Por Diego Pérez
El Gobierno del presidente Santos y las FARC-EP acordaron buscar, sin pactar un cese de operaciones militares, la superación concertada del conflicto armado interno. Y un proceso de negociación de este tipo implica ir de crisis en crisis hasta el punto de no retorno. La paradoja es que cada crisis que se desata resta energía e incluye más tensiones que las anteriores, tanto entre las partes dialogantes como con aquellos que le apuestan al fracaso del proceso. En esa dinámica, que es propia de las negociaciones, enfrentamos en estos días una nueva crisis de las conversaciones en La Habana, que algunos vaticinan como de grandes proporciones. Proponemos algunas claves para una lectura distinta:
1. Los hechos militares que supuestamente generan la crisis.
Una de las más visibles crisis del actual proceso se presentó el 16 de noviembre de 2014 con la retención del general Rubén Álzate Mora por miembros del Bloque Iván Ríos de las FARC. En aquel momento, los grandes medios de información y los opositores al proceso presionaban al gobierno para que se levantara la mesa de negociación; sin embargo, después de la liberación del general, muchos analistas, dirigentes políticos y miembros del gobierno concluyeron que la crisis había evidenciado tanto las vulnerabilidades como las fortalezas significativas del proceso y que éste había salido fortalecido.
Recientemente, la guerrilla incumplió su propia tregua y asesinó a 11 soldados de la brigada móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, que realizaba operaciones de control territorial en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca. A raíz de éste hecho, el Presidente Santos reactivó la orden de bombardear campamentos de las FARC en todo el país. El 21 de mayo se bombardeó un campamento del Frente 29 de las FARC-EP en Guapi, en el que murieron 29 guerrilleros, entre ellos Jairo Martínez, quien hacía parte de la Comisión Negociadora de las FARC y había regresado al país con tareas de desminado humanitario y de pedagogía del proceso de paz entre las filas de las FARC.
En los últimos días, las FARC ha perpetrado ataques a las infraestructuras petrolera y eléctrica, y contra unidades militares y de policía en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Cauca, Valle y Nariño. Ante estos hechos se levantaron nuevamente las voces de los opositores al proceso de paz, encabezadas por el Procurador General, el senador Uribe Vélez, y los medios de comunicación pidiendo al Presidente parar las negociaciones de La Habana.
Para poder identificar el significado y las consecuencias objetivas de la crisis generada por estos hechos, proponemos tener en cuenta estas consideraciones:
· Sin poner en cuestión lo deplorable de todos los hechos recientes enunciados, son hechos que conciernen a las lógicas de la guerra y a la decisión de hacer las negociaciones en medio del conflicto. No puede entonces atribuirse la crisis a hechos que se preveía sucederían mientras no se acordara un cese al fuego bilateral y menos un cese de hostilidades. No puede por eso pedirse la suspensión de las negociaciones porque ninguna de las partes está actuando fuera del acuerdo previo: negociar en medio del conflicto.
· Asunto distinto es que las FARC hayan roto su declaración unilateral de tregua y el Presidente, que también había decretado el cese temporal de bombardeos, haya dado la orden de “arreciar todas las acciones militares contra las FARC”. Esos signos de las partes habían creado un cierto “imaginario colectivo” de que ya la negociación se estaba haciendo bajo unas ciertas condiciones de cese al fuego. Por eso, los hechos mencionados generan la idea de “fracaso del proceso”, lo cual es atizado por los opositores con la consigna de levantar la mesa de negociación.
· Era muy posible que el cese unilateral declarado por las FARC se desgastara ante la ofensiva militar ordenada por el Presidente. Lo mismo ha sucedido con la decisión del Presidente de parar los bombardeos a campamentos de las FARC. Esos signos (de buena voluntad), si bien ampliaban la confianza y el apoyo ciudadano al proceso de paz, contradecían el acuerdo de negociar en medio del conflicto e iban a perder muy pronto su significación como gestos de desescalamiento, que en el terreno se tornaron impracticables. Lo coherente ahora es avanzar prontamente en la subcomisión técnica que construya la propuesta para el cese bilateral definitivo y determine medidas inmediatas de desescalamiento más allá del acuerdo sobre desminado, asuntos que no corresponden a “voluntarismos unilaterales” sino al desarrollo y cumplimiento de la agenda pactada.
2. ¿Debilitar militarmente a la guerrilla?
El gobierno nacional y los sectores más derechistas del establecimiento mantienen la tesis de que debilitar al máximo a la guerrilla acelera las condiciones de la firma del acuerdo final. De igual forma el gobierno ha argumentado el deber de protección y seguridad a sus ciudadanos y por ello, aunque se esté negociando, mantiene e incluso intensifica las acciones militares.
Lo que está demostrando la estrategia es que con las acciones militares también se debilitan las organizaciones de base comunitaria y social, que, o bien tienen ciertos nexos (explicables) con las FARC, o simplemente viven en los territorios bombardeados. Este aspecto debería ser considerado en toda su dimensión por el gobierno nacional, en tanto que el debilitamiento de ese tejido social y organizativo, más allá de las cercanías que tengan o no con la insurgencia, significa, sin duda alguna, la infraestructura básica para la implementación de los acuerdos y para la construcción de la paz sostenible en esos territorios.
De un lado, la estrategia resulta contradictoria con el enfoque de “paz territorial” planteado por la Oficina del Alto Comisionado y con la consigna de que “esto (la paz) es con la gente”; de otro lado, el escepticismo actual de muchas poblaciones frente a las negociaciones es también producto de las afectaciones que esa estrategia de debilitamiento está generando en sus territorios y en sus comunidades.
3. Las crisis no son solo producidas por las partes en la mesa de negociación
Siempre va a haber provocaciones con hechos confusos y no esclarecidos. Ha resultado así en los procesos de Irlanda del Norte, en El Salvador y en el conflicto Israelí/Palestino. Tales acciones pueden ser parte de “la nube de humo de la guerra” o el trabajo de los “saboteadores”. Estos últimos pueden provenir de adentro del Estado, del grupo alzado en armas, o de la extrema derecha y de los grupos políticos opositores al proceso de paz.
Por eso vale la pena prestar atención a las sugerencias que hacía el profesor Chernick, después de la liberación del general Alzate en el Chocó, como lecciones aprendidas. Entre ellas se destaca la idea que, ante las provocaciones, no hay que levantarse de la mesa, pues los momentos de crisis son el tiempo de acercarse más en la búsqueda de una solución y no de suspender o romper el diálogo. Según el profesor, hay que buscar unos acuerdos para reducir la intensidad del conflicto e ir abonando el terreno para un cese permanente al fuego. Ningún soldado, civil o guerrillero quiere ser el último en morirse antes de la firma de un acuerdo final.
4. Hay crisis producto de los ritmos y los tiempos de la negociación.
La mesa de negociaciones lleva un año sin lograr un acuerdo sustancial en el punto de la agenda relativo a los derechos de las víctimas y la verdad, que incluye también la Justicia Transicional. En este contexto se da el reciente escalamiento de la confrontación. Por el contrario, la crisis en torno a los hechos del Chocó sucedió cuando se había logrado la firma de tres sub-acuerdos sobre desarrollo rural, participación política y drogas. Sin duda, esto genera ambientes favorables a la presión desde distintos actores e intereses para que se replantee la negociación. Al respecto es necesario hacer algunas observaciones:
Ø La mesa, para preparar el tema cinco (Derechos de las víctimas y justicia Transicional), promovió foros consultivos en diversas partes del país, la visita de cinco delegaciones de víctimas a La Habana, el informe de 12 expertos con aportes al esclarecimiento histórico del conflicto, diálogos con especialistas nacionales e internacionales. Pero todo eso ha sido insuficiente para lograr un acuerdo en materia de justicia transicional y definir las sanciones para los máximos responsables de todos los hechos.
Una discusión que ha trascendido la mesa tiene que ver con las responsabilidades, que para las FARC son ante todo del Estado y de los sectores del poder, mientras que algunos agentes del Estado (Fuerzas Militares y de Policía, por ejemplo) involucrados en el conflicto insisten en reclamar su condición de víctimas, antes que de victimarios. Esto indica que hay un campo político-cultural y unos espacios (que no son los de la mesa) donde los temas en discusión de la agenda entre las partes se convierten también en campo de disputa y de negociación. Esos debates, que deben ser escuchados y recogidos por las partes, tienen otros ritmos, otros tiempos y otros enfoques. Esto enriquece el proceso y le da legitimidad, aunque lo haga más complejo.
Ø Por lo tanto, no toda demora es sinónimo de crisis. De los retrasos en el cronograma y en la agenda no se puede inferir que la guerrilla engaña al país o que la negociación se encamine al fracaso. Habría que recordar las experiencias de otros procesos de paz: En Colombia, las negociaciones que llevaron a la desmovilización del M-19 duraron casi dos años. En El Salvador, las negociaciones para finalizar una guerra de 12 años también tomaron más de dos años. En Guatemala, que padeció un conflicto armado de 36 años y con una guerrilla bastante más débil que la colombiana, transcurrieron cerca de cinco años para llegar a los acuerdos.
5. Las crisis interpretadas desde los medios de comunicación
Bien puede concluirse que por la debilidad en la información y en la pedagogía del proceso hacia la ciudadanía en general (cuya responsabilidad recae en las partes), la batalla en el campo de la opinión la han ganado hasta ahora y con un amplio margen los opositores al proceso, con el apoyo de los grandes medios de comunicación. Las negociaciones se han desarrollado en medio de la incredulidad y la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos, además de sufrir toda suerte de ataques por parte de columnistas y políticos de oposición. A menudo, se propaga una tormenta en un vaso con agua, sobre cuestiones puntuales de la agenda o sobre comentarios infundados y opiniones no oficiales de las partes.
6. La crisis por los miedos al pasado y miedo al futuro.
Para los sectores que han usufructuado de la guerra y que optan por ella, un proceso de paz, que pasa por el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido, les resulta peligroso y amenazante. Las partes del conflicto (y ahora las partes de la negociación) tienen miedo a enfrentar el pasado, a reconocer que se cometieron crímenes terribles que no tienen ninguna justificación. Pero también tienen miedo al futuro. Las FARC temen enfrentarse a una ciudadanía que no les dé la acogida y el aval para su accionar político y social; algunos militares también tienen temor a perder poder, protagonismo y presupuesto y a ser juzgados por las violaciones a los derechos humanos y al DIH. Por eso no se puede hablar todavía de un punto de no retorno en las negociaciones hasta que no se logre un acuerdo respecto a la justicia transicional.
7. La crisis creada por el oportunismo político.
La crisis actual del proceso no radica única ni principalmente en los graves hechos de confrontación arriba descritos. También hace parte de ella el hecho de que se está negociando en un momento de coyuntura electoral, que implica una gran pugna por el control de los poderes locales y regionales.
El oportunismo político de algunos sectores, especialmente del uribismo, apuesta a ganar votos y reconocimiento atacando el proceso de paz. Tanto los partidos políticos como los candidatos saben que ganar el poder en la próxima contienda electoral significa asumir las tareas de la transición al posacuerdo y a la construcción de la paz. Por ello, quienes se oponen al proceso de paz no van a asumir ninguna de éstas tareas y prefieren torpedear desde ya las negociaciones; por su parte, quienes comparten el proceso pujarán por asegurar su elección para impulsar los proyectos y programas que impliquen los acuerdos. Se trata entonces de un ambiente de pugnacidad política que pretende instalarse en la mesa de negociaciones y que podría bloquear sus avances.
Lo importante en la actual coyuntura, tanto para quienes defienden como para quienes atacan el proceso de paz, es que la violencia no se desborde. Sería útil, sin embargo, que pudieran leer las crisis en claves más sistémicas, menos reduccionistas y menos caóticas, para no concluir con cada crisis que es mejor prolongar “la horrible noche”.