Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 123)
Por: Caribe Investigación
1. Un giro en la política minero-energética
El gobierno de Abelardo de la Espriella marcó desde sus primeras semanas un viraje en la política minera del país. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció durante el Congreso Nacional de Minería 2026 la derogación, mediante un solo acto administrativo, de las diez resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros Especiales creados durante la administración de Gustavo Petro. La medida, que abarca 119 municipios y cerca del 10 % del territorio nacional, abre una nueva etapa de retorno y reafirmación del modelo extractivo y minero que ha marcado el curso de Colombia en las últimas décadas, con exploración y explotación de metales y minerales en zonas que hasta ahora contaban con restricciones especiales.
La decisión, sin embargo, no está exenta de controversia. Mientras el sector minero celebra la eliminación de lo que consideraban trabas burocráticas, organizaciones ambientales y comunidades locales han expresado su preocupación por los posibles impactos ecológicos y sociales que podría traer la reactivación de proyectos mineros en territorios sensibles.
Aunque la agenda mediática no le da mayor importancia a las repercusiones ambientales y sociales de este viraje, todo apunta a que el Gobierno impondrá su agenda sí o sí, por supuesto, tratando de cooptar las distintas instituciones y criminalizando la protesta social, la resistencia de las comunidades, el derecho a la libre manifestación y los bloqueos de vías.
Sobre el bloqueo de vías, el Gobierno obtuvo una breve victoria, aunque de manera indirecta. El Consejo de Estado emitió un fallo judicial clave: ordena que organizadores de bloqueos que causen pérdidas económicas deben asumir responsabilidad por los perjuicios ocasionados a terceros. ¿De qué se trata? “La decisión surge de un bloqueo realizado en 2017 que ocasionó millonarias pérdidas a Ecopetrol, empresa que reclama más de 4.000 millones de pesos en compensación”, según reportó Noticias RCN.
Aunque no se conocen detalles de la sentencia, lo que prevalece en el fallo es la estabilidad económica de terceros, es decir, de aquellos que pueden ser afectados por la paralización de una vía importante.
Un solo ejemplo puede aterrizar el tema: en La Guajira, los bloqueos a la vía férrea de Cerrejón se han convertido en la principal herramienta de lucha y protesta de las comunidades que se han visto afectadas por la actividad minera o que exigen la garantía de otros derechos. Solo en 2025, Cerrejón redujo su producción entre 11 y 16 millones de toneladas por los frecuentes bloqueos de la vía férrea: 201 interrupciones o cerca de 95 días sin tren.
No le hará falta a De la Espriella cumplir con su amenaza de campaña cuando espetó: “En mi gobierno no van a trancarme las carreteras de manera ilegal. El que quiera protestar pacíficamente puede hacerlo, pero si quieren bloquear vías o destruir infraestructura, van a saber lo duro que muerde el tigre”.
El presidente tiene las condiciones jurídicas para desbaratar cualquier manifestación. Entonces, toda esa agenda de mesa y arrase de los territorios a punta de fracking y de megaminería se irá imponiendo a la par que la justicia opere a favor de los poderosos de siempre. Y esto aplica para la región del Caribe y para toda Colombia.
La preocupación en el sector social y ambiental radica también en el reciente anuncio del vocero oficial del Gobierno acerca de la modificación de la consulta previa. El Gobierno pretende modificar la consulta previa y la licencia ambiental para que cada cual se ejecute de manera independiente, es decir, que la consulta previa dejaría de funcionar como requisito previo para que inicie un proyecto en específico.
Debemos recordar que la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, amparado por la Constitución y protegido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cualquier derogación afectaría a las comunidades amparadas por este derecho.
Sirius y la consulta previa
El mayor descubrimiento de gas costa afuera en la historia de Colombia enfrenta un obstáculo inesperado en la comunidad pesquera de Taganga. El proyecto, ubicado en el mar Caribe y desarrollado por Ecopetrol (55,6 %) y Petrobras (44,4 %), tiene un potencial superior a seis terapies cúbicos de gas natural —casi cuatro veces las reservas actuales del país— y podría producir 470 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes al 65 % de la producción nacional actual.
Sin embargo, Ecopetrol ha denunciado esta semana que las exigencias económicas formuladas por algunos sectores de la comunidad durante el proceso constituyen una “extorsión” que frena el avance del proyecto. Peligrosa afirmación sin conocerse la versión de la contraparte. Se ha normalizado ejecutar proyectos amañando consultas previas, dividiendo a las comunidades y, sobre todo, estigmatizando a los que con justa razón protestan o se oponen a algún proyecto. La prensa no se tomó la molestia de consultar a los líderes de esta comunidad; simplemente reprodujo de manera textual el comunicado de Ecopetrol.
Irresponsable conclusión. Más cuando el Gobierno entrante es abiertamente antiderechos, negacionista de la crisis climática, alérgico a la protesta y a los pobres. Por eso es importante conocer de qué va el fallo del Consejo de Estado sobre los bloqueos y las protestas, y oponerse férreamente a la modificación del derecho a la consulta previa.
2. Magdalena y Cesar, agenda de la muerte
No se puede negar que tanto el departamento de Magdalena como el de Cesar han estado sometidos a agendas violentas impuestas por distintos actores armados durante los últimos diez años, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz (2016) y de la reconfiguración del paramilitarismo post-AUC. Ha empeorado la percepción de seguridad, los índices de criminalidad se han disparado, los homicidios también, así como la amenaza y asesinato de líderes sociales; actores como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) ejercen un control absoluto de zonas y territorios imponiendo terror a comunidades.
Todo lo anterior es intolerable e injustificable. Ante los nulos resultados de la Paz Total, especialmente en lo que corresponde a los procesos entablados con las ACSN y con las AGC (autodenominadas EGC), se fue colando una matriz de opinión que, de alguna u otra forma, de manera indirecta o directa, comenzó a justificarse en la narrativa de actores políticos y medios el retorno de la mano dura que significó la política de la Seguridad Democrática.
Sus deseos son órdenes, diría el mago. Y lo que estamos presenciando es una antesala tenebrosa de lo que puede suceder durante los próximos cuatro años. Lo que sucedió esta semana en Magdalena y Cesar habla de ello, aunque de manera subrepticia.
Por un lado, quedaron expuestos los distintos problemas de seguridad que enfrenta Magdalena con patrullajes y retenes ejercidos por paramilitares en distintas zonas, sin mayor disimulo. Se conoció también la suspensión de la mesa de negociación con las ACSN y la captura en Guachaca de uno de los voceros de esta mesa que, como divulgó el medio Entérate en Línea, ya no hacía parte de las ACSN, según denunció su abogado defensor.
Luego del Consejo de Seguridad celebrado por el presidente De La Espriella en Valledupar el pasado jueves 28 de agosto, se le atribuye al ELN un ataque con drones a la estación de Policía de Pailitas, Cesar, la madrugada del viernes; seguido de unos tres comunicados apócrifos atribuidos al ELN en los que anuncian paro armado de 48 horas en los departamentos Bolívar, Magdalena y Cesar.
Mientras tanto, se conoció el anuncio de respaldo militar de Estados Unidos a Colombia para fortalecer capacidades aéreas de las Fuerzas Militares, específicamente para mejorar el despliegue de tropas en zonas de difícil acceso. Con respecto al ataque con drones atribuidos al ELN en Cesar, el Gobierno anunció también que recibirán el respaldo de Estados Unidos para enfrentar con tecnología estos ataques.
La gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra, parece haberse alineado sin mayores reservas a la política de seguridad del Gobierno nacional. Dos hechos citamos al respecto. La primera es la inversión superior a $13.400 millones que destinará la Gobernación para modernizar las capacidades de la Policía, del Ejército y la Fiscalía, y adquisiciones de vehículos tácticos blindados Guardian Xtreme Stanag 2. Fue clara la mandataria: la inversión está destinada a fortalecer las operaciones contra los grupos armados ilegales, principalmente contra las ACSN y las AGC.
El segundo hecho es que la gobernadora Guerra, a través de su red social X, abiertamente expresó su apoyo al presidente De La Espriella: “¡Tenemos Presidente!”, exclamó la mandataria, quien etiquetó al mandatario y felicitó a la fuerza pública por el operativo que logró ubicar al cabecilla de las ACSN, Naín Pérez, quien presuntamente murió al enfrentarse a un comando de la Policía.
No criticamos el júbilo de Margarita Guerra; al contrario, la gente en la Troncal del Caribe y La Guajira debe sentir un alivio por todas las atrocidades cometidas por Naín Pérez y toda esa estela de terror que sembró con masacres y amenazas publicadas en redes, extorsiones, impacto en el tejido social. Tampoco que la gobernadora se adhiera a la política de seguridad de De La Espriella.
Pero ambos hechos dejan claro que la mandataria da un giro político. Se deslinda del caicedismo (con mucha razón), pero abjura de su militancia progresista y todo lo que ello implica, lo que resulta una contradicción toda vez que en el pasado reciente apostaba por una política de diálogo y paz como vía para la solución del conflicto armado y la crisis de seguridad que empaña el departamento que gobierna.
¿Qué preocupa? El ambiente enrarecido que se puede percibir tanto en la prensa como en las redes sociales. Varias cosas queremos destacar:
– Se percibe cierto regocijo y morbo en las declaraciones y comentarios en redes en torno al abatimiento de Naín Pérez, de figuras públicas y en el despliegue noticioso de medios. Una cosa es aplicar la ley, el Estado de Derecho, ejercer la autoridad contra el crimen; otra muy distinta es solazarse con la muerte, no solo con respecto a Naín Pérez, sino con la puesta en escena necrofílica del presidente junto a 25 cadáveres. Cuando la sociedad normaliza y celebra la presentación de cadáveres como trofeos de guerra, le está dando las llaves del respeto a la vida y a los derechos humanos, de la libertad, del derecho incluso a la crítica y el control ciudadano, a una figura que claramente no cree en los derechos y apuesta por la salida violenta y policiva a todos los conflictos.
– Está claro el corte militarista del Gobierno, apoyado financiera y tecnológicamente por Estados Unidos en materia militar. Pero especialmente para Magdalena y Cesar, estimamos que vienen cuatro años de maximización militar sobre el territorio, lo que puede impactar en el tejido social y los derechos humanos, más allá de los triunfos militares y resultados en materia de seguridad, sobre todo porque estos dos departamentos son clave en materia minero energética, que es parte de la agenda central del Gobierno.
– La muerte de Naín Pérez, como todo lo que criticamos anteriormente, también dejó un mensaje que favorece a De La Espriella de cara a sus electores: prometió mano dura y lo cumplió; a pesar de lo cuestionable y poco claro del operativo, sale fortalecido en ese sentido. La contracara es que el presidente Petro no tuvo las agallas, por no decir otra cosa, de capturar o dar de baja a un paramilitar que públicamente se burló de dos presidentes de la República.
– Lo anterior deja otra reflexión. El progresismo, la izquierda, el Pacto Histórico, Petro, o como quieran denominarlos, no entendió que el tema de seguridad es una agenda que afecta la percepción de la gente en un país con un historial de violencia como Colombia. La bandera la asumió De La Espriella y lo que más preocupa es la lógica y perspectiva que sostendrán la política del gobierno.
– Uribe también aprovechó la debilidad de Pastrana ante los Acuerdos del Caguán y el país tuvo que sufrir ocho años de Seguridad Democrática, con modernización de la Fuerza Pública en alianza con unas fortalecidas AUC, gracias a la implementación del Plan Colombia; hoy, De La Espriella cuenta con el Plan Patriota 2.0
– La operación contra Naín provocó especulaciones de todo tipo. Pero llama la atención que el medio Semana, citando fuentes de inteligencia, aseguró el jueves 3 de septiembre que a Naín Pérez lo habrían asesinado sus propios compañeros de las ACSN. Horas después, De La Espriella posa ante los cadáveres de Naín, la esposa de este y dos de sus escoltas, y asegura que se debió a un operativo ejecutado por un comando especial de la Policía, que la información filtrada el jueves se hizo para que Naín delatara su ubicación, es decir, una operación de contrainteligencia en la que se ve involucrada Semana.
– Circula en redes sociales la información de que la muerte de Naín Pérez fue pactada entre las ACSN y el Gobierno. Según esta versión, las ACSN le ofrecieron al Gobierno la cabeza de Pérez a cambio de bajar los operativos contra esta organización.
3. Megacárceles y colonización de La Guajira
El columnista guajiro de nombre Arcesio Romero Pérez está convencido de que el departamento La Guajira es una colonia. Recientemente, el portal de noticias Guajira News publicó una columna de Romero Pérez titulada “La Guajira y la oportunidad de tener distritos carcelarios con base en la propuesta del presidente de construir megacárceles”.
Solo el título basta para comprender el objetivo de la propuesta. Sin embargo, queremos hacer dos reflexiones en torno a la disparatada e insultante propuesta.
En primer lugar, la propuesta de creación de mercárceles del Gobierno Nacional está seriamente cuestionada porque toma como referente el modelo carcelario implementado por El Salvador, cuya tasa de hacinamiento es superior a 260 % según estudios de la ONG Cristóbal.
Si las megacárceles que quiere construir De La Espriella serán el calco de las de Bukele, entonces estamos ante un modelo que no garantizará los derechos humanos ni respetará la Constitución ni las leyes, sino que basará sus “resultados” en números y represión. Además, megacárceles no significa cero impunidad, así como tampoco cero corrupción, dos de los principales problemas del país.
Por lo tanto, la propuesta de Arcesio Romero López no podemos verla sino como otro proceso en el cual el territorio es asumido como un ente sujeto a la colonización. Sí, La Guajira ha sido colonizada de distintas maneras y en esos procesos colonizadores encontramos parte de la raíz de sus problemas actuales.
La Guajira ha sido tratada como un territorio disponible para el saqueo, como tierra de nadie, como una despensa energética, como un receptor de maquinarias y extracción, como un objeto, como un ente ilimitado capaz de generar riquezas infinitas y no como un territorio con complejidades culturales y sociales, como una rica región ambiental y ecológica con vulnerabilidades.
