El pasado 12 de octubre el movimiento ambiental de Ibagué recibió una noticia negativa: la sala cuarta del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, suspendió de manera temporal la consulta popular que debía realizarse el 30 de octubre.
El departamento del Tolima y el país ha sido testigo del gran trabajo realizado para lograr la aprobación de la consulta popular por la defensa del territorio en el municipio de Ibagué. En este proceso han estado tanto las organizaciones ambientales, sociales y populares, algunas fuerzas políticas, el alcalde de la ciudad de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como jóvenes, niños y personas del común que buscan garantizar el agua, la vida y permanencia en sus territorios.
Su lucha es clara y contundente: frenar la ejecución de la locomotora minera, que implica tener en proyecto de explotación un aproximado de 105 títulos mineros, distribuidos en 44 mil hectáreas de área rural y urbana, pues con esto se ponen en riesgo las fuentes hídricas de la región y su tradición agrícola y turística.
Desde el pasado 29 de febrero el movimiento ambiental, en medio de los nervios y la incertidumbre, logró la primera victoria. El Concejo Municipal aprobó la consulta popular con 10 votos a favor y 9 en contra. La pregunta presentada y aprobada por el Concejo fue: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
Posteriormente, el pasado 28 de julio con cuatro votos a favor y dos en contra, el Tribunal Administrativo del Tolima aprobó la consulta popular, y luego de cuatro meses de espera, la esperanza y la alegría acompañaba a los habitantes del municipio de Ibagué. Para ese entonces eran dos pruebas superadas. La consulta popular se realizaría el dos de octubre, pero con la aprobación del plebiscito que fue programado para esta misma fecha, la consulta tuvo que aplazarse hasta el 30 de octubre.
Todo marchaba bien; la campaña, los esfuerzos del movimiento ambiental, sortear los malos comentarios y tal vez las estrategias de desprestigio por parte de algunos medios locales y la multinacional Anglo Gold Ashanti para desdibujar la iniciativa popular. Sin embargo, el pasado 12 de octubre el movimiento ambiental y los ibaguereños recibieron una noticia negativa, por lo que se enfrenta a un gran reto político: la sala cuarta del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, suspendió de manera temporal la consulta popular.
Lo que manifiesta este organismo es que fue suspendida temporalmente ya que se requiere tiempo para resolver la tutela interpuesta por Alberto Enrique Cruz Tello, vocero de la abstención y presidente de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima. Dentro de los argumentos del demandante se encuentra la improcedencia de la pregunta que se formulará a los habitantes del municipio, pues este considera que la pregunta induce a votar por el ‘No’. En el momento de presentar la tutela, manifiesta que la competencia para decidir los asuntos relacionados con el subsuelo es de la nación y no de los entes territoriales, argumento que se cae con el pronunciamiento que da la Corte Constitucional en días recientes del mes de octubre donde dice que los entes territoriales sí pueden prohibir las actividades mineras en su territorio si estas afectan el medio ambiente.
Ante esta situación, el Comité Ambiental mediante un comunicado público hizo un llamado al pueblo ibaguereño: en primera medida “La ciudadanía ibaguereña comprende hoy, más que nunca, que la Consulta Popular es un derecho inalienable, democrático y constitucional que nos permite decidir sobre el territorio, la protección del agua, la salud, la vida y el ambiente de la niñez y familias”. Por ese motivo, rechaza también la publicidad engañosa implementada por la empresa Anglo Gold Ashanti.
Este movimiento también convocó a la ciudadanía ibaguereña a mantener todas las actividades de movilización, formación y convocatoria que se han venido realizando en las calles, en los barrios, colegios, universidades, y zonas rurales, con el objetivo de seguir llevando un mensaje en favor de la defensa del territorio, el agua y la participación ciudadana. “Mientras el Consejo de Estado resuelve la tutela, alentamos a la ciudadanía a seguir trabajando de manera unida por la defensa del territorio. Los invitamos a encontrarnos en el carnaval por el agua y la vida del próximo 30 de octubre”, manifestó.