Por: Olimpo Cárdenas Delgado
Hace 16 años, campesinos, indígenas, afros, jóvenes, ambientalistas, sindicalistas y miles de personas más de múltiples sectores sociales y territorios daban origen a una organización diversa y paradigmática en Colombia: el Congreso de los Pueblos. El movimiento social y toda expresión de resistencia venían de sufrir una dura criminalización y persecución durante los 8 años que Alvaro Úribe Vélez ostentó el poder. En la adversidad han brotado espacios, estrategias y procesos de resistencia que hoy son pilares en la defensa de los derechos humanos, los ejercicios de memoria y la exigibilidad de derechos en Colombia.
Antes de fundarse el Congreso de los Pueblos, la Minga de Resistencia, Social y Comunitaria desafió en las calles el despotismo de Alvaro Úribe. Luego de muchas tulpas de pensamiento, movilizaciones y comisiones políticas, nació en el 2010 una gran convergencia que se propuso generar instancias de gobierno propio y legislar con sus propios mandatos. Hoy, casi dos décadas después de su conformación, y ad portas de que inicie un régimen político que recuerda las peores épocas de Úribe Vélez, hablamos con Jimmy Alejandro Moreno, parte del equipo de conducción política y vocerías del Congreso de los Pueblos, sobre los retos que presupone el gobierno por venir.
P: Una de las características más importantes en el surgimiento del Congreso de los Pueblos fue la diversidad de territorios, de organizaciones y de pueblos que hacían parte de la propuesta, ¿cuál fue la clave para lograr esa convergencia o esa unidad del movimiento social?
R: Había un contexto de reconstrucción del movimiento social popular colombiano. Cuando se hace el Congreso de Congresos, vemos un sinnúmero de pueblos indígenas, campesinos, afros, sectores ambientalistas, sectores juveniles, sindicatos, diversidades, sexuales, mujeres, etcétera; que lo que mostró fue que en su momento era una de las apuestas políticas más interesantes, más bonitas que tenía el país por su diversidad. Veníamos de muchas discusiones territoriales, de miradas sectoriales del país que lograron concluir en esa convocatoria. Hay que decirlo, fue un evento de más de 30.000 congresistas populares que nos sentamos varios días a pensarnos, a caminar la palabra, a construir los mandatos, a construir toda esta línea de legislación popular. Esas nuevas formas metodológicas de toma de decisiones, de sujetos colectivos, ayudaron a potenciar la convocatoria.
P: ¿Cuáles fueron esos principales mandatos fundantes y cómo se han ido transformando con el tiempo?
R: Surge como una línea base de mandatos. Uno es el mandato de tierras, territorios y soberanía, que es como el mandato que más potencia tiene por la diversidad de agendas temáticas. Allí mandatamos, por ejemplo, sacar las multinacionales de los territorios, fortalecer el movimiento agrario, campesino. Empezamos a hablar de la relación campo-ciudad. Se habló mucho de la necesidad de impulsar los procesos de guardia campesina y cimarrona, entendiendo que efectivamente la guardia indígena tenía unos desarrollos y necesitábamos dar un salto cualitativo en las apuestas de esta nueva guardia. Ese mandato, que se desarrolla en el 2011, surge en una coyuntura muy importante: las luchas ambientales, las luchas por la defensa de los páramos, del agua y demás; por eso termina con una movilización hacia Cajamarca.
Otro fue el mandato para la paz, que tuvo un desarrollo en el 2013. También surge en una coyuntura en la que se empiezan a potenciar algunas mesas de negociación con las insurgencias. Nosotros decíamos que los pueblos necesitábamos sentarnos a discutir cuáles podían ser esas rutas de construcción de paz. De allí se identifica la necesidad de crear un movimiento social por la paz. Se habló de potenciar los diálogos territoriales, y que la paz no era simplemente un proceso de desarme, desmovilización, reinserción, sino que se debía entender la necesidad de unas transformaciones estructurales, y que si eso no se desarrollaba, no podíamos hablar de paz.
Sobre eso hay unos elementos que se mantienen en la coyuntura porque esas causas estructurales que dan origen al conflicto no han terminado.
Hubo otros mandatos: economía para la vida y contra la legislación del despojo; construyendo poder para el buen vivir; cultura, diversidad y ética de lo común; violación de derechos y acuerdos incumplidos; integración de los pueblos y globalización de las luchas. Esos fueron los mandatos fundantes de ese encuentro del 2010. Luego fueron saliendo otros; es una dinámica que se ha mantenido viva. Entendemos que se hace desde abajo, desde ese diálogo de procesos y sectores populares; entendiendo la dinámica de movilización y la construcción de poder popular y de vida digna como elementos estratégicos. En la medida en que se camina la palabra y surgen los retos para los procesos y los territorios, se han venido gestando otros mandatos como el obrero sindical, el juvenil, el educativo, entre otros.
P: ¿Cuáles son los principales retos político-organizativos en la coyuntura actual para el Congreso de los Pueblos?
R: Hoy el movimiento social popular debe volver a retomar la perspectiva estratégica de país, entendiendo que esa perspectiva puede caminar desde varias dinámicas y líneas de trabajo. Creemos que es más urgente que nunca el tema de la unidad, entendida desde el reconocimiento del sujeto colectivo, del reconocimiento de las diversas miradas organizativas, toma de decisiones, de democracia directa.
La movilización debe ser un punto fundamental. Un pueblo que esté activo en las calles, en las carreteras, que logre levantar sus propuestas y sus programas que ha venido construyendo históricamente. Todos los escenarios que se han constituido responden a ese sentir y a esa necesidad de encontrarnos para seguir disputando las apuestas del movimiento social.
Otro elemento que nos parece muy importante es la articulación con las dinámicas internacionales. No solo en el sentido de la solidaridad, sino también desde un internacionalismo popular, entendiendo que hoy tenemos un enemigo común, que es el imperialismo de los Estados Unidos, ese avance de la ultraderecha, ese avance del fascismo que se viene dando en varios países, y que es una amenaza estratégica hacia los movimientos sociales y populares.
Por otro lado, seguir sosteniendo todas estas banderas que son producto de acuerdos incumplidos luego de varias jornadas de movilización durante todos estos años de lucha social y política.
P: ¿Qué lecciones le deja al Congreso de los Pueblos el primer gobierno progresista en la historia de Colombia?
R: Nosotros nos declaramos en autonomía e independencia. Lo decíamos al inicio de este gobierno: no era posible llegar a ser gobierno si no se entendía el estallido social del 2019 y 2021 como un punto que hace una ruptura en el país, y que a raíz de esa gran movilización se facilita la posibilidad de cambiar esa oligarquía tradicional que sigue anclada en el poder.
Por las experiencias de los gobiernos progresistas en América Latina, dijimos que lo que estuviera bien lo íbamos a respaldar, y que las reformas no podían quedar solo en cambios maquillados propios de una democracia liberal, sino que debíamos hacer esfuerzos porque fueran reformas más estructurales.
Por otro lado, también planteamos que había que discutir temas gruesos como el modelo económico y la doctrina de seguridad, puesto que el concepto del enemigo interno ha sido una excusa permanente del Estado colombiano y los gobiernos para criminalizar al movimiento social. Por eso en el año 2023 hicimos una primera movilización que tuvo como centro la Lisama [Santander]. Allí firmamos unos compromisos con este gobierno para hacer una discusión sobre la doctrina de seguridad y la estrategia del paramilitarismo. Y mantuvimos así una dinámica permanente de movilización, porque a raíz de lo que ha pasado con otros gobiernos progresistas, sabíamos que no solo no se debe dejar instrumentalizar y cooptar el movimiento social, sino que nuestras agendas tienen un camino mucho más estratégico que lo que implican estas agendas más gubernamentales.
En temas de paz, sabemos que todo eso que llaman paz total, fue más un fracaso. Se termina no reconociendo el conflicto y, pese a ser algo que no hizo ningún gobierno de derecha, se llegó casi que a darle un reconocimiento político al paramilitarismo. Sabemos cuáles son las implicaciones y cuáles son los alcances del paramilitarismo, que pareciera que en este gobierno se fortaleció. Y que vamos a ver unas situaciones muy complejas a raíz de ese fortalecimiento dado el momento político que viene; toda esa ultraderecha ya está utilizando la violencia, la criminalización, contra cualquier expresión que se vaya a oponer a este próximo gobierno ilegítimo.
Por otro lado, si bien se avanzó en términos de lo agrario, lo campesino, en algunos temas de educación, entre otros sectores, hoy no podemos reducir las luchas solo a un elemento institucional, sino que eso se tiene que complementar con las banderas más estratégicas del movimiento social y popular. Para el Congreso de los Pueblos, la lucha institucional es una línea de trabajo, pero nuestra perspectiva va más allá, hacia un horizonte de construcción del socialismo, de poder popular y demás.
Con el gobierno hubo unas tensiones cuando se hablaba de poder popular. Desde el Partido Pacto Histórico, y desde el mismo gobierno, se entendía que el poder popular era convocar a movilización cuando había una coyuntura especial. Nosotros decimos que el poder popular es un poder contrahegemónico, que desarrolla sus propias formas organizativas, sus propios mecanismos de autocuidado, de autoprotección, su propio modelo económico, avanza en unas territorialidades y construye gobiernos desde los pueblos.
Creemos que queda una deuda muy grande al no discutirse el modelo económico y no discutirse la doctrina de seguridad. Además de otros asuntos que se pasaron por alto, y que fueron banderas fuertes en el contexto de otras movilizaciones. Los asesinatos, la persecución y demás contra la vida de los defensores de derechos humanos, los líderes y las lideresas siguen aumentando, y eso obedece al escalamiento del conflicto social y armado en los territorios. En ese sentido reconocemos que hubo avances, pero nuestras agendas no se detienen en lo institucional y hoy tenemos un escenario adverso.
P: ¿Qué piensa proponerle Congreso de los Pueblos al grueso del movimiento social para materializar esa unidad y hacerle frente a este gobierno fascista que se viene en Colombia?
R: Venimos desarrollando unas agendas de interlocuciones, de conversas, de activar algunos espacios que han venido caminando desde hace varios años. Muy importante poder activar procesos como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular [surgida en 2014]; darle mayor fuerza a la Asamblea Nacional Popular; darle un contenido muy fuerte a la movilización y la construcción del poder popular.
Estamos planteando la necesidad de hacer un encuentro nacional de organizaciones sociales, populares, sindicales, que nos parece fundamental para construir una agenda política y una agenda de movilización que vaya a confrontar este gobierno fascista que viene. Necesitamos también buscar puentes entre el movimiento social y el partido Pacto Histórico, entendiendo que se requiere un sujeto colectivo que eche a caminar una agenda de país desde lo político, desde lo institucional, desde los sentires y las propuestas que tienen los pueblos.
Por otro lado, creemos que es necesario ir fortaleciendo los mecanismos de cuidado y protección como las guardias indígenas, campesinas y cimarronas, sabiendo que es con esos mecanismos que podemos proteger los liderazgos, pero también los acumulados territoriales. Entonces, ya vienen caminando diversas iniciativas para mirar cómo en este nuevo momento podemos avanzar, pero entendiendo también la necesidad de hacer un balance del gobierno, un balance de lo que sucedió en la reciente campaña presidencial, un balance de Estado real del movimiento social, y sobre eso ir proyectando unas agendas políticas que permitan confrontar este momento que viene para el país.
