El profundo y maravilloso Cañón del Chicamocha se convierte hoy en el espacio expropiado por las “ÁGUILAS” (léase el Clan Aguilar o actuales dueños políticos de Santander) para su propio modelo de desarrollo basado en el turismo depredador que los enriquece. Mientras, los campesinos y los pobladores urbanos de las poblaciones cercanas terminan empobrecidos, sedientos o expulsados de su territorio ancestral.
Ya veníamos viendo cómo desde años atrás la mal llamada “industria sin chimeneas” se imponía en el centro de la Provincia Guanentina (nombre provincial en homenaje al Pueblo Guane que pobló estas tierras antes del exterminio español), cuando se hizo gobernador Hugo Aguilar, el ex coronel que tuvo a su cargo la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Con anterioridad Aguilar había sido diputado en Santander por las filas del movimiento Convergencia Ciudadana, el partido del parapolítico Luis Alberto Gil Castillo, condenado ya. Ellos, Aguilar y Gil Castillo, juntaron los capitales obtenidos de sus siniestras alianzas con el Bloque Central Bolívar de las AUC y los manejos fraudulentos de la EPS Solsalud (hoy en proceso de liquidación).
Hoy Aguilar se encuentra preso en San Gil (capital de la Provincia Guanentina), pero allí cuenta con total movilidad, como se evidenció en el pasado matrimonio del menor de sus hijos en la vecina población de Barichara. Hasta allí pudo llegar sin problemas el reo para asistir a tan importante cita familiar. En Santander todos saben que Aguilar mantiene desde la cárcel control de la escena política, y por eso pudo coordinar la campaña para hacer a uno de sus hijos (Mauricio Aguilar) nuevamente senador de la república.
También coordinó desde la cárcel la campaña que llevó a la Cámara de Representantes a Ricardo Flórez, anterior secretario de salud del actual gobernador Richard Aguilar Villa, postulado por el PIN (Partido de Integración Nacional, anterior Convergencia Ciudadana) e hijo del ex coronel en cuestión. También sacó como Representante a la Cámara a su directa recomendada, María Eugenia Triana (exalcaldesa de Pinchote, población cercana a San Gil, donde ISAGEN proyecta construir otra represa). Todos fueron postulados desde el movimiento Opción Ciudadana (surgido de la transformación del PIN).
Como podemos observar, el enfoque de negocio está dado para legalizar capitales ilícitos, acción garantizada desde el ejercicio político y gubernamental. No solamente porque no ven necesario consultar a los pobladores cuál va a ser el destino de su territorio, sino porque aquellos que se opongan corren el riesgo de ser amenazados, judicializados o expulsados del territorio, como lo sugirió el anterior Viceministro de Aguas, Iván Mustafá, ante la oposición de la población a la captación de aguas del municipio de Galán para suministrárselas a la turística población de Barichara.
Hoy, ante la desmesurada extensión de la industria turística y la urbanización en este territorio, orientada preferencialmente a extranjeros y oligarcas locales, se elevó el costo de vida y viene escaseando el agua. Esto, sin dejar de mencionar la aparición del turismo drogo-sexual, en una zona fundamentalmente de minifundio campesino. El fenómeno PANACHI (Parque Nacional del Chicamocha) ha mostrado cómo se pone al servicio del capital privado de los Aguilar el territorio, el medio ambiente y los recursos del presupuesto oficial. No importa siquiera la alteración del paisaje natural para hacer su lucro-parque; ahora nos incrustan un llamado Acua-parque sin tener garantizado siquiera el suministro de agua, lo que los tiene armando proyectos como el ACUEDUCTO REGIONAL DE ORIENTE o del CHICAMOCHA con el fin de resolver la viabilidad del negocio.
Han recurrido al eufemismo de ofrecer a los sedientos de toda la provincia el agua producida y protegida en las tierras altas del Páramo de Guantiva- La Rusia, en áreas de los municipios de Onzaga, San Joaquín, Mogotes (conocido como ONSAMO) contando con la complicidad de la autoridad ambiental de la región, la CAS (Corporación Autónoma Regional de Santander), que es dirigida por otra ficha colocada por los Aguilar. Sin contar con un respaldo técnico, financiero, jurídico y de socialización, han dado una concesión de aguas de la Quebrada Chaguacá por 20 años, prorrogable por otros 20 años más, a favor de la Corporación PANACHI para que puedan ejecutar con recursos públicos la construcción del acueducto y posteriormente, a través de una empresa mixta, manejar el negocio del agua. Como quien dice: “quien no tenga cómo pagar no disfrutará del recurso natural”.
Onzaga (nombre del poblado en honor al cacique Hunza, perteneciente al pueblo muisca) no era recordado desde hace muchos años, cuando la comunidad se unió en un movimiento conocido como ONSAMO-comuneros 81. En conmemoración de los 200 años del levantamiento comunero, sus habitantes volvieron a levantarse para exigir sus derechos como sector olvidado del departamento, y como forma de reivindicarse con la historia, después de cargar la marca que ha traído la traición de algunos malos paisanos de estas tierras, que entregaron y capturaron al capitán insurgente José Antonio Galán cuando en el sitio El Boquerón buscaba salida hacia los Llanos para poder organizar nuevamente sus guerrillas contra el ibérico invasor.
Este poblado vuelve a estar en la mira de los que expolian al territorio, no para pavimentar sus vías de acceso, dotar de mejor forma sus escuelas, colegio u hospital, acompañar los proyectos productivos comunitarios de lácteos o de truchas. No, se interesan es por su agua aunque el pueblo muera de sed; se interesan por la sísmica que aflore petróleo o demás minerales, así se tiren las fincas y los acuíferos, lo que importa es la confianza inversionista.
Pero igual que en tiempos de la dignidad Guane, cuando el pueblo prefirió el suicidio colectivo a entregarse al hispánico asaltante, o a los momentos decisivos de la guerra independentista donde fue fundamental el apoyo a las fuerzas del libertador Bolívar, o la defensa de la Constituyente Popular de Mogotes, hoy estos pobladores se levantan dignos, dispuestos a no dejarse arrebatar el territorio, y en compañía de la Red de Veedurías Ambientales, El Comité de Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, SEPAS, Emisoras Comunitarias y demás expresiones de organización popular seguiremos en la lucha.