Desde tiempos inmemoriales, las comunidades indígenas extraían oro de las riberas de los ríos y de las abundantes vetas existentes en la zona del nordeste antioqueño. En 1541, el conquistador español Jorge Robledo, extraviado con sus menguadas tropas en la selvática maraña nordestina, encontró, a 200 kilómetros de donde dos siglos más tarde se fundaría Medellín, las enormes y deslumbrantes reservas auríferas. Allí conquistó nativos con espejitos y le dio nombre de ciudades de su patria nativa a dos localidades que lo enriquecieron e hicieron famoso: Zaragoza y Segovia. Allí se encontraron los yacimientos que convirtieron al Virreinato de la Nueva Granada en el mayor productor de oro en todo el planeta durante el siglo XVII.
Un poco de historia
Se calcula que entre 1.530 y el año del grito de independencia, los españoles obtuvieron en el territorio neogranadino la asombrosa cantidad de 1.000 toneladas de oro, la mayor parte provenientes de esta comarca. Este saqueo, efectuado con mano de obra esclava traída del África, no fue tranquilo, y menos en el nordeste antioqueño. Hay registro de incontables rebeliones, protestas y del primer levantamiento insurreccional protagonizado por negros en este virreinato, acaecido en 1598, el cual mantuvo en jaque a las tropas coloniales españolas por espacio de un año.
En los primeros años de la República, el título para explotar los inmensos recursos de la zona le fue entregado a perpetuidad al imperio británico, y en los municipios de Segovia y Remedios se estableció, el 21 de abril de 1852, la compañía minera Nueva Granada, la cual trajo máquinas de vapor, telégrafo, correo y molino californiano y, además, instaló rieles en las minas, intensificando la explotación minera. Posteriormente, y por cambios en la composición accionaria, tuvo otras razones sociales: Frontino and Bolivia Gold Mining Company Ltd. y The Marmajito Mines Ltd.
Los antecedentes cercanos
A partir de 1910, y como consecuencia del predominio del imperialismo norteamericano sobre las potencias coloniales europeas en nuestro continente, el título pasa a manos de una de las más grandes compañías mineras estadounidenses de la primera mitad del siglo XX, la Internacional Mining Company, registrada como Frontino Gold Mines.
De este periodo son la valerosa huelga de 1919 en defensa de elementales derechos de los trabajadores, la cual terminó con la obtención de casi todas las exigencias planteadas en materia de salarios y condiciones de trabajo. De 1925, durante un nuevo cese de actividades, data el primer discurso conocido de la luchadora popular María Cano. Son memorables también las huelgas de los trabajadores de la Frontino Gold Mines en 1942, 1948 y 1965.
Los norteamericanos se retiraron del país en 1.976, alegando en su momento que la explotación era inviable por los bajos precios del oro, y la empresa quedó en un concordato preventivo obligatorio.
El 7 de marzo de 1979, ante un notario y en la ciudad de Nueva York, en presencia del Cónsul colombiano en esa ciudad, los propietarios del título minero suscriben documento público en el cual entregan en dación de pago todos los activos de la Frontino Gold Mines a los trabajadores y jubilados. A pesar de que la Superintendencia de Sociedades tenía un año de plazo para ejecutar la voluntad de los antiguos propietarios, el documento fue ocultado deliberadamente, y solamente fue conocido por los verdaderos propietarios en el año 2000.
Desde ese momento, el sindicato ha librado una batalla para que le sean entregados los activos de la empresa a trabajadores y jubilados, teniendo en cuenta que su liquidación había sido ordenada en 1979. Ante las maniobras dilatorias del gobierno, en el año 2003 solicitaron y lograron que la Notaría 9ª de Medellín protocolizara el documento de Nueva York, mediante la escritura pública 1.850 de agosto 6 de ese año.
En el año 2004, el Superintendente de Sociedades del momento reconoce que los bienes, entre los que se encuentra el título minero a perpetuidad, es de propiedad de trabajadores y pensionados, pero dilata la creación de una nueva sociedad aduciendo que no se ha constituido un Fondo que garantice el pago de las pensiones, y decreta una nueva liquidación en septiembre de ese año.
El actual capítulo de la historia, o el colmo de la indignidad
Este tortuoso proceso concluye en diciembre del año pasado, cuando en una reunión en la Casa de Nariño el Presidente de una compañía de origen canadiense, denominada Medoro Resources, acuerda con el Presidente de la República Álvaro Uribe, el Superintendente de Sociedades y el Ministro de Minas, la compra de los activos, por una suma irrisoria y a sabiendas de que son propiedad de trabajadores y pensionados.
Hoy, más de cuatro siglos después de la llegada de los conquistadores españoles, unos comisionistas – especuladores, tan ambiciosos como ellos, han tomado posesión del yacimiento de Segovia y Remedios, mucho más codiciados por los altos precios internacionales del metal – más de U$ 1.200 dólares por onza, cotización que según los más escépticos analistas puede perdurar mínimo por tres años consecutivos-. Y eso ha sido posible por el imperio de la denominada confianza inversionista, política estrella del presidente Uribe, heredada sin modificaciones por su sucesor Juan Manuel Santos, y que en síntesis consiste en colmar de garantías a los monopolios y multinacionales, con total desapego por el interés nacional.
La jugada de la compra de los activos de la Frontino Gold Mines deja al descubierto al menos estas tres cosas: el título ampara reservas de por lo menos 5 millones de onzas; hoy produce 55.000 onzas al año y con una inversión relativamente pequeña pueden subirla rápidamente a 250.000 onzas/año; el precio pactado fue de U$ 200 millones, que una empresa cuyas acciones valían en diciembre del año pasado U$ 113 millones, no tenía con qué pagar, pero con un anticipo de U$ 7.5 millones obtuvo el derecho a comercializar por U$ 200 millones unos activos que rápidamente pueden producir caja por U$ 300 millones anuales, y utilidades de U$ 180 millones/año.
*Diputado Asamblea Departamental de Antioquia