Hacía ya once años había triunfado la Revolución Bolchevique en Rusia, y aún las piernas enclenques de los amigos del status quo se estremecían ante la amenaza comunista. Por aquellos días Colombia era gobernada por Miguel Abadía Méndez (1926-1930), último presidente de la hegemonía conservadora que echara raíces durante 42 años.
Graves problemas económicos que llevaron al aumento de la deuda externa para el desarrollo de obras de infraestructura como ferrocarriles, carreteras y puertos; la recesión mundial del 29 que amenazó con una parálisis financiera y de la producción; y la incansable persecución de ideas comunistas y la represión de cualquier tipo de organización social, caracterizaron su gestión, apoyada desde el principio por las multinacionales que competían por el control del país, especialmente por la United Fruit Company (UFC), compañía estadounidense dedicada a la producción y comercio de frutas tropicales.
Treinta años llevaba la UFC en Colombia, disfrutando del paraíso que la irrisoria legislación nacional había creado para las empresas explotadoras. Desde su nacimiento en 1899, sus intereses comerciales abarcaron Centroamérica y El Caribe, teniendo plantaciones en Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Santo Domingo, donde se apoderó no sólo de la tierra, sino también del agua, la infraestructura de transporte y comunicaciones, e implantó su propio sistema de crédito. Además, con el respaldo del gobierno estadounidense, sobornó políticos, financió invasiones, promovió golpes de Estado, derogó e impuso presidentes, respaldó escuadrones de la muerte, desarrolló actividades ilegales contra los trabajadores, y acabó a balazos con huelgas y movilizaciones. Aún hoy continúa haciéndolo bajo el nombre de Chiquita Brans, y también continúa sobornando empleados públicos, asesinando selectivamente a líderes sindicales y financiando a las Autodefensas Unidas de Colombia con exageradas sumas de dinero y transporte de armas de largo alcance.
Rodilla en tierra y metralla homicida
El 12 de noviembre de 1928 se produjo una de las tres grandes huelgas de la década contra compañías norteamericanas. Entre 25 mil y 30 mil trabajadores de la United Fruit Company se negaron a cortar los bananos producidos por esta empresa o por productores nacionales contratados por ella. Durante diez años cada sector específico de la multinacional protestó y cesó sus actividades laborales, sin resultado alguno. Pero por primera vez en la historia de la UFC en Colombia, los trabajadores del enclave y del ferrocarril se unieron, organizaron y reclamaron colectivamente atención a sus demandas.
No eran descabelladas sus nueve peticiones. En realidad sólo exigían el cumplimiento de las leyes colombianas, exiguas por aquellos días y sumamente benevolentes con las empresas. Asociados a través de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM), constituida en 1925, los trabajadores reclamaban “establecimiento de seguro colectivo y obligatorio, reglamentación sobre accidentes de trabajo, dotación de habitaciones higiénicas y reconocimiento del descanso dominical remunerado, aumento de salarios, eliminación de los comisariatos y libertad comercial en la zona bananera, supresión del sistema de vales como forma de pago, cancelación salarial cada semana, creación de contratos colectivos, construcción de hospitales bien dotados, y ampliación de los campamentos”.
La gerencia general de la UFC aceptó a regañadientes los puntos concernientes al mejoramiento de las condiciones higiénicas de las habitaciones, la construcción y dotación de hospitales, el pago semanal, y la cancelación del 50% del salario en efectivo, sólo se suprimirían parcialmente los vales. Lo demás lo consideró ilegal.
En todo momento la compañía bananera contó con el respaldo del gobierno nacional. Al día siguiente de iniciada la huelga, la zona recibió un nuevo jefe militar, el general Carlos Cortés Vargas, quien días después daría la siniestra orden de abrir fuego contra miles de hombres y mujeres en la estación de tren de Ciénaga. Su llegada a la región y las medidas tomadas en los días siguientes, demostraron que el gobierno nacional consideraba el conflicto laboral que se presentaba en la zona como un movimiento subversivo claramente comunista. A medida que pasaban los días, crecía el rumor de que los trabajadores no estaban en huelga, sino que preparaban una insurrección, que atacarían a Santa Marta y a sus pobladores. Y los soldados locales iban siendo reemplazados por un contingente enviado desde el interior del país, para que no fueran movidos por sentimentalismos en caso de “tener que tomar una actitud decisiva”.
En la tarde del 5 de diciembre se reunieron en la plaza y la estación de tren de Ciénaga unos 4 mil obreros para recibir al Gobernador del Magdalena y exigirle que obligara a la UFC a negociar con ellos. Ese mismo día, casi a las 10 de la noche, el general Cortés recibió la declaración de Estado de Sitio y su designación como Jefe Civil y Militar. Con su nueva investidura, en nombre de la “tranquilidad de la patria” y por pedido de la compañía bananera, reunió a sus hombres, alcoholizados algunos, e hizo rodear plaza y estación.
“Cinco minutos —anunció— para desocupar”. Esa noche Ciénaga se inundó del rojo de los obreros, acribillados por los tiros del Estado. El gobierno se lavó las manos diciendo que sólo murieron “nueve revoltosos comunistas”. Pero incluso el cónsul estadounidense en Santa Marta informó a su gobierno que fueron más de mil las víctimas.
Aún hoy se desconoce el número real de personas asesinadas, ya que no sólo fueron los muertos de Ciénaga, sino también los de los alrededores, cazados indiscriminadamente por el Ejército en los días siguientes. Y muchos de los cadáveres fueron recogidos por los militares, y llevados hasta el mar en los vagones que transportaban la fruta, para que se perdieran en sus profundidades.
Por muchos días la indignación y el terror producidos por la masacre permanecieron silenciados por la censura del gobierno. Las víctimas debieron esperar la aparición de periodistas, académicos y políticos que osaron resistirse y contarle al país que “el suelo colombiano fue teñido de sangre para complacer las arcas ambiciosas del oro americano”, como dijera Jorge Eliécer Gaitán en un debate ante el Congreso, cuando apenas comenzaba a convertirse en el portavoz más conocido del movimiento obrero.