En 1994 se expidió la ley 142 de servicios públicos domiciliarios y la 143 de energía, en las que se plantea la escisión de las empresas de este sector por negocio. Así, con los activos de generación de energía de ISA se crea una nueva empresa, esta vez de carácter mixto: ISAGEN. Tras esa puerta se abrió la nueva estrategia que hoy tiene a Isagén ad portas de la privatización total y descarada. Conversamos con Oscar Vallejo, presidente del sindicato de trabajadores de Isagén, quien nos revela detalles de esta estrategia desarrollada hoy por el gobierno de Álvaro Uribe.
¿Qué otras empresas han corrido esta suerte de privatización?
ENGESA, por ejemplo, maneja todo el mercado energético de Bogotá. Semejante a lo sucedido en ISA, la Empresa de Energía de Bogotá la escindió el gobierno para vender la parte de generación al capital extranjero, siendo Engesa la segunda generadora de energía del país, después de EPM, seguida de Chivor, en otro tiempo de Isagén. En el año 1996 se vendieron los activos de Isagén en la central de Chivor al grupo Chigener – de capital chileno -, y esta la vendió posteriormente a AES-Corporation, transnacional estadounidense.
¿Cómo ha sido el proceso de privatización de ISAGEN?
A partir del momento de la escisión, por ley, se le da participación al capital privado. Luego continuó un proceso gradual de ventas de acciones al público. En general, las empresas que eran del Estado fueron progresivamente entregadas al capital privado, vendidas bajo la figura de la ley 226, que disfraza el proceso como una manera de democratizar la propiedad de estas empresas. A través de la ley 226 se motiva a sectores de la sociedad y a ciudadanos para que compren acciones con la finalidad de romper la resistencia que pueda tener el pueblo colombiano frente a la defensa de su patrimonio público.
Isagén ha tenido varios intentos de privatización, frenados por medio de una acción legal, en virtud de la valoración hecha por la banca de inversión. En el año 2000, el gobierno tomó la decisión de feriar a ISAGEN a un socio estratégico por debajo de su costo real, entre esas empresas que pujaban por adquirir las electrificadoras del pueblo colombiano estaba la ENRO, que al poco tiempo se quebró. Algunos empresarios nacionales se opusieron considerándolo una amenaza a sus intereses. Incluso el manifiesto de Uribe Vélez, en su campaña electoral del 2002, planteaba en uno de sus setenta y cinco artículos que no privatizaría la empresa. Pero en el año 2006 el gobierno, que entonces poseía 76% de las acciones de Isagén, decidió vender el 20% al sector solidario, al sector de fondos de pensiones y otros ciudadanos, quedándose así con el 56% de la empresa.
¿cuál es la nueva situación?
Hace un año, el gobierno convocó una comisión del gasto, que tomó la determinación de vender parte de Isagén y otras empresas, quedándose con una propiedad accionaria inferior al 51%, lo cual implica cederle el control de la empresa al capital privado. Pero el gobierno está yendo más allá de las recomendaciones de la comisión del gasto, aunque esta sea privatizadora y neoliberal; está ofertando todas las acciones que posee en estas empresas. El argumento para feriar a Isagén es el cubrimiento del déficit del Estado, calculado en tres billones de pesos.
IN BERLIN, como banca de inversión, modificó, previo acuerdo con los responsables de rematar la empresa, el contrato tasado en dos mil millones de dólares, a 28 mil millones. Esta estafa a la nación fue denunciada por el sindicato, lo cual logró parar la venta de la empresa. Sin embargo, el gobierno ha manifestado que insistirá en la venta de sus acciones, prevista para los primeros meses del año próximo. Uribe manifestó su deseo de negociar con EPM para no someterse a la ley 226, que le obliga a pasar las acciones del estado primero por el sector solidario. Pero entre tanto se ha constituido un fondo denominado Colinversiones, donde participa el grupo empresarial antioqueño y otros empresarios nacionales interesados en el control de Isagén y para ello han logrado seducir a un grupo de trabajadores, entre 400 y 500, muchos de ellos en cargos directivos de la empresa, para que se unan y compren el paquete accionario que ofrece el gobierno.
¿Cuál es la importancia en este caso del sector solidario?
Es que antes de vender la empresa a una multinacional, la ley 226 establece que se debe dar oportunidad a sectores nacionales para que participen en la adquisición de la empresa, básicamente a los fondos de pensiones y organizaciones solidarias, para dar la sensación de la democratización de la propiedad. Pasados dos meses se ofertan las acciones al público en general. En este caso, el grupo de trabajadores que puja por comprar las acciones, lo que buscan son oportunidades de negocio. Pero tienen limitantes de recursos para comprar acciones, impedimento que el capital financiero utilizaría para hacerse al dominio de la empresa.
¿Qué posición están asumiendo en el sindicato para frenar el proceso de privatización?
Enviamos una carta a la contraloría general, por considerar que el gobierno está incumpliendo una norma de carácter público, dado que el Estado no puede ser garante de terceros. Isagén tiene unas deudas con el City Grup y el City Bank del orden de un billón de dólares, que respalda la nación, mientras el patrimonio está en tres billones. En el momento en que la nación pierda la participación en la empresa, no podrá seguir siendo garante del crédito. Cuando los trabajadores se plantean comprar una empresa que cuesta tres billones de dólares, tienen que contraer créditos por ese monto más los pasivos, teniendo como garantía la nación, cuya posibilidad ya no está permitida.
Nosotros hemos mandado comunicación a la prensa, pero no la ha publicado; al contrario, defienden la iniciativa de los trabajadores que se han cohonestado en la subasta de la empresa. Tenemos conocimiento que algunos grupos financieros muy poderosos se han ofrecido como garantes a cambio de que posteriormente le vendan sus acciones. Por tal motivo estamos invitando a un foro que se realizará el 21 de octubre en las instalaciones de la Asamblea Departamental de Antioquia, para que la comunidad reaccione y asuma responsabilidad en defensa de sus derechos. Para frenar todos los procesos de privatización necesitamos una profunda transformación de conciencia.