El Río Grande de la Magdalena es la arteria fluvial que recorre gran parte del país, pasando por 19 departamentos y 728 municipios, donde viven cerca del 66% de la población colombiana, convirtiéndose en un importante medio de transporte para el comercio. Se le considera como el “Río Madre de la Patria”, ya que desde su descubrimiento en 1501 fue la principal vía que comunicaba el país con el principal puerto marítimo: Cartagena de Indias. Sólo a mediados del siglo XX fue relegado con la construcción de nuevas carreteras y aeropuertos en el país. Pero hoy, gracias a la voracidad de la industria energética, los pueblos que se han beneficiado con su riego, serán perjudicados al ser inundados con sus aguas en la construcción de hidroeléctricas como la proyectada en el Quimbo.
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El río Huancayo, como lo conocían los pueblos precolombinos, nace en el sur del departamento del Huila, concretamente en la Laguna de la Magdalena, localizada a 3350 metros de elevación sobre el páramo de las Papas, en el Macizo Colombiano. Y ya a 30 kilómetros de Neiva, capital del Huila, se encuentra la Represa de Betania, construida el 30 de Junio de 1981 e inaugurada por el presidente Virgilio Barco el 4 de septiembre de 1987; esta represa genera el 15 % de energía que consume el país (510 kilovatios). Para esta construcción se desvió el caudal del río Magdalena y del río Yaguará, inundando 7.400 hectáreas de tierra, casi todas productivas, siendo reforestadas sólo 150 hectáreas alrededor del embalse. Este espejo de agua tiene una extensión de 23 kilómetros y 92 metros de profundidad y afecta a los municipios de Yaguará, Hobo, Gigante y Campoalegre.
Amparo Cuenca, Antropóloga y docente de la Universidad Surcolombiana, considera que la construcción de la Represa de Betania inundó miles de las mejores hectáreas del departamento, produjo múltiples cambios en el clima y en los ecosistemas y no trajo el desarrollo económico para la región. Lo peor es que después de dos décadas de construida la Central Hidroeléctrica Betania, esta fue adquirida en diciembre de 1996 por el mayor grupo eléctrico privado de America Latina: Endesa Chile. Sin embargo, esta hidroeléctrica ha perdido potencia debido a la gran cantidad de sedimentos que se acumulan en su interior, lo cual ha acortado los años de vida útil que tiene esta represa. Por esta razón, la Multinacional Colombo-Española Emgesa (subsidiaria de Endesa y actual propiedad de la italiana ENEL) pretende construir un mega- proyecto uni-propósito, de 8.586 hectáreas, con una altura de 151 metros y 400 megavatios de capacidad instalada, conocido como El Quimbo.
Según la empresa en su página web (http://www.emgesa.com.co/eContent/newsDetail.asp?id=411), las obras se iniciaron desde el 2009 y se terminarán en el 2013 – 2014, con “una energía firme” hasta el año 2034, lo cual quiere decir que hasta esa fecha la Hidroeléctrica funcionará a su máxima capacidad. Con este proyecto se afectarían por la inundación los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Paicol y Tesalia, poniendo en peligro el peñón sobre el Río Magdalena, abajo del municipio de La Jagua; el puente sobre la quebrada Yaguilga; la iglesia de San José de Belén, las labranzas de cacao de Río Loro, la historia de la reforma agraria de La Escalereta y una de las zonas más productivas de la región.
En este territorio de casi 9.000 hectáreas, según la Declaración del Encuentro Surcolombiano de Organizaciones Sociales Sobre Tierra Y Territorio, aparte de ser Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, “tiene 842 hectáreas de bosque ripario y tropical seco, poblaciones de peces que son básicas para la seguridad alimentaria, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en severo peligro: la pacaraná, el mono nocturno de manos grises y la nutria neotropical” .*
Rolando Botello, concejal del municipio de Gigante, asegura que en la zona “más de 2000 hectáreas son cultivos permanentes que han establecido los campesinos y empresarios agrícolas y que otras tantas son utilizadas en ganadería (…) Es el valle del río Magdalena, pero por el mismo hecho de ser valle es una de las zonas más fértiles, con mucha disponibilidad de agua para sus distritos de riego. Además, el concejal Botello señala que la productividad de la zona es del orden de los $33.000.000.000 millones de pesos al año, que produce en agricultura, en encadenamiento productivo de la producción agraria y agropecuaria.
En el área que será inundada viven aproximadamente 500 familias, más de 1500 huilenses, que son grandes y pequeños productores dedicados a los oficios agropecuarios, jornaleros, pesqueros, entre otros. Ellos serán desplazados de sus viviendas, parcelas, lugares de trabajo, tradiciones culturales, lugares de encuentro y de tierras. Algunos de ellos fueron beneficiarios de las luchas por la reforma agraria en los años ´70 y ´80. Fruto de estas luchas se han creado 8 empresas comunitarias, con producción de cacao, sorgo, maíz y arroz. “El Quimbo es un proyecto que no es de los colombianos, está claro que es una energía que va para exportación, no es para sostener la demanda de energía nacional, sino que es un compromiso de exportación hacia Suramérica y Centro América”, señala Rolando Botello.
A pesar de esto, el ex presidente Álvaro Uribe insistió en darle vía libre al mega-proyecto con unas condiciones que benefician a la empresa, en el marco de la política de “Confianza Inversionista”. Por esto, mediante la Resolución 321 de septiembre del 2008, se declaró de “utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”, sin consultar previamente a las comunidades, como lo establece la ley, afectando sus actividades productivas: los obliga a vender o serán expropiados por Emgesa o el Estado, dificultando acceder a cualquier tipo de crédito, subsidio estatal o inversión en infraestructura por la incertidumbre de sus proyectos productivos.
Esta problemática que afecta a las comunidades las ha impulsado a organizarse en la Asociación de Afectados por el Quimbo (Asoquimbo) y con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales han iniciado un proceso de resistencia que ha incluido reuniones, declaraciones, marchas, eventos culturales y bloqueos. Desde el 7 de junio de 2011 al menos doscientos campesinos y pescadores de la zona se declararon en desobediencia civil con el propósito de detener la construcción de la represa.
A raíz de las diversas manifestaciones públicas por parte de las comunidades afectadas por las construcciones de la represa, el Ministerio de Medio Ambiente se vio en la obligación de expedir la orden a través de la Resolución 1096 de detener la compra y negociación de predios, debido a que “se comprobó que la compra de terrenos está ocasionando una cadena de impactos que no habían sido previstos en el estudio sobre el impacto ambiental”, sin embargo, Emgesa continúa con las obras, las negociaciones y los acuerdos de predios, haciendo caso omiso a la orden del Ministerio.