Más de una quinta parte de los habitantes de Río de Janeiro viven en una situación que podemos definir como neo-feudalismo, sometidos al arbitrio del señor local, líder del grupo armado que domina el feudo y a su población. Esa figura de poder arbitrario, dueña de vidas y propiedades, dicta las normas cotidianas que regulan hasta las esferas más privadas, cuyo desacato acarrea penas que van desde la agresión hasta la muerte.
Estas estructuras de poder armado no son una amenaza directa para el poder político o para la democracia formal, pues ellas no tienen como objetivo la toma del poder. Se habla de un estado paralelo en las comunidades carentes, protagonizado por traficantes o por milicianos, pero sería más apropiado hablar de poderes paralelos que desafían un estado en descomposición. Ninguno de esos poderes paralelos aspira a conformar un estado ni dispone de las herramientas para tal fin. Más bien, sus relaciones e infiltraciones en el poder político buscan protección frente a las acciones del aparato de justicia criminal y un aumento de su legitimidad en los territorios controlados. Sin embargo, su existencia priva de los derechos más básicos a los ciudadanos, incluyendo derechos civiles y políticos y, por lo tanto, esos grupos constituyen la antítesis de una sociedad democrática.
En el año 2006 se intensificó en Río de Janeiro el debate público sobre la violencia creciente en la ciudad, agudizada por la presencia de un nuevo actor armado, las denominadas milicias. En este debate, la introducción del concepto de “milicia” parecía responder a un intento de relegitimar un fenómeno antiguo a través de un término nuevo y más positivo. En nuestro estudio, optamos por definir como “milicia” un fenómeno caracterizado por la confluencia simultánea de los siguientes aspectos: control de un territorio reducido y de su población por parte de un grupo armado irregular; el carácter coactivo de ese control; el ánimo de lucro individual como motivación principal; un discurso de legitimación referido a la protección de los habitantes y a la instauración de un orden, y la participación activa y reconocida de agentes del Estado como integrantes de estos grupos.
En este sentido, el fenómeno engloba realidades que tradicionalmente eran definidas con términos más peyorativos, como ‘grupos de exterminio’. Sin embargo, existen algunas diferencias entre las ‘milicias’ y esos otros grupos armados, como la voracidad económica de las primeras, que lleva al control de diversos sectores comerciales, la imposición de tasas de ‘protección’ a los habitantes o la ‘conquista’ del territorio por grupos que proceden de fuera. La expansión de estos grupos fue muy significativa entre 2006 y 2008.
En la práctica, el término “milicia” parece describir una gran cantidad de situaciones diferentes, que varían en cuanto a número de integrantes, sectores económicos dominados, inserción política y comunitaria, niveles de coacción y relaciones con los habitantes. En comparación con el dominio del narcotráfico, la “milicia” parece comportarse de forma más organizada y sus integrantes, a diferencia de los chicos del tráfico, no le temen a una muerte cercana.
No existe un modelo único de milicia y hay una gran diversidad de grupos que ejercen un control, fragmentado y no unificado, sobre sus respectivas parcelas del territorio. En muchas comunidades no existía narcotráfico antes de la llegada de las milicias; en otras, la milicia, a pesar de su retórica contra la criminalidad, permite la continuidad del tráfico o se beneficia de él. Estos dos elementos acaban con el mito fundacional de la milicia como una cruzada liberadora del narcotráfico. En esencia, las milicias representan una privatización perversa de la seguridad pública, en la que agentes públicos utilizan los recursos materiales y simbólicos conferidos por el estado para extraer un lucro privado extorsionando a aquellos que deberían proteger.
Las milicias más organizadas se insertan en las estructuras comunitarias y dan continuidad a la larga tradición brasilera de clientelismo político, inclusive eligiendo representantes políticos con los votos de las áreas bajo su control.
El Estado, en las ocasiones en que decide reprimir a la milicia, lo hace a través de investigaciones y prisiones, y no a través de la estrategia militarizada de confrontación armada y la ocupación de territorios que es característica de la guerra contra el narcotráfico. De forma creciente, particularmente después de un episodio en que milicianos torturaron periodistas en mayo de 2008, las milicias son vistas como un sector más del crimen organizado, aunque el combate a ellas se continúe dando por vías muy diferentes de las aplicadas contra el narcotráfico.
Entre tanto, el combate a otros grupos armados, básicamente a los narcotraficantes, es realizado por el Estado con un nivel de violencia que en verdad la realimenta, mientras coloca a las poblaciones de esos lugares en riesgo y viola frecuentemente los derechos humanos. En 2007, las policías del Estado (departamento) de Rio de Janeiro registraron la increíble cifra de 1.330 civiles muertos en intervenciones policiales. Con el propósito de satanizar al narcotráfico, el Estado se embarca en una guerra contra las drogas en la cual todo es aparentemente permitido, cuando más bien debería resolver la corrupción dentro de sus filas, solución esta indispensable para abordar cualquier política de seguridad con opciones de éxito. La política de seguridad pública queda así fuertemente militarizada.
Aunque la droga y los narcotraficantes sean comúnmente percibidos como los grandes responsables de la violencia, no es difícil recordar que el comercio de drogas ilegales existe en todo el mundo, y la corrupción que trae consigo también. La particularidad de la violencia en lugares como Brasil está relacionada, específicamente, con la forma en que esa droga es comercializada y reprimida. En Rio de Janeiro, la estrategia de control territorial como base del procesamiento y de la venta de las drogas, y las disputas subsecuentes de los grupos armados por esos territorios, incluyendo ahí las facciones de narcotraficantes y la propia policía, son las causas fundamentales de los elevadísimos niveles de violencia. Si la comercialización de las drogas fuese realizada sin una base territorial, los niveles de violencia serían, probablemente, muy inferiores.
Por lo demás, el problema de las redes criminales es complejo y no será resuelto de forma mágica por el fin de la criminalización de las drogas, pues las estructuras criminales recurrirán a otras actividades ilegales para intentar mantener sus lucros. Sin embargo, el día que las drogas sean consideradas, como deberían, un problema de salud pública y no un problema penal, el motor económico de estas gigantescas redes criminales comenzará a perder buena parte de su combustible.