En la primera semana de este nuevo año, el ministerio público de Honduras presentó ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra la cúpula de las fuerzas armadas, encabezada por el jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, y conformada por otros cinco oficiales, por la expulsión a la que sometieron al depuesto presidente de la república, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado.
Podría pensarse que este llamado del ministerio público es un paso efectivo en el reconocimiento y superación de la crisis política y social que afronta este país centroamericano, pero después de tantos tejemanejes por parte del gobierno y tantas mentiras sostenidas ante la opinión pública, el pueblo hondureño no se fía de la actitud y las prácticas de las mismas instituciones que han intentado legitimar el golpe.
Solo ahora, más de seis meses después del golpe contra Zelaya, y cuando está próximo a posesionarse el nuevo mandatario, la fiscalía parece reconocer las irregularidades en el procedimiento que sacó a Zelaya del poder, y pide a la Corte abrir proceso judicial contra la cúpula militar, dado que la propia constitución de Honduras prohíbe la expatriación de hondureños. Sin embargo, para muchos hondureños esta es apenas una patraña más que monta el gobierno hondureño con los Estados Unidos como compinche. Tal petición de la fiscalía se realiza justamente en el marco de la visita a ese país del subsecretario de estado adjunto para el hemisferio occidental de los estados Unidos, Craig Kelly.
Según el diplomático y escritor hondureño Roberto Quesada, “El de Honduras ha sido un golpe de Estado militar y golpe de las mentiras. Cada vez que alguien del Departamento de Estado de los Estados Unidos visita Tegucigalpa, inmediatamente sale una falsa esperanza, antes para revertir el golpe de Estado militar y ahora para blanquear el golpe y hacerle creer al visitante (muchas veces con la complicidad de éste), a los hondureños y a la comunidad internacional que en Honduras existe la justicia y no se conoce la palabra impunidad… El caso es que nadie cree en este nuevo acto del teatro del golpe de Estado militar que a estas alturas ha practicado tanto el arte de mentir que ya no les importa si solamente ellos creen lo que dicen”.
Esta opinión la sustenta Quesada en las innumerables farsas y mentiras montadas por los golpistas desde el 28 de junio pasado: falsificaron la firma del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales (y sin ningún pudor la leyó el presidente de Facto del Congreso); lo enviaron a Costa Rica a fuerza de fusiles y en pijama y le llamaron sucesión; cuando la ONU dijo que no reconocía el gobierno de Facto, dijeron que Japón y otros países lo reconocían (cosa que fue desmentida); El Plan Arias y el incumplimiento golpista; la falsa esperanza de muchos visitantes de la Casa Blanca; la traición de Thomas Shannon negociando un voto para que le quitaran el veto a él y a Arturo Valenzuela; la reunión del Congreso Nacional el 2 de diciembre con la ambigüedad de que retrotraería el gobierno antes del 28 de junio, en otras palabras, la restitución del presidente constitucional; antes de las elecciones la noticia falsa de que la ONU reconocería dichas elecciones (desmentida por el secretario general Ban Ki Moon); durante el proceso electoral el falso abandono de Micheletti del poder; el conteo de votos y la discrepancia entre la firma contratada y los miembros del Tribunal Supremo Electoral, Etc. “¿Por qué creer en esa orden de captura contra Vásquez Velásquez y su Junta por muy documentada que esté su participación en el golpe de Estado militar?.” Según este escritor, lo único positivo del requerimiento presentado por el Fiscal General Luis Rubí, contra Vásquez Velásquez y otros generales, es que con ello queda escrito en papel y grabado en cinta que ellos mismos aceptan, por fin, que no cabe la menor duda de que lo que hubo en Honduras fue golpe de Estado militar.
Entre tanto, el depuesto presidente, Manuel Zelaya, permanece recluido en la embajada brasileña, más como un prisionero del régimen que como alguien que disfruta de asilo, pues se mantiene cercado por contingentes militares y barricadas que no permiten a nadie acercarse a la embajada, ni que nadie lo visite. El presidente Zelaya ha dicho que estará en la embajada de Brasil hasta el 27 de enero, fecha en que termina su mandato, y luego verá qué es lo que pasa. La esperanza por ahora, según algunos líderes de la resistencia, es que el heredero del golpe de Estado, el presidente electo a través de la farsa electoral del 27 de noviembre, permita que el presidente Zelaya pueda salir de su cautiverio.
Por su parte, el Frente de Resistencia Hondureña contra el golpe de Estado convocó y realizó su primera marcha multitudinaria por las calles de Tegucigalpa este jueves 7 de enero. La gente se concentró frente al Congreso, para exigirles a los congresistas golpistas que no aprueben el proyecto de decreto presentado por el presidente golpista Roberto Micheletti para retirar a Honduras de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América- ALBA, asunto que estuvo siempre en la agenda de los golpistas, mucho antes incluso del golpe. “Los golpistas tenían como tarea revertir todos los procesos sociales, detener los cambios que se habían propuesto para el país. Eso era parte del objetivo del golpe”, declaró Zelaya desde la embajada de Brasil.
Rafael Alegría, líder de la resistencia antigolpista, recordó que el pueblo hondureño ha recibido muchos beneficios desde la adhesión al ALBA, en agosto de 2008. Mencionó entre ellos la entrega a los campesinos de 100 tractores enviados desde Venezuela, el suministro estable de petróleo y la ayuda financiera para los pequeños y medianos productores. También habló de las miles de personas de escasos recursos que recuperaron o mejoraron su visión gracias al programa venezolano-cubano Operación Milagro. Varios municipios, además, fueron declarados libres de analfabetismo a través del método Yo, sí puedo, empleado en Cuba y luego en Venezuela, y llevado a Honduras a través de la Alianza Bolivariana. Todos estos programas serán suspendidos definitivamente si el Parlamento aprueba la iniciativa enviada al órgano legislativo por el jefe del régimen de facto, Roberto Micheletti.
Pero la primera movilización del pueblo hondureño no se quedó en esta exigencia al Congreso. También se propuso apoyar a la Comisión laboral que estaba negociando el reajuste de salarios para los trabajadores del sector privado, ante lo reacios que se mostraban los empresarios a mejorar los salarios de los trabajadores. Y sobre todo, esta movilización mantiene arriba las banderas enarboladas por la resistencia hondureña desde el golpe de Estado: volvió a exigir la restitución del presidente Zelaya, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cese de las violaciones de los derechos humanos. Esto evidencia que, a pesar de la farsa electoral de noviembre que pretendía lavarle la cara al régimen golpista, la resistencia permanece viva, atenta y firme. Todo ello, contando con la actitud fascista que ha sostenido el gobierno golpista y sus compinches, preludia un año de mucha confrontación en Honduras, que exige la atención más decidida de la comunidad internacional y especialmente de los países latinoamericanos.