El pasado lunes 4 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos lanzó a consideración del Congreso el estatuto de seguridad ciudadana, en el cual se plantean reformas al código penal, al código de procedimiento penal y al código de la infancia y la adolescencia, así mismo prevé la destinación de recursos por 3.64 billones de pesos, para la viabilización de dicha política, y propone aumentar el pie de fuerza con 20 mil hombres más para la policía.
En cuanto a las reformas al código de procedimiento penal se plantea eliminar las restricciones de horario para las órdenes de allanamiento, la eliminación de los plazos de vigencia de las órdenes de captura, seguimiento y registro y se ampliará la vigencia de las órdenes de interceptación de comunicaciones de 3 a 6 meses. La reforma también contempla extender la aplicación de la flagrancia a eventos en que el delito sea captado por una cámara de video, o en que el individuo se encuentre en el vehículo en que se cometió el hecho.
Para las reformas al código penal se aumentarán las penas al porte de armas de fuego, se adoptarán medidas que permitan la colaboración de la Policía Nacional con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el fin de mejorar la vigilancia de las personas que se encuentran bajo la medida de detención domiciliaria. Se creará el registro nacional de salvoconductos, se le dará vigencia al delito de pertenencia a banda armada, el cual cobija a las bandas criminales y a los grupos armados ilegales.
Se contempló, además, por parte del gobierno, la creación del delito de apología al terrorismo, el cual, junto con el delito de opinión representa un peligro para todo sujeto, organizaciones, colectivos y demás que estén inconformes con el sistema y que aboguen por la paz y la defensa de los derechos humanos, en términos de que utilice o legitime la imagen, ideología o cualquier cosa que haga alusión a grupos revolucionarios de índole legal e ilegal.
El estatuto de seguridad ciudadana es muestra de la continuación de la política de Seguridad Democrática, en donde se buscan medidas punitivas y represivas, y que a la vez sirvan como medio propagandístico para el mismo gobierno ante la sociedad en general, dejando aparte las circunstancias y el momento histórico bajo el cual surge la inseguridad. En vez de analizar la raíz de los hechos que llevan a la delincuencia, en vez de afrontar los problemas estructurales de la sociedad y del mismo sistema que nos cobija, que son la causa del comportamiento violento de ciertos sectores sociales, la cual lleva en algunos casos al sujeto a robar e incluso a matar por un par de tenis debido a la falta de oportunidades que hay en el país.
Antes de proponer una guerra con medidas como la ampliación a las órdenes de seguimiento, o la ampliación de interceptación de comunicaciones, las cuales violan la privacidad del ser humano, es necesaria una reforma social, económica, cultural y política a nivel nacional. Eso consideramos nosotros y nosotras como colectivo que desarrollamos trabajo social en barrios de la periferia y universidades públicas en Bogotá.
Aumentar el pie de fuerza de la policía y aumentar los recursos no representa más seguridad, teniendo en cuenta la corrupción que se maneja al interior de esta y la capacidad represiva con la que cuenta toda la fuerza pública en general y cada uno de los sujetos que la conforman, manejando así una doble moral y representando un peligro para las personas que a diario colaboran en la construcción de una nueva sociedad con base en la equidad.
Defender el sistema de mercado junto con la moral que se maneja en éste, es justificar la acción de actos de egoísmo, la desigualdad (factor importante a tratar si se quiere hablar en términos de inseguridad) la falta de oportunidades, actuar en contra de la solidaridad, y terminar sepultando los escasos valores humanos que se manejan en nuestra sociedad, la distribución de los recursos al estar en función del mercado termina siendo una mala distribución, ya que los recursos terminan en manos de los propietarios de gran capital. Y es bajo políticas neoliberales que el estado termina asegurando la delincuencia, la creación de grupos armados ilegales y la inseguridad en general obligando a los individuos a satisfacer sus necesidades de manera violenta.
Si vamos a hablar acerca de la inseguridad, podemos deducir fácilmente que ésta se produce en su gran mayoría por problemas que tienen su origen en la difícil situación de pobreza que vive el país, originada por los altos niveles de desigualdad, cosa que se evidencia en el hecho que más del 87% de los asesinatos del país a 2009 fueron a causa de las atracos y disputas entre la delincuencia común y las Bacrim.
Vemos pues, que es necesario, más que ejercer medidas represivas, llevar a la practica una serie de reformas estructurales en el funcionamiento de la sociedad, como lo son la cultura, la política, el sistema económico, la parte jurídica, que en nuestro caso actúan a favor de cierta capa de la sociedad y no del pueblo en general para así poder acabar con la desigualdad e inseguridad en las ciudades y campos.