Por: Daniela Sánchez Romero – Agencia de Prensa Instituto Popular de Capacitación
Fotografía: Conciudadania
La Corporación Conciudadanía, el Instituto Popular de Capacitación – IPC, la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño – AMOR, la Corporación Vamos Mujer, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño, presentaron el pasado 24 de septiembre un informe sobre la situación de derechos humanos en esta subregión durante el periodo 2020-2025.
El documento señala un aumento del desplazamiento forzado del 56,9 % entre los dos trienios analizados. Según los datos recopilados, el periodo 2023-2025 concentró 698 personas desplazadas en 2023, el registro anual más alto de la serie; los homicidios también aumentaron y la tasa pasó de 19,5 a 30 casos por cada cien mil habitantes; y para el caso de las masacres, el informe registra dos hechos con siete víctimas mortales entre 2020 y 2022 y siete hechos con 26 víctimas entre 2023 y 2025.
“Estamos en una de las subregiones que más le ha enseñado al país a construir paz, y esto ha sido posible gracias a la articulación de diferentes organizaciones sociales y de la institucionalidad para trabajar por el territorio. Este informe nace justamente de una articulación entre organizaciones que tienen una fuerte preocupación por el tema de seguridad en el Oriente antioqueño, por el tema de los derechos humanos y queremos que esto sea un punto de partida para volver a hablar de lo que pasa en el Oriente antioqueño”, señaló Johan Higuita, investigador de Conciudadanía.
Según su análisis, los procesos de paz de 2006 y 2016, plantearon unos avances importantes en términos de de los acuerdos e institucionalidad para la paz, pero uno de los efectos más grandes fue la fragmentación de los actores armados y la creación de nuevas estructuras armadas que están tomando dinámicas y movimientos diferentes en cada región y territorio.
Para el caso del Oriente antioqueño, “hoy persisten en el territorio estructuras armadas herederas del paramilitarismo, como el Clan Isaza y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y grupos posdesmovilización, y la expansión de estructuras criminales ligadas a al Cuerpo Colegiado de la Oficina del Valle de Aburrá, grupos como Pachelly, La Terraza, Los Triana, Chatas y particularmente El Mesa”.
Así mismo, Higuita señaló que la expansión de la violencia urbana en el Valle de San Nicolas o en el Alplano, ha implicado también una expansión de las estructuras armadas del Valle de Aburrá hacia el Oriente antioqueño porque han encontrado aquí nuevas rentas ilegales. Hoy se habla de que en esta subregión la disputa gira en torno al control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas.
Las cifras del informe
El comportamiento de los hechos victimizantes tampoco es uniforme en toda la subregión, en donde la zona de Páramo concentra el mayor deterioro en materia de desplazamiento forzado. Según el informe, se registraron 253 casos entre 2020 y 2022 y 641 entre 2023 y 2025, un incremento del 153,4 %; Nariño, Argelia y Sonsón aparecen entre los municipios con mayores aumentos, mientras Abejorral registra el incremento relativo más pronunciado, al pasar de 18 a 109 personas desplazadas entre ambos periodos.
En el caso de los homicidios, el mayor incremento se concentra en el Altiplano. El informe plantea que hubo un incremento de 136 homicidios, en 2020, a 218 en 2025. Según el análisis por trinenos, pasó de 501 (2020-2022) a 624 casos (2023-2025), con un incremento del 24.6%, es decir, se sitúa en un nivel moderado pero constante.
“La zona del Altiplano (Rionegro, Marinilla, Guarne, El Carmen de Viboral) concentra el mayor volumen y se consolida como zona crónica; Bosques y Páramo tienen menor población de homicidios, pero se advierte que son las tasas relativas más altas de toda la subregión”, advierte el informe.
Las masacres constituyen otro de los cambios identificados: entre 2021 y 2025 se registraron nueve hechos, con una concentración de siete casos en el segundo trienio. Los hechos ocurrieron en Sonsón, San Rafael, Rionegro, Abejorral, Cocorná, La Unión y El Carmen de Viboral.
Para el caso de los liderazgos sociales, se documentó 19 asesinatos de líderes y lideresas sociales durante el periodo analizado; aunque el número pasó de diez casos en 2020-2022 a nueve en 2023-2025.
Según Pablo Barrios Giraldo, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, “hay un debate de quién es y quién no es líder. Ese debate es muy complejo, pero creo que no podemos dejar arrebatárnoslo por parte de la institucionalidad. Somos nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, las que tenemos que proteger ese ejercicio de liderazgo y seguirlo defendiendo”.
Así mismo, el informe incorpora un análisis específico sobre las condiciones de vida de las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En el caso de las violencias basadas en género presentan una tasa superior a la departamental. Para 2025, el Oriente registró 628,2 casos por cada cien mil mujeres, frente a 609 en Antioquia. La violencia física representó el 46 % de los casos registrados, la psicológica el 27 % y la sexual el 24 %.
La violencia también se extiende a los espacios digitales. Según Gloria Alzate, integrante de AMOR, las lideresas enfrentan acoso, mensajes ofensivos, desinformación y ataques destinados a desacreditar su trabajo: “Eso expande la violencia y la desacreditación de las mujeres”. Igualmente, la falta de información aparece como uno de los problemas para dimensionar estas violencias.
¿Qué sigue con esta información?
El informe plantea que este conjunto de situaciones requiere respuestas diferenciadas según el territorio y la población afectada. “Planteamos unas demandas porque el Estado debe ser garante de los DDHH y esa es una de las funciones para las que nace. Estas conclusiones y demandas nos ponen una agenda en el Oriente antioqueño, está sucediendo hoy, una reactivación de la violencia, y eso requiere que nos mantengamos, muy juntos, muy pegados, muy articulados, muy organizados”, advierte Johan Higuita.
Entre las demandas formuladas por las organizaciones están fortalecer los sistemas de información, mejorar los mecanismos de prevención y protección, garantizar medidas para quienes ejercen liderazgo social y establecer respuestas específicas frente a las violencias contra mujeres y población LGBTIQ+.
Los investigadores también plantean la necesidad de continuar documentando lo que ocurre en el Oriente antioqueño, pues señalaron que existe un vacío importante para comprender la evolución del conflicto entre 2010 y 2020, un periodo que consideran necesario estudiar para entender las dinámicas actuales.
El informe propone, en ese sentido, leer la situación actual como una reconfiguración de las violencias y no como una repetición exacta del conflicto armado del pasado. Finalmente, este informe busca aportar información para que autoridades, comunidades y organizaciones sociales puedan identificar las transformaciones de la violencia y responder a ellas.
Para leer el informe completo: https://ipc.org.co/informe-sobre-derechos-humanos-en-el-oriente-antioqueno/
