VILLAGARZÓN, Putumayo – “Sin reforma agraria no es posible la sustitución de cultivos. Sería como quitarse las medias sin quitarse los zapatos”. Este y otros reparos fueron expresados por cientos de campesinos que asistieron al encuentro nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), realizado el 9 y 10 de febrero en Villagarzón, municipio del pidemonte amazónico ubicado en la parte alta del Putumayo; departamento que vivió los estragos humanitarios del Plan Patriota y el Plan Colombia. Dos campañas militares financiadas por Estados Unidos entre 1999 y 2010, cuya promesa era acabar con las insurgencias y el narcotráfico, pero en la práctica no persiguió la cocaína y los narcotraficantes, sino que dio un tratamiento de guerra al eslabón más débil de la cadena y macartizó sus expresiones organizativas.
Las intenciones del actual gobierno por humanizar y replantear la política antidrogas generan en la COCCAM un entusiasmo mesurado. Aunque es el primer presidente amigo, elegido por ellas y ellos, saben que una cosa es lo que se dice en Bogotá y otra la realidad en los territorios. Pese a que Gustavo Petro anunció que iba suspender la erradicación manual forzada de cultivos de coca, campesinos de Cauca y Putumayo denunciaron en el encuentro que los operativos nunca pararon: “Están haciendo fumigaciones en las noches. El ejercito hace patrullajes vestidos de civil y destruye semilleros, riega el combustible, tumba los machucaderos, queman los criaderos de pollos, saquea las viviendas…”.
La coca, la amapola y la marihuana no se come, pero le ha permitido cosas al campesinado que el Estado nunca garantizó: vestir y educar a sus hijos, arreglar la escuela y la carretera, tener unos mínimos vitales. El campesinado de los 14 departamento donde hace presencia la COCCAM está dispuesto a retomar su vocación agrícola y campesina, siempre y cuando sea de manera concertada, sin presiones, la participación sea vinculante, y haya reformas estructurales: “Si no se cambia el modelo, si el campesino sigue siendo concebido como un pequeño productor, podemos sembrar lo que sea pero vamos a seguir igual”, manifestó uno de los participantes en unas de las mesas de trabajo.
En el plan nacional de desarrollo presentado hace unos días, quedó expresa la intención de modificar Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), corazón del punto cuatro del acuerdo de paz firmado por las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. Como condición para reestructurar el PNIS y diseñar la nueva estrategia de reconversión económica para las 300.000 familias que quedaron por fuera, la COCCAM exige al gobierno que se le cumpla a las 99.100 familias que depositaron su confiaron en el programa.
La retórica y la voluntad gubernamental es otra. Aun así las familias cultivadoras prefieren no hacerse falsas expectativas. En 2006 construyeron los planes integrales de desarrollo campesino y en 2011 el plan de desarrollo andinoamazonico 2035, propuestas territoriales que de haber sido tenidas en cuenta habrían evitado muertos y millones de pesos malgastados.
El gobierno mismo ha reconocido que su margen de maniobra es limitado. “En una reunión que tuvimos hace poco en Bogotá nos dijeron que tenían muy buenas intenciones, pero no había plata”, contó uno de los voceros de la COCCAM Valle. La carestía presupuestal preocupa, también los requisitos burocráticos para acceder a lo poco que hay. Algunos funcionarios han manifestado que las ayudas económicas solo serán destinadas a personas que tengan predios escriturados o asociaciones que tengan un proyecto productivo en marcha. Condiciones que dejarían por fuera a muchas familias de la COCCAM dada la posesión informal de la tierra en el país o la dificultad para materializar industrias comunitarias en zonas donde no hay ni si quiera alumbrado.
Los reparos son la forma y al fondo, y no solo frente a los cultivos de coca. Cesar Henríquez, integrante de un gremio cultivador de marihuana del norte del Cauca, aseguró que no se sienten recogidos ni beneficiados por el borrador de los proyectos de ley que serán presentados en el Congreso de la Republica para legalizar la marihuana.
Según este campesino que representa a más de mil personas que dependen del cultivo de marihuana en cinco municipios del norte caucano, las propuestas legislativas “en realidad benefician al del billete. Tenemos que hacer un pare y volver a comenzar de nuevo. Si dan la legalización igual para todos, es muy complicado para el campesino porque le falta lo académico. Antes éramos únicos los del norte del Cauca. Ahora con el creepy todo el mundo es fino. Todo el mundo tiene invernaderos, y los campesinos de a pie cultivamos patimorada, que es la de regar la semilla al aire libre. Nos llevan años luz porque un campesino no te va a traer semillas de Holanda, España, o Estados Unidos. Ellos van a la ciudad y les asusta un semáforo. No van a tener la capacidad de comercializar a nivel industrial […] Queda muy berraco decirle a un viejo como yo, de 55 años, que usted tiene que ser agrónomo para cultivar marihuana. Aunque nos dicen que el gobierno nos va ayudar haciendo el puente con empresas del exterior, sabemos que vamos a quedar como trabajadores de otras empresas, como peones, eso no es lo que necesitamos”.
Cesar propone la creación de un comité nacional de marihuana, similar al Comité Nacional de Cafeteros, el cual garantice que el gobierno compre la producción de cannabis; y que a la hora de dar licencias se le dé prioridad a gremios comunitarios como el suyo, que siembra marihuana desde hace 40 años. También le sugiere al gobierno que vuelva a las bases: “Los funcionarios me dicen que ya hicieron un supuesto trabajo. Que llamaron a los campesinos de Tumaco, a los campesinos de Nariño, a los campesinos del Valle. Hicieron el acuerdo con campesinos que no son cultivadores de marihuana. En Cali hay programada una audiencia de cultivadores. Es diferente que en Cali se haga una audiencia de consumidores, porque yo no he visto marihuana en los semáforos. Cada cosa en su lugar para poder que sea equitativo. Porque si nos quieren pasar de la ilegalidad a la legalidad, pero nos van a poner a todos en un mismo costal, no va a haber conformidad”.
Si el gobierno del cambio hecha sus objeciones en saco roto, y no cumple los acuerdos, la COCCAM no descarta vías de hecho como la movilización. En Villagarzón, la Viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y la directora de la Dirección de Política contra las Drogas, se comprometieron a proponerle al Consejo Nacional de Estupefacientes que haga ajustes a los protocolos de erradicación forzada, y concertar con las organizaciones competentes, entre ellas la COCCAM, el desarrollo de los espacios de participación para la construcción de la nueva política de drogas, garantizando la inclusión de mujeres y jóvenes en dichos espacios.
Alguien dijo que resulta muy difícil superar un problema como las drogas en países donde las instituciones encargadas de ofrecer soluciones son parte del problema. No la tiene fácil, pero si el actual gobierno quiere ser histórico, debería escuchar a quienes han sufrido el fracaso de la política antidrogas.
