Hace poco nos llamaron de la fiscalía para conversar sobre las amenazas que recibió Periferia a mediados del 2008. Y teniendo en cuenta que en solo cuatro meses la Dijin, con el apoyo del FBI, logró identificar al responsable de poner a circular en su facebook las amenazas de muerte contra Jerónimo Uribe, el hijo menor del presidente, creímos que nuestro caso tenía que estar resuelto ya, pues habíamos interpuesto la denuncia por las amenazas contra el Periódico hacía año y medio. Pero nos equivocábamos, la fiscalía apenas pretendía tomarnos la primera declaración sobre el caso, para abrir la investigación.
En la misma situación o peor deben estar las investigaciones sobre las amenazas que recibieron por el mismo tiempo más de 10 organizaciones sociales de Medellín. Lo claro es que en este país no todos los ciudadanos tienen el mismo rango ante la justicia, no todos ameritan la misma atención.
El ejemplo claro lo trae la columnista María Jimena Duzán en una de sus últimas columnas del año pasado, en donde compara los procesos de investigación frente a las amenazas al hijo del presidente y las amenazas al periodista Daniel Coronell, crítico acérrimo de este gobierno, quien también recibió amenazas por internet. Ante la lentitud de los organismos de seguridad, Coronell tuvo que hacer él mismo la investigación sobre la procedencia de esas amenazas, mientras la investigación del hijo del Presidente contó hasta con el apoyo del FBI. Sin embargo, Coronell logró descubrir, con la ayuda de un ingeniero de sistemas, que el dueño del computador desde donde salieron esos correos amenazantes era Carlos Náder, un amigo de Álvaro Uribe muy cercano a sus hijos. A pesar de ello, nada hizo la Justicia colombiana; mientras a Jerónimo Uribe la Dijín le ha solucionado sus problemas de seguridad, a Daniel le tocó irse del país dos años a vivir en el exilio.
María Jimena Duzán se lamenta porque en un país donde hay una cantidad de miembros de ONG, de políticos y de periodistas críticos del gobierno amenazados, los organismos de investigación no pueden funcionar a paso de tortuga cuando los amenazados son críticos del gobierno, y a paso raudo y veloz cuando los amenazados son los hijos del Presidente. Pero esta es una queja con sabor a inocencia, que se niega a admitir que en una sociedad de clases esto es lo que sucede todo el tiempo, hasta el punto de ser asumido como natural.
Lo más preocupante en Colombia ni siquiera es que los aparatos investigativos del Estado funcionen a paso de tortuga cuando se trata de proteger la vida y la integridad de sus críticos y de los pobres en general; lo peor es la sistemática persecución que realiza el propio Estado contra ellos. Son las fuerzas del estado, asociadas con la mano oscura del paramilitarismo, engendro también del Estado, las responsables de la mayor parte del desplazamiento de campesinos en Colombia y de los desaparecidos; fueron las fuerzas del Estado las responsables del sinnúmero de asesinatos, mal llamados falsos positivos, de ciudadanos humildes que luego fueron presentados como dados de baja en combate. Y a pesar de todo el escándalo que logró desenterrar y poner en evidencia esta práctica terrible, hoy nos encontramos con que muchos de los militares detenidos por estos hechos han sido dejados en libertad por vencimiento de términos, y que muchos otros están a punto de salir de la prisión por lo mismo.
Mientras, por un lado, reina la más descarada impunidad para los asesinos del Estado o quienes delinquen en su nombre – hoy, cuando está a punto de cumplirse 20 años del asesinato de Carlos Pizarro, candidato presidencial por el M19, el caso permanece en la impunidad y a punto de proscribir-, por el otro, el mismo Estado desarrolla una campaña sistemática de criminalización y penalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. Aunque esta ha sido una estrategia de todos los gobiernos en Colombia, el de Uribe Vélez la ha llevado al colmo del cinismo. Desde su propio ascenso al poder se declaró enemigo de las organizaciones sociales críticas, sobre todo de aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, señalándolas como encubridoras de la guerrilla y nido ellas mismas de guerrilleros. Y a paso seguido inició una campaña de judicialización de integrantes de estas organizaciones. En este momento la Fiscalía setenta y cuatro seccional delegada ante la Cuarta Brigada tiene abierta una investigación en la que intenta, con temerarios informes de inteligencia, incriminar a varias organizaciones sociales de Medellín y vincularlas con movimientos insurgentes. Lo peor es que tal proceso, de forma arbitraria, se ha tramitado bajo los parámetros de la ley 60 del 2000 y no bajo el sistema penal acusatorio vigente, con lo cual se limitan varios derechos constitucionales de los incriminados, sin que medie en todo el proceso un juez de garantías.
Y no es solamente en el plano militar o judicial en donde este régimen le da garrote (más bien plomo) a los sectores populares y a los críticos. Esta es más bien la estrategia utilizada desde tiempos inmemoriales para obligarnos a la resignación frente a la injusticia social y económica. Tal vez sea en este plano dónde se ve con mayor evidencia que el régimen está constituido para beneficiar a la clase que tiene el poder económico, que apoderándose de los medios de producción ha sometido de forma inclemente a los trabajadores y demás clases desposeídas a la miseria y la humillación constantes. No sobra recordar el famoso pacto del Chicoral (Tolima) realizado en 1973 entre el gobierno de Pastrana y los gremios agricultores, a espaldas del pueblo, para echar por la borda la reforma agraria que al fin había echado a caminar el gobierno anterior, el de Carlos Lleras Restrepo. Y ahora Uribe pretendió darle el puntillazo final con el famoso Estatuto de Desarrollo Rural en el que legalizaba todo el despojo que los narcoparamilitares hicieron de los campesinos.
Y ahora se deja venir con la desvergonzada repartija de Agro Ingreso Seguro, esgrimiendo el cínico argumento de que los subsidios funcionan mejor en manos de los ricos. Y en el mismo sentido de la justicia distributiva, o las estrategias para alcanzar la equidad, encontramos las reiteradas políticas de mantener al pueblo en la miseria a través de los pírricos aumentos salariales cada año – esta vez de seiscientos pesos diarios, que no alcanzan ni para un refresco-, mientras los congresistas, ministros y el presidente ganan una millonada, y de por vida, que tenemos que pagar todos los colombianos. Ahora esta renta vitalicia se extiende a los concejales.
En general, todos los gobiernos en Colombia (y en casi todo el mundo en la era del capitalismo) han gobernado para los empresarios y en contra de los sectores populares, solo que este último que nos tocó sufrir es un gobierno surgido de las huestes del narcotráfico y formado en los avatares del paramilitarismo que gobierna precisamente para los empresarios narcoparamilitares que se han formado a su amparo, desde que era gobernador de Antioquia. Pero aunque el pueblo no los ha elegido sí ha contribuido con sus votos a darle un tinte de legitimidad, incluso en la reelección de Uribe a pesar de todos los escándalos en su gobierno y de su política devastadora.
Sin embargo, podría ser la hora de revertir este proceso. Ahora que estamos en campañas electorales, ni siquiera es necesario mirar con lupa para darnos cuenta que todos los candidatos nos ofrecen el continuismo de Uribe, incluso Petro, que parece haber vendido los ideales, con los que una vez se ganó el favor de una buena parte de los sectores populares, por un ministerio a lado de cualquiera de los monstruos de la derecha, los cuales han prometido continuar con el mismo garrote de Uribe: la política de seguridad democrática como complemento de la confianza inversionista, con que Uribe nos ha hundido en el miedo y la miseria. Es decir, en cualquier caso estaríamos eligiendo a nuestro verdugo. Por ello, tal vez lo más sano sea el castigo electoral a estos sectores políticos con el abstencionismo más grande que se haya dado en la historia del país, mientras los sectores populares seguimos en el camino de articularnos en una propuesta de lucha y de trabajo que haga posible la vida realmente humana y digna en nuestro país. El fortalecimiento de la minga indígena y popular es nuestro mejor escenario en el mediano plazo y la apuesta más concreta para este año que comienza.