La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado colombiano por las graves violaciones cometidas contra las defensoras de derechos humanos de la Comuna trece: Ana Teresa Yarce —asesinada el 6 de octubre de 2004—, María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo y Luz Dary Ospina —quienes sufrieron detención arbitraria, amenazas y desplazamiento forzado— y Myriam Rúa Figueroa víctima de desplazamiento forzado. Las cinco tienen en común ser lideresas reconocidas en la Comuna trece y en la ciudad de Medellín, además sufrieron las consecuencias de las operaciones militares desarrolladas en este sector de la ciudad durante el año 2002, entre ellas la Operación Orión, ordenada por el entonces presidente de la república Álvaro Uribe Vélez. El fallo se logró por el trabajo incansable del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, una de las organizaciones que han denunciado desde el inicio el accionar arbitrario de la fuerza pública y su connivencia con las estructuras paramilitares que por años han azotado a esta comunidad.
Este fallo es trascendental porque pone de manifiesto lo que por años ha sido denunciado, y consta en el documento ‘Responsabilidad del estado en los operativos militares de la comuna 13 de Medellín entre los años 2001 y 2003’, presentado por la Corporación Jurídica Libertad en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Comuna Trece: “las “operaciones contrainsurgentes” que se realizaron en la Comuna trece durante los años 2001, 2002 y parte del 2003, fueron la expresión de fuerza y de poder más explícitas que utilizó el Estado colombiano para demostrarle a sus nacionales el uso de la fuerza con la que cuenta para hacer valer su soberanía e imponer a sangre y fuego sus políticas económicas, sociales y militares”. Específicamente la Operación Orión dio inicio a la Política de Seguridad Democrática, sustento del modelo de Estado Comunitario de Uribe Vélez, la cual significó uno de los períodos más violentos de la historia reciente, como lo evidencian los miles de crímenes que se contabilizaron: detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, desapariciones forzadas, fueron la cotidianidad entre los dos períodos de mandato del hoy senador del Centro Democrático.
Si bien la Operación Orión se presentó como un accionar contra las milicias guerrilleras que hacían presencia en la zona, lo cierto es que se trató de un operativo indiscriminado contra la población, como lo señalan los mismos testimonios de las defensoras de derechos humanos reivindicadas en el fallo de la Corte Interamericana. Además permitió que el bloque paramilitar Cacique Nutibara pudiera tomar el control absoluto de los barrios de la Comuna, en la lógica del control social y la represión del movimiento social del territorio. Así lo reconoció el mismo Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, ex jefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara en declaración juramentada aportada a una Corte Federal del Distrito Sur de New York el 25 de febrero de 2009:
“(…) Las Autodefensas del BCN fueron al área de la Comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya, y el General de la Policía Leonardo Gallego, el Comandante de Policía de Medellín. La policía de Medellín asignó su Unidad Especial AntiSecuestro (GAULA) para asistir al BCN en los esfuerzos conjuntos de la Operación Orión (…) El BCN fue a la Comuna 13 para dar apoyo a las autoridades colombianas en una operación de la Policía y del Ejército. Como resultado de los esfuerzos militares conjuntos en el área”.
La condena contra el Estado colombiano evidencia la importancia de la memoria y el esclarecimiento histórico, que permita a la sociedad saber la verdad sobre lo ocurrido en la Comuna trece y obligue a los agentes estatales a reconocer su responsabilidad. No podemos olvidar cómo la impunidad ha sido la reina en todos los casos conocidos por la justicia. A la fecha no se han logrado avances significativos en las investigaciones contra los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, el primero comandante de la Cuarta Brigada y el segundo de la Policía Metropolitana, quienes dirigieron la operación militar y las acciones posteriores que significaron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas las cometidas contra las cinco defensoras de derechos humanos que la Corte Interamericana ordena reparar.
El fallo de la Corte Interamericana también llega en una coyuntura especial, cuando el Congreso discute los mecanismos para la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz acordada entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Parte de lo acordado son tratamientos penales especiales para los agentes estatales comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, lo que favorecería la impunidad en los crímenes de Estado. Sin embargo, la Corte ordena continuar con las investigaciones contra los responsables de los hechos, y abre esperanzas para que la criminalidad estatal no quede en el olvido y por el contrario se obligue al Estado colombiano a reconocer su responsabilidad y sancionar a los responsables.