Desde 2015 se ha venido promoviendo en el Oriente antioqueño el primer Plan de Crecimiento Verde y desarrollo compatible con el clima, liderado por CORNARE, la Fundación Natura, WWF Colombia –Fondo Mundial para la Vida Silvestre–, y apoyado por la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN. Su pretensión básica es la de conciliar el crecimiento económico con la valoración de los ecosistemas y de las comunidades mediante negocios verdes.
Sin embargo, al rastrear los programas y los escándalos vinculados a los actores mencionados, estos objetivos suponen una valoración de los bienes comunes –como biodiversidad, aguas, montañas, bosques, cuidado comunitario, etc– en términos económicos para hacer negocio con ellos. Se trata, básicamente, de la misma lógica promovida por hidroeléctricas, agroindustrias, minería, monocultivos forestales y otras formas de extractivismo que se apropian de estos bienes para mercantilizarlos, a la vez que generan el despojo de las comunidades y la degradación del ambiente.
El plan de Crecimiento verde se enmarca en las pretensiones de Colombia de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la cual sugiere medidas y políticas para entrar a este club de 34 países, cuyos fines podrían sintetizarse en “lograr la más fuerte expansión posible de la economía” y “contribuir a la expansión del comercio mundial” (Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del gobierno de España). Acá se presenta una paradoja, pues fomentar el crecimiento económico es una contradicción si lo que se quiere es reducir la contaminación producida por el desarrollo.
CDKN ha sido aliada de la OCDE en temas ambientales, y comparten una postura similar al buscar la conservación para ampliar el mercado y no para garantizar la reproducción de la vida. Por su parte, la WWF, se ha autopromocionado como la mayor organización conservacionista independiente en el mundo, pero esta afirmación queda en entredicho por las relaciones que ha tenido con empresas históricamente privatizadoras de agua y territorios, e involucradas en crímenes ambientales como Coca Cola, Shell, Monsanto, Cargill, British Petroleum, entre otras.
Wilfried Huismman, autor de “El pacto con el Panda: lo que la WWF nos oculta”, afirma que la WWH ha vendido su alma a las transacionales a cambio de las donaciones. En este mismo documento se evidencia, tras años de investigación, cómo la WWF ha promovido el desplazamiento de pueblos indígenas en India y África en nombre de la conservación, y tras el desarraigo son perseguidos por patrullas militares presuntamente financiadas por dicha entidad. Así mismo, también evidencia sus nexos con grupos paramilitares que operaban no sólo en contra de cazadores furtivos en África, sino también en contra de los movimientos de liberación de los africanos negros. Tanto es así que la OCDE decidió abrir, el 5 de enero de este año, una investigación contra la WWF por abusos contra el pueblo cazador y recolector Baka, asentado en las selvas de Camerún, recurriendo para ello a un mecanismo previamente usado sólo para empresas multinacionales.
Por otro lado, la Fundación Natura ha sido recientemente denunciada –especialmente por parte de la organización comunitaria Asoquimbo– por lavar la imagen del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Esta entidad fue contratada para un estudio biótico por Emgesa para justificar una modificación en la licencia ambiental, que permitió reducir los excesivos costos ambientales y de compensación a las comunidades afectadas por el mayor ecocidio que haya sufrido el Huila. Tras este hecho, Emgesa convocó a una rueda de prensa en la que anunció el inicio de las obras, las cuales son certificadas, con la ayuda de la Fundación Natura, como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y al promoverse como energía limpia obtiene cuantiosos descuentos en los pagos al estado.
Esta organización además es la encargada de adelantar, en convenio con USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, tristemente célebre por realizar tareas encubiertas con la CIA para promover los intereses económicos de expansión de Estados Unidos), el Plan Huila 2050 o Plan Cambio Climático, cuyas consecuencias serían la privatización del agua para consumo humano, con el fin de suministrarla a la agroindustria y a la generación de energía en el río Magdalena con el Plan Maestro de aprovechamiento del río Magdalena.
Estos son apenas los promotores, pues si nos detenemos en algunos patrocinadores obtendríamos un afectivo prontuario. Sin embargo, –solo por hacer mención de ellas–, algunas de las empresas compensadoras, muchas célebres por sus acciones en distintos conflictos ambientales, son: Cens, Essa, Edeq y Chec (del Grupo Epm), Ecopetrol, Epm, Gramalote Colombia Limited, Hidrotolima, HMV Ingenieros, Isagen, Petrobras, Sumicol, etc.
Ante este panorama, algunas comunidades y organizaciones ambientales del Oriente antioqueño se preguntan si Cornare –autoridad ambiental de la región– continúa en esta línea o si por el contrario se decide a actuar en conjunto y a favor de las comunidades y otras formas de naturaleza, victimizadas por proyectos de desarrollo extractivo y ahora también amenazadas por formas de conservación empresariales.