El ascenso del racismo, la xenofobia y las manifestaciones de hostilidad hacia los inmigrantes en Europa, son muestras de las contradicciones políticas y económicas que están sucediendo en el viejo continente. Tanto las políticas adoptadas por los gobiernos nacionales como el funcionamiento mismo de las instituciones de la Unión Europea desprecian o violan los derechos humanos de las personas extranjeras. Al mismo tiempo, este racismo institucional encuentra su traducción política en la proliferación de partidos de extrema derecha y de grupos fascistas que dificultan la posibilidad de una convivencia pacífica y ponen en grave peligro la democracia. Durante los últimos años se observa una ola creciente de violencia y de agresiones que tienen por motivos la diferencia nacional, étnica o religiosa.
Los medios de comunicación se encargan de divulgar el discurso racista. Primero, se difunde el infundado temor de que Europa está ante una presión migratoria masiva, ante el peligro de una invasión. La prensa, al referirse incluso a pequeños grupos de personas sin papeles, frecuentemente utiliza los términos “oleada” o “avalancha”. Mientras se les estigmatiza a los inmigrantes como sujetos sospechosos que ponen en peligro los pilares de la sociedad, se apela a la urgencia de “poner orden en este inmenso caos”. Hoy se observa, además, otro nivel del discurso xenófobo, que proclama una supuesta supremacía cultural de los países occidentales. Lamentablemente, esta visión eurocentrista que hace considerar como inferiores a culturas que no han seguido el modelo del progreso marcado por el referente europeo tiene resonancia en gran parte de la población. En este contexto se promueven artificialmente debates públicos sobre la conservación de las identidades nacionales, para las cuales la idea de una sociedad multicultural constituye una amenaza.
Explotación laboral
Los partidos derechistas, a su vez, vinculan explícitamente la inmigración con la delincuencia, el narcotráfico, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos. Se busca un chivo expiatorio vulnerable y fácilmente identificable para hacer que los trabajadores nativos vean a los inmigrantes como competidores por el empleo y poder así sobre-explotarlos. Es cierto que el Estado de Bienestar está colapsado, pero eso no se debe a la inmigración; es más bien el resultado de la falta de inversión estatal y de las políticas neoliberales y privatizadoras impuestas por los gobiernos conservadores y socialdemócratas de los últimos veinte años. En realidad, la mayoría de los trabajadores extranjeros se emplean en la economía informal en condiciones precarias, puesto que, siendo los más desposeídos y en urgencia de enviar dinero a sus familias, se ven obligados a aceptar ocupaciones que no serían cubiertas por los nativos. La población musulmana es la que registra las tasas más altas de desempleo, recibe salarios humillantes y sufre los mayores índices de pobreza. Pero una situación similar afrontan los inmigrantes latinoamericanos y africanos.
Actualmente se fomenta, además, la división entre inmigrantes “legales” (a los que se puede explotar legalmente) e “ilegales” (a los que se explota, pero son invisibles). En vez de hablar hoy de cero inmigración, los partidos políticos se adhieren al modelo del inmigrante “útil para la economía”. Esta visión puramente utilitaria y funcional de los inmigrantes es la que marca la política migratoria de la Unión Europea. Se crea así la figura del trabajador desechable, que presta sus servicios temporalmente y, una vez el mercado laboral prescinde de él, retorna a su país de origen. En lo que concierne a la integración por parte del país de acogida, esta se entiende como sinónimo de asimilación, o de adaptación “correctiva”, es decir, a través de la imposición de cursos de la historia y de la cultura europea. Eso significa que los inmigrantes tienen la obligación de aceptar lo que se considera como “normal” en la sociedad europea.
Racismo desde arriba
Unos 25 millones de personas que residen en alguno de los estados de la Unión Europea son inmigrantes, lo que supone el 5,5% de la población. Mientras la crisis económica se prolonga y afecta los sectores sociales más excluidos, los estados europeos en su interior insisten en mantener políticas de extranjería discriminatorias y represivas. Una muestra de ello es la nueva Ley de Extranjería aprobada por el gobierno español. Entre las medidas que agravan la vulneración de los derechos humanos está el aumento del tiempo de internamiento de 40 a 60 días y la ampliación del catálogo de sanciones graves en materia de infracciones, tanto para los inmigrantes como para quien les apoye. Esto es especialmente preocupante con respecto a los menores no acompañados y los menores infractores, puesto que se limita seriamente su derecho a la reagrupación familiar.
La Unión Europea en su conjunto ejerce una política migratoria que no se corresponde con la realidad. El Parlamento Europeo ha emitido una directiva sobre el retorno de los inmigrantes irregulares, una especie de muro contra la entrada. Europa será pronto una fortaleza, a donde inmigrar clandestinamente equivaldrá a haber cometido un crimen mayor. Aparte del rotundo fracaso de las políticas de integración, nos encontramos frente a un escenario en el cual la UE ha buscado la manera de ir borrando el derecho de asilo y refugio consagrado en la Convención sobre el Estatus de los Refugiados (Convenio de Ginebra, 1951). Proyectos como el Pacto sobre la Inmigración y el Asilo, firmado en el 2008 por los jefes de estado de la UE, vulneran principios fundamentales del derecho internacional como el de no devolución al país de origen. En cuanto a la ayuda al desarrollo, esta se condiciona a la firma de acuerdos de readmisión por parte de los países receptores de la ayuda.
El problema se desplaza lejos de los ojos de la opinión pública, con la creación de “zonas oscuras”, exentas de cualquier normativa. Estas son las zonas de retención en los aeropuertos y los Centros de Permanencia Temporal, donde se interna a las personas “no comunitarias” por no llevar papeles. Los vergonzosos Centros de Internamiento son una especie de prisión, quizás peor ya que los inmigrantes no son detenidos por algún delito, sino por una mera falta administrativa. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han denunciado como muy alarmante el caso de España, donde el número de estatutos de refugiados concedidos se limita al 2,5% de los solicitantes. Esta tendencia a la baja en la protección internacional, supone un retroceso en las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos.