Con mucho agrado se recibió en el seno del movimiento social ibaguereño y nacional el aval dado por el Tribunal del Tolima a la constitucionalidad de la pregunta que será puesta a consideración en la denominada Consulta Popular Minera en Ibagué, la cual da viabilidad a la realización del primer ejercicio de democracia directa de este tipo en una ciudad capital a nivel nacional.
La Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana establecido por la Ley 134 de 1994, “mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto”. Dicho mecanismo para que tenga carácter vinculante debe contar con la participación de la tercera parte del censo electoral del país, departamento o municipio, según sea el caso.
En Ibagué fue necesario recurrir a este mecanismo dadas las implicaciones de la titulación minera otorgada de manera inconsulta con la ciudadanía y que compromete cerca del 30% del territorio municipal, poniendo en riesgo gran parte de sus ecosistemas y fuentes hídricas estratégicas, como puede verse en el mapa de Titulación minera y áreas de importancia ambiental en Ibagué.
La Consulta Popular y la paz
La pregunta que será puesta a consideración de la ciudadanía de Ibagué es la siguiente:
¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
En principio se puede considerar que la pregunta en cuestión tiene implicaciones solo en el campo ambiental; sin embargo, los alcances de la consulta van más allá de sus efectos para frenar la locomotora minera en el municipio, pues de hecho es una apuesta por la paz, en la medida que crea un referente para la gestión de conflictos territoriales de manera vinculante, dando el papel decisivo al constituyente primario, lo cual implica un ensanchamiento de la democracia, fundamental para la construcción de una sociedad en paz, que en ningún caso se equipara a una sociedad sin conflictos, sino una que es capaz de gestionarlos sin recurrir a la violencia directa o subjetiva como forma de lucha.
Para entender las implicaciones de lo planteado anteriormente es necesario reconocer que lo que se está negociando actualmente en La Habana es el fin de la guerra como expresión de la violencia directa o subjetiva que causa muertes, desplazamiento, despojo, contaminación, etc.; sin embargo, a este tipo de violencia subyacen otras violencias de carácter estructural o sistémica y cultural o simbólica .
Estos tipos de violencia se expresan a través de la acumulación obscena de la riqueza, el menosprecio por las cosmovisiones tradicionales, la imposición del desarrollo basado en el crecimiento económico a expensas del despojo y la degradación del patrimonio ambiental y la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) de manera inconsulta, que afectan la producción nacional, entre otros mecanismos que son fuente permanente de conflictos, y que deben gestionarse para evitar el retorno a la guerra.
En este contexto la Consulta Popular en Ibagué da cabida a nuevas apuestas por una gestión no violenta de los conflictos, de manera que las voces de los actores locales se empoderen y logren expresar su voluntad en un ejercicio vinculante. En este sentido es muy significativo el efecto en cadena que ha tenido a nivel nacional el inicio del proceso de la consulta en Ibagué desde sus primeras fases, llevando a que en muchos municipios más se adelanten procesos similares.
El reto para el movimiento social Ibaguereño
El departamento del Tolima es escenario no solo de proyectos estratégicos mineros, de infraestructura y agronegocios a gran escala, sino de procesos de resistencia social que se han convertido en referentes nacionales e incluso mundiales; tal es el caso de la consulta popular desarrollada en el municipio de Piedras y la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida, la cual en su 8a edición alcanzó una dimensión sin precedentes, constituyéndose en la mayor manifestación popular en la historia del departamento.
Ahora se deben movilizar como mínimo 130.000 votantes para que los resultados de la Consulta sean vinculantes y obtener una mayoría por el NO a la minería contaminante, que permita frenar la locomotora minera en el territorio del municipio. En este proceso se deben consolidar las dinámicas de coordinación y confluencia de las diversas expresiones del movimiento social, de manera que se pueda continuar el trabajo mancomunado alrededor de otros temas clave para la ciudad, tales como la recuperación de sus fuentes hídricas que se han convertido en cloacas, como son los casos de los ríos Combeima, Chipalo, Alvarado y Ópia y sus principales afluentes; así mismo el SÍ en el Plebiscito por la Paz. Este reto podemos denominarlo como “Hacer las paces con las fuentes hídricas del municipio” y la consolidación de Ibagué como ciudad de Paz.
Los defensores de la locomotora minera ya han arreciado sus acciones de desinformación y mentiras en contra de la consulta, manifestando por ejemplo que si en la Consulta gana el NO entonces será el fin de la minería de materiales de arrastre que se practica en el río Combeima, de la cual dependen familias de escasos recursos y el sector de la construcción de la ciudad; o que la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de la población se verán privadas de recursos importantes ya que la minería es importante factor de desarrollo.
Frente a estas afirmaciones, sin duda llenas de mala intención e intereses particulares, es necesaria una pedagogía que permita visualizar los alcances de la consulta, y que ayude a formar cultura política y ciudadana en la ciudad, de manera que se consolide la sociedad civil y se logre empoderar el movimiento social como estrategia para la defensa del territorio y la gestión de conflictos.
El triunfo del NO en la Consulta Popular de Ibagué tendrá un efecto motivador en municipios como Cajamarca en donde se promueve de nuevo la realización de una Consulta Popular para frenar la locomotora minera y en particular el proyecto “La Colosa”; en este sentido uno de los retos principales es el acompañamiento a estos procesos para que el movimiento gane dimensión regional y nacional.
*Luego de publicada nuestra edición impresa 120, el Gobierno Nacional confirmó que el Plebiscito Especial para la Paz se realizará el 2 de octubre de 2016, misma fecha para la que se había convocado la Consulta Popular Minera en Ibagué. Por esa razón, la Registraduría Nacional del Estado Civil dijo que deberá posponerse la Consulta Popular, y la nueva fecha será definida por la administración del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
