Aunque la Corte Constitucional ordenó al gobierno nacional, a través del Auto 004 de febrero de 2009, la salvaguarda de los Pueblos Indígenas, advirtiendo que se encuentran en grave peligro de extinción, la militarización de los territorios colectivos en el marco de la Seguridad Democrática parece más bien convertir al mismo Estado en agente de violación a los derechos de estas comunidades.
El pasado 28 de julio de 2009, por ejemplo, ocho hombres armados, vestidos de civil, sin identificación, irrumpieron violentamente en el territorio Embera Chamí del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, ubicado en el municipio de Riosucio, departamento de Caldas. Los nativos los enfrentaron valerosamente y una vez desarmados exigieron su identificación, constatando que se trataba de agentes del DAS, institución que hasta el momento no ha dado ninguna claridad sobre lo sucedido.
La zozobra volvió a este Resguardo Embera el día 26 de octubre a las 2 de la tarde, cuando la comunidad congregada en la cancha de la Iberia disfrutaba una tarde deportiva y fue sorprendida por la incursión violenta de cuatro hombres de civil fuertemente armados. Intentaron asesinar a José Esteban Tapasco, indígena de 26 años de edad, a quien le propinaron dos disparos: uno en el pecho y otro en el costado del brazo derecho. Pero cuando los civiles armados intentaron llevarse al indígena herido, la comunidad reaccionó; los civiles armados dispararon al aire generando temor e hiriendo en la pierna izquierda al indígena José Seferino Cañas, de 84 años de edad. La comunidad enfrentó con palos y piedras a los cuatro civiles armados, rescataron al comunero herido y lograron someter a los cuatro tipos llevándolos a la cancha de fútbol. Allí les exigieron la identificación y comprobaron que se trataba de agentes del Gaula.
Minutos más tarde llegó hasta la cancha el mayor Mario Suárez Lozano, comandante del IV Distrito de Policía Caldas, que reconoció que se trataba de sus hombres y procedió a desarmarlos por exigencia de la comunidad indignada. Solo entregaron tres armas y cuatro celulares. La comunidad exigió que se entregara el arma que faltaba pero no fue así. También hicieron presencia en el lugar de los hechos las autoridades indígenas, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Riosucio y el Comandante Operativo del Departamento de Policía Caldas, coronel Néstor Hernán Melenje Trujillo, y conjuntamente levantaron un acta para iniciar ante las autoridades competentes el proceso de judicialización de los cuatro hombres del Gaula. Estos fueron identificados como Hever Mauricio Torres Pavas y Adrés Fernando Meza Meza, subintendentes cuyos carnés institucionales estaban vencidos desde el 2007; también Jorge Norbey Arcila Orozco y Víctor Alfonso Buenaños Mosquera, patrulleros con carnés activos hasta el 2012. Cabe resaltar que estos sujetos entraron a la cancha disparando, no se identificaron, ni portaban distintivos, tampoco presentaron ninguna orden de captura que, según afirmaban, era el motivo de su presencia en este lugar.
Con la firma del acta los cuatro agentes quedaron a disposición de los mandos de la fuerza pública presentes, pero minutos después, uno de los cuatro agentes agresores huyó del lugar, hecho que molestó profundamente a la comunidad al no cumplirse los acuerdos firmados minutos antes. Ante la falta de garantías para el esclarecimiento de estos confusos hechos, la comunidad decidió que los cuatro agentes agresores serían entregados por las Autoridades Indígenas a los delegados nacionales de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y de Justicia, Vicepresidencia y Defensores de Derechos Humanos que serían convocados inmediatamente.
Pero los mandos de la fuerza pública presentes en el lugar decidieron no entregar a los cuatro agentes del Gaula y permanecieron con todas sus unidades en el lugar de los hechos hasta el día siguiente. Así transcurrió la noche en tensa calma y a las 4:30 de la mañana llegaron a la comunidad de la Iberia el Secretario de Gobierno Departamental de Caldas, señor Henry Murillo, el delegado departamental de Asuntos Indígenas, Oscar Betancurt, y el comandante del Departamento de Policía Caldas, coronel Jaime Ospina Loaiza. Estos funcionarios afirmaron la legalidad de la captura y calificaron, sin consideración alguna, de secuestro el ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Luego intentaron llevarse a los cuatro hombres del Gaula, sin éxito ante la negativa de los indígenas.
Los funcionarios abandonaron el lugar cerca de las 8 de la mañana e inmediatamente la comunidad fue atacada sorpresivamente y a mansalva por 300 hombres del ESMAD, que después de lanzar exageradamente gases lacrimógenos y perdigones afectando a los niños de la guardería, de la escuela y estudiantes del colegio, adultos mayores y enfermos, se llevaron a los cuatro agentes del Gaula que de manera irregular habían violentado el día anterior el territorio indígena. En esta cruenta arremetida, fuerza pública y Gobierno Departamental conjuntamente violaron toda normatividad nacional e internacional sobre derechos, incluidas las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2002 al pueblo Embera Chamí de Caldas.
Pero aquí no para la agresión contra los indígenas. Ensañada la fuerza pública inicia una campaña de desprestigio y desinformación en contra de la comunidad indígena en los medios de comunicación locales y regionales acusándolos de guerrilleros y secuestradores de la Policía, generando un grave conflicto en el municipio. Su estrategia la rematan interponiendo una denuncia penal por el delito de secuestro a servidor público en contra del gobernador indígena del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, la representante de la Defensoría del Pueblo, quien resultó agredida en los hechos, Alfredo Acosta representante nacional de la Guardia Indígena y dos indígenas más del resguardo violentado. Cinco valerosos indígenas que pueden ser capturados en cualquier momento.