Por: Caribe Investigación
La Defensoría tiene listo el Informe de Seguimiento 037-2026 sobre la Alerta Temprana de Inminencia No. 005-2025, emitida en marzo de 2025 para los municipios de La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, en el Cesar. El documento concluye que, aunque la respuesta institucional alcanzó un nivel de cumplimiento parcial, con un Índice de Respuesta Estatal (IRE) global de 50 %, el escenario de riesgo advertido se mantiene vigente para la población civil de estos tres municipios debido a la persistencia de homicidios selectivos, amenazas contra liderazgos sociales, desplazamientos forzados, cobros extorsivos y riesgos para la población firmante del Acuerdo de Paz.
El informe revela una reconfiguración del conflicto armado en la zona. El Frente 33 de las disidencias de las FARC se replegó hacia el Catatumbo, mientras que el ELN redujo su presencia tras movilizar unidades hacia otras regiones. En contraste, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha intensificado su incursión en cabeceras corregimentales como San José de Oriente y La Laguna de Los Indios (La Paz), Medialuna y Tocaímo (San Diego), y sectores periféricos de Manaure Balcón del Cesar. Asimismo, no se descarta la posible incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la zona.
Entre los hechos más graves documentados tras la emisión de la alerta se registran nueve homicidios selectivos —seis en zonas urbanas y tres en rurales—, cinco atentados contra personas, la incineración de maquinaria amarilla en Tierra Grata y el asesinato de una mujer inmigrante venezolana en situación de calle, cuyo cuerpo fue hallado envuelto en costales. También se reportaron amenazas contra el personero de San Diego y líderes comunitarios de Tocaimo, así como la circulación de panfletos con planes pistola contra la fuerza pública.
En cuanto a la respuesta institucional, el informe evalúa 20 recomendaciones dirigidas a 24 entidades. El eje de acompañamiento y gestiones preventivas del Ministerio Público obtuvo el mayor cumplimiento (98%), seguido de disuasión del contexto de amenaza (70%). Los niveles más bajos se registraron en medidas para la asistencia y acción humanitaria integral (35%), prevención y protección (43%) e investigación y acceso a la justicia (57%).
Firmantes de Paz
El Informe de Seguimiento identifica la protección de los firmantes de paz como el primer desafío estratégico que concentra los principales vacíos institucionales. Señala que persisten vacíos en la implementación de medidas colectivas de protección, falta de territorialización de instrumentos de seguridad y ausencia de seguimiento específico a los riesgos advertidos. La Defensoría concluye que estos vacíos, sumados a la estigmatización de la población firmante y las dificultades para la garantía de derechos territoriales del campesinado, “continúan configurando escenarios de vulnerabilidad para amplios sectores de la población civil”.
A pesar de que hasta hoy no se ha reportado ningún asesinato de firmantes de paz en los municipios analizados por la entidad, el escenario de riesgo es latente, más si se toma en cuenta que han asesinado a cuatro firmantes del proceso de reincorporación de Los Pondores, Fonseca (La Guajira). Es inevitable pensar en un patrón que se viene manifestando con más fuerza en el departamento guajiro, pero que puede repetirse en los tres municipios del Cesar señalados en el Informe de Seguimiento de la Defensoría.
Cesar: tres años de escalamiento
El contexto de violencia en el departamento del Cesar es crítico y ha escalado significativamente en 2026, lo que se configura como una grave crisis humanitaria. Según informes recientes de la Defensoría del Pueblo, Indepaz y la plataforma PDHAL, la región enfrenta una disputa territorial sin precedentes entre múltiples grupos armados ilegales, lo que ha resultado en masacres, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y un alto número de homicidios, a pesar de las reiteradas alertas tempranas.
La Defensoría del Pueblo ha emitido varias Alertas Tempranas de Inminencia que pintan un panorama alarmante para el Cesar:
-Con la 006 de 2026 (marzo) advirtió sobre un escenario de riesgo extremo para los municipios de Río de Oro y González (sur del Cesar), así como para Ocaña y Ábrego en Norte de Santander. La alerta puso el foco en la intensificación de combates, posibles alianzas criminales y la expansión de grupos como el ELN, las disidencias del Frente 33 y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
-La Alerta Temprana 007 de 2026 (junio) extendió la advertencia a las comunidades de la Sierra Nevada y el Caribe, incluyendo territorios del Cesar, por el riesgo de expansión de las ACSN.
La Defensoría ha alertado específicamente sobre el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el sur del Cesar, con casos documentados de menores desde los 12 años que son sacados de sus familias para integrar estas estructuras, incluso en entornos escolares.
También identificó la reconfiguración de alianzas (Frente 33 y “Los Pelusos”), la expansión de las ACSN hacia el sur del Cesar para controlar corredores como la Ruta del Sol y la posible “urbanización de la violencia” con enfrentamientos en zonas urbanas y uso de drones con explosivos.
Los informes de Indepaz también sirven para entender el contexto que empaña al departamento. Hace unos días, la organización documentó una masacre en el corregimiento de Simaña, en zona rural de La Gloria, que dejó cuatro personas asesinadas y tres heridas. Indepaz registró este hecho como la masacre número 91 en el país en lo que va de año.
El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, convocó un consejo de seguridad extraordinario en Valledupar tras un ataque con drones y explosivos contra unidades del Ejército en zona rural de Pelaya, que dejó siete soldados muertos en agosto.
En junio, cuatro jóvenes murieron en un confuso episodio que involucró a la Policía Nacional en el sector Nando Marín de Valledupar. Indepaz pidió esclarecer los hechos ante las denuncias de un presunto uso desproporcionado de la fuerza.
Ahora bien, existe un histórico acumulado alarmante. Los informes anuales de la plataforma de Derechos Humanos PDHAL, con datos de Medicina Legal, ofrecen una dimensión más cruda del conflicto en Cesar: entre 2022 y abril de 2026, los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira acumularon 4.872 homicidios. El Cesar registró 1.556 de esos homicidios, consolidándose así como el segundo departamento con mayor número de asesinatos en la región Caribe.
En resumen, el Cesar es un territorio donde la violencia se ha recrudecido por la disputa de corredores estratégicos y economías ilícitas, a pesar de las alertas tempranas que advertían este deterioro desde 2023.
