El esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición han sido las reivindicaciones que germinan en la memoria y la lucha contra la impunidad y el olvido en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
En el año 2008 estalló en el país un escándalo que involucra a las fuerzas militares como los perpetradores de la desaparición forzada y los homicidios de 16 jóvenes de Soacha, que el Ejército reportó como muertos en combate. Las madres de las víctimas se unieron, motivadas por profundos sentimientos de indignación, para denunciar los crímenes cometidos por el Estado y la violación del derecho a la honra y buen nombre de las víctimas, ultrajado por los medios de comunicación.
“A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano, porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas”, dice Luz Marina Bernal, una de las madres afectadas. La perseverancia de la esperanza en estas madres de Soacha fue el grito de la injusticia con el cual se empezaron a identificar muchas otras víctimas en este país.
En el Eje cafetero, igual que en otras regiones del territorio colombiano, muchas familias fueron afectadas por los mismos hechos, pero solo hasta que estalló el escándalo de Soacha comprendieron lo que había pasado con sus familiares: “pasaron dos años yo preguntándome cada día cómo, cuándo, y por qué, hasta que empezamos a escuchar lo de las madres de Soacha, porque como ellas fueron las que destaparon la bomba, pues eso sí nos abrió los ojos a muchos”, dijo una madre de la organización del Eje Cafetero.
Esto incentivó a que varios familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de la región se unieran en el año 2013 y conformaran la organización “Voces unidas exigiendo justicia” que tiene como objetivo luchar por la reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; la dignificación de la memoria y el buen nombre de cada uno de sus seres queridos, ciudadanos del común que fueron presentados por diferentes medios de comunicación ante la sociedad como miembros de grupos guerrilleros, extorsionistas o narcotraficantes dados de baja en combate. A esto se le conoce como los “falsos positivos”.
“El dolor, el vacío, no hay como llenarlos, pero por lo menos que nos digan la verdad”, dice uno de los miembros de la organización. La desaparición forzada constituye un delito aún más grave para las víctimas, por el desasosiego que implica el no saber dónde está su ser querido. Es un clamor permanente en las víctimas: “por favor que digan la verdad”.
Esclarecer la verdad de los hechos implica a su vez contar la historia de vida de cada una de las víctimas, y como lo expresa simbólicamente un familiar de una de las víctimas de desaparición, la principal forma de reparación es “ser realmente yo, no lo que después de mi desaparición quisieron hacer de mí”. Por eso dicen que se deben emprender acciones que contribuyan a la dignificación de la memoria de su ser querido, para limpiar el nombre de un padre, hijo, hermano, esposo, o tío que fue presentado como integrante de algún grupo armado, narcotraficante o extorsionista sin serlo.
Por otro lado, la negación e invisibilización de las víctimas de crímenes de Estado ha implicado que este tipo de víctimas no sean atendidas de manera integral por diferentes profesionales. Por ello piden un acompañamiento psicológico que permita asimilar la pérdida de sus seres queridos, y comprender que “ya nunca los volverán a ver”, para sobrellevar de la mejor forma el hecho de “que ya no están aquí, pero su recuerdo sigue intacto”.
En el marco jurídico se han dictado algunas sentencias importantes como las proferidas contra el teniente coronel Carlos Alberto Ayala Pacheco del Gaula de Risaralda y contra el coronel (R) Robinson Javier Gonzales Del Rio, del Batallón contraguerrilla 57, quienes fueron condenados a la pena máxima de reclusión (50 años) por los hechos ocurridos en la vereda La Aurora de Manizales. Pero estas condenas son insuficientes, teniendo en cuenta que “7.773 miembros del ejército han sido vinculados a estos casos que involucran 4.392 víctimas”, según un informe del Alto Comisionado para las Naciones Unidas.
Es por todo lo anteriormente mencionado que las víctimas de la organización “Voces unidas exigiendo justicia” han encontrado en los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC-EP, especialmente en el acuerdo de víctimas, una posibilidad para la realización de sus derechos, entre ellos el juzgamiento de miles de agentes del Estado implicados en delitos contra la población civil, así esto significara la alternatividad penal en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La exigencia de empezar el proceso de reglamentación e implementación de los acuerdos se debe a la necesidad social de que hechos atroces como estos no se vuelvan a repetir, y que las fuerzas militares no vuelvan a vulnerar los derechos de los colombianos, pues su deber es proveer seguridad a los ciudadanos y proteger la soberanía.
La respuesta negativa de gran parte de los colombianos frente a los acuerdos de paz, y la iniciativa de un proyecto de ley impulsado por el Centro Democrático de “alivio judicial” para las fuerzas militares, preocupan enormemente a la organización, pues consideran que esto podría traer más beneficios de los planteados en la Jurisdicción Especial para la Paz y deja por fuera la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Como manifiesta otra víctima de la organización, “los beneficios ya planteados en los acuerdos son suficientes; no queremos más impunidad”.
Las víctimas integrantes de esta organización siguen más firmes que nunca en el anhelo de paz, pero una paz estable y duradera en la que en su centro sigan estando los derechos vulnerados de las víctimas una y otra vez por los diferentes actores en conflicto. Las víctimas son los protagonistas de la construcción de paz, convivencia y reconciliación, por eso “Voces unidas por la paz” manifiesta su temor a que las modificaciones al acuerdo de víctimas no contribuyan en la reivindicación de sus derechos como víctimas del Estado y terminen siendo estos delitos como hasta ahora, condenados a la impunidad y el olvido.