Luego de la exitosa movilización del pasado tres de junio en la ciudad de Armenia, en la que todos los sectores, públicos, privados, ciudadanía y organizaciones populares se volcaron a las calles para defender el territorio quindiano y plantear un rotundo NO a la mega-minería, pareciese que una tensa tranquilidad ronda en el ambiente cuyabro. La multinacional minera Anglo Gold Ashanti, a través de la Agencia Nacional de Minería –ANM–, manifestó haber renunciado al 70% de los títulos mineros en los territorios municipales de Córdoba, Pijao y Salento, y que además desde el 2014 venía en proceso de devolución de estos títulos.
El golpe de opinión en el departamento del Quindío se tornó silencioso después del auge movilizador, y creó la sensación de haber superado el problema al dejar a la Anglo Gold Ashanti fuera del territorio. Jaime Hernán Arias García, representante de la Fundación Bahareque e integrante de la Mesa Ciudadana de Salento, manifiesta que contrario a lo dicho por los medios y la ANM, las mineras son “monstruos económicos que no van a retirarse de la noche a la mañana por solicitud de la comunidad, (…) van a seguir insistiendo en hacer explotación pues son siete títulos que están en poder de ellas y otros que están solicitados”. Jorge Hernán Palacio, asesor de pequeños mineros y balastreros del Quindío complementa este panorama afirmando que las mineras “entregan los títulos en un momento, dado el caso, y por el otro lado los están recuperando con otras empresas que tienen un nombre diferente pero que finalmente pertenecen a las mismas”, como es el caso de Oro Barracuda Ltda., una filial comprobada de la Anglo Gold Ashanti y que hoy aparece como poseedora de títulos y solicitudes en trámite.
Por ese motivo, en un conversatorio convocado por los pequeños mineros y balastreros del departamento del Quindío y la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (CONAMINERCOL), realizado en Armenia y Salento el pasado 16 y 17 de septiembre, Álvaro Pardo y Rodrigo Negrete, expertos en el tema minero a nivel nacional e internacional, dieron un amplio dossier de información relacionada con la jurisprudencia minera, las modificaciones necesarias de la legislación en el marco del pos-acuerdo y la viabilidad de una consulta popular que dé continuidad al ejercicio movilizador en la región.
Según Álvaro Pardo, el departamento del Quindío ha construido una vocación ambiental que le permite tener una ventaja cohesionada frente a la noción del extractivismo, sin dejar por fuera que otras formas del mismo han tenido asiento en el departamento, como el caso del turismo y las contradicciones ambientales en lo que se ha denominado Paisaje Cultural Cafetero, así como también las formas de privatización del agua y el acaparamiento de predios cultivables para el agro-negocio internacional. “Esa visión ambiental creo que hace que el departamento sea un departamento distinto a los demás y por tanto no sea muy fácil que toda esa locomotora minera venga aquí y les arroye”, apuntó.
Rodrigo Negrete complementó diciendo que hay “una incoherencia entre las políticas públicas del Estado frente a la realidad de los territorios”, pues cuando el gobierno central configura las decisiones y proyecciones económicas en Bogotá, desconoce las competencias de alcaldes y sus concejos para diseñar instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial enfocados en satisfacer necesidades básicas y condiciones mínimas de subsistencia. Esto, según Negrete, genera y profundiza los conflictos territoriales. En el caso del Quindío, por ejemplo, los poderes municipales han planteado estar en desacuerdo con la mega-minería, contrario a lo que el Gobierno Nacional ha impuesto en el territorio.
Así mismo, ambos coinciden en que en un escenario de paz, el modelo minero debe ser reformado porque es generador de violencia e inequidad. De hecho la Corte Constitucional con la sentencia T 025 reconoció desde el año 2004 que la minería es una causa subyacente del conflicto armado. La minería está generando procesos de desplazamiento, y muchas empresas están siendo investigadas por incidir en estos procesos. Por eso, proponen, las modificaciones deben incluir el tema ambiental como elemento transversal a todas las actividades económicas y por tanto la minería tiene que sujetarse a toda la normativa ambiental que viene de la constitución y de la ley. Luego, el modelo debe respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho al ambiente sano, a la seguridad alimentaria, a la vivienda digna, al agua, a la participación ciudadana y a la autonomía territorial, explorando formas más racionales y planificadas de extraer los recursos.
Finalmente, con respecto a la viabilidad de la consulta popular y las opciones jurídicas de las comunidades no étnicas (dado que solo las comunidades étnicas cuentan con el mecanismo de la consulta previa) frente a la imposición del extractivismo minero, Pardo y Negrete expresan que una preocupación en este sentido tiene que ver con las solicitudes mineras negadas a pequeños y medianos, en particular con el Artículo 16 del código de minas, en el que se materializa una consecución monárquica de la ley en tanto define “a primero en el tiempo, primero en el derecho”, lo que no es otra cosa que el otorgamiento del título al primer solicitante como derecho principal, sin convocatoria previa, ni canales que informen del hecho, dejando de entrada a otros interesados del sector por fuera de la iniciativa, no se le hace una revisión y exhaustivo análisis de quién está solicitando ese título minero, ni hay un proceso de selección objetiva.
La Corte Constitucional es clara en evidenciar fallos estructurales en esta forma de otorgar los títulos, y entre esos fallos están el derecho fundamental a la participación ciudadana. La Corte ha dicho que el proceso existente debe ser modificado y debe garantizar de manera efectiva y eficaz la participación de las comunidades que pueden ser vulneradas con esa titulación minera. Mientras esto ocurre, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería deberán establecer un procedimiento, dando prevalencia al derecho fundamental de la participación.
Álvaro Pardo manifiesta que le ve mucho futuro a las consultas populares, y “sería una cosa histórica, porque si el gobierno no quiere entender y no revisa su modelo minero lo que va a pasar es que la ciudadanía le va a cerrar las puertas a la locomotora vía consultas populares”. Y es que este instrumento cuenta con muchas bondades, pues lo prevé la constitución política y está fundamentado en la ley estatutaria 134, la ley 1753 y el artículo 33 de la ley 136 del año 94, que expresamente dice que “deberá” –que es igual a obligatorio– elevarse una consulta popular frente a proyectos mineros. Son entonces los territorios quienes deciden sobre el uso del suelo, teniendo en cuenta que además serían los mismos territorios quienes en caso de afectaciones secundarias, sociales y económicas (prostitución, arrendamientos, NBI, etc.), tendrían que responsabilizarse de las mismas. “Son los habitantes de los territorios quienes tienen la facultad de decir qué quieren para él; entonces la consulta popular no siendo el mecanismo más idóneo para organizar a la comunidad, se ha convertido como en una especie de \’rebelión\’ local, frente a ese centralismo que los está asfixiando y les está cambiando todo lo que existe allí”, puntualiza Negrete.
Así las cosas, la consulta previa para el departamento del Quindío podría ser la primera experiencia de tipo departamental en el país, y las consecuencias como precedente político serían muy importantes para la cohesión y la movilización frente a la imposición de la locomotora minera y en general del modelo de desarrollo económico, sin embargo el peso jurídico existe en el ente territorial que es municipal, por tanto las comunidades, organizaciones y entes administrativos del Quindío, se debaten actualmente entre cual sería la mejor manera de llevar a cabo una experiencia de participación popular tan factible como la de la consulta.