Por Asociación Campesina de Antioquia
Si bien la posición geostratégica de Ituango ha sido la condición para que surgieran y permanecieran en su territorio distintos grupos armados legales e ilegales, no quiere decir esto que los 27.000 habitantes que tiene el municipio participen de alguna forma con alguno de estos grupos. Más bien, el abandono sistemático del estado, ha dejado la población a su suerte. Si hoy fuéramos a evaluar la situación social de estas comunidades rurales, evidenciaríamos las precarias condiciones en que viven los habitantes que quedan, después de los múltiples desplazamientos forzados de que han sido víctimas, propiciados por distintas causas y actores (principalmente en las zonas más alejadas del casco urbano).
La violación sistemática de los derechos humanos y del Derechos Internacional Humanitario es flagrante y permanente, por parte de todos los actores armados presentes en el municipio, que se ve agravada con las amenazas de que fue víctima la Personera Municipal, que la obligaron a dejar el municipio (el día 21 de mayo de 2014), trasladando el despacho de forma indefinida para la ciudad de Medellín, dejando el municipio y la población a merced de los grupos armados. Después de su partida han ocurrido dos hechos violentos donde se ha visto involucrado el ejército nacional, sólo uno de ellos fue denunciado ante las autoridades. En este momento la población se encuentra amenazada e intimidada por todas estas acciones violentas, que si bien eran recurrentes en el municipio, se daban en la zona rural la mayoría.
¿QUIEN DENUNCIA? ¿QUIEN GARANTIZA LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN? ¿QUE ORGANISMOS, INSTITUCIONES, ONG ACOMPAÑAN A LA POBLACIÓN CIVIL?
La respuesta por parte del Estado, ha sido el incremento de la fuerza pública (4.000 efectivos), capturas masivas, la estigmatización y el señalamiento por parte de autoridades civiles y militares en contra de la población civil, también el año anterior apareció un blog en la web donde se publicaban informes judiciales de organismos de investigación, donde se señalaban de guerrilleros a un número importante de pobladores del municipio, sin que a la fecha haya una respuesta clara por parte de la Fiscalía frente a las denuncias instauradas por este caso.
RECRUDECIMIENTO DEL CONFLICTO
Si bien el municipio lleva alrededor de 30 años sumido en un conflicto interno, que le ha representado la pérdida de más de 15 mil habitantes, la reducción de la producción agropecuaria, y el detrimento de las condiciones de vida de la población, es a partir del año anterior donde se han intensificado las acciones militares, pero también ideológicas por parte de los dos ejércitos que hacen presencia en la zona. De parte de las Farc este incremento en las acciones hace parte de su estrategia de fortalecimiento y demostración de poder frente a un posible escenario de negociación, donde no se puede llegar débil ni diezmado. En cuanto al ejército, el gobierno a través de su Plan Nacional de Consolidación, quiere retomar el control de territorios estratégicos, que históricamente han estado abandonados, o en manos de grupos subversivos, donde existen recursos naturales abundantes, para concesionárselos a empresas nacionales y multinacionales para la exploración y explotación de dichos recursos. En este año y medio, las acciones bélicas de uno y otro lado han puesto a la sociedad civil en la mitad, sin que el estado, quien es el garante haga nada por evitar los desplazamientos forzados (17.600), las muertes, los abusos a mujeres, los excesos de la fuerza pública, las desapariciones forzadas de campesinos y el reclutamiento de menores.
También se han incrementado las estrategias ideológicas de parte de los ejércitos para ganar simpatizantes. La banalización del conflicto, la socialización de la violencia como parte de la cotidianidad, la guerra como moda, el pago de dinero por información, la vinculación de menores, son estrategias que uno y otro utilizan en terreno indiscriminadamente, el reclutamiento es un delito que también es cometido por el ejército, cuando vincula jóvenes de escasos recursos en sus tropas y sin experiencia los mete en una guerra fratricida. Las víctimas son victimas estén del lado que estén.
Si en este momento en Ituango, sus habitantes no reclaman sus derechos, no denuncian, no es porque estén vinculados a un actor armado, es porque la historia les enseño que en ITUANGO LA POBLACIÓN CIVIL NO TIENE DERECHOS.
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