Los afectados por los proyectos de obras públicas que viene adelantando actualmente la EDU –Empresa de Desarrollo Urbano- y la administración municipal, realizaron una manifestación el pasado 9 de marzo en las horas de la tarde para denunciar las irregularidades en los procedimientos de compra de parte del municipio a sus viviendas y para exigir un precio justo que les permita acceder a una vivienda digna con su reubicación en condiciones iguales a las que hoy tienen. Ante estas dificultades, a estos habitantes se les ha sumado la incertidumbre por la amenaza de expropiación y desalojo, y el desinterés del alcalde Alonso Salazar para resolver estos problemas.
¿Qué está pasando?
El concejal Carlos Ballesteros, quien hace parte de la Mesa Técnico Jurídica, creada para atender muchas inquietudes con relación a las obras públicas que realiza el municipio de Medellín, afirmó que “las tareas que viene realizando esta comisión es verificar si la normatividad local se está cumpliendo y analizar si dicha normatividad es concordante con el marco constitucional en los términos definidos por la Corte Constitucional”. Cabe destacar que de esta comisión hace parte el alcalde de Medellín y en varias reuniones pactadas no se ha hecho presente.
Según el criterio del concejal Ballesteros, el decreto municipal 673 de 2006, que es el que normativiza los procedimientos de ejecución de una obra pública en la ciudad, no se está cumpliendo por las siguientes razones: “Cuando se va a hacer una obra pública, el municipio hace una oferta al ciudadano. Si no hay aceptación entonces viene el proceso de expropiación teniendo en cuenta su respectivo procedimiento y normatividad que lo regula, pero en estos momentos es relativamente ambigua. El municipio de Medellín, tratando de concretar esa normatividad para que estuviera acorde con la constitución, expidió un decreto que es el 673 del año 2006 y para mi opinión se ajusta en cierta medida. Ese decreto establece garantías a la participación de la ciudadanía, señala cuales son las formas como se participa en estos procesos, inclusive dice cuales son los componentes de ese grupo de ciudadanos que va a participar y es bien interesante desde cierta óptica porque impulsa a la comunidad afectada y le plantea los problemas y que entre todos con el municipio solucionen colectivamente la problemática, pero esto no se cumple”.
Según el doctor Ballesteros, hay otro punto que tampoco se cumple del decreto, es el que tiene que ver con los reasentamientos: cuando necesariamente tenga que salir desalojada o expropiada, una persona o una familia (cualquiera que sea el numero), necesariamente tiene que haber un plan de reasentamiento de lote individual o colectivo. “Dentro de ese incumplimiento por parte del municipio en relación con su propia normatividad en pleno- dice el concejal-, una respuesta olímpica que nos dio la administración, especialmente la EDU, señala que estos reasentamientos tienen que ver con el asunto medioambiental, lo cual es un absurdo”.
Pero este es solo una parte del problema. La inquietud es cómo resolver la situación y esta ha sido respondida por la Corte Constitucional. El tema de la expropiación implica necesariamente definir un precio justo. El precio justo no es solo el valor comercial del inmueble, hay otra serie de factores que inciden a la hora de formularlo. La Carta Política habla de una indemnización, lo cual es muy distinto al reconocimiento que existe por un pago comercial y ahí posibilita buena parte de la pelea. “Por eso nosotros –los concejales-proponemos un proyecto de reforma a la normatividad local empezando por cambiar la denominación de los términos: que no se hable de compensaciones en las ofertas que realiza el municipio sino de reparaciones, porque estos tienen una diferencia trascendental enorme, ya que compensar es dar algo por los daños que se causó y reparar es reconocer el equivalente al daño”, explicó el doctor Ballesteros.
Se organizan para no joderse
Guillermo Ortiz es un habitante del barrio Caicedo, en el oriente de Medellín, lugar en donde se tiene planeado construir el Parque Bicentenario. Nos comentaba que su comité barrial se conformó hace aproximadamente unos ocho meses, en momentos en que se lanzaba el proyecto. Para este sector se tiene destinado eliminar 108 casas y aproximadamente 200 familias se verían afectadas, según Sergio Chaverra, otro de los afectados.
Según Don Guillermo, a través de esta propuesta de organización se logró que los demás barrios afectados por los Proyectos Urbanos Integrales también se acogieran a la iniciativa. Cada una de las comunidades de La Aurora, La Sierra, La Avenida 34-Palos Verdes, la Manzana del Emprendimiento, La Iguaná y Santa Lucía conformaron su propio comité y se articularon en una Junta de Asociación Central. “Desde su creación –relata Don Guillermo- hemos ingresado tutelas a los juzgados, derechos de petición, acciones populares; hemos recurrido a la protesta pacífica, para frenar la demolición de nuestras casas, hasta el punto de que los proyectos está parados”.
Con estas acciones, diferentes personas afectadas manifiestan que no han tenido respuestas de la administración municipal que permitan una solución al problema, y que, al contrario, a través de los medios de comunicación, la EDU y la administración municipal vienen expresando una serie de incoherencias legales y argumentos falsos. “Ellos dicen que tienen las órdenes para expropiarnos y desalojarnos- nos cuenta Don Guillermo-. Pero no veo cómo, ya que hace rato están por fuera de términos legales. Por ejemplo, una de esas mentiras es que en el sector en el que vivo dicen que solamente hay 15 afectados en una manzana de casi dos cuadras. En un eventual desalojo lo que haríamos es basarnos en la ley porque en este caso nos favorece y ellos hace rato están por fuera de términos. Además, si quieren que les repitamos las marchas pues lo haremos, no tenemos ningún problema”.
Un hecho que Don Guillermo denuncia es la presión sicológica por parte de la EDU. “Dentro de los avalúos iníciales, ellos colocaron una frase muy particular que decía que con la presente no procede ningún recurso y tuvimos que enfrentarnos a ellos para que la quitaran de esos avalúos. Sabemos que ellos no son entidad judicial ni penal para utilizar estos términos. Luego empezaron a utilizar otra frase en letra pequeña en la notificación del avalúo que decía: autorizo a la EDU para que demuela mi vivienda así no me la haya cancelado en su totalidad. Ante esto, en mi opinión y como lo menciona la Carta Constitucional, se llama constreñimiento”
Al cierre de la edición, quedamos pendientes de un debate programado en el Concejo de Medellín con el ánimo de discutir y analizar los acuerdos incumplidos por parte de la alcaldía. Seguiremos a la expectativa de lo que pueda suceder.