Nancy Magaly Paz Benavidez es una mujer de 48 años de edad, a quién le ha tocado vivir situaciones de desplazamiento muy críticas a causa del conflicto que vive el país. Llegó a Potrero Grande procedente del asentamiento de Charco Azul, en donde se destacaba como una líder de la comunidad. No pasó mucho tiempo para que ese mismo reconocimiento se le concediera en su nuevo barrio, pues tan pronto llegó y se enteró de las condiciones adversas del sector, se puso a la tarea, junto con otras personas, de sacar adelante su proyecto de vida político. Fue así como los habitantes del barrio la designaron como Juez de Paz de la comuna 21 de Cali en marzo de 2007.
Labores de Jueza en los barrios populares
El barrio Potrero Grande, como cualquier barrio nuevo del país, tiene una gama de problemas sociales como la mezcla que se hace con los habitantes que provienen de sectores diversos con sus culturas, costumbres y hábitos, además de las galladas juveniles, y los problemas políticos como la disputa por el territorio entre los jóvenes y aquellos adultos que desean llegar a la Junta del barrio para trabajar por el bienestar de su comunidad. No falta tampoco la mano dura del Estado representada en la fuerza pública con acciones intimidatorias y represivas.
Las rencillas por el cerco en el antejardín, la desaparición de una gallina, objetos y prendas de vestir dejados en el interior de las viviendas, el no pago de una deuda, altos costos de los servicios públicos, el engaño del Estado frente al costo de las viviendas por concepto de reubicación, son los casos cotidianos de nuestra Juez de Paz de la Comuna 21, la “Dra. Magaly”, como cariñosamente la llaman en su comunidad.
En su liderazgo, acompañada de un puñado de hombres y mujeres que les duele la injusticia y la discriminación, el señalamiento y la estigmatización, han tejido una red de hermandad y solidaridad entre los de abajo, para resistir los embates de los amos del poder, que no son otros que las mismas instituciones del Estado, llámese Presidencia de la República, Secretaría de Vivienda Municipal, Emcali EICE ESP, Catastro Municipal, la Fuerza Pública y personalidades que han pretendido hacer “ochas y panochas” con los sueños de los desposeídos y desamparados. Han realizado marchas hasta el Centro Administrativo Municipal – CAM para obligar al Gerente de Emcali a abrir una mesa de negociación por el tema tarifario, al Alcalde por el tema de excesivos cobros de vivienda, por la no inclusión del barrio en la nomenclatura urbana del municipio, etc.
La cuestión de la vivienda: del engaño oficial al desalojo
toca fondo y conmueve hasta el alma por la actitud de los funcionarios “Contratistas” de la Secretaria de Vivienda Municipal, a través del Fondo de Vivienda, quienes, conocedores de la situación de algunos habitantes a quienes en tiempo atrás ellos mismos les colaboraron para ser beneficiados por el programa piloto de vivienda del gobierno, ahora les tiren la policía encima para sacarlos por la fuerza de sus techos. Son casos muy particulares que a continuación relataremos:
El señor José Ovidio Ramírez recibió en el 2007 las llaves de su vivienda ubicada en el sector 3 manzana 5 predio 2, distinguida con la dirección Calle 125 A No. 28 A1-22 de las manos de la Dra. Amparo Viveros Vargas, Subsecretaria de Programas Básicos y Asociativos de la Secretaría de Vivienda Social del Municipio de Santiago de Cali. El señor Ramírez, como otros, se desempeñaba como vigilante del barrio cuando éste estaba en construcción y por acción de los integrantes de la incipiente Junta de Acción Comunal se logró “beneficiar” con su casa de habitación.
El pasado 6 de Mayo de 2008 se presentó la Dra. Juanita Rodríguez, abogada de la subsecretaría de Programas Básicos, acompañada de un piquete de policía antimotín “ESMAD” en la vivienda del señor Ovidio Ramírez, donde se encontraba una menor de edad. La comunidad al ver la situación de desalojo de su vecino, se apostó alrededor de la vivienda e inició una serie de consignas en contra de la diligencia que se estaba desarrollando. Cuando el Despacho a cargo ordenó la apertura de la puerta se caldearon los ánimos y la respuesta oficial no se hizo esperar: gases lacrimógenos en contra de la vecindad, golpes y contusiones de bolillo a varios residentes del sector.
En ese instante hace su aparición la “Dra. Magaly” y trata de apaciguar los ánimos tanto de la comunidad como de quienes dirigen el operativo de restitución del inmueble; a éstos últimos les sugiere hacer las cosas de manera pacífica y concertada y no de la manera violenta como se estaba ejecutando. Ante la situación crítica y una masa popular enardecida, se toma la decisión de suspender la diligencia y todo volvió a la normalidad en Potrero Grande.
Y así como el caso anterior, se ejecutaron diversos operativos restitutorios de bienes fiscales en el barrio de Potrero Grande en las siguientes direcciones: Calle 124 A No. 28 B 92, Carrera 28 C5 No. 124 A 72, Calle 123 A No. 28 D2 Bis 12 y Calle 123 No. 28 D4 09. En Potrero grande hoy todos se preguntan cómo es que el Gobierno Nacional y Municipal engaña a la población y la ilusiona con una solución de vivienda, si es que a las casas de Potrero Grande se les puede denominar vivienda, y a poco tiempo les arrebata sus sueños y esperanzas. “Vivienda digna no recibimos- cuenta uno de estos engañados-, es una cajita de fósforos lo que nos entregaron, ahí uno no puede tener intimidad, es como para una pareja de recién casados que viven solos, es como si uno estuviera en el patio con los vecinos porque el estornudo se oye en la tercera casa, es una solución estrecha, una salita y comedor, una pieza en el segundo y hasta debajo de la grada me tocó armar una camita”.
Esta es la triste, amarga y cruda realidad, el famoso país de propietarios de que tanto se jacta Álvaro Uribe Vélez en todos sus absurdos consejos comunitarios, no es más que una farsa, una mampara mediática que ilusiona, engaña y distorsiona la política oficial en términos de la vivienda tanto urbana como rural de los colombianos. En términos de dos años a José Ovidio Ramírez y otros el Estado les entregó el bombón, se dio la publicidad del caso, y enredó a millones de colombianos con unas entregas de viviendas que deberían solucionar el drama de miles de colombianos que, a causa del desplazamiento, se han quedado en la calle varados y sin con qué levantar nuevamente su proyecto de vida. Pero les impuso un tren inaguantable de cobros excesivos de servicios públicos, de la misma vivienda para cubrir con las obligaciones con el Fondo de Vivienda, a parte de obligación de construir muros en el patio para asegurar su escaso patrimonio y la integridad de sus familiares.
Nadie se explica muy bien cómo ocurre esto con un bien inmueble entregado bajo el concepto de “Reubicación”, y que por ende no debe haber cobro alguno de la vivienda, máxime si los aportes de las entidades donantes o colaboradoras del proyecto piloto de vivienda junto con el monto del subsidio oficial sumaban la no despreciable cifra de diecinueve millones de pesos, que en últimas es el valor real de un tipo de vivienda como la que se encuentra en el sector de Potrero Grande.
La reubicación obedece a criterios de trasladar a grupos humanos que se encuentran en situación de alto riesgo por diversos factores, más que todo por fenómenos naturales – derrumbes o deslaves, invierno, inundaciones, movimientos telúricos, etc.- y a quienes el Estado les reconoce su condición de morador – tenedor de un terreno en determinada zona suburbana o propietario en “barrios legalizados”, en zonas de ladera por lo general. Entonces se les entrega una casa de habitación a cambio de la otra que debe despojarse, es un trueque entre el asociado y el Estado ante la ausencia de una verdadera política nacional de vivienda.
Respuesta del estado contra la jueza de paz
Ahora los funcionarios que han sido inferiores a su deber y capacidad de actuar, que priorizan el uso de la fuerza por el de la razón, que compiten por los logros y felicitaciones o reconocimientos de sus superiores, le corrieron traslado del accionar “terrorista” de la Jueza de Paz de la Comuna 21, Nancy Magaly Paz, ante el Consejo Seccional de la Judicatura para iniciar un proceso disciplinario y quitarse la piedra del camino. La Magistrada Dra. Carlina Mireya Varela es quien lleva el proceso y no se vislumbra un sendero esperanzador para la “Dra. Magaly”.
El material probatorio es tan confuso y a favor de la presunta implicada, que el mismo Capitán Manuel Pinilla expresa ante la Inspección de Los Mangos: “Primero que todo se debe realizar una reunión previa al desalojo para coordinar la cantidad de personal … y darles una solución ya que hay presencia de menores de edad y adultos mayor, es de anotar que hay que buscar otras posibilidades para conciliar con la comunidad para evitar un problema mayor, ya que una de las funciones de la policía es la prevención social. También se debe buscar la reubicación de las personas a desalojar”. (Diligencia de Desalojo Exp. 4161.2.9.6.045 ante la Inspección Urbana de Policía Primera Categoria de Los Mangos en Mayo 6 de 2009).-
Mientras tanto, la Dra. Juanita Rodríguez, de la Secretaría de Vivienda Social, expresa que: “la señora Magaly Paz quien dice ser Juez de Paz, incitó a la comunidad que empezara a agredirnos con piedras y demás elementos contundentes, y se deja constancia de que los funcionarios recibieron golpes en espalda, brazos y piernas, vehículos rayados”. Seguidamente en la misma diligencia añade: “Que los contratistas programados para colaborar durante el operativo, escucharon a la señora Magaly Paz y a otros líderes de la comunidad, cuando los incitaban para rosear los vehículos y a los demás asistentes a la diligencia para prenderle fuego y por tal motivo ellos se retiraron”. (Diligencia de Desalojo Exp. 4161.2.9.6.045 ante la Inspección Urbana de Policía Primera Categoría de Los Mangos en Mayo 6 de 2009).-
A los tres días, en su informe por escrito, la misma funcionaria Juanita Rodríguez ante la Arquitecta Amparo Viveros Vargas, se contradice al afirmar: “Para ese entonces, yo me encontraba ubicada dentro de uno de los vehículos de la Secretaría de Vivienda por recomendación del Comandante de Policía, quien se percató de la actitud que la comunidad en general asumió en mi contra. … En ese momento la comunidad al mando de la señora Nancy Magaly Paz Benavidez se retiraron a buscar gasolina y prender fuego a los funcionarios, la fuerza pública y a los vehículos, igualmente por información no confirmada uno de los habitantes pretendía activar una granada en el lugar, motivo por el cual, la inspectora de policía decidió suspender la diligencia, y nos dirigimos a la Estación de Policía de Decepaz y allí levantar un acta de lo ocurrido. … Afortunadamente, en el lugar de los hechos no hubo heridos, ni daños que lamentar, pero no pudo haber sido así.”
La comunidad de Potrero Grande resalta las contradicciones en las declaraciones de esta funcionarias. Lo primero es que no entienden cómo, estando allí presente la fuerza pública, al detectar la presencia de una persona con una granada no lo capturó y decomisó tal artefacto de guerra. Además, en su diligencia inicial afirma que varios de los funcionarios que asistieron a realizar la diligencia salieron lesionados y se registraron daños en los vehículos, y en su informe dice lo contrario. ¿Por qué no cumplieron con su deber de desalojar a los moradores de la vivienda si, como ella lo afirma, la comunidad al mando de la jueza de Paz se fueron a buscar gasolina?
De la verdad oficial a la de las comunidades
Daniel Velásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Potrero Grande, manifiesta que los vigilantes de los sectores durante la construcción y entrega de las primeras casas llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Vivienda para colaborarles con su vivienda, y hoy los están desalojando. “Y es un proceso complicado, puesto que nuestro barrio está catalogado como de alta peligrosidad, pero no es cierto, antes por el contrario se están vulnerando los derechos humanos, el derecho a tener una vivienda digna y dar solución a estas familias”.
Elizabeth Cañón, madre cabeza de hogar con 2 niños menores, vive en el barrio desde el 2007, cuando su ex compañero Luís Hernando Narváez salió beneficiado con una vivienda, porque no tenían como pagar un arriendo. Ellos han sido objeto de dos desplazamientos; Luís Hernando se fue de su lado y la dejó en esa vivienda. A la fecha ha sido atropellada en tres ocasiones por los funcionarios de la Policía y la Secretaría de Vivienda, han llegado con Bienestar Familiar para quitarle sus hijos. Ahora, cada vez que le llega un comunicado de desalojo, lo que hace es avisarles a los vecinos y a la Dra. Magaly para que la acompañen. “Pero nunca hemos agredido a nadie, antes los antimotines son los que nos han agredido, disparando gases y golpeándonos con los bolillos”.
Ana Cecilia Quiñones, moradora del barrio Potrero Grande, es madre cabeza de hogar con 4 hijos y dos sobrinos que está criando, a pesar de ser desempleada. “En el barrio estamos viviendo un conflicto más que todo con las autoridades, la misma policía es la delincuencia, es lo malo que hay en el barrio”. Ana Cecilia fue agredida por unos agentes de policía, que ella misma demandó, por no dejar maltratar a su hijo. “En el barrio todos somos unidos y nos gusta colaborarnos entre todos”.