El 14 de mayo la Fiscalía General de Colombia publicó una noticia que decidía el destino de COPROAGROSUR, una cooperativa de aceite de palma, propiedad de un narcotraficante jefe paramilitar conocido como Macaco, uno de los comandantes paramilitares más sanguinarios. Macaco confesó el asesinato de 4.000 civiles y es en parte responsable de forzar a 4,3 millones de colombianos a la condición de refugiados. Macaco confesó haber recibido subvención en 2004 de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID a través del Plan Colombia. Además de los 161.000 dólares concedidos a COPROAGROSUR, USAID también concedió 650.000 dólares a GRADESA, una empresa de palma vinculada con narcotraficantes y paramilitares. URAPALMA también es otra empresa acusada de vínculos con paramilitares y narcotráfico. “El Plan Colombia da dinero para apoyar la palma, que es utilizada por las mafias paramilitares para blanquear dinero… los Estados Unidos están subsidiando a los traficantes de drogas”, dice un senador colombiano.
El robo de tierras y el auge de los agrocombustibles
En repetidas ocasiones, investigaciones penales han vinculado a la XVII Brigada con los grupos paramilitares que han asesinado brutalmente a miles de personas. Según informes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales, URAPALMA ha despojado más de 42.000 hectáreas de las selvas tropicales en el Chocó, con ayuda de militares, acusados del lavado de millones de dólares para una red de narcotraficantes paramilitares.
Informes del gobierno y testimonios de grupos de derechos humanos demuestran que los paramilitares vinculados al tráfico de drogas y en cooperación con fondos militares de EE.UU han desplazado por la fuerza a miles de campesinos del Chocó, causando grandes matanzas. Desde 2001 URAPALMA y una docena de otras empresas de palma han usurpado por lo menos 127.000 hectáreas de las tierras en el Chocó. Y en 2005 el presidente colombiano, Álvaro Uribe, instó al país a aumentar la producción de palma de 750.000 hectáreas a 15 millones de hectáreas. Las regiones de cultivo de palma presentan patrones del narcotráfico y la violencia paramilitar similar a la del Chocó, como las masacres y el desplazamiento forzado. Un informe de la organización internacional Human Rights Everywhere encontró crímenes violentos relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones, todas las cuales entran dentro de la propuesta de Uribe. Casi todas estas regiones también han sido objeto de apoyo al cultivo de la palma por parte de USAID. En la administración de Uribe, a finales de 2007, el Fiscal General Mario Iguarán anunció una investigación sobre las denuncias de que veintitrés representantes de empresas de palma en el Chocó, incluyendo URAPALMA, colaboraron con los paramilitares para apoderarse de tierras de propiedad comunitaria.
En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sindicó a URAPALMA de connivencia con el paramilitarismo en Urabá: “Desde 2001, la empresa URAPALMA S.A. ha iniciado el cultivo de la palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de los territorios colectivos de estas comunidades, con la ayuda de ‘la protección armada perimetral y concéntrica de la Decimoséptima Brigada del Ejército y paramilitares”.