Por: Redacción investigativa Periferia
El mensaje de la valla no da lugar a interpretaciones: “La plaga se arranca de raíz… Defiende tu tierra. Vota a la derecha”. La propaganda instalada meses antes de las elecciones presidenciales de 2026 y exhibida en el kilómetro 22 de la vía Las Palmas — La Fé, que comunica a Medellín con El Retiro—, tenía grabada la palabra plaga con los mismos colores del Pacto Histórico, partido de izquierda que en ese entonces gobernaba el país; además, un código QR, las redes sociales, un número celular, el nombre y el logo de Nativus Colombia. La publicidad política de la empresa que dice dedicarse al diseño, instalación y cuidado especializado de jardines, encarna lo que los alemanes llaman zeitgeist, que en español podría traducirse como el espíritu de una época.
Una vez computados los votos que determinaron la composición del actual Congreso de la República, La Silla Vacía catalogó a El Retiro como “el municipio más uribista de Colombia”. El 8 de marzo de 2026, día de la elección, 7.903 habitantes (el 61,7% de los votos totales) marcaron la lista cerrada que presentó al Senado el Centro Democrático, partido dirigido al antojo de Álvaro Uribe Vélez, expresidente investigado por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad.
Este municipio del Oriente antioqueño también fue noticia a mediados de mayo, una semana antes de la primera vuelta presidencial. Por vestir camisetas del Pacto Histórico y repartir propaganda política del candidato Iván Cepeda, un puñado de personas estuvo a punto de ser linchadas por la turba que les insultó y les acorraló en el parque principal.
Los resultados de las tres elecciones realizadas en 2026 dan cuenta de la disciplinada devoción con la que se apoyan políticas de derecha en El Retiro. De los 23 municipios del Oriente antioqueño, registró la mayor participación porcentual en la segunda vuelta presidencial (78,50%). 14.610 votos aportó al triunfo del candidato de extrema derecha Abelardo Gabriel de La Espriella (lo que representó el 81,33% del total de votos válidos de El Retiro).
Por la sabiduría popular sabemos que pueblo pequeño es sinónimo de infierno grande. La minoría que simpatiza con posturas ideológicas diferentes al conservadurismo mayoritario, debe hacerlo prácticamente en silencio si no quiere vivir un calvario entre los 25.000 habitantes que tiene El Retiro, y en los menos de 2 kilómetros cuadrados de su cabecera urbana. Hasta el acto más inofensivo que critique la gestión del actual alcalde Santiago Montoya, o de los partidos que él respalda, puede tener un castigo político y social en El Retiro.
En su tiempo libre, Cindy Lorena Balvin toca saxofón, cultiva comida y alimenta sus gallinas. El 19 de febrero de 2026, Cindy se paró sola en el atrio del parque principal con una cartulina en la que había escrito “ni un peso atrás”. Para ese día el presidente Gustavo Petro había convocado a movilizaciones que respaldaran y defendieran el decreto del salario mínimo vital, suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado.
“A mí esa convocatoria me estremeció mucho, porque es algo que uno vive todos los días. Uno sabe el salario que uno se merece. Uno va al sol y al agua, un montón de cosas que tiene que soportar; yo me quedaría aquí toda una tarde diciéndole por qué razones uno merece ese salario. Yo no pertenezco a ningún grupo ni nada. Por eso lo hice sola, porque a mí lo único que me hizo ir allá fue sentir lo que me merecía de verdad como trabajadora”, explica Lorena.
Esa tarde, primero se le acercaron dos policías. Le preguntaron qué estaba haciendo ahí y ella les respondió que leyeran el cartel. La gente, según ellos, se había quejado de que les daba miedo entrar a la iglesia por su presencia. Los policías pararon el interrogatorio, pero siguieron dándole rondas al parque. Después, la interrogaron más policías y funcionarios de la Alcaldía que se quedaron al frente de ella, le preguntaron que a qué hora se iba, a lo que Lorena respondió: “Hasta que me canse”.
Lorena no sabe exactamente cuánto tiempo pasó, pero sintió que fue una eternidad. Los policías se cansaron antes que ella. Llegó a su casa inquieta por las preguntas que le habían hecho, hizo una publicación de lo sucedido en redes sociales y al día siguiente puso una queja en la personería que no tuvo mayor trascendencia. Esa misma semana la despidieron del cultivo de hortensias en el que llevaba cuatro años sembrando, desmalezando y haciendo lo que tocara hacer. “Yo le doy vueltas al asunto, y esa fue la única razón por la que me pudieron despedir”, dice ella. Lorena asegura que nunca tuvo inconvenientes con su jefe, pese a los malos tratos y comportamientos humillantes del patrón.
“Hay temas muy delicados que no se tratan en El Retiro, de los que nadie puede hablar. Uno se pone a hablar con la gente y uno siente que el alcalde como que le monta una bronca y una persecución al que le lleve la contraria y se haga sentir. Me puse a conversar con un vecino de la vereda y me contó que le pasó lo mismo: en el trabajo todos sabían que él era opositor y de repente lo fueron despachando. Eso es lo que siempre le pasa al pueblo; por el miedo a perder un montón de cosas, prefieren agachar la cabeza. Es una lástima porque uno debería ser libre de pensar lo que uno quiera y expresarse, siempre y cuando uno no esté haciéndole daño a nadie”, manifiesta Lorena.
Otra mujer que solicitó mantener su nombre en reserva aseguró que le terminaron su vínculo laboral con Fondeser por razones similares a las que presuntamente motivaron el despido de Lorena y su vecino. Según ella, el director de la empresa municipal que otorga créditos para impulsar el desarrollo del municipio en diversos campos se reunió con cada empleado en su oficina para indicarle por quién votar en las pasadas elecciones a Cámara y Senado. Ella se negó a seguir la directriz, entonces la sacaron.
Aquí mando yo
Sin que eso lo exima del matoneo y el castigo social, el rol que desempeña Simón Moreno Bedoya le permite afirmar sin titubeos que por más de 20 años la administración de lo público en El Retiro ha estado en manos de la misma clase política. El politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión y planificación territorial de la Universidad de los Andes, y actual concejal por el Partido Alianza Verde, el único de los 11 que hace oposición, agrega que hasta hace unos meses los exalcaldes Nolber Bedoya (2020-2023) y Andrés Sanmartín (2004-2007) trabajaban con la administración actual o manejaban la contratación de alguna dependencia; por tanto, hacían parte de la coalición de gobierno. Como la política es dinámica, hace unas semanas Santiago Montoya cambió de aliados: la gente de Bedoya y Sanmartín salió de la alcaldía, al igual que el notario municipal, y ahora otros dos exalcaldes son asesores de la administración: Carlos Mario Salazar (2008-2010) y Juan Camilo Botero (2016-2019).
Además, dice él, Montoya se aprovecha de que la administración municipal es la principal fuente de empleo para controlar las opiniones sobre su gestión y disciplinar cualquier crítica. Simón lo explica así: el joven guarceño que estudie una carrera y se profesionalice, tiene dos opciones: irse del municipio para poner en práctica su conocimiento o quedarse en el municipio y hacerse con un puesto en la alcaldía. Para lo segundo, el principal requisito es hipotecar el voto propio y, en lo posible, el de sus familiares y personas cercanas. “Yo te contrato si votas por mí, si votas por los que yo te diga; eso es lo que vemos hoy en el municipio. Existen varias denuncias, no públicas, de contratistas que son presuntamente obligados a apoyar determinadas campañas. Adicionalmente, listados que les hacen llegar a los contratistas de 20 personas que deben votar por los candidatos de la administración municipal o del grupo de gobierno que está actualmente. También un constante perfilamiento en redes sociales: si publican, si dan likes, no dan likes, si apoyan o no apoyan. Hay una enajenación del servidor público alrededor de unos fines políticos”, afirma el concejal.
En las cuentas de Simón, sin contar otros entes descentralizados, son alrededor de 350 los contratistas que tiene la alcaldía de El Retiro. Lo que para él es un exceso de burocracia y una manera de concentrar el poder. El concejal no desconoce que en el municipio hay un voto de opinión preferente por el Centro Democrático, y por otros partidos de derecha como Salvación Nacional o Creemos. Sin embargo, tampoco descarta que las motivaciones de ese voto estén condicionadas por miedo a perder el trabajo que les da el sustento a cientos de familias. Si los 350 contratistas cumplen con los 20 votos que presuntamente se le exigen a cada uno, el partido que sea respaldado por la actual administración tendría al menos 7.000 votos asegurados.
“El alcalde concentra un gran poder, no solo político, sino económico, porque de él dependen muchas familias en el municipio. Adicionalmente, también controla los medios a través de la contratación. Medios como MiOriente o Entre Ceja y Ceja siempre están comunicando lo que la administración municipal quiere que se publique”, asegura Simón.
Periferia accedió a varios contratos y pudo corroborar que, en 2024, la alcaldía de El Retiro y MiOriente firmaron un contrato por un valor de $274.000.000 millones, en 2025 otro por $411.396.000 millones, y en 2026 uno más por $330.000.000 millones, para un total de $1.015.000.000 millones (ver contratos aquí). Según las pesquisas de Simón, desde 2024 hasta junio de 2026, el gasto total en comunicaciones asciende a $4.481.593.795 millones.
Hace unas semanas, durante un debate de control político, el concejal denunció además la contratación de la firma Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación S.A.S. por un monto de $328.000.000 millones. El informe al que pudo acceder Periferia, da cuenta de que la firma le sugirió a la alcaldía de Santiago Montoya crear una serie con perfiles falsos; elaboró una caracterización de sus opositores; analizó el impacto que tuvo en la opinión pública el asesinato de Janeth Posada —quien fue encontrada muerta en marzo de 2024 luego de ser brutalmente golpeada —, y le sugirió como responder a ella; redactó mensajes de respuesta al entonces presidente Gustavo Petro; creó un plan de acción para mejorar la percepción de seguridad, recurriendo a una campaña basada en falsos rumores; diseñó un plan para aprovechar el nacimiento del hijo del alcalde y fortalecer su imagen política; y propuso hacer un video en el que se desacreditara “a quienes se oponen al proceso de actualización catastral, posicionándolos como obstáculos para el desarrollo de El Retiro al 2050”. (Ver informe completo).
Respuesta al entonces presidente Gustavo Petro sugerida por la firma Jaramillo Luján
Mensaje de la firma Jaramillo Luján al alcalde en el cual se le comparten los análisis del impacto mediático del asesinato de Janeth Posada y se le sugiere una respuesta a dicha crisis
Plan mediático sugerido por la firma Jaramillo Luján para aprovechar el nacimiento del hijo del alcalde
Estrategia de descrédito a la oposición sugerida por la firma Jaramillo Luján
En una nota publicada por El Colombiano, Santiago Montoya le restó importancia a la denuncia: “Es la posición de un asesor político y estratega diciendo cuál es su visión sobre los concejales; no se habla de perseguir ni de atentar contra nadie […] El 90% de lo que aparece en mis redes es el día a día de mi labor como alcalde. Entonces, obviamente, no es ningún delito ni es algo ilegal; para eso es un estratega y un asesor político […] La Contraloría, por solicitud del concejal y de sus amigos, revisó si había alguna irregularidad y el informe final determina que no es así”
Un integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño que accedió a compartir su testimonio siempre y cuando no se revelara su identidad por miedo a las consecuencias que podría tener en el emprendimiento de su esposa, reafirma parte de las denuncias hechas por el concejal de la oposición: “Hay muchas personas que, por pensar diferente, reciben una presión muy alta del alcalde. Allá, si usted no votó por Santiago, usted no tiene derecho a ayuda, no tiene derecho a apoyo y no tiene derecho a trabajar en la alcaldía”.
De acuerdo con la información que ha podido recabar el defensor de derechos humanos, el alcalde Santiago fiscaliza de manera obsesiva cada centavo que sale de la administración para saber dónde se pone y a quién se le da. “Allá, sos del Centro Democrático o no servís. Todo el que tenga una mirada distinta estorba y no le dan el apoyo suficiente, no le dan oportunidad ni espacios para dialogar”, agrega.
“Nada se mueve si él [Santiago] no sabe. Es un control muy psicótico. Eso requiere mucha energía. Me da miedo porque es muy obsesivo”, manifiesta Miguel Restrepo, joven que hace parte de Casa de Semillas, y quien desde el 2014 impulsó varias iniciativas juveniles y de educación ambiental, hasta que en 2019, él y sus compañeros empezaron a ser señalados y vetados por la administración debido a sus posturas políticas, su participación en jornadas de movilización nacional y la apropiación de una huerta en un pedazo contiguo al Parque Educativo; pedazo que hoy se mantiene en pie y parece un pequeño bosque urbano.
Simón menciona otros dos casos que dan cuenta del matoneo y el sabotaje al que recurre la alcaldía contra quienes considera sus adversarios. En lugar de armonizar su política pública con la iniciativa de una lideresa que intentó controvertir la normalización del machismo en el municipio, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, además de acompañar y asesorar a quienes habían sido víctimas, la administración creó algo que llamó Escuadrón Púrpura, cuyo proceder y real impacto tiene serios cuestionamientos por su postura institucional que no ofrece soluciones reales que ataquen a las raíces del problema.
Alérgica a cualquier protesta, recuerda también el concejal, la alcaldía individualizó, estigmatizó y presionó a los estudiantes del Colegio Los Salados que en septiembre de 2025 cerraron la vía entre El Retiro y Medellín por la mala calidad de la infraestructura y la falta de personal de aseo.
En su momento, la Mesa de Derechos Humanos intentó asesorar y acompañar la creación de una mesa propia en el municipio, que sirviera como escenario de diálogo y concertación entre la Alcaldía, comunidades y jóvenes de algunas colectividades. Pero el día que se oficializó la conformación del espacio, las juventudes fueron marginadas y solo fueron invitadas aquellas personas que comulgan con las posturas del alcalde. Aunque la Mesa ha intentado tender puentes, ante la soberbia del poder ha resultado infructuoso. “El man es un tipo que se siente por encima de la ley. El tipo se va contra lo que sea. Entonces es un municipio muy complejo, es un municipio vigilado, es un municipio controlado”, aseguró el defensor de derechos humanos.
Al parecer Montoya no inventó el modus operandi; tan solo es el continuador de una forma de gobernar que tiene ínfulas monárquicas. Cuenta el defensor de derechos humanos que varios jóvenes del colectivo agroecológico y cultural Casa de Semillas fueron señalados y perseguidos por participar en el Paro Nacional de 2021. En aquel entonces, Santiago Montoya era el secretario de gobierno del alcalde Nolber Bedoya. Una de las jóvenes de Casa de Semillas tenía un contrato con la Universidad de Antioquia, quien a su vez estaba ejecutando un convenio con la alcaldía. Según el integrante de la Mesa, la administración fue clara con la institución educativa: “Seguimos en el convenio, siempre y cuando echen a esa pelada”.
Un habitante del municipio que en este reportaje llamaremos Javier* también vivió en carne propia las consecuencias de no ceñirse a las prácticas clientelares con las que se administra lo público en El Retiro. En la pasada alcaldía de Nolber Bedoya (2020-2023), cuando fue elegido presidente de la Junta de Acción Comunal de una de las 20 veredas —cuyo nombre se omite por solicitud de la fuente—, sufrió el castigo político por no asistir a las reuniones en las que se incentivaba el voto por Esteban Quintero —hijo de Rubén Darío Quintero, exsenador condenado por parapolítica—, quien para ese entonces era candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. “Ellos averiguan muy bien usted por quién vota a alcaldía, por quién vota a presidencia, por quién va a Cámara y al Senado”, asegura Javier.
Los integrantes de la Junta empezaron a anularlo. Cuando Javier quería convocar a los finqueros a una reunión para discutir asuntos como el manejo de las basuras, nadie le contestaba, pero le mandaban razones con otras personas de la Junta. Y si la Alcaldía pensaba llevar a la vereda una jornada de esterilización o vacunación de animales, nunca le notificaban a él, sino a otras personas. Incluso antes de ser el presidente, intentó hacer talleres de alfabetización y de educación popular con los niños de la vereda, pero nunca recibió las ayudas y los recursos que le solicitó a la administración: “Más bien decían: ‘Te vamos a mandar un profesor’. Cualquier proyecto en El Retiro es bienvenido, pero no cualquiera es bienvenido a hacerlo. Hay muchos ejemplos más sobre la cancelación social y la discriminación. Aquí hay un refrán muy conocido: «Lo peor que usted puede hacer es no acertarle al que va a ganar la alcaldía». Me contaba un compañero que estos días fue a hacer una gestión para el mejoramiento de vivienda, [y el alcalde] le dijo que él no lo vio haciendo campaña por él, entonces que no esperara nada de él. Ellos avalan quién es líder y quién no lo es. A usted lo miden por su obediencia”.
Lo más paradójico del asunto son las enemistades que se ganó Javier entre los demás integrantes de la Junta por exigir lo que habría beneficiado a toda la vereda. Las compensaciones urbanísticas son una especie de impuesto social con el que deben cumplir las parcelaciones y condominios que desde hace un tiempo se multiplicaron por todo El Retiro. Su propuesta era que una parcelación —cuyo nombre también se omite a petición del entrevistado— le donara un terreno a la Junta para construir luego el polideportivo de la vereda. Finalmente, una parte mayoritaria de la Junta, que nunca le informó a Javier de las reuniones secretas que realizaron con la parcelación, terminó aceptando una cubierta para la cancha de microfútbol.
La Guardia Real
Para Javier, una cubierta no compensa la pérdida de vocación campesina, la apropiación de los acueductos que dejan sin agua a las pocas personas nativas que quedan en las veredas, el daño a los humedales y zonas de reserva, entre otras afectaciones sociales y ambientales que han causado los finqueros, las parcelaciones y los condominios en El Retiro.
El abogado Juan Guillermo Restrepo Maya ha hecho parte de veedurías que han osado investigar la “corrupción local”. Este abogado de la Universidad EAFIT explica que los proyectos inmobiliarios pueden afectar bosques y fuentes hídricas con total impunidad por lo “corrupta” y politizada que es Cornare, la autoridad ambiental de la región. Además de contar con la complicidad de la administración, cuyo alcalde, dice él, puede controlar la opinión pública porque también tiene cooptados los organismos de control locales.
Según Juan Guillermo, el juzgado municipal no ofrece garantías de justicia, pues dice tener información de que secretarios, citadores, incluso el mismo juez, tienen familiares contratados en la alcaldía de El Retiro y en otras alcaldías de la región: “Y eso se manifiesta en decisiones judiciales que son abiertamente contrarias a derecho y que el 90% de las veces benefician a la administración municipal o a sus allegados. El juzgado notoriamente es lento, pero cuando se trata de temas de la alcaldía, es mucho más veloz”.
Situación similar sucede con la Fiscalía local. Para resolver las denuncias de las personas del común, escasean los investigadores judiciales y el trámite es demorado. Sin embargo, cuando se trata de una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por el alcalde o alguna persona cercana, aparece alguien presto a darle celeridad.
Además de los ritmos judiciales sospechosos, el abogado también asegura que el fiscal se reúne con Santiago Montoya y sus allegados; y que es instrumentalizado para perseguir a cualquier persona que cuestione al alcalde, pasándose por encima el derecho a la libertad de expresión: “Los medios de comunicación para manifestarse sobre situaciones sin verificar utilizan los verbos presuntamente, y aquí ni con presuntamente se permite. Hay un fallo judicial que yo tengo del año antepasado, donde el juzgado dice que ni siquiera diciendo presuntamente se puede hablar de ningún tipo de hecho porque para ellos es una afectación al buen nombre. La Fiscalía entonces lo que hace es que abre procesos de calumnia y de injuria, y abiertamente le dice a los clientes y a las personas que les va a abrir el proceso penal”.
La justicia local, denuncia quien ha sido amenazado por sus pesquisas y revelaciones, no solo favorece al poder de turno, sino a ciertos grupos económicos: “En estos momentos hay otro fiscal del que tengo informaciones que presuntamente trabaja con un grupo religioso que se llama Caballeros de la Virgen. Eso nos relaciona con otro tema de corrupción y es la iglesia que está en [el sector] Los Salados. Es una iglesia de enormes proporciones que se llama el Templo de los Caballeros de la Virgen, que se convirtió casi en un lugar de peregrinación, donde llegan centenares de personas los fines de semana. Se construyó en zona de reserva ecológica; es una zona completamente vedada que Cornare tenía la obligación de proteger. Tengo audios del fiscal amenazando a clientes y a personas que se han atrevido a enfrentarse a los Caballeros de la Virgen, con abrirles procesos judiciales, diciéndoles que van a tener que pagar millones de abogado defensor, utilizando técnicas de intimidación”.
Periferia envió un cuestionario al juzgado municipal y a la fiscalía local para conocer su versión sobre los hechos denunciados, también a la administración municipal, pero al momento de publicar este trabajo no recibimos respuesta.
Cornare le respondió a Periferia que el ostentoso templo está construido dentro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Nare. Después de las evaluaciones técnicas, la entidad verificó que “no genera afectación que comprometa la estructura ecológica, las coberturas naturales ni la función protectora que cumple la Reserva […] y no se ha evidenciado que constituya un elemento que ponga en riesgo la integridad ambiental del área protegida”.
Periferia también consultó a la Corporación si existían sanciones a raíz de las denuncias ciudadanas por las afectaciones que provocó la iglesia, la cual pertenece a la Asociación Privada de Fieles Heraldos del Evangelio, según la resolución que otorga la concesión de aguas. Cornare respondió que en 2018 declaró a los Caballeros de la Virgen responsables de una “afectación ambiental como consecuencia de los movimientos de tierra… que están afectando varios nacimientos y una fuente hídrica”. Razón por la cual debieron reforestar el bosque nativo en el área afectada y se les impusieron multas por un valor de 15 salarios mínimos.
En 2025, luego de que llegaran al Ministerio de Ambiente denuncias por daños a la Reserva Forestal, Cornare realizó un estudio técnico, en el cual concluyó que: “Si bien durante el proceso constructivo pudieron haberse generado alteraciones en los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en la actualidad no se evidencian afectaciones ambientales relevantes […] ya que la construcción finalizó y actualmente la operación solo requiere atender lo correspondiente al uso del recurso hídrico y los vertimientos domésticos. No obstante, la operación de la infraestructura ha generado impactos en el paisaje y la movilidad, los cuales deben ser gestionados mediante acciones de mitigación y correctivas”.
A la Procuraduría regional han llegado las denuncias hechas por Juan Guillermo y la veeduría. Sin embargo, él asegura que la entidad está presuntamente controlada por Rubén Darío Quintero, papá de Esteban Quintero, hoy Senador de la República. Esta afirmación es un secreto a voces en la región: todo alcalde del Oriente antioqueño que esté alineado con el poderoso clan Quintero es protegido por quien debería investigarlos y sancionarlos.
“Nosotros nos hemos cansado de denunciar cantidades de hechos de corrupción y la Procuraduría se hace de la vista gorda, se lo remite a la personería [municipal], pero también es una entidad completamente cooptada que se reúne con la administración municipal, que no ofrece garantías; cualquier asunto disciplinario que les llega, lo fallan a favor de la administración municipal, y como la Procuraduría le hace la segunda instancia, entonces cuando presentamos apelaciones, la Procuraduría inmediatamente también protege a la administración”, cuenta el abogado.
Como no hay mejor policía que el miedo, y los contrapoderes presuntamente actúan como su Guardia Real, Santiago Montoya ha logrado manipular a su conveniencia las narrativas sobre El Retiro; incluso ocultarles a sus habitantes y al resto de la región problemáticas evidentes como el alto costo de la vida, los problemas de salud mental y la crueldad con la que han sido asesinadas algunas mujeres. Sin embargo, en El Retiro el problema no es lo que está pasando, sino que haya alguien que se atreva a denunciarlo.
La gentrificación
En los últimos 15 años, El Retiro se ha consolidado como un lugar exclusivo para billeteras de estratos altos. La llegada masiva de personas con poder adquisitivo y ganas de radicarse en el municipio disparó los precios de la tierra, encareció el valor de los servicios y otros bienes de consumo. Ese proceso de gentrificación, asegura Simón, desplazó a los guarceños —gentilicio con el que se conoce a los habitantes— hacia otros municipios porque no tenían el capital necesario para pagar el valor de los arriendos y la comida. En la zona rural, algunas personas por decisión y otras por obligación vendieron sus fincas y migraron.
Según el concejal, hoy El Retiro tiene una oferta aproximada de 12.000 unidades habitacionales, pero el déficit habitacional es de 4.000 viviendas. El mercado inmobiliario tiene de sobra para suplir las casas que demandan los guarceños nativos de estratos 1, 2 y 3; sin embargo, los precios a los que se ofertan las nuevas viviendas solo pueden pagarlos personas foráneas de estratos 4, 5 y 6.
Simón retrocede casi dos décadas para encontrar los orígenes de esta paradoja. Además de atraer turistas los fines de semana gracias al estilo republicano que conservó su centro histórico, en 2008 El Retiro aprobó la construcción de las primeras parcelaciones. Cuatro años después, fue ratificado un nuevo plan básico de ordenamiento territorial que estableció nuevas zonas de expansión urbana, como el corredor suburbano en el sector La Fé y un amplio polígono para parcelaciones en la vereda Pantanillo. Desde entonces, el municipio se hizo cada vez más atractivo para personas pensionadas que estaban hastiadas de Medellín y ansiaban pasar el resto de sus días en un lugar que combinara privacidad, tranquilidad, naturaleza y cercanía a las dinámicas citadinas.
El Retiro cumplía con todos los requisitos: era un lugar sin mayores inconvenientes de orden público, rodeado de montañas, conservaba prístina parte de su zona rural, 45 minutos lo separaban de Medellín y a tan solo 20 minutos estaba el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. El auge inmobiliario y migratorio terminó convirtiendo al municipio en «el segundo piso de Medellín». Para Simón hay algo contradictorio en este fenómeno: “Lo que venden las parcelaciones y las urbanizaciones hoy es un municipio verde y ambientalmente rico, pero es justo lo que están acabando con un desarrollo inmobiliario acelerado”.
Para el concejal, tras la pandemia de COVID-19 hubo una aceleración del auge parcelero. No solo se popularizó el trabajo remoto en casa, sino que se consolidó como municipio dormitorio, aquel en el que las personas duermen después de trabajar o estudiar en Medellín. La tercera y actual ola inmobiliaria y migratoria, asegura Simón, atrajo personas de otros países del norte global que tienen incluso mayor poder adquisitivo que la gente millonaria de Medellín y el Valle del Aburrá.
Según la información suministrada por la secretaria de Hábitat y Desarrollo Territorial, a la que Periferia logró acceder luego de interponer una tutela, entre el 2016 y el 7 de mayo de 2025 esa dependencia otorgó 3.677 licencias para obras urbanísticas en el municipio. 2022 fue el año que mayor número registró con 618 licencias y 2018 el de menos con 201 licencias (ver consolidado de licencias).
Vale señalar que las licencias de obra urbanística suministradas por la alcaldía de El Retiro contemplan desde el permiso para una obra nueva, una subdivisión, el englobe que une dos lotes y los convierte en una sola propiedad, el reconocimiento de una obra que se hizo sin la autorización municipal necesaria, la modificación o prórroga de un permiso, la ampliación de un inmueble, hasta movimientos de masa.
El 47,64% (es decir, 1.752) del total de solicitudes que recibió la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Territorial de El Retiro entre el 2016 y el 7 de mayo de 2026, fueron presentadas por condominios y parcelaciones; número que podría aumentar si se suman las solicitudes hechas por proyectos inmobiliarios que llevan otras denominaciones, como urbanizaciones o unidades residenciales, pero que al revisarlos en detalle comparten las mismas características de los condominios y las parcelaciones: precios elevados, exclusividad, privacidad, y localización en un entorno campestre a los alrededores o a unos cuantos kilómetros de la cabecera urbana.
En los últimos 11 años, 109 parcelaciones o condominios diferentes recibieron de la administración municipal licencias de construcción. El proyecto con el mayor número de licencias es la Parcelación Condominio Monte Sereno con 303, muchas más que la Parcelación Horizontes, proyecto que le sigue con 87; diez veces mayor que las 30 de la Parcelación Entrebosques La Luz y Senderos del Retiro.
Aunque Periferia solicitó a la alcaldía de El Retiro detallar el tipo de licencia, la información de los años 2016, 2017, 2018, 2019 no da cuenta de la tipología, porque, alega la secretaria de Hábitat y Desarrollo Territorial, “corresponde a la información del archivo municipal, donde no registra la tipología de la licencia”; la pregunta es por qué las del año 2025 tampoco. Aquellos años en los que la información está correctamente discriminada, el 90% de las licencias son para obras nuevas.
Juan Guillermo Restrepo Maya asegura que, como es costumbre en todo el país, en el municipio del Oriente antioqueño también se presenta un direccionamiento amañado de la contratación y los dineros públicos. Sin embargo, “el tema más grave que nosotros encontramos fue el tema de las licencias urbanísticas”.
En Colombia, explica el abogado, las licencias de construcción son fáciles de corromper, pues la ley es muy ambigua, lo que les otorga a los funcionarios de planeación municipal, o a las curadurías, un margen de maniobra bastante amplio. Según la información que recabó Juan Guillermo cuando estaba en la veeduría, en El Retiro le llaman “patinar” al dinero que presuntamente debe pagar un constructor para que los funcionarios públicos responsables le otorguen una licencia: “Ellos [los funcionarios], con tal de ganarse la plata de patinar la licencia, pues la terminan otorgando así sea en contra de restricciones ambientales, sin considerar el consumo del agua y la necesidad de servicios básicos”.
Para el veedor, el caso más grave y sospechoso es el de Monte Sereno. Uno de sus dueños, aseguró Juan Guillermo, es Antonio Ramírez, conocido en el municipio como ‘Toño Marrano’, sobre cuyo patrimonio existen algunas sospechas por presunto lavado de activos. Ramírez fue durante muchos años carnicero de un local ubicado en el lujoso sector de La Fé, llamado Serenata Paisa. De repente, Ramírez acumuló el capital necesario para construir la Parcelación Soto del Este (el cuarto proyecto con más licencias de construcción recibidas entre el 2016 y mayo de 2026) junto con su socio Nolber Bedoya, alcalde de El Retiro entre 2020 y 2023, y quien además fungió como abogado de Ramírez. Juan Guillermo asegura que para la construcción de Soto del Este, fue necesario tumbar un bosque nativo, tapar nacimientos; además, se rumora de un presunto riesgo geológico por las restricciones ambientales que se obviaron.
Al respecto, Cornare le respondió a Periferia que la entidad impuso al proyecto una sanción de $213.526.836 millones “por la intervención a fuentes hídricas y tala de bosque”. Tras el recurso interpuesto por Soto del Este, el 22 de marzo de 2016, Cornare bajó la multa a $158.521.423 millones.
Después de Soto del Este, asegura el veedor, Antonio Ramírez aportó patrimonio a la construcción de Monte Sereno. Para el abogado, esta puede ser la parcelación más grande que existe en todo el Oriente antioqueño. El proyecto, según nos respondieron en su número de WhatsApp, tiene dos ramificaciones inmobiliarias en El Retiro y otra en el municipio vecino de La Ceja. Una de ellas son las villas campestres, que comprenden lotes que van desde los 360 m² hasta 851 m², y pueden costar desde $1.390 millones en adelante. Las villas prometen acceso a vías adoquinadas, parques y plazoletas, centro de atención médica, farmacia, operador hotelero, sauna finlandés, zonas comerciales, piscina, capilla, canchas de pádel y más.
El refugio campestre, la otra opción inmobiliaria en El Retiro, promete acceso a fogatódromo, invernadero, granja, supermercado, planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, lagos, caballerizas, parques infantiles, 100 km de senderos y un kiosco de meditación; incluso un parque principal con una amplia plazoleta y una iglesia.
Por el equipamiento y las dimensiones que se necesitan para un proyecto así, no resulta descabellado afirmar que Monte Sereno sueña con convertirse en un pequeño pueblo independiente y autónomo del municipio en el que solo puedan vivir personas de la escala social más alta de la pirámide. “En este momento Monte Sereno recibe de muchas personas acá [en El Retiro] el apodo de Golfo Sereno, porque se dice que allá se han juntado dirigentes políticos de derecha y personas que presuntamente se encuentran ligadas al tema del narcotráfico”, asegura Juan Guillermo Restrepo.
En este y otros proyectos urbanísticos, el veedor también cuestionó el rol de Cornare por su postura complaciente frente a las infracciones ambientales. La entidad le dijo a Periferia que en su base de datos, entre 2020 y 2024, existen 10 denuncias relacionadas con Monte Sereno por movimientos de tierras, intervención de fuentes hídricas, contaminación de agua, tala de bosque nativo y quema de carbón.
Según la Autoridad Ambiental, después de hacerle seguimiento y control a las denuncias, el 30 de diciembre de 2022 se declaró responsable a la sociedad PRODIAMANTE AZUL S.A.S. por sedimentar fuentes hídricas que discurren en la vereda Puente Peláez; ocupar y canalizar una fuente hídrica sin el respectivo permiso de Cornare; e intervenir 4.000 m² de bosque nativo para construir una vía sin contar con el permiso requerido. $162.783.299 millones fue la multa que impuso la entidad al infractor, además de obligarlo a retirar las intervenciones del cauce, abstenerse de realizar aprovechamiento forestal sin permisos y realizar una resiembra de árboles en el área intervenida.
¿Para dónde va El Retiro?
La transformación de bosques en cemento y la demanda de servicios públicos para los nuevos inquilinos de El Retiro no ha llegado a su culmen. Quienes hoy deciden el futuro del municipio, y esperan seguir manteniendo ese poder, están jugados por el crecimiento urbanístico sin importar el costo social y ambiental. Para el concejal Simón, su municipio tiene dos caminos: convertirse en una ciudad intermedia, densificarse, aprobar las construcciones de altura, desbordar la capacidad de sus servicios públicos, de la malla vial y de su producción alimentaria.
La otra opción, dice él, es aprovechar el nuevo plan básico de ordenamiento territorial, que deberá aprobarse en 2028, para hacer un alto en el desarrollo inmobiliario: “Yo no estoy en contra del desarrollo, no estoy en contra de que el municipio crezca y que más personas vengan a vivir al municipio, porque reconozco que el municipio es un paraíso y es muy buen vividero, y muchas personas merecerían poder tener una calidad de vida como la de El Retiro”.
Sin embargo, considera que ese desarrollo debe ser resultado de una discusión y un consenso con la población nativa y los nuevos habitantes. La pregunta de fondo, plantea Simón, es cómo crecer de manera sostenible, con decisiones técnicas que permitan garantizar la disponibilidad de agua, electricidad y alcantarillado. Pero que además el desarrollo inmobiliario sea conveniente para los guarceños reales: “Que esos impuestos se vean reflejados en calidad de vida, que las personas puedan superar la pobreza, que podamos superar desigualdades tan grandes, porque tenemos casas de 3 millones de dólares y tenemos personas viviendo en casas de madera. Tenemos dos visiones de futuro. Creo que hay que centrarnos en concertar, pero eso es lo difícil en El Retiro, porque hay una clase política que es mayoría y que toma las decisiones, tiene un gran poder económico, social, político y mediático, que hace muy difícil que esos diálogos se puedan dar”.
Una persona que fue secretaria de planeación de otro municipio de la región, conoce los pormenores del boom inmobiliario en el Oriente antioqueño, y accedió a dar su testimonio con el compromiso de no revelar su nombre, fue clara desde el principio: “Esto [el desarrollo urbanístico que vive El Retiro y otros municipios vecinos] nadie lo va a parar”. Para ella, la única alternativa que le queda a la subregión es seguir creciendo, pero haciéndolo bien.
Como instrumento, plantea, los planes de ordenamiento territorial están perfectos; sin embargo, son hechos por personas que no conocen las necesidades y los contextos de los municipios. Por ello, en suelos rurales hay densidades que son propias de suelos urbanos, existen edificaciones donde no se debería construir, y las inmobiliarias hacen sus torres y parcelaciones, pero no entregan los andenes, los espacios públicos, entre otros equipamientos y obligaciones urbanísticas que les exige la norma. ¿Dónde están —se pregunta ella— los planes maestros de alcantarillado y la infraestructura que necesitan los municipios para soportar el crecimiento acelerado?
Un nuevo tipo de habitante
Para Javier, la gentrificación que experimenta El Retiro es un nuevo mecanismo de desplazamiento a través de políticas públicas que no necesitan recurrir a las armas y a la violencia.
“Es un municipio sui géneris, que yo considero que no hace parte del Oriente antioqueño, porque se siente más exclusivo que Medellín, y se maneja para la gente que tiene plata en mano. Es una presión calculada sobre los locales. ¿En qué le sirven los locales? Son funcionarios, pero son los funcionarios amigos. Y como mano de obra en ciertos campos laborales”, complementa el integrante de la Mesa de Derechos Humanos.
En El Retiro se ha popularizado el término “nuevos guarceños” para referirse a los millonarios que se han asentado en el municipio, también para borrar del espacio público a las personas nativas. Es justo con los foráneos, denuncian las personas entrevistadas, con quienes se está diseñando y discutiendo “la visión 2050” del municipio.
“El Retiro ya no parece un pueblo, sino una imitación de un pueblo, como ir al Pueblito Paisa [en Medellín]. Porque tiene todas las estructuras de lo que alguna vez fue un pueblo, pero la cultura, la vida campesina y la vida de pueblo ya han desaparecido; están solamente unos restaurantes costosos”, asegura Juan Guillermo.
Miguel Restrepo coincide en que ya no existe ese pueblo en el que creció. Además de integrar el Colectivo Casa de Semillas, él también hace parte de los jóvenes que ya no tienen cómo costear los precios de la vivienda. Aquel pueblo maderero y carpintero que caminó en su juventud y adolescencia, hoy Miguel lo compara con una réplica turística sin identidad. El problema, plantea, no es que la cultura se transforme, sino en favor de qué o para quién. Las transformaciones, señala, son paulatinas y se reflejan en pequeños detalles. Por ejemplo, todos los establecimientos comerciales que circundan el parque principal de El Retiro comparten el mismo estilo. Los antiguos letreros vistosos y peculiares que podrían ser patrimonio del municipio fueron cambiados por anuncios hechos en acabados de madera, todo para satisfacer la estética del turista y de los “nuevos guarceños”, según Miguel. Algo parecido señala que pasó con los graneros que había en las cuadras aledañas. Todos fueron reemplazados por tiendas costosas pensadas para un único tipo de cliente. “Es como un centro comercial a cielo abierto”, dice Miguel sobre El Retiro de hoy.
La cultura, plantea el joven, perdió su sentido social y dejó de ser un vehículo para hablar del conflicto armado que vivió el municipio o traer al presente sus memorias campesinas; por cultura se entiende ahora todos aquellos eventos que ofrezcan ocio y entretenimiento al turista y a los “nuevos guarceños”. Además de su expulsión calculada, a los verdaderos guarceños les fueron arrancadas sus raíces y, como dice Miguel, “nadie defiende lo que no quiere”.
“Es como que vos te sintieras un mosco en leche. Hay ciertos lugares en los que una persona, así como yo, moreno, de cabello largo, no es bien vista. Hay ciertos lugares que no frecuentan los pobres. Y hay muchos pobres que, entonces, ¿qué deciden hacer? Parecerse más al rico que al pobre”, afirma Javier, para quien conforme pasa el tiempo se hace más evidente la aporofobia en el municipio
Una herida colonial
Los precios de la tierra, de los arriendos y de la comida sirven de repelente contra aquellas personas que no son bien vistas en El Retiro, mas no es suficiente. Hace unos años, la alcaldía y la Policía anunciaron como el “mayor golpe en contra del microtráfico en la historia de El Retiro”, lo que Juan Guillermo Maya considera una forma de utilizar la justicia y la cárcel para hacer una limpieza social. Entre 2015 y el 30 de septiembre de 2021, tal como lo detalló El Armadillo en un reportaje, 334 personas fueron capturadas en el municipio por delitos relacionados con tráfico de drogas. Las autoridades justificaron las capturas y las posteriores condenas, acusándolos de ser parte de la banda ‘Los Guarceños’. Sin embargo, el trabajo periodístico recopiló las numerosas irregularidades probatorias, para las cuales se utilizaron los videos captados por una empresa contratada con recursos públicos que operaba el sistema de videovigilancia municipal y servía de apoyo a la Policía y el Ejército, y cuyo domicilio estaba ubicado en la parcelación Fizebad Colinas, lujoso condominio campestre ubicado a las afueras del municipio.
Juan Guillermo considera que se trató de un cuento fantasioso de la Fiscalía con el que pudieron fabricar falsos positivos judiciales en contra de jóvenes que afeaban el municipio por consumir o vender sustancias. Al supuesto de que ganaban cientos de millones, él responde que “eran muchachos del pueblo que no tenían dónde caerse muertos, que lo que vendían era para fumárselo”; y a quienes argumentan que representaban un foco de inseguridad, el abogado y veedor recalca que el municipio no reportaba en aquel entonces un número de homicidios alarmante ni las capturas previnieron los contados casos que sucedieron después.
Algunos jóvenes fueron absueltos y otros condenados por concierto para delinquir agravado. “Cosas muy graves, porque es el tipo de delitos que le deberían imputar a los narcotraficantes de verdad, a personas que se enriquecen y que violentan todo el ordenamiento jurídico. Un narcotraficante de verdad no se deja meter a la cárcel así de fácil. Un narcotraficante de verdad es duro llevarlo a la judicialización, porque es una persona que tiene con qué defenderse. Estos eran muchachos del pueblo que no tenían un centavo, que la mayoría se fueron con defensores públicos que los convencieron de allanarse a los cargos o enfrentarse a un juicio con un abogado completamente inhábil”, asegura Juan Guillermo.
Esa concepción del pobre, el marihuanero o las personas aindiadas como seres antiestéticos viene de vieja data, pese a que El Retiro nunca fue un municipio de ascendencia “blanca”. Desde el siglo XVII, tal vez antes, se puede rastrear una significativa presencia de población indígena, la cual estaba concentrada en el sector de Lejos del Nido. Como en otros lugares, la población indígena de allí vivía en condiciones coloniales y recibía tratos de desprecio.
Parte de las generaciones contemporáneas heredaron no solo rastros fisonómicos indígenas, sino también el maltrato de sus coterráneos. Javier recuerda que de pequeño, cuando viajaba a estudiar en el municipio vecino de La Ceja, los ayudantes y los choferes de los buses “nos trataban como animales”: los corrían para la parte de atrás, les cobraban de mala gana, les empujaban, les cobraban más o no les paraban y llegaban tarde a clase. El maltrato en el colegio era similar.
“Se habló mucho de una comunidad unida, pero había misa para pobres y misa para ricos. Porque es un lugar donde no podían coincidir ambas clases sociales. Lo más teso es que mucho de esto que estoy diciendo, mucha gente no lo reconoce y no lo va a aceptar; mucha gente va a decir: «¿Pero cómo se les ocurre hablar de esto en el retiro?», asegura él.
Javier ha investigado sobre la memoria histórica de El Retiro, aquella que la memoria oficial y dominante quiere borrar. En el pasado encontró las pistas para explicar las actitudes tiránicas de quienes tienen capital y poder, y la sumisión de quienes las han naturalizado; las razones por las que hoy en el municipio no sea visto como el licenciado en filosofía y ciencia religiosa que es, sino como un indio resabiado y desechable por sus posturas políticas. Hace unos siglos, dice él, dignatarios indígenas también pactaron con sacerdotes y esclavistas buscando el beneficio propio, aunque ello afectara a los de su clase.
“La pregunta que habría que hacer es por qué los esclavos aman tanto sus cadenas. Un poco por la hipocresía, por el cinismo, porque sé que estos manes son unos hijueputas, pero aun así tengo que hacer pactos con ellos, porque yo busco mis intereses, que a mi hijo no me lo saquen de la alcaldía. No creo que a nadie en El Retiro simplemente se le obligue a aceptar las cosas porque sí, sin denunciar nada; puede haber casos aislados, pero básicamente esos elementos son muy representativos de esta comunidad, derivados de las prácticas politiqueras de larga data y de larga duración”, asegura Javier.
Es lo que él llama una herida histórica, un daño ético y moral a la población: “Todo el mundo quiere llegar a la alcaldía, todo el mundo quiere trabajar en la alcaldía, todo el mundo quiere tener a un hijo en la alcaldía. Es como si fuera un palacio. Por eso te digo que no sé hasta qué punto realmente tuvimos una época republicana, porque en cuestiones de Estado, El Retiro me parece que sigue en una época colonial, con un rey, con unos súbditos que tienen que obedecerle”.
*Nombre modificado por solicitud de la fuente debido a los hostigamientos y los ataques sufridos por sus posturas en el municipio.
