En noviembre del año que acaba de pasar se realizó en Saravena la Asamblea que dio origen a la Asociación Nacional de Empresas Comunitarias- ASENCOL. Esta asociación tiene como perspectiva contrarrestar la lógica capitalista y de privatización que domina las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en el país y lograr que sea la comunidad organizada la que se haga cargo de la prestación de estos servicios con una lógica de solidaridad y autogestión. Esta Asamblea es un primer paso hacia el primer Congreso Nacional de Empresas Comunitarias, que se realizará este año, con miras a marcar los derroteros de la Asociación.
La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena- ECAAS- es el motor de esta iniciativa por ser una de las empresas comunitarias de este tipo con mayor consolidación en el país, con 40 años de experiencia.
En principio se pensó en una Asociación de orden regional o departamental, dado la fortaleza de las empresas comunitarias en Arauca. En total eran 10 empresas dispuestas a organizarse asociativamente. Entre estas sobresalen La Esmeralda, en Arauquita, una empresa muy incipiente, que tiene un convenio con la empresa municipal de Arauquita; Coarchí y Coaguasar, que operan en un área rural de Saravena, y otra que presta el servicio en un centro poblado de Puerto Nariño, Empresa Comunitaria de acueductos de Puerto Nariño. También en el casco urbano de Fortul y en buena parte de la zona rural opera una empresa que se llama Cuafor, y la empresa Caranal, que está en proceso de fusión con otras dos empresas de Palmarito y la Vereda Alto Jordán. Está, además, la empresa de Tame, La Cristalina, y otra que se viene consolidando en el área rural. Por ahora estas empresas se limitan a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
La idea de extender la iniciativa al orden nacional surgió en el marco del Congreso Nacional Comunal realizado en Popayán en el mes de octubre. Allí, con todas las federaciones de juntas y asociaciones municipales se realizó un primer diagnóstico para ver qué tipo de empresas o asociaciones comunitarias existían en el país y se encontró que son muchas, aunque pequeñas y casi todas de cobertura rural. La idea es motivar a las demás empresas a hacer el trabajo de identificación y motivación para que todas lleguen a una asociación, defiendan como pertinente lo comunitario y la economía solidaria, y para demostrar con ello al país, sobre todo al gobierno nacional, que la gente organizada tiene la capacidad de administrar sus recursos y generar empresa.
Según Bernardo Argüello, uno de los directivos de ECAAS, la Asociación tiene la pretensión de hacer frente a las dificultades que enfrentan las empresas comunitarias en varios aspectos. Por ejemplo, señalar que las empresas públicas y privadas de servicios públicos que existen en el país están afiliadas a una asociación que se llama ANDESCO, donde se cocina toda la normatividad vigente para servicios públicos y donde se impulsa de una manera acelerada la privatización y el favorecimiento económico de las grandes empresas, en detrimento de las empresas comunitarias y del usuario, obviamente.
“Nosotros hemos dicho- insiste Argüello- que el servicio público de alcantarillado, acueducto y aseo no puede estar expuesto a la rapiña de la privatización, que es un servicio inherente a la finalidad social del Estado y, por ende, debe ser el Estado el que lo preste o en su defecto las comunidades organizadas sin ánimo de lucro o la economía solidaria. El país ya no aguanta que los servicios públicos se utilicen para enriquecer a unas pocas empresas particulares”.
Las arremetidas del Estado contra las empresas comunitarias.
El problema es que estas empresas obligatoriamente tienen que contratar con el Estado, quien concesiona a la empresa que considere conveniente la prestación de los servicios públicos. Y en este sentido, las empresas comunitarias no solo tienen que competir con verdaderos emporios económicos sino con la tendencia política de los funcionarios públicos y administradores de los entes territoriales. Y la competencia casi nunca es transparente sino que está atravesada por un trasfondo político. Es muy complicado que el Estado haga concesiones a una empresa con la que tiene grandes diferencias ideológicas y políticas. Lo más común es que intente bloquearla, como efectivamente ha sucedido en el caso de ECAAS.
La ley obliga a las Alcaldías a destinar unos recursos para subsidiar los servicios de los sectores más pobres de la población, pero en el caso de ECAAS, estos recursos nunca fueron desembolsados por los distintos alcaldes que se turnaron en Saravena, por lo que la empresa tuvo que asumirlos, pero sacrificando los recursos que, también por ley, tenía que dedicar a la inversión. “En el estudio tarifario- comenta Bernardo Argüello-, están contemplados los gastos operativos, administrativos, de mantenimiento y también unas inversiones. Eso que era captado vía tarifas para inversiones, la empresa lo estaba asignando para subsidios, aunque generando mes a mes unas facturas al municipio, que finalmente nunca pagó”. Esos pagos todavía están en disputa, “porque estos subsidios son obligaciones asumidas por el Estado con los estratos más bajos de la población”.
Como si se tratara de un chiste macabro, en vez de los aportes por subsidios, lo que recibió ECAAS fue la acusación en el 2004, por parte del Gobernador de Arauca, Julio Acosta, de haber recibido de su administración 10.000 millones de pesos que habían ido a parar a la guerrilla. Según el funcionario, ECAAS era la caja menor del ELN. Todo esto estaba enmarcado en la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez, que había clasificado como Zona de Rehabilitación y Consolidación en todo el cordón del oleoducto de Cañolimón- Coveñas. Saravena quedó enmarcada dentro de este decreto. Junto con ello se inicia una persecución a las comunidades organizadas y a las expresiones solidarias manejadas por la comunidad. ECAAS fue el punto principal en donde el gobierno nacional enfiló todas sus baterías.
Esto se supo cuando se realizó un espectacular operativo encabezado por el Zar anticorrupción, Rodrigo Lara, acompañado por funcionarios de de la Superintendencia de servicios públicos, del Das, de la Fiscalía y el gobernador del departamento con un enorme despliegue de fuerza pública en un allanamiento a la empresa, para investigarla por la información transmitida por el gobernador.
La noticia fue transmitida con igual espectacularidad por el Canal Caracol, cuyos periodistas acompañaban la comitiva como si fueran parte de la misma fuerza pública. En este canal, afirmó el alcalde de Saravena, Alfredo Ortega, el mismo que se había negado a desembolsar los recursos de los subsidios, que había tenido que interponer una acción de Tutela para que ECAAS le entregara la información contable y financiera que necesitaba. De esta manera, Ortega justificaba la espectacularidad del operativo como la única manera de lograr que ECAAS entregara la información.
Tanto el Alcalde como el gobernador fueron desmentidos por las entidades pertinentes. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de oficio, dejó claro que por parte de la alcaldía de Saravena no se había interpuesto ninguna acción de Tutela ni otra acción legal contra ECAAS. Por su parte, El tesorero municipal, Omar José García, también a través de un oficio, informó que había verificado en la base de datos del sistema financiero de la gobernación de Arauca y no encontró ningún desembolso ni pago efectuados a nombre de ECAAS. “Y no solo en este periodo- complementa Bernardo Argüello-, sino que nunca ha recibido durante la existencia de la empresa un solo peso de la administración pública, nacional, departamental o municipal”.
Y sin embargo, a pesar de lo groseros de los montajes, la rectificación del Canal Caracol apareció furtivamente en uno de sus noticieros de las 11 de la noche, mientras que el operativo espectacular había sido cubierto con intenso despliegue y repetido en las ediciones estelares. Por su parte, el gobernador Julio Acosta se encuentra hoy prófugo de la justicia, por irregularidades descubiertas en su administración, además de los vínculos probados con organizaciones paramilitares y unos homicidios cometidos antes de ocupar su cargo. De igual manera, el alcalde Alfredo Ortega fue sancionado por la Procuraduría por su deficiencia e ineptitud en el manejo de los recursos y el erario público.
La necesidad es política
La Asociación nacional de empresas comunitarias que se acaba de fundar, y que ya tiene aprobados los estatutos, tiene contemplado que toda empresa comunitaria, asociación, cooperativa, sin interesar su nombre, solo que sea de servicios públicos y sin ánimo de lucro, puede llegar a ser parte de ella. “Creemos que esta es una forma de visibilizar el trabajo organizado que tienen las comunidades”.
Por ahora, la idea es vincular unas empresas de Boyacá (en el Cocuy) y otras en Santander. Pero lo más esperado es el Congreso Nacional de Empresas Comunitarias, previsto para el primer semestre de este año, en donde se va a hacer el lanzamiento de esta nueva forma organizativa. “Esto es un trabajo mancomunado con la confederación nacional comunal- insiste Argüello-. Es decir, es un trabajo que tiene un gran énfasis en la acción comunal; sin embargo, otras formas organizativas que quieran aportar su experiencia lo pueden hacer, siempre y cuando sea de la economía solidaria”.
Se parte de que los servicios públicos en Colombia son obligación del Estado, así lo reza la constitución. Sin embargo, por vía de decretos y de leyes, como la 142 de 1994, se ha venido cambiando la idea central de la constitución y ya el Estado quiere delegar su responsabilidad, para beneficio de las empresas privadas. “A nosotros, como empresas de economía solidaria y comunitaria, nos dan el mismo tratamiento de las empresas privadas y nos toca competir en las licitaciones y en los contratos, aunque por lógica debería haber una prelación a las empresas comunitarias, porque difícilmente una empresa de esta índole que nazca en un municipio, que necesite reorganizar los servicios públicos, podrá competir en una licitación. Pero así es la ley. Y este es un país de leguleyos”.
Por eso, según Argüello, una de las herramientas básicas que las comunidades deben utilizar son las acciones de hecho o las constitucionales como es el plebiscito, el referendo, etc., en donde la comunidad organizada se manifieste en contra del capricho de los alcaldes y le manifiesten que deben obedecer la voluntad popular. Porque cuando la comunidad se organiza es capaz de manejar sus recursos. Eso ya lo han demostrado las empresas comunitarias que se vienen consolidando.
Formas de participación en la Empresa
Según Argüello, el montaje que pretendieron hacer el alcalde de Saravena y el gobernador de Arauca de entonces era el más ridículo, pues como empresa comunitaria que es ECCAS está abierta a toda la comunidad. “Cualquier usuario puede solicitar información y obtenerla sin necesidad de interponer derechos de petición o cualquier otro mecanismo legal. Y si tiene propuestas se le reciben para someterlas a discusión en la Asamblea. Contrario a lo que ocurre con las otras empresas de servicios públicos, privadas o públicas, donde los usuarios nombran un vocal que los representa, en ECAAS la comunidad tiene una participación directa”.
La Asamblea de ECAAS, que es el máximo espacio de decisión de la empresa, está conformada por los presidentes de las juntas de Acción Comunal y los delegados elegidos en cada barrio. Así, por 34 barrios que tiene Saravena, hay 68 integrantes de dicha asamblea, y a esto se suman los dirigentes de los diversos sectores sociales organizados del municipio, como la asociación de campesinos, los sindicatos, organización de jóvenes, empresas cooperativas, etc. Estos son los que toman las decisiones administrativas y políticas de la empresa.