Los conflictos generados por el saqueo de los recursos naturales siguen desarrollándose y reproduciéndose en todas las regiones del país. Particularmente en Arauca, departamento que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la producción de crudo y el primero en militarización (mayor número de efectivos de las fuerzas armadas por kilómetro cuadrado) representada por los 22.000 miembros de la fuerza pública y un número indeterminado de “asesores” extranjeros, el conflicto social y armado por estos días arrecia.{jcomments on}
Hace menos de dos meses tuvo lugar en Arauca un paro cívico promovido por indígenas, campesinos y obreros del departamento, que significó un cese en las actividades de exploración, extracción y transporte de petróleo desde los campos de Caño Limón, Cari Care, Rondón 1, entre otros. Esta jornada de protesta culminó con la conformación de una comisión intersectorial para abordar las exigencias de las organizaciones sociales respecto a los impactos nocivos del saqueo de crudo en los aspectos social, humanitario, económico y mediombiental.
El pliego de exigencias de las organizaciones sociales da cuenta de los estragos que la explotación de petróleo ha ocasionado en el territorio araucano desde los años 80: empezando por el despojo del territorio en el que habitaban los pueblos ancestrales como el Sikuani y el Hitnú para la construcción del principal campo (Caño Limón), luego el desastre natural que ello generó por la intervención en el sistema de humedales y fuentes hídricas, además de la excesiva militarización de campos y caseríos, la permanente persecución y estigmatización a sus habitantes, el injusto encarcelamiento de miles de ellos y la sistemática violación a los derechos humanos de la población araucana.
Posterior a la referida jornada, y sin haberse materializado ningún punto de los acuerdos (la primera reunión de la mesa temática indígena había sido programada para el 5 de julio), se inició una serie de acciones militares de la insurgencia contra la infraestructura energética y petrolera en todo el departamento. Durante las dos últimas semanas de junio se presentaron voladuras del oleoducto Caño Limón – Coveñas en varios puntos del mismo, en la infraestructura de algunos de los campos petroleros y subestaciones de bombeo de crudo y en el sistema de interconexión eléctrica, afectando especialmente las actividades de explotación de petróleo. También se produjeron hostigamientos contra varios vehículos que transportan a los obreros hacia los campos petroleros, que no ocasionaron daños a la integridad física de éstos pero sí fueron suficientes para obstaculizar el normal desarrollo de las labores de explotación de crudo.
El último suceso relacionado con lo anterior fue el paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional -ELN- desde el 3 hasta el 6 de julio, lo que significó una parálisis total en el transporte público y particular en todo el departamento y obligó al presidente Santos a organizar un consejo de seguridad el pasado jueves 5 de julio. En el marco de ese paro armado no sólo se realizaron los habituales actos de propaganda y acciones bélicas contra la fuerza pública, sino que la insurgencia continuó con los ataques a la infraestructura energética y petrolera, en concordancia con lo que al inicio de las referidas acciones ellos mismos publicaron, en el sentido de declarar objetivo militar a las compañías que extraen el petróleo y a sus contratistas, así como a la empresa Interconexión Eléctrica S. A. -ISA-. Por supuesto, esas declaraciones hechas públicas mediante comunicados distribuidos en varios municipios araucanos exigían también la salida inmediata de la región de las empresas transnacionales (OXY, Repsol, Pacific Rubiales) y de sus contratistas.