Han pasado dos años desde que el país recibió con asombro -y hasta estupor- una de esas esporádicas noticias de Chocó, que difícilmente copan los titulares de periódicos y noticieros a pesar de lo funestas y dramáticas. El 26 de mayo de 2007 Gloria Inés Arce, y los hermanos Jorge y Emilio Murri, tres niños indígenas que no pasaban de los ocho años, desaparecieron mientras huían de los gases lacrimógenos y los excesos de la Fuerza Pública.
“Mientras nos encontrábamos preparando el desayuno, el ESMAD nos atacó con camiones blindados y gases lacrimógenos frente a las aguas del río San Juan, varios niños indígenas de nuestra comunidad de Conondo desaparecieron. Presumimos que se ahogaron. En estos hechos también fueron víctimas de la bestialidad de la policía una niña de tan sólo seis meses, que murió por efecto de los gases lacrimógenos y tres mujeres Emberas Katíos que estaban embarazadas, quienes se sintieron mal por los gases, se fueron a sus comunidades y después abortaron. Estos hechos permanecen en la más absoluta impunidad”, afirmaron más tarde miembros de las comunidades.
No era nuevo que los pueblos Embera, Katio, Chamí, Wounaan y Tule de Chocó estuvieran reclamándole a los gobiernos nacional, departamental y local el cumplimiento de una serie de exigencias en salud, educación, reconocimiento de territorios indígenas y Derechos Humanos. Ya se había firmado una serie de acuerdos entre la administración departamental de Chocó y las autoridades indígenas, a partir de un pliego de peticiones que las comunidades diseñaron con base en el abandono, la humillación y los atropellos a los que desde siglos atrás han sido sometidas. Pese a ello, quince días después del tire y afloje y conciliar posturas, los compromisos continuaban siendo parte de la imaginación y el deseo de los pueblos indígenas, mientras el gobierno departamental buscaba la manera de ajustarlos a sus intereses, es decir, pasarse por el traste los acuerdo.
Así las cosas, la carretera que conduce de Pereira a Quibdó amaneció bloqueada el 21 de mayo. Unos dos mil indígenas se concentraron en el puente de La Unión, ubicado sobre el río San Juan en zona rural del municipio de Pueblo Rico. Una de sus mayores exigencias –o por lo menos la más explotada por los medios- consistía en la contratación de 560 maestros indígenas para cubrir la demanda educativa de 14.400 niños y niñas. Denunciaban, como lo han seguido haciendo, que las administraciones departamentales y locales han relegado a las comunidades nativas en la destinación de recursos para procesos de calidad educativos, invirtiendo escasas cantidades en infraestructura, dotación y materiales, y absolutamente nada en capacitación de docentes indígenas. También manifestaban, ofendidos, que se les imponía un modelo educativo contradictorio con su identidad cultural y sus prácticas cotidianas, injusto, inequitativo y de baja calidad, desconociendo las normas constitucionales que establecen la educación bilingüe y de acuerdo con la identidad étnica y cultural de cada pueblo.
¡Oh sorpresa!
El sábado 26 de mayo a las 7 de la mañana, tras cinco días de bloquear la vía Pereira-Quibdó, permitiendo únicamente el paso lento de algunos buses después de acordarlo con la policía, los indígenas fueron sorprendidos por gases lacrimógenos y camiones antidisturbios que trataban a toda costa, a toda libertad, a toda vida, de disolver la manifestación. A las justas peticiones y reclamos de las comunidades, el Estado respondió con ESMAD.
Esa mañana desaparecieron en el caudal del San Juan Gloria Inés, Jorge y Emilio; muchos sufrieron heridas por las agresiones de la Fuerza Pública, y una cantidad indeterminada fue obligada a subir a camiones y carros particulares para trasladarlos a Guarató, donde “podían hacer su protesta”, según afirmaba la policía. Más tarde, en el poblado de Guarató el ESMAD volvió a perseguir a los indígenas con gases hasta las riberas del río, donde de nuevo 14 niños y niñas, y ocho adultos no encontraron más escapatoria que las fauces del San Juan, donde se eclipsó la vida de muchos de ellos.
Tras esta manifestación, muchas más se han presentado en el Chocó. Las necesidades básicas insatisfechas como la escasa cobertura de acueducto y alcantarillado, el pésimo nivel educativo -por no hablar de acceso a la educación-, la deficiente vinculación a salud o la ficticia infraestructura vial han motivado bloqueos, marchas, reclamos a grandes voces que no alcanzan a llegar al interior del país.
Las comunidades indígenas se han sumado, además, a la lucha que muchos sectores del país han emprendido contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las políticas neoliberales y los grandes megaproyectos que afectan la vida de la gente del campo y, a la postre, la vida urbana, como el Plan Puebla Panamá o el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), y el cultivo de agrocombustibles. Los indígenas de Chocó, de Colombia, de toda la región latinoamericana continúan exigiendo –sobre todo- reconocimiento, respeto e inclusión, y continúan levantándose frenéticos contra la indiferencia y las injusticias de las que han sido víctimas desde tiempos ancestrales.