sobre todo desplazadas, les ha expresado su descontento. “Ojalá a ustedes les tocara que los desplazaran para que vieran lo duro que es”, les ha dicho.

No ha recibido la ayuda que, asegura ella, es la que más necesita con su familia, la ayuda psicológica. Desde que está en la ciudad solo ha recibido unas cobijas, dos mercados pequeños, y una ayuda económica. Por otro lado, ha tenido que ver a su hijo mayor, de 21 años, trabajar en construcción, mientras ella debe estar pendiente todo el tiempo de su hija.

Ahora Lucía es una de las 2.175 personas (781 familias), que han tenido que dejar sus hogares en el Norte y el Bajo Cauca antioqueño por la violencia paramilitar, desde finales del 2017 hasta abril de 2018. Una líder más que por su entrega a las comunidades, y por no temer a los poderes políticos ni a los actores armados, perdió todo lo que había construido y luchado desde su comunidad.

Líderes y lideresas, no simplemente cifras
Prisciliano Manuel Mercado García, de 63 años, era reclamante de tierras en el corregimiento de Guaripa, Sucre; él venía exigiendo trazar los linderos en su finca La Concepción, pero la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Comfasucre, William Martínez, se lo impedía. Yolanda Maturana era lideresa social y ambientalista del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y venía desarrollando una férrea lucha contra la actividad minera en esta región controlada por las nuevas bandas paramilitares. Luis Díaz López, de 22 años, era secretario del Cabildo indígena de Tame, en Arauca, y su hermano Miller Díaz López era el fiscal de la comunidad indígena del Juliero de Betoyes. Estos hombres y mujeres tenían una cosa en común y era que ejercían la vocación más peligrosa en Colombia: ser líderes y lideresas sociales. Ahora tienen una dolorosa razón más que los identifica: todos ellos fueron asesinados. En el caso de los hermanos Díaz López, fueron asesinados por el Ejército nacional y presentados como guerrilleros del ELN, según denunció la ONIC.

Estos nombres, con sus luchas y sus vidas, según la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), hacen parte de los más de 220 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas, asesinados desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la ya extinta guerrilla de las FARC, el 26 de septiembre de 2016. Estas muertes causadas por el Estado (Ejército y Policía) y por el neoparamilitarismo, se suman a los 48 excombatientes, luego integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y los 13 familiares suyos también asesinados.

¿Por qué nos están matando?
Cínicamente el ministro de defensa Luis Carlos Villegas señaló un par de meses atrás que estas muertes obedecían a “un tema de linderos, un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”. Lo que no explica este funcionario encargado de la defensa de las élites económicas del país, es que dichos linderos son los que reclaman los campesinos a grandes hacendados y a multinacionales que se han valido del paramilitarismo y el terrorismo de estado para quitarle la tierra a quien la trabaja; que las faldas envueltas en líos son las de muchas tierras productivas que son arrebatadas mediante la violencia a la gente del campo, para entregarla a compañías mineras; que las rentas ilícitas son las que financian a esas nuevas bandas paramilitares que ejecutan el asesinato de todo líder social. En síntesis, el mismo ministro explica en un lenguaje cifrado y cínico, algunas de las razones por las que se asesina a muchas personas que tienen por vocación liderar causas justas en favor de sus comunidades.

También nos están matando por protestar contra las injustas condiciones laborales que impone el empresariado poderoso del país, por movilizarse por una mejor salud, educación, vivienda digna, por denunciar y evidenciar la criminalidad estatal y exigir garantías de protección de los derechos humanos.

No es algo nuevo
Pero lo más grave es que las razones de fondo se siguen ocultando. Estas tienen que ver con la profunda desigualdad social y económica que impera en Colombia, y que ha sido la causa principal del conflicto armado interno. Aunque el Gobierno dice que estos asesinatos no son sistemáticos, la realidad misma de nuestro país demuestra que estas muertes sí corresponden a un patrón de sistematicidad impuesto por décadas.

Son una práctica histórica de las clases dominantes encabezadas por las viejas castas políticas y económicas (Santos, Vargas Lleras, Pastrana, Ardila Lülle, Santo Domingo, Sarmiento Angulo) y por las emergentes provenientes del narco paramilitarismo (Álvaro Uribe, Cabal, Lafaurie) que se resisten no solo a brindar posibilidades de participación real a los sectores sociales empobrecidos, para que con dicha participación se puedan superar sus problemáticas, sino que también se niegan a reconocer el pensamiento diferente y las formas distintas de construir sociedad. Lo hacen eliminando al otro porque ese pensar y actuar diferente de las comunidades, de sus lideresas y líderes sociales, toca los intereses económicos de esas mismas élites que han gobernado los últimos 200 años.

Tal práctica histórica se recrudece hoy como lo señala recientemente la CACEP en un comunicado: “Hoy nuevamente recordamos que existe un fortalecimiento del paramilitarismo en las regiones, la militarización de los territorios, una guerra contra el movimiento social y popular y falta de diligencia en los deberes de respeto, prevención y protección efectiva y garantía a los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano”.

En un momento en que se habla de paz por el logro de un acuerdo entre FARC y Gobierno, acuerdo por demás hasta hoy incumplido por este último, pero también en un momento de profunda tensión en los diálogos entre Gobierno y ELN en Quito, resulta sumamente preocupante la manifiesta falta de voluntad política de las élites, que se expresa en los incumplimientos mencionados, y también a los acuerdos con el movimiento social y popular, pero sobre todo por el tratamiento de guerra que sigue dando a las luchas populares del campo y la ciudad.

Tal situación se hace evidente en un momento de escalamiento del conflicto armado interno luego de terminado el cese bilateral entre la guerrilla elena y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ante las acciones de la insurgencia contra la infraestructura petrolera, con la Fuerza Pública y las fuerzas militares al servicio de esas élites, la respuesta del Estado con sus aparatos legales e ilegales se enfila contra el movimiento social, contra los líderes y lideresas en los territorios, para encubrir su incapacidad tanto de contener a la insurgencia, como de cumplirle a las comunidades y a la misma FARC, y se excusa diciendo que las víctimas eran guerrilleros de civil, auxiliadores o en el mejor de los casos cómplices.

La paz es de los pueblos
Tenemos la fuerza, el coraje y la razón desde las clases populares para hacer emerger la posibilidad de vivir en paz, solo si creemos en nosotros mismos, nos juntamos, defendemos y protegemos a nuestros líderes y lideresas, en el día a día de batallar contra las penurias personales y las amenazas permanentes que el terrorismo de Estado impone. Tenemos que cuidarnos mutuamente, no solo porque hacer un líder es un esfuerzo individual y colectivo, sino ante todo porque es una vida al servicio de la gente, y toda vida vale, más cuando está en función del otro.

Hay algo que a mí me duele en el alma: ver cómo mochaban los cultivos, eso es un asesinato. Eso siempre me ha dolido a mí en la vida. Con tanta hambre que hay en un país como Colombia, por cada árbol que usted mocha está asesinando a cien personas.

Yo estaba escondido, mirando todo, llorando, impotente. Viendo cómo sacaban a mi mujer, a mi mamá, a mi hermano, a la gente. Si tan siquiera hubiera tenido un palo para tirarle al ESMAD, me hubiera sentido un poco feliz. Pero hasta eso me quitaron.

Mi familia tenía más o menos 50 reses, sembrábamos maíz, yuca, vivíamos del pancoger, con eso le di estudio a mi hija. De esas 25 hectáreas dependía todo este corregimiento: los propietarios de las tierras, los arrendatarios, los que vendían la leche, los que hacían el quesito. Todos nos beneficiábamos. Si nosotros perdemos esas tierras que hemos trabajado por más de 50 años, a la mayoría nos toca irnos de acá. El día del desalojo el pueblo quedó en silencio, como si hubieran matado a alguien.

***
Son más de un centenar de campesinos iracundos, afligidos, insumisos. No es la primera ni la última vez que intentan recuperar lo que les arrebataron: los predios San Felipe y Altamira. La mayoría lleva trapos sobre la cabeza y un machete o una estaca en la mano.

Una parte del grupo peregrina durante cuarenta minutos por un camino entorchado de verdes y serenos pastizales. El resto irrumpe por los potreros para flanquear la casa. Nadie sabe qué se va a encontrar -tal vez llueva gas lacrimógeno, quizá suenen disparos al interior de esas cuatro paredes naranjas- pero todos, como yo, van preparados para lo peor.

En la parte trasera de la casa, un hombre echa varios barriles en la canasta de una moto y abandona el predio antes de que los guayaberos se hagan con el control territorial del lugar. Más tarde nos enteramos que con él escaparon varias armas cortas.

Una pareja con dos bebés en brazos, un anciano con el esternón desnudo que no aparenta sus 67 años, y un joven de 18 años son inmovilizados sin violentar su integridad física. Tienen los ojos aindiados, harapos sucios, y la mirada perpleja de quien nunca ha sido dueño de su propio destino.

Mientras los guardias campesinos interrogan a los ocupantes del predio, los dueños legítimos sacan las pertenencias de la casa: colchones, la ropa de los retenidos, un ventilador, un aire acondicionado, elementos de arriería, frenos para caballos, ollas, el esqueleto de una cama, una escopeta y 28 cartuchos que, según reconocieron los ocupantes del predio más tarde, habían sido traídos hasta la finca por Rodrigo López Henao el 13 de diciembre del año pasado, después de que la fuerza pública desalojara violentamente a las personas que allí se encontraban trabajando.

***
A orillas del río Magdalena, uno de los cementerios vivos más grandes del país, queda El Guayabo, corregimiento de Puerto Wilches, Santander. Si este río hablara, solo hablaría de muertos, de llanto, de dolor, de injusticias, de victimarios impunes.

En El Guayabo vivimos una familia de casi 600 personas; en invierno, las calles de tierra se convierten en lodazales; los niños solo pueden estudiar hasta octavo de bachillerato; los enfermos de gravedad los llevamos a Simití porque Puerto Wilches está a 3 horas en lancha; las gallinas desfilan por las salas de las casas; los marranos casi siempre están empantanados; los vallenatos de Diomedes Díaz son nuestro himno nacional; nos burlamos de nuestro propio miedo. Aquí nunca viene el Estado, solo el ESMAD y la fuerza pública para atacar a los campesinos.

Antes de que Rodrigo López apareciera el 17 de septiembre del 2002, los paramilitares ya habían entrado a la comunidad. Los campesinos les teníamos que pagar una vacuna de diez mil pesos por hectárea, veinte mil pesos por cabeza de ganado y dos mil pesos por cada bulto de lo que usted cultivaba. Los campesinos resistimos, dijimos “no, aquí mandamos nosotros”. Ellos maltrataban a la gente, la llevaban obligada a los paros, les pegaban, y nos sacaban de las tierras. Llegaban cada cinco días haciendo disparos, la base paramilitar la tenían en Vijagual, a veinte minutos de aquí. Siempre la intención de ellos fue venir a asesinar a alguien… pero cuando venían a matar preguntaban: “¿qué es lo que pasa en este pueblo que cuando uno viene a asesinar las ganas de matar se le quitan?”. Ellos no entendían por qué siempre se ponían a tomar.

Mi nombre es Erick, Erick Yesid Payares, líder del corregimiento El Guayabo. Estoy motilado con una precisión milimétrica. Soy alto y macizo. A veces voy por la vida descalzo. Han intentado matarme tres veces. Hace unos años emitieron una orden de captura en mí contra, estuve seis meses y tres días huyendo de la autoridad. Me presenté a la Fiscalía y en estos momentos tengo libertad condicional. Sonrío, sonrío todo el tiempo, porque tal vez sea el mayor acto de rebeldía contra tantas injusticias.

Yo era un pelado muy penoso, le huía a la gente. Era el 2002. Estábamos en los playones y nos avisaron que había llegado el dueño de la tierra, un tal Rodrigo López Henao acompañado por un inspector de policía que en estos momentos tiene detención domiciliaria. Cuando escuché que ese señor estaba tratando a la comunidad de guerrillera, diciendo que al papá lo habíamos desplazado nosotros con la ayuda de 60 hombres armados de la guerrilla… de mí salió como una rabia: “Ellos no son guerrilleros. Guerrillero usted que llegó con los paramilitares y trataron de asesinar al señor Alfredo, ¿no se acuerda?”, le dije. Ese día comenzó mi liderazgo.

En el 2012 apareció Rodrigo López con unos procesos jurídicos, con amenazas, con ayuda del poder político. Cuando salió la ley de víctimas, la 1448, Rodrigo fue incluido como víctima de desplazamiento forzado. Nos tocó hacer incidencia en Bogotá. Le expusimos el caso a la Unidad de Víctimas, gracias a Dios se demostró que fue él quien llegó con los paramilitares y lo excluyeron de la ley. También tenía las tierras blindadas en el registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente. Restitución de Tierras también le tumbó eso. Los representantes del Gobierno que participan de la mesa de interlocución han dilatado las medidas para darle solución a la problemática. Llevamos cinco años en este litigio jurídico y los abogados dicen que puede tardar diez años más.

Después que le desalojaran la finca a 'El Profe', el 11 de noviembre del 2014, ese señor metió 11 tipos armados haciéndolos pasar como una empresa de seguridad privada, pero eran puros paracos. Amenazaban a la comunidad, hacían retenes, atropellaban a la gente. Instalamos un campamento humanitario como acto de resistencia, porque estaban mochando los cultivos de cacao, las matas de plátano. Apenas alcanzamos a estar un mes en el campamento. Tener doscientas personas en un campamento requiere recursos, apoyo político, y no lo hubo. Los 11 paramilitares, que todo el tiempo estuvieron ahí, se dieron cuenta de nuestra debilidad. Tumbaron el campamento, pero la comunidad reaccionó. Ellos comenzaron a hacer disparos y la comunidad tomo la decisión de entrar, eran como 300 personas. Ellos salieron corriendo y los rescató el Ejército.

En varias oportunidades hemos retenido personas armadas en los predios. Más tardamos en dejarlos a disposición de la Policía de Vijagual o Barrancabermeja, que ellos en dejarlos libres. El pasado cinco de enero el señor Rodrigo López volvió con un grupo de hombres armados a amedrentar a la comunidad. Y el ocho de enero miembros del Ejército y la Policía llegaron hasta el corregimiento para fotografiar, requisar y empadronar a los campesinos que estaban trabajando en las parcelas.

***
El capitán del Ejército acaba de llamar al celular de Erick para informarle que llegará en la madrugada a El Guayabo. Rodrigo López denunció que guerrilleros encapuchados del ELN secuestraron en horas de la mañana a sus trabajadores, ellos, diligentes y oportunos como siempre, quieren corroborar si la información es cierta.

Amanecemos invadidos por casi 40 miembros de la Policía, el Ejército y el Gaula. Los que llevan fusiles miran como robots que no parecen tener ni un átomo de humanidad. Dan miedo, pero también producen acidez estomacal. La comunidad los increpa tratándoles de hacer entender que desconfían de ellos, que esta no es su casa, que no son bienvenidos, que no son guerrilleros.

Aunque el plan era hacer entrega de los detenidos y del arma a representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la ONU, estos nunca atendieron el llamado. No queda otra opción que dejarlos a disposición de los invasores. Los retenidos les aseguran a los funcionarios que no están secuestrados y que la comunidad ha sido hospitalaria con ellos. Firman un acta en la cual dejan constancia que quieren quedarse en el pueblo hasta que tengan las garantías de una entidad civil. Horas más tarde –a espaldas de la comunidad y desconociendo el acta que ellos también firmaron– la Policía y el Gaula convencen a los retenidos y se los llevan en una de sus lanchas.

Los ánimos están caldeados. La comunidad se siente traicionada una vez más. Para hacer entrega del arma y los cartuchos también se hace un acta. El capitán de la Policía se quita los guantes y manipula la escopeta con un cinismo retador. Consumado el acto de entrega, el capitán del Ejército dice que ellos “solo cumplen órdenes”.

Los verdugos se van río arriba. Sopla un sinsabor entre los guayaberos, como si tuvieran la certeza que, un día no muy lejano, esa arma pude acabar con la vida de uno de ellos.

***
La zona que fue corredor estratégico para el paramilitarismo y el narcotráfico en el Magdalena medio –entre los departamentos de Santander, el sur de Bolívar y el sur del Cesar–, pasó a ser una zona de impacto estratégico de megaproyectos como el puerto multimodal de Barrancabermeja, el ferrocarril del Carare que pasa cerca de los playones, y el dragado del río Magdalena que no es para los campesinos sino para los ricos. Además, estamos seguros de que aquí hay oro y petróleo. También vienen incrementando los monocultivos de arroz y palma de aceite. Un coronel del Ejército y un fiscal de la Nación echaron 1516 búfalos a los playones para secarlos y sembrar palma. Han muerto peces. Destruyeron los pastos naturales. Están destruyendo toda la fauna de un patrimonio de la comunidad.

Mi rol, como líder campesino, es defender los derechos humanos a través del derecho a la tierra, un campesino sin tierra no viviría en este planeta. El alcalde de Puerto Wilches saca pecho diciendo que en diciembre ellos les traen un carrito y una muñeca a los niños. Yo le dije: “Nosotros les hemos dado regalos mejores: el estudio, el amor. Todo lo que ellos visten es de la tierra. Ese es el mejor regalo que usted les puede dar a estos niños: dejar que sus padres trabajen la tierra”.

—¿Erick no te da miedo asumir esa responsabilidad?
—Miedo sí. Yo le tengo más miedo a la cárcel que a la muerte. La cárcel es oprimir a la persona, tenerla ahí encerrada, eso mata más.
—Cuando escuchas en las noticias que mataron a un líder, ¿qué sentís?
—Impacta, es duro. Se pregunta uno: ¿el próximo seré yo? Da miedo. ¿Le digo qué hago? Muchas veces apago el televisor. Lo apago. No soy capaz de ver eso.
—¿Nunca pensaste en salir de El Guayabo?
—No, esta es mi tierra, yo aquí muero. Yo de aquí no salgo jamás. Por otra parte del país no cambio esto.
—¿Cómo te imaginas El Guayabo en diez años?
—Ay hermano, si Dios me tiene con vida, me imagino una comunidad de paz. Una comunidad llena de comida. Una comunidad próspera. Ver feliz a todo el mundo. Que cada campesino tenga tierra, ojalá Dios me diera esa oportunidad. Ojalá cuando ustedes vuelva, no estemos hablando de esto, sino comiéndonos un pescado; que yo le pregunte cómo está su familia y usted me pregunte cómo van mis cultivos.

Dicen que algunas no se conocían. Muchas familias huyeron de Machuca pues el recuerdo de sus seres queridos golpeaba tan fuerte que era imposible continuar con la vida. Hijos, madres, padres, hermanos y abuelos de las víctimas del incendio se encontraron allí, algunas llevan en sus cuerpos las huellas de una tragedia que como todas las partes dicen, nunca debió ocurrir.

Tras 20 años de los hechos, los sobrevivientes han continuado, pues no solo las tragedias traen dolor y desgracia; de las tragedias surgen los recursos individuales, familiares y colectivos para seguir. Desde la perspectiva psicosocial, a esto se le llama mecanismos de afrontamiento.

Allí estábamos después de 20 años, aún con la negativa de las partes de generar acciones para reparar, atender y acompañar a las víctimas de la tragedia de Machuca. Una y otra promesa, un arreglo floral cada aniversario en el cementerio, otro rumor de reparación, pero nada de garantías reales de atención e indemnización a las víctimas. Allí nos dimos cita para participar de la presentación del libro Machuca de Gearoid O Loingsigh.

Este, como todos los encuentros de los familiares de víctimas, estaría lleno de emociones, dolor, frustración, rabia, miedo, culpa, entre otras. Estos espacios que ponen en el centro a las víctimas deben contribuir a su recuperación emocional. Por eso deben estar acompañados de acciones psicosociales que eviten el daño y la revictimización; el trabajo con las víctimas no solo requiere de buenas intenciones, también requiere de experticia y cuidado. Cada encuentro con las víctimas debe constituirse como una acción reparadora, es decir que reconozca el dolor de las víctimas, contribuya a la construcción de la verdad y permita la expresión del dolor, la solidaridad y el apoyo mutuo. Fue por eso que me invitaron para compartir con las familias de Machuca un encuentro psicosocial enmarcado en el lanzamiento del libro, pero que tenía como propósito central encontrarse, reconocerse y seguir caminando juntos y juntas.

Fue así como el encuentro se desarrolló en tres momentos: preparación del lanzamiento del libro, lanzamiento del libro y proyecciones organizativas. Tras mi experiencia por más de 20 años en acompañamiento a víctimas en Colombia, hoy tengo certeza que estos encuentros son potentes si se orientan de la manera adecuada, si se brindan las herramientas que permitan que las víctimas puedan resignificar lo ocurrido, identificar los daños, impactos o trasformaciones en su vida como consecuencia de los hechos, finalmente los mecanismos de afrontamiento o resilencia que le permitieron a las personas o colectivos continuar.

Los encuentros con víctimas deben tener un alto componente simbólico, de escucha y de contención emocional. Estos espacios deben propiciar la confianza y solidaridad. Según Paul Pérez la confianza es lo que rompe ante hechos de violencia. El encuentro contó con esta perspectiva psicosocial, se dio inicio invitando a los y las participantes a organizarse en círculo desde la persona mayor, hasta la más joven; algunos no se conocían, otros no se recordaban, otros solo se acordaron cuando se miraron a los ojos y se reconocieron todos y todas como testigos y sobrevivientes de aquel día trágico, que les cambió para siempre la vida. Desde allí se hizo una siembra simbólica de lo que necesitan como proceso de familias sobrevivientes de Machuca. Fue así como los y las asistentes sembraron las semillas de verdad, justicia, paz, reparación, reconciliación, tranquilidad, amor, esperanza, solidaridad, ayuda, entre otras.

Era muy importante el intercambio con el autor del libro, escuchar cuáles fueron las motivaciones para escribirlo. Estos diálogos son importantes y también son actos reparadores. El autor contestó cada una de las preguntas contribuyendo a la compresión de las partes de las expectativas sobre el contenido del libro. Este espacio fue muy complejo para las víctimas, quienes expresaban su rabia, molestia e indignación. Las intervenciones estuvieron centradas en la ausencia de verdad, la responsabilidad de las partes; tras 20 años las víctimas plantean que no han recibido atención por parte del Estado. Tenían dolor y frustración por el no reconocimiento de responsabilidad de Ocensa, y molestia ante la inasistencia de los delegados del ELN a los espacios que se comprometieron.

En el tercer momento, bajo la necesidad de continuar fortaleciéndose como proceso, y construir la verdad desde su propia experiencia, surgieron iniciativas como la de escribir un libro sobre lo sucedido y sobre los sueños y las expresiones culturales que se han convertido en acciones transformadoras.

Pasado, presente y futuro se configuran como un solo momento. El país que queremos necesariamente bebe incluir a las víctimas y sobrevivientes, pero también a las partes. Solo es posible la reconciliación cuando se transita desde la individualidad a lo colectivo, se resignifica la experiencia y se repara integralmente a las víctimas. Partir de la verdad, la de cada una de las partes, la que transformó la vida de las personas, familias y la comunidad de Machuca. Partir de los impactos que se generaron en todas las dimensiones, los daños permanentes.

Este encuentro terminó cargado de esperanzas, de compromisos e iniciativas. Las familias sobrevivientes de Machuca definieron seguir organizándose, para exigir sus derechos al Estado, Ocensa y al ELN. Se comprometieron con su proceso cada uno y cada una, aportando desde sus dones para evitar que tragedias como estas se repitan. Se compartieron ejercicios de respiración, de distención corporal, y cerramos este encuentro con semillas de girasol, adoptando sus características: buscar el sol que es la sabiduría, multiplicar la experiencia con otros y con otras, y germinar el territorio.

La apertura del mercado a nivel global modificó todas las reglas de la producción nacional, y en el caso de las industrias, las textileras en Colombia no fueron la excepción. Antioquia, el departamento más golpeado.

La industria textilera en Colombia fue una de las producciones más importantes para el país. El problema llegó cuando la globalización impuso ciertas reglas no escritas que obligaron a modificar las estrategias políticas y de mercado para los confeccionistas y las textileras.

En Medellín, Antioquia, se encontraba la tradicional Coltejer, hoy en manos de la compañía mexicana Kaltex, y Fabricato-Tejicondor, empresas textileras que trabajan a partir de algodón y sus mezclas. Para el 2008, producían el 34% del tejido nacional. Estas generaban más valor agregado que en Bogotá, y dedicaban más del 40% a la exportación, mientras la industria bogotana destinaba el 90% de su producción al consumo interno.

Hoy en Colombia las cifras son contundentes. Según la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA), la producción de prendas de vestir en Colombia bajó 9,7 % entre enero y junio del 2017, y la producción de productos textiles 8,8 %.

Sin embargo, Álvaro de J. Rendón, empresario y quien trabajó para la Industria del Vestido, una planta de confección en Medellín, sentencia que todo es culpa de la CCCyA. Y es que, en teoría, esa cámara tiene como objeto promover la Industria de la Confección a nivel nacional e internacional, además de representar y defender los intereses generales del sector. Sin embargo, Rendón resalta que este órgano de consulta ha hecho que las textileras ahora sean sólo picadoras de telas.

Por otro lado, las plantas satélites, es decir, las personas que confeccionan desde casa y trabajan como terceros, están siendo explotadas y todos sus derechos laborales son violados. Para Álvaro Rendón, la situación se ha convertido en un problema social ya que este método de contratación genera esfuerzos abismales para quienes laboran en sus plantas satélites, conformadas principalmente por mujeres. Ellas trabajan desde las cinco de la mañana hasta las 10 de la noche, y se ven sometidas a redoblar esfuerzos y a abandonar a sus familias. En otras palabras, los comerciantes se benefician mientras los confeccionistas son víctimas.

Los talleres satélites de la confección le solicitan al senador Luis Fernando Velasco, promotor de la CCCyA, que con la misma presión que ejerce al Gobierno nacional para mejorar condiciones de la Cámara de Confecciones, exija mejora en la vida laboral y los precios de la confección, pues son las que más generan empleo a nivel nacional.

Este año la CCCyA ha venido advirtiendo una crisis monumental para la industria textilera, y dice que las expectativas son mínimas. Hoy son más de 200 mil empleos perdidos, y la cifra va en aumento. Las textileras esperan a que el Ministerio del Trabajo se pronuncie al respecto. Con ese panorama, la pregunta que se formulan los confeccionistas es: ¿Qué solución les están dando a los operarios de los talleres satélites de la confección?, porque de seguir siendo explotados, la industria textilera colombiana estará pronto contando sus días.

En el 2005 se concretó la venta de Telecom, una de las entidades públicas más importantes para Colombia. Han pasado 12 años y los exempleados siguen reclamando por sus derechos

 

Desde 1991 se escuchaban ecos de la posible privatización a la línea telefónica más importante del país. Una década después, en 2001, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la máxima autoridad de planeación, publicó un acta en la cual indicaba unos lineamientos para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, partiendo fundamentalmente de las nuevas fuerzas del mercado.

Luego, el 10 de junio del 2002 desalojaron a los trabajadores de Telecom y el 12 de junio publicaron los decretos para liquidarlo. Ahí empezó el sufrimiento para casi dos mil personas que se vieron afectadas por distintas consecuencias de la venta forzada de Telecom, y todas relacionadas con la irresponsabilidad del Estado.

¿Quiénes fueron los afectados?
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el encargado de autorizar la venta de Telecom, y básicamente se dictaminaron dos años para el proceso legal de liquidación, y otros 15 años para cumplir tal abolición.

Sin embargo, Gonzalo Díaz, expresidente nacional del sindicato de Técnicos Telecom, afirma que los sindicalistas, aforados y no aforados, no alcanzaron a entrar en la tabla de indemnización que otorga el Gobierno.

Gonzalo explica que inclusive los que estaban a punto de pensionarse y presentaron demandas durante y después del 2005, año en el que se desarrolló directamente la erradicación de la cuenta de Telecom, no tuvieron la atención de los juzgados donde remitieron su pronunciamiento, debido a que, supuestamente, su situación estaba en proceso.

Esta determinación alojó cerca de unos 2000 afectados, de los cuales, afirma Gonzalo, muchos resultaron como vendedores ambulantes, algunos hasta con problemas mentales, e incluso al borde del suicidio.

La respuesta del Estado
Para el 2010, Gonzalo Díaz y Juan Pablo Sepúlveda, expresidente regional del Sindicato de Técnicos de Telecom, lideraron la construcción de un documento que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pretendían obligar al Estado a responder, pero está estancado y en lectura.

Más tarde, en el año 2014, la Corte Constitucional decretó la sentencia de unificación, la cual fundamentalmente señala al Estado por su negligencia en el manejo de las indemnizaciones y la situación de los pensionados de la antigua Telecom. Con esta, a su vez, consideró una atención especial a padres, madres y discapacitados exempleados para que no sólo recibieran una indemnización, sino que se les reincorporara laboralmente en algún cargo de cualquier entidad pública que requiriera trabajadores.

Aún con ese decreto, el Ministerio del Trabajo, para ese entonces a cargo de Clara López, no hizo nada. De la misma manera, el Ministerio de Comunicaciones se limitó a asegurar que no tenían en dónde meter a los exempleados de Telecom.

Gonzalo asegura que hoy en día no cree en la justicia, pues, para él, sólo responden a ciertos intereses y según el boom mediático que la demanda contenga. Mientras tanto, planea utilizar otros recursos legales al alcance de su mano con tal de exigir lo que a él y a los centenares de afectados de la liquidación de Telecom les corresponde. Gonzalo Díaz pide unidad con las organizaciones sindicales, y confía en que su lucha se consagrará siempre y cuando acuda a sus propios medios para lograrlo.

La primera vez que sentí esa clase de miedo no había cumplido once años. Mi madre, en un intento por solucionar su situación sentimental, se había casado de nuevo. El tipo, un hombre veinte años mayor que ella, me producía escozor desde que entré a su casa: su amabilidad, que rayaba con el servilismo; su mirada que me seguía a todas partes. No sabía qué sentía al respecto, pero me incomodaba. Cuando pienso en esos primeros momentos recuerdo esa sensación de repulsión e incomodidad por todo mi cuerpo.

Antes de vivir con mi nuevo padrastro, incluso antes de que yo supiera de su existencia, mi madre solo mencionó que iríamos a vivir solas, sin mi abuela y mi tía. Mi reacción de fastidio, entonces, pasó a ser relacionada con un sentimiento que sí tenía cabida y no representaba ningún peligro para la seguridad de la situación: “Laura está celosa porque no quiere compartir a la mamá”.


La primera vez que se acercó a mí ni siquiera me tocó. Fue una pregunta lasciva que yo entendía que estaba mal, pero solo respondí sonrojándome. Y le dije a mi madre de la manera menos clara posible, que decidió continuar con su tranquilidad y tratar el asunto como un momento aislado que yo había malinterpretado. Eso, sin embargo, hizo que dentro de mí se rompiera cualquier lazo de confianza, respeto y consideración hacia ella.

Supe que, como cualquier chica de las historias que escuchaba de mi familia, que siempre se referían a chicas pobres o campesinas, debía irme y encontrar mi propio lugar a salvo en el mundo.

Durante casi ocho años las preguntas lascivas evolucionaron al abuso sexual y me culpé de no ser capaz de expresarme de otra forma, de no usar eufemismos, de mi cuerpo voluptuoso (que solía esconder bajo ropa gigantesca o apretar con vendajes), de que me gustaran los hombres, de no acudir a personas ajenas al círculo cercano de mi familia que entenderían mi alarma al no tener vínculos con él, de no reaccionar violentamente para defenderme, de no ser capaz de irme.

La violencia sexual, perpetrada por familiares o personas del círculo cercano, suele ser progresiva, según datos recogidos de la Unicef: “Muchas veces ocurre que [las víctimas] son sorprendidos, confundidos y engañados, ya que los abusos sexuales se dan en forma progresiva en el contexto de una relación de afecto cimentada previamente. El agresor sexual suele emplear atenciones especiales, demostraciones de afecto, juegos y regalos para lograr la confianza [de las víctimas]”. Y en ese sentido mi caso siguió a la estadística. Supongo que suele ser lo más inteligente, pues además de crearle seguridad y confianza a los adultos, confunde a quien poco o nada sabe del tema.

Lo que no entendía en ese momento es que era completamente normal, reaccionaba conforme me habían educado, reaccionaba con el miedo, la vergüenza y la incertidumbre: “...cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas, con ellos, pero sin ser como ellos. Nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer. Nunca seguras, nunca como ellos. Somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Su virilidad, su famosa solidaridad masculina, se construye a partir de esta exclusión de nuestros cuerpos, se teje en esos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad”, como expresó Virginie Despentes en 2006. El miedo, la humillación y la vergüenza se extienden siempre en dirección femenina. Mujeres o cuerpos de hombres feminizados.


Mi historia se suma a millones de historias más de otras mujeres en el mundo. No tuvo nada que ver con mi estrato socioeconómico, ni con la educación de mi familia, fue resultado de un problema sociocultural que nos atañe a todos.


De nada le sirvió a mi madre regalarme un libro de Simone de Beauvoir a los nueve años, comentar historias tristes de niñas violadas en tugurios, o debatir con amigos y familiares sobre la situación de violencia sexual de otras mujeres. La violencia sexual hace parte de la vida de cada uno de nosotros, tanto si la recibimos como si la perpetramos. “Dejen de hacernos creer que la violencia sexual contra las mujeres es un fenómeno reciente, o propio de un grupo específico”. “La herida de una guerra que se libra en el silencio y en la oscuridad”. “Es asombroso que las mujeres no digamos nada a las niñas, que no haya ninguna transmisión de saber, ni de consignas de supervivencia, ni de consejos prácticos y simples. Nada”, afirma Despentes.

En la segunda semana de octubre, miles de sobrevivientes de abuso sexual compartieron sus historias utilizando la etiqueta #MeToo / #YoTambien en redes sociales. Este tipo de ejercicio es importante, poderoso y, a la vez, fundamental. Más allá de lograr empatía y concientización entre quien se pueda considerar un aliado, importa como ejercicio de reconocimiento de la otra, de su ira y de la ira colectiva que busca culminar en la organización de esa colectividad para hacer cambios visibles y trascendentales. Porque es primordial reconocer la expansión del problema y la propia vulnerabilidad para gestionar espacios de reunión, consenso y unión. No somos casos aislados, producto de monstruos nacidos de la casualidad o de una conducta extraña; por el contrario, nuestra experimentación diaria frente al abuso y la violencia sexual es resultado de una normalización cultural de dicha violencia y de la hegemonía del patriarcado, del machismo que nos recorre a todos.


Rompo el silencio con este texto. El silencio que he ido rompiendo en mi proceso para deshacerme de mi papel de víctima y convertirme en una sobreviviente que mantiene la esperanza de ver un mundo diferente, y de dejar mi situación privilegiada y silenciosa para, en cambio, gritar y exigir en nombre de las generaciones que me sucederán.

La ciudad bonita de puentes luminosos y vías amplias. La ciudad bonita de casas diminutas, de colores brillantes construidos con ayeres amargos. La ciudad bonita, la del centro y la de la periferia: Medellín.

El desarrollo urbanístico en la ciudad se viene presentando como una epifanía de bienestar económico y social; sin embargo, con su llegada se han ignorado problemáticas existentes y emergentes. Los puentes, las vías, los centros comerciales y las urbanizaciones cubren con cemento las historias de resistencia y de construcción popular de barrios que se forjaron a sí mismos, en su mayoría, producto de una violencia insoslayable para los ojos de la sociedad colombiana. Así pues, la dureza del concreto ha aprisionado derechos fundamentales como el de la vivienda digna y la dignidad humana.

El modelo de ciudad aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 que regirá hasta el 2027 se opone a la construcción comunitaria de los barrios. Este plan contempla tres áreas estratégicas para desarrollar intervenciones: el borde, el río y la ladera. La ciudad se piensa para la inserción en un mercado global como una ciudad clúster y de inversión extranjera, transformación que se da a través de la renovación urbana. Para ello se debe construir y posteriormente reconstruir la infraestructura, proceso que en algunos casos genera gentrificación urbana -desplazamiento de los habitantes de un territorio, por la llegada de habitantes de mayores ingresos-.

El Naranjal
Desde el año 2013 se dio aviso del inicio del Plan Parcial Naranjal y Arrabal. El barrio El Naranjal se encontraba poblado por talleres, mecánicos, bodegas de reciclaje, recicladores, carretilleros, viviendas, vendedores ambulantes, caspetes y bares; ubicado en pleno centro y perteneciente a la Comuna 11 (Laureles) habitada en su mayoría por estratos 4, 5 y 6. El modelo de ciudad buscaba arrasar con el barrio para construir lo que llamaron “Ocho unidades de actuación urbanística”. Sólo la número dos está compuesta por cuatro torres, 114 oficinas, 240 apartamentos y 69 locales comerciales.

En diciembre de 2016 se realizaron las primeras entregas de los apartamentos, algunos comerciantes del lugar fueron re-ubicados en Caribe en el sector conocido como El Caracol. Sin embargo, en abril de 2017, la fuerza estatal hizo operativos de hostigamiento a comerciantes y víctimas de la renovación urbana, obstruyendo su derecho al trabajo. Como lo menciona Rubén Aguirre, mecánico del sector, “A qué cliente le va gustar venir aquí y cuadrar su carro, de pronto ver que el tránsito se lo va llevar que porque esto es espacio público; día tras día el trabajo se ve más poquito, llevamos aquí ya casi cuatro años y hemos estado viendo el hambre de cerquita”. Las ventas de apartamentos, oficinas y locales comerciales van en aumento, pero las soluciones de vivienda digna y trabajo para los antiguos pobladores de El Naranjal aún no son tangibles.

Moravia
La historia de los intentos de desalojo de Moravia se remonta al año 2007, cuando la comunidad de El Oasis sufrió un incendio que arrasó con más de 200 casas. Seguidamente, la administración prometió que daría casas a los afectados en un plazo de cuatro años, pero esta promesa no fue cumplida. En el 2014, siete años después del incendio, las personas que antes habitaban El Oasis lo ocuparon nuevamente. Con esta acción pretendieron construir sus casas nuevamente y exigir a la administración una vivienda digna, tal y como lo había prometido hace años.

Un año después, en el 2015, el Esmad desalojó a 38 familias ubicadas en El Oasis, sin ofrecer ningún tipo de garantía de vivienda o reubicación. Durante este tiempo se llevaba a cabo la construcción del puente de La Madre Laura, justo al frente del sector; este busca ser una de las vías de conexión del 'Distrito de la Innovación', y una de las principales banderas de 'Medellín la más innovadora', por lo que la comunidad afirma que el desalojo se debe a la construcción de este proyecto.

El 18 de agosto del 2017 se presentó otro incendio en el mismo sector, ocasionando que 300 viviendas fueran consumidas en llamas. Gran parte de las familias afectadas decidieron resguardarse bajo el puente de La Madre Laura y aún continúan sin soluciones de vivienda digna por parte de la administración.

Nueva Jerusalén
Nueva Jerusalén, un barrio cuyas casas llevan distintos colores y por cuyos caminos se pasean vacas, gallinas y ovejas, está ubicado en el municipio de Bello, aunque hace parte de la jurisdicción de Medellín. Gran parte de quienes habitan actualmente el barrio son campesinos desplazados de distintos lugares de Colombia.

El 28 de diciembre del 2016, con la justificación de estar en zona de alto riesgo, 175 familias del barrio recibieron una orden en la que se les exigía desocupar sus casas. 15 días después, el 12 de enero del 2017 el Esmad llegó a Nueva Jerusalén y comenzó con el desalojo y la demolición de las viviendas.

Frente a estos hechos la comunidad tomó acciones para impedir el desalojo y exigió un espacio para dialogar con ambas administraciones -Bello y Medellín-. Tan solo tres días después integrantes del Esmad, carabineros y soldados contraguerrilla ingresaron al barrio, dando inicio a unas horas violentas en las que hubo 42 personas de la comunidad heridas. A finales de enero se llevó a cabo una audiencia en la que se exigió a las administraciones que debían garantizar un subsidio de arriendo por 250 mil pesos hasta que las familias fueran reubicadas definitivamente; de igual manera se estipuló un plazo de dos años para dar solución definitiva de vivienda a la comunidad.

La Iguaná
El 28 de marzo de 2017, 24 familias que anteriormente habían sido víctimas del conflicto armado fueron desalojadas del barrio La Iguaná, sector Los Ranchitos. El desalojo se ejecutó bajo el pretexto de que la comunidad se encontraba asentada en zona de alto riesgo y fue llevado a cabo a la fuerza por el Esmad, luego de que los habitantes se negaran a abandonar sus hogares.

Ante la incertidumbre de quienes fueron desalojados, la administración acordó que cumpliría con un pliego de seis puntos que compone subsidios para arriendo, subsidio alimentario, garantía de educación para niños y jóvenes, atención a mujeres embarazadas e infantes en el programa de buen comienzo, adquisición de vivienda definitiva y la no ejecución de medidas judiciales contra los estudiantes que colaboraron con las familias desalojadas.

Pasados los tres meses les fueron suspendidos los subsidios de arriendo a las familias. La comunidad se encontraba a la espera de las garantías de vivienda digna que la administración había asegurado; lo anterior teniendo en cuenta que el 26 de junio del mismo año, el Tribunal Administrativo de Antioquia había fallado a favor de una acción de tutela en la que se aseguraba que se les debía garantizar a las familias una vivienda digna. “La alcaldía solo dio tres meses de arriendo y a la gente la dejó en la calle. Prácticamente no hay nada”, afirmó la lideresa de La Iguaná, Xiomara Quinchía. Así mismo, asegura que actualmente la mayoría de quienes fueron desalojados se encuentran viviendo en lugares con unas condiciones lamentables.

La Paralela
En este barrio, ubicado entre la estación Acevedo y Tricentenario del metro, el dos de agosto del presente año se informó que 297 viviendas planean ser desalojadas por la construcción de la estación Multimodal del Metrocable Línea P Acevedo - Picacho que se planea desde 2016.

Hasta ahora, se les ha ofrecido a las familias montos de dinero que no equivalen al valor real de sus casas y cuotas para que las familias paguen un arriendo durante tres meses. Este protocolo ya se ha llevado a cabo en otros desalojos de la ciudad (Puente de la Madre Laura, Nueva Jerusalén, La Iguaná), en los que las comunidades, luego de los tres meses, han denunciado que se encuentran a la deriva. Las exigencias y promesas de una vivienda digna no fueron cumplidas por la administración.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo, a lo que nos oponemos es a que nos maltraten, a que nos violen los derechos. Queremos que nos aseguren unas condiciones dignas para vivir. Uno debe salir en iguales o mejores condiciones de las que estaba”, afirma José Muñoz*, habitante de la Paralela. Mientras los pobladores de la ciudad proponen Mejoramiento Integral de Barrios, las administraciones siguen priorizando los intereses de algunos sectores como el constructor, pensando en un modelo de ciudad para el turismo que olvida las necesidades inmediatas de quienes construyeron precaria y comunitariamente la ciudad.

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