Al presentar el proyecto de reforma a la ley 30 de educación superior, el presidente Santos anunció la intención de permitir la participación de capitales privados en las universidades públicas con el supuesto fin de mejorar la cobertura y calidad de la educación superior en Colombia. “El héroe” de los “falsos positivos” se anticipó a garantizar que no se trata de privatizar la universidad pública, y que tampoco se presentará alza de matrículas para el estudiante. ¿Entonces qué será?
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El argumento de mejorar calidad y cobertura ya se utilizó para privatizar las empresas de servicios públicos domiciliarios, lo que se tradujo en un descomunal incremento de las tarifas que paga el usuario. Y no es de extrañar: desde el punto de vista financiero, una empresa de carácter público debe obtener los recursos económicos que le permitan prestar el servicio que debe suministrar al usuario, digamos los costos de operación. Una empresa privada deberá obtener recursos económicos que permitan cubrir los mencionados costos de operación más una parte destinada a convertirse en utilidades del capital invertido en esta actividad. La única razón para que un capital privado participe de una actividad es que esa actividad sea rentable, es decir, que genere rendimientos económicos al capital, y esto en el sector privado sólo se logra mediante el aumento de tarifas al usuario del servicio.
Es de una lógica elemental afirmar que cubrir sólo los costos de operación requiere menos recursos económicos que cubrir estos y adicionalmente generar una tasa de utilidad para el capital que participa en la prestación del servicio. De ahí que una universidad con capital privado requiere obtener mayores recursos económicos que una de carácter público.
Hipotéticamente, la obtención de recursos económicos sólo es posible mediante dos opciones. Primera, que el costo lo paguen los estudiantes. Indudablemente las matrículas tendrían que ser mucho más altas ya que, además de financiar el funcionamiento de la universidad, habría que obtener el dinero que sería la ganancia para el capital privado participante. Segunda, que las matrículas no suban. Sería posible esto en el caso de que alguien distinto del estudiante -el Estado- asumiera entregar el dinero que se requiera para recompensar el capital privado.
Digamos que el Estado aporte los dineros para pagarlo como concepto de utilidades al capital privado por participar en la universidad pública. El problema es que esto sería un sinsentido ya que se dice que es necesaria la participación de capital privado porque el presupuesto estatal es limitado; pero en este caso la participación de capital privado le acarrearía mayores gastos al presupuesto estatal para subvencionar al capital privado. Sería muchísimo más eficiente, y más lógico, desde luego, que el Estado invirtiera directamente esos dineros públicos en el sistema de universidades públicas.
Aparte de lo anterior, la participación de capitales privados en la universidad pública necesariamente implica llevar la lógica del capital privado a la educación pública, con una necesaria desnaturalización de la lógica y filosofía de la educación. Se impondría la lógica del negocio sobre la del servicio público y la de los indicadores económicos sobre la de los indicadores sociales. Esto acentuaría aun más las políticas de reducción de costos que se evidencian ya en alto hacinamiento en las aulas de clase, contratación de personal docente por horas sin importar su cualificación académica o profesional, y la reducción al máximo en instalaciones de trabajo y experimentación como laboratorios y bibliotecas ya que cada peso que se ahorren en funcionamiento, es un peso más de ganancia. A eso debemos sumar el aumento de represión a lo movimiento sindical y estudiantil dentro de las universidades; el capital privado no es muy amigo de la protesta social.
No se trata de oponerse por principio a la participación del capital privado en la educación. Se cita el ejemplo de Brasil que, con la participación del capital privado, en diez años pasó de 1.8 a 6.0 millones de estudiantes universitarios. El capital privado en Colombia ya es dueño de decenas de universidades en y eso es positivo, ya que permite que muchos colombianos que pueden pagar esos servicios vayan a esas universidades. Si el capital privado quiere participar en ese negocio, que lo haga creando nuevas universidades privadas a las que acudirán quienes puedan pagar. Pero que no se introduzca el capital privado y su lógica en la universidades públicas, ya que la permanencia y fortalecimiento de estas en su condición de públicas es indispensable para satisfacer el derecho a la educación superior de millones de colombianos que no tienen como pagar por ella, además de que la universidad estatal puede atender la investigación en campos que no le interesan al sector privado debido a que no genera utilidades económicas. El capital sólo va donde haya ganancias.
En razón de lo expresado anteriormente, creemos que el momento actual exige más que nunca levantar las banderas de defensa de la universidad pública totalmente gratuita y a cargo del Estado, negando por principio la participación del capital privado en el sistema público de educación. La idea básica debe ser que la universidad estatal sólo es pública en la medida en que sea financiada con recursos públicos materializando así el derecho a la educación superior de calidad.
No sólo la privatizan, también la amordazan
No es un “secreto de Estado” que en la mayoría de las 32 universidades estatales colombianas hoy sus consejos directivos (Consejo Superiores y Académicos) están altamente influenciados por ideales mercantilistas de los empresarios; a tal punto que los gremios económicos tienen voz y voto dentro de cada uno de los órganos de gobierno universitario, y, por supuesto, gran injerencia en las decisiones que allí se toman.
Igualmente en universidades como la de Córdoba, Popular del Cesar (UPC), y la Industrial de Santander (UIS), estos consejos directivos se han convertido en un fortín para el servicio e ingreso de estructuras armadas ilegales específicamente a favor de los grupos paramilitares; muestra de ello es que actualmente existen altos funcionarios públicos de dichas universidades que están ya condenados a 35 años como el caso del Ex-rector de la Universidad de Córdoba, Víctor Hugo Hernández; suspendidos e inhabilitados por 20 años, en el caso del presidente del Consejo Superior (CSU) de la UIS, Coronel(r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, investigados penalmente por “Concierto para delinquir”, y en el caso del actual Rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico. Otros están vinculados a indagaciones preliminares en la Fiscalía General desde 2009, como José Guillermo Botero, ex rector de la UPC, ya que según las declaraciones de versión libre que ha contado el desmovilizado Adolfo Enrique Guevara “alias 101′, el poder de los paras que delinquieron en el departamento del Cesar llegó al nivel de elegir Rector de la UPC en el año 2004.
Si esto es una parte del vergonzoso panorama de lo que está ocurriendo en las universidades oficiales, y que nuestro país es el único de la región que hoy no tiene una legislación para garantizar la gratuidad de la “Educación Básica Primaria y Secundaria”, se imaginan ustedes ¿cual será la afectación social con la implantación de esta nueva ley que favorece la inyección del capital privado en las universidades? ¿A que bolsillos irán a parar los beneficios de las patentes que se produzcan en dichas universidades? ¿Qué pasara con los procesos de resistencia y de lucha estudiantil de las universidades con esta nueva reforma del Ministerio de Educación? ¿A dónde tendrán que ir los sindicatos de trabajadores de las Universidades públicas para solucionar sus pliegos de exigencias?
