El Juzgado Cuarto Penal de Cali condenó a los militares Julián Villate Leal, Alfonso Abondano y Marco Fidel Rivera, a cuatro años de cárcel, por el delito de concierto para delinquir. Julián era un coronel, Alfonso y Marco eran mayores.
Los militares fueron procesados por hacer seguimientos y atentar contra la vida de varios directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), entre los que se encuentran Luis Imbachí, Óscar Figueroa y Luis Hernández (expresidente del sindicato). Además de los sindicalistas, los militares también pretendían atentar contra el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López (en ese entonces representante a la Cámara), y contra la defensora de derechos humanos Berenice Celeita.
El plan de los militares fue denominado ‘Operación Dragón’, y fue pensado desde la sección de inteligencia del Ejército, en el 2004. Esta operación pretendía, palabras más, palabras menos, atacar al sindicato, atentar contra la vida de sus miembros, cambiar sus directivas, y según el fallo, “obstaculizar la carrera política de Alexander López Maya y que Berenice Celeyta cesara su labor de asesora del sindicato”. Pero esta historia no comienza ni con la condena del Juzgado ni con la Operación Dragón. Comienza con la privatización de las Empresas Públicas de Cali.
Álvaro Uribe y Emcali
Desde que Álvaro Uribe empezó en la presidencia (2002), se empeñó en privatizar Emcali, y para llevar a cabo esta tarea encargó, por la naturaleza de sus funciones, a la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, entidad que estuvo dirigida durante los dos mandatos de Uribe, por la abogada Evamaría Uribe, mujer de confianza del expresidente. Evamaría, cuya responsabilidad en la Operación Dragón ha sido denunciada por las víctimas, es la actual directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Desde el 2000 hasta el 2013, el Gobierno trató de buscarle socios privados a Emcali. Vale recordar que se trata de una empresa muy importante (la principal empresa pública del Suroccidente de Colombia), cuyo presupuesto es de 3,2 billones de pesos, y que cuenta con más de 2000 trabajadores. El punto es que, en el 2004, el Gobierno nacional tenía intervenida la empresa, y la quería privatizar. Sintraemcali se oponía.
Berenice Celeita, reconocida defensora de derechos humanos y actual presidenta de la Asociación Para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), fue una de las personas contra las que los militares pretendían atentar, dado que era asesora del Sintraemcali y opositora a la privatización. Berenice, en diálogo con Periferia, explicó que en torno a la privatización había muchos intereses de por medio. “El capital internacional puso sus ojos sobre este negocio para dividir los diferentes componentes de la empresa y el Gobierno inventó una quiebra técnica para entregarlo a grandes multinacionales como Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Intergen y Tokioenergy”, expresó Celeita, agregando que también ha habido empresas de la región interesadas en adueñarse de los servicios públicos: “las empresas Corfipacífico, Corfivalle, Conciviles, entre otros grupos económicos del Valle interesados en convertir en negocio el derecho fundamental a los servicios públicos de calidad”.
Pero no pasó mucho tiempo hasta que Berenice Celeita, Alexander López, y los miembros de Sintraemcali, denunciaron seguimientos y amenazas. Inmediatamente empezó el proceso para privatizar Emcali, gestionado desde lo más alto del Gobierno de Uribe, empezó también a construirse la Operación Dragón, con un objetivo muy claro: atacar a todo el que se opusiera a la privatización.
Empresas fachada
Alexander López fue el primero que denunció ser víctima de seguimientos ante la Fiscalía. Lo hizo el 25 de agosto del 2004. Fue así como el ente investigador empezó las pesquisas y descubrió el plan de los militares. En primer lugar, se conoció que los militares utilizaron unas “empresas fachada” y firmaron unos contratos con Emcali, destinados a la prestación de seguridad. Las empresas se llamaban “Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) y Compañía de Seguridad Privada (Seracis)”.
Uno de los contratos más relevantes fue el firmado con Seracis. Según la Fiscalía: “este contrato constituyó el último eslabón de la plataforma legal en la que se atrincheraron para atacar a Sintraemcali, específicamente a los miembros de la junta directiva del mismo, y a quienes le prestaban asesoría en temas de derechos humanos, como la señora Berenice Celeyta y asesoría política externa como era el caso del congresista Alexander López Maya, con acciones que iban desde el desprestigio de los dirigentes del sindicato, la judicialización de los mismos y hasta su eliminación física”.
Lo llamativo, o más bien, lo más delicado, tiene que ver con las personas que contribuyeron a la aprobación de dichos contratos. Al parecer, funcionarios del Gobierno, como se verá más adelante…
Fue a través de los contratos que los militares obtuvieron información detallada de los miembros de Sintraencali, de Alexander López, y de Berenice Celeita: nombres e información de familiares, residencias, rutinas diarias, escoltas, cédulas, números telefónicos, y en el caso del senador, información de su sede política en Cali.
Además, gracias a un allanamiento al coronel Julián Villate Leal, se encontró que los militares poseían documentos de inteligencia, información detallada sobre las actividades del sindicato, y bitácoras de los seguimientos que hacían. Los militares conocían detalladamente los esquemas de seguridad del senador y de las otras personas, información que solo pudo ser suministrada a los militares por el Ejército nacional y el cuestionado DAS.
De perseguir a asesinar
Durante el proceso judicial contra los tres militares se permitió conocer los autores materiales e intelectuales del plan. Pero también se descubrió que la persecución contra los sindicalistas, contra Alexander López y contra Berenice Celeita, tenía la intención final de asesinarlos.
En un escrito de la Fiscalía divulgado por el periodista Yohir Akerman, esta entidad cuenta que no solo se intimidaba a Alexander López con sufragios, sino que además se llegó a pagar la suma de 10 millones por asesinarlo. La siguiente es la declaración de un testigo ante la Fiscalía: “Se elaboraron unos mapas. Uno de las entradas y salidas de Sintraemcali. Que este era para hacerle un atentado al Representante. Que estos los elaboraba el señor Julián, que recibió la orden del señor Hugo Obando de comprar un sufragio después del allanamiento y enviarlo al congreso, luego del allanamiento contó que lo trasladaron a la ciudad de Ibagué. Que estando en esa ciudad realizó una consignación de $ 10,000.000 que tenía como destinatario una persona de la ciudad de Cali de nombre Yilson, que este era para realizar un atentado contra Alexander López”.
Es ese mismo documento se cuenta que el coronel Villate tenía la tarea de conseguir personas “para hacerle un atentado a Petro, por las discusiones que hubo en el debate sobre los paramilitares”. Además, no eran simples militares retirados. Eran, según Celeita, “militares con antecedentes bastante graves como por ejemplo Abondano, quien participó en homicidios múltiples en Antioquia”. Y Julián Villate, el cerebro de la operación, quien “fue director de la Escuela de Guerra en Colombia, y profesor de la Escuela de las Américas en Estados Unidos”.
Las reuniones de Evamaría
Álvaro Uribe tuvo la intención de intervenir Emcali hasta el último momento de su mandato. Yohir Akerman contó en su columna del 3 de febrero, que el expresidente “felicitó” a Evamaría y a la Superintendencia por su trabajo de reestructuración de la empresa, en uno de los últimos consejos de ministros que realizó, el 13 de marzo de 2010.
El plan para asesinar al senador del Polo, a los directivos del sintraemcali, y a Berenice, habría sido contratado, según López, por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, y específicamente, por la señora Evamaría Uribe.
Según manifiesta un documento de la Fiscalía, Evamaría habría tenido reuniones con Julián Villate Leal, el militar al que la Fiscalía le encontró los documentos de inteligencia y de la Operación Dragón. “El señor Villate se reunió con la señora Eva María Uribe Tobón y el señor Germán Huertas en el Restaurante la Carrilera (…), el señor Villate le manifestó que se pretendía privatizar Emcali, por eso se hacían esas reuniones”, dice el documento. En otras palabras, Evamaría se habría reunido con el cerebro principal de la operación.
Además, según el senador, Evamaría Uribe participó en el comité técnico que aprobó el contrato con el que los exmilitares pudieron acceder a la información privilegiada. Ella habría estado en la reunión en la que el gerente interventor de Emcali, Carlos Potes, dio el aval con que se les facilitó todo a los exmilitares.
Pero Evamaría no es la única acusada como responsable intelectual. También lo son Carlos Alfonso Potes y Germán Huertas. El primero era el gerente interventor de la empresa en el 2004, quien aprobó los contratos con los exmilitares, y el segundo era y es el jefe de seguridad de la empresa. “En la etapa preliminar estuvieron vinculados, rindieron declaración, pero ya sabemos cómo es la justicia colombiana, que finalmente resultó absolviéndolos aun cuando hay pruebas suficientes de su vinculación, igual que en el caso de Evamaría, pues ella estuvo al frente del encargo fiduciario, y obviamente del pago de estos militares que estaban a la cabeza de la Operación Dragón”, expresó Berenice Celeita.
Ahora, en 2019, quince años después de la Operación Dragón, una sentencia de un Juzgado de Cali presentó una primera pincelada de justicia, aunque sea para mostrar que es cierto lo que han denunciado los líderes y las comunidades: que el Estado colombiano es capaz de todo, incluso de ir contra la vida, por favorecer los intereses económicos. “Estamos hablando de la responsabilidad del Estado colombiano, efectivamente en cabeza de quien era en su momento el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, y de manera directa quien estuvo reunida con quienes realizaron todos los actos de seguimiento”