Por: Caribe Investigación y Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz
Lo que se presentó como la promesa de progreso y desarrollo para una región con vocación agrícola autosustentable, asentada sobre un valle de tierras fértiles y abundante agua proveniente de la cuenca del río Ranchería, terminó por convertirse en el cementerio de explotación de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, con una superficie de más de 60.000 hectáreas aproximadamente.
Cuando hablamos de cementerio, nos referimos a la desaparición geográfica, cultural, social y espiritual, por medio del despojo y del engaño, de 16 comunidades afro y Wayuu que durante décadas convivieron pacíficamente entre los municipios Albania, Barrancas y Hatonuevo, al sur de La Guajira, dedicadas a la cría de animales, siembra e intercambio comunitario en lo que hoy es la mina de carbón de Cerrejón.
Kimana, también conocida como Cabeza de Perro o Sujorí, Palmarito (comunidad Wayuu y comunidad afro), Las Casitas, Roche, Tabaco, Chancleta, Saraito I y II, Caracolí, El Descanso, Campo Alegre, Provincial, Oreganal, Patilla, Nuevo Espinal y Puerto Arturo corrieron la misma suerte: fueron despojadas de sus tierras antes de comenzar la explotación minera en el sur de La Guajira.
“Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: «Cierren los ojos y recen». Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia”, escribió Eduardo Galeano para referirse a la asimetría de poder que significó la conquista colonial del continente americano.
Cuando Carbocol e Intercor se instalaron en el territorio durante la década de 1970, hicieron prácticamente lo mismo que describe Eduardo Galeano: llegaron con promesas de progreso; cuando las comunidades afro e indígenas parpadearon, lo que hoy se conoce como Cerrejón tenía el control total de la tierra y las comunidades despojadas quedaron a la deriva, sin tierras, sin animales, sin cultivos, desarraigadas y dispersas.
La promesa estaba disfrazada de engaño y manipulación. Ofrecían beneficios sociales para ganarse la confianza de las comunidades, mintieron sobre la titularidad de la tierra, fueron negociando con cada familia por separado, pagaron la tierra a precios humillantes, ofensivos e indignos y así se fueron quedándose con el territorio. Los pocos que resistieron fueron perseguidos, judicializados, estigmatizados o sencillamente desalojados por la fuerza, como sucedió con la comunidad Tabaco en agosto de 2001.
Cuando el país entra en un escenario impredecible por la promesa del recién electo presidente, Abelardo De La Espriella, de desarrollar “fracking a lo que dé” e insistir en la explotación indiscriminada de recursos mineros, recordar lo que pasó con estos pueblos del Sur de La Guajira se convierte en un recordatorio, un ejercicio de memoria imprescindible para las luchas sociales por la defensa de cualquier expresión de vida.
“Vinieron a comprar ganado”
La comunidad Wayuu de Palmarito, en La Guajira, lucha desde 1991 por la recuperación de su territorio tras ser desalojada por la empresa Cerrejón bajo engaño. Lo que comenzó como una promesa de compra de tierras para ganadería terminó en un desplazamiento forzado.
“Nos echaron, como que usted abre una puerta y diga: ‘váyanse’”, relató Jaime Pushaina, líder histórico de esta comunidad, recordando que la empresa llegó ofreciendo comprar la tierra para criar ganado. “El ganado que ellos decían era el carbón”. La comunidad fue desalojada en dos ocasiones con la presencia de policías antimotines y debió abandonar incluso su cementerio, un sitio sagrado para los Wayuu según sus costumbres y cosmovisión.
“Nosotros fuimos presionados por la empresa minera (hoy Cerrejón)”, intervino Jainer Pushaina, también dirigente de esta comunidad. El botadero de la minera estaba cerca del cementerio. “Entonces la presión era de ellos para que sacaran a los difuntos rápido porque ellos necesitaban esa área para explotarla”, dice Jainer, quien aclara que apenas en 2018 Cerrejón les reubicó el cementerio, pero quedó pendiente la reubicación completa de la comunidad.
De 1.500 hectáreas con las que contaba esta comunidad, Cerrejón entregó solo siete, donde hoy sobreviven 200 familias, aproximadamente, sin tierras para criar animales y sin agua. Lo que hacían hace 25 años quedó en anhelo y frustración: cría de chivos, ganado y cultivos de yuca, maíz y guineo. “Allá uno tenía sus cabras; los hijos de uno vendían el chivo, vendían y compraban más, compraban hasta 20, 30 chivos. ¿Dónde está?”, lamentó Jaime Pushaina sentado debajo de una enramada, como intentando rehacer en el aire ese Palmarito de hace tres décadas.
Jaime Pushaina sentado debajo de una enramada, como intentando rehacer en el aire ese Palmarito de hace tres décadas
Es por ello que hoy exigen la reubicación en el municipio de Barrancas con una ampliación territorial de 2.000 hectáreas para garantizar proyectos productivos para las familias. Lo que entregaron no alcanza para recuperar el tejido social logrado por esta comunidad productiva y autosustentable.
Todas las modalidades de engaño
Todos los testimonios consultados para este reportaje coinciden en algo: cuando la minera llegó al sur de La Guajira, utilizaron el engaño, la mentira y negociaciones fraudulentas y deshonestas para dividir a las comunidades.
A quienes lograron comprarles la tierra, les pagaron la hectárea a precio de huevo, mientras la transnacional sellaba su futuro mil millonario. Recurrieron a la negociación individual con las familias de las comunidades bajo contratos de reserva de información, es decir, las condiciones para uno o para otro fueron variando, pero nadie sabía en qué condiciones estaban negociando con el otro.
De esa manera compraron tierras baratas y dividieron el territorio, explicó uno de los líderes más emblemáticos de esta lucha, José Julio Pérez Díaz, líder y representante legal de la Comunidad de Tabaco y el Consejo Comunitario de los Negros Bárbaros Hoscos y Cimarrones de Tabaco.
José Julio Pérez, líder de la comunidad de Tabaco
La comunidad Wayuu de Kimana, también conocida como Cabeza de Perro o Sujorí, vive desde 1992 la misma suerte de Palmarito, y la de Tabaco, Chancleta y demás comunidades desplazadas; una lucha constante por la recuperación de su territorio tras ser despojados por la actividad minera. Su historia, igualmente, está marcada por el desarraigo, la discriminación y la dispersión familiar.
En 1992, cuando la zona fue declarada minera, Kimana fue presionada para abandonar el territorio. Una parte de la familia se dejó convencer y fue llevada a la frontera con Venezuela. La señora Rosinés, una madre soltera de ocho niños, quedó desprotegida. “Llega y es despojada por personal del ejército. Le desarman el rancho, la montan en un carro a la fuerza y la llevan junto con sus hijos a Palmarito”, narró Juan Carlos Epiayú, líder de esta comunidad.
“Nosotros los Wayuu, sin territorio no somos Wayuu: perdemos la identidad, nuestros usos y costumbres, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestro sistema normativo no puede desarrollarse porque no es nuestro ámbito territorial”, lamentó Epiayú.
Ninguna forma de sometimiento estuvo exenta en el despojo territorial contra las comunidades donde se asentó Cerrejón. Caracolí, que fue desalojada entre 1996 y 1999, luego de ser una vereda próspera de más de 20.000 hectáreas, hoy no tiene “ni un solo centímetro de territorio” que puedan ocupar, manifestó Yaceht Estela Cardona Ortiz, representante legal del Consejo Comunitario Afrodescendiente Negros Bárbaros de Caracolí.
El primer engaño que la carbonera armó contra la comunidad de Caracolí fue el de la propiedad de la tierra. La empresa, explica Cardona, se encargó de organizar un equipo dedicado a convencer a la gente por medio de mentiras, “les hicieron creer a la gente que la propiedad de la tierra era del Estado. Toda la gente fue engañada. No hubo una negociación donde el campesino supiera qué era lo que estaba pasando”, enfatizó la lideresa.
Líderes en el reasentamiento Palmarito, municipio de Barrancas.
Antes del extractivismo
Este despojo territorial tuvo profundas consecuencias sociales, culturales y espirituales. Comunidades Wayuu perdieron plantas medicinales propias del territorio, usadas para el tratamiento de enfermedades primarias como gripes, dolores de cabeza y fiebres. “Antes no se veía la presión (arterial), no se veía el azúcar (diabetes), la gente no sufría de eso. Y ahora en día sufre de azúcar, ya tiene diez años y tiene azúcar, ya tiene la presión (alta)”, denunciaron las lideresas.
Además, la ruptura con su territorio ocasionó un impacto emocional devastador. Una líder de Oreganal contó cómo su abuelo “murió de pena moral pensando en el territorio que tenía, en cómo era su casa, en los pavos, en los cerdos”. “Así ha muerto mucha gente, soñando con lo que tuvo”, agregó Jaime Pushaina.
El daño a comunidades como Palmarito trasciende lo económico. Familias desplazadas y al mismo tiempo fracturadas, divididas, que terminaron migrando a otros territorios del departamento o a Venezuela; que terminaron asumiendo las prácticas y hábitos de pueblos y ciudades hostiles que les fueron exigiendo modos de vida totalmente ajenos a los de ellos.
De vivir de la siembra o cría de animales, pasaron a sobrevivir en condiciones vulnerables, pagando arriendos y servicios, comprando alimentos que de a poco fueron afectando la salud de la gente; asumiendo trabajos precarios para garantizar una amarga existencia.
En casos puntuales, como el de Palmarito, la reparación fue superficial, limitada, un insulto y robo a quienes en la década de 1980 vivían de la tierra y formaban parte de todo un eje de vocación agrícola en el Sur de La Guajira. Sin embargo, Cerrejón se encargó también de dejar una trampa en esa reparación.
“Ellos nos dieron este pedacito de tierra, pero lo pusieron a nombre de una sola persona; en términos jurídicos tendremos problemas si queremos avanzar en proyectos colectivos”, advirtió una líder comunitaria que prefirió expresarse en condiciones de anonimato porque fue amenazada de muerte en dos ocasiones.
Cuando ellos llegaron, recordó José Julio Pérez, “nosotros éramos una comunidad organizada. Éramos el primer corregimiento del municipio de Hatonuevo. Teníamos aproximadamente en esa época 370 familias en la comunidad”.
“Vivíamos dignamente de la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza artesanal. Teníamos un territorio vasto de más de 22.500 hectáreas, con muchas fuentes hídricas. Era un territorio muy productivo, la despensa agrícola y pecuaria del Magdalena Grande”, describió José Julio, sentado bajo un árbol frondoso en el patio de su casa, en Riohacha, capital de La Guajira.
Tabaco, símbolo de resistencia anticolonial
Tabaco representa para muchos un símbolo de resistencia anticolonial por la historia fundacional de esta comunidad. “Nosotros entramos en el 1620 por aquí, por Riohacha. El barco se encalló aquí, ellos conquistaron su libertad, tomaron por todo el río Calancala, desde la boca hasta llegar a la desembocadura de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Ahí se fueron formando distintas comunidades. Formaron sus primeros palenques”, explicó con orgullo José Julio Pérez, señalando con su mano hacia un horizonte imaginario, dibujando también lo que simula ser el curso de un río.
Pero recalcó que había un problema: “Como ellos no solamente se llevaron armas y municiones, y algunas prendas, cosas que traían —oro y otras cosas—, sino que también se llevaron unas mujeres de un duque de esa época. Eso les acarreó muchos problemas, porque las tropas españolas entraban constantemente por el lado de Maracaibo a perseguirlos en el territorio. Ellos fueron situándose en varias comunidades, varias rochelas, hasta que conformaron siete comunidades donde se amparaban. Cuando los atacaban en un lugar, los llevaban hacia otro sitio; pero cuando los españoles volvían, ya no encontraban a los negros, porque se habían ido hacia otro lugar”.
Entonces fue la empresa colonizadora el primer enemigo histórico de los pueblos afros que se liberaron de la esclavitud a través de la rebelión y la fundación de comunidades cimarronas, o las rochelas. El segundo enemigo vino tres siglos después disfrazado de progreso, cuando comunidades como Tabaco gozaban de una economía comunitaria saludable y autosustentable.
Esta tragedia disfrazada de desarrollo llegó a mediados de la década de 1970 y se convirtió en la sentencia de muerte de un eje de producción agrícola en el sur de La Guajira, donde hoy sobresale un boquete de miles de hectáreas y de más de un kilómetro de profundidad.
Al principio, la empresa minera llegó con dádivas y con aparentes buenas intenciones. “Hacían un contrato con el dueño de las tierras, de las fincas. De entrada, eso era armonía: trataban muy bien a esas personas mientras estaban en exploración. Pero en esa misma exploración, fueron comprando (tierras)”, precisó José Julio.
“Le hacían creer a la gente que la plata era un regalo, no una compra”, explicó el líder de Tabaco para referirse a otra de las formas de engaño. Les daban unos recursos a los dueños de la tierra para supuestamente hacer exploraciones; en el fondo estaban pagando la tierra sin que sus legítimos dueños supieran qué estaban firmando.
“Cuando ya la gente se dio cuenta de que era para sacarlos de su hábitat, ya no tenían recursos para comprar tierra. Se habían gastado los recursos porque lo vieron como una oportunidad única: cogían la plata y tenían la tierra, una gran oportunidad”, precisó Pérez encogido de hombros.
El miedo, la amenaza y la persecución comenzaron poco tiempo después. Aunque fue Tabaco una de las últimas comunidades despojadas, fue la que más sufrió por la crudeza y violencia de las acciones tanto de la empresa minera como del Estado.
De las dádivas a la persecución
Para la década de 1990, el sur de La Guajira estaba fracturado y casi que controlado por Cerrejón. Pocas comunidades y líderes quedaban en pie de lucha en el territorio. Negados a negociar condiciones indignas, se resistieron a vender la tierra. Es cuando el terror fue aplicado como política para terminar de desterrarlos.
“Los que quedábamos en resistencia no queríamos vender”, recordó José Julio. “Queríamos que nos recompusieran en un nuevo territorio. El territorio que teníamos ahí, si no había mejor (tierra), que fuera igual. Intentamos negociar con ellos en términos de iguales, pues que hubiese una reparación colectiva de los que se hayan quedado. Intentamos decirle en varias ocasiones que no queríamos irnos a deambular en pueblos ajenos”.
Esta exigencia fue duramente criminalizada y estigmatizada. En una región que comenzaba a ser arrasada por el paramilitarismo, luchar por la tenencia de la tierra en una zona carbonífera se convirtió en una lápida fría y horrorosa. Comenzaron a señalar a los líderes comunitarios de ser colaboradores de la guerrilla.
José Julio Pérez denunció que ya los paramilitares les prestaban seguridad a las instalaciones de la antigua Carbocol e Intercor, que luego pasó a convertirse en Carbones El Cerrejón. “De 1997 a 2001 fue una persecución total”, tanto de paramilitares como de la Policía y el Ejército contra los líderes comunitarios de Tabaco. “Nos organizamos en una Junta Social por Reubicación. De esa manera pudimos sobrevivir, porque los militares de esa época entendieron que si no teníamos una organización, podían quitarnos las cosas, bajarnos la temperatura, ponernos en persecución de la ley, del Ejército, de la Policía”.
En 2001, precisó José Julio Pérez, se consumó el destierro de Tabaco: los paramilitares hicieron el trabajo sucio de amenaza y persecución, pero el Estado entró con la fuerza pública y maquinarias para exterminar el último foco de resistencia del sur de La Guajira; unas 140 familias que se habían negado a entregar su tierra para la extracción de carbón quedaron sin nada.
Si bien Tabaco fue la comunidad que más persecución y asedio sufrió, la gente de Caracolí también tuvo que enfrentar una persecución gradual, pero abiertamente descarada, inhumana y violenta. Yaceth Cardona, líder de Caracolí, recordó que algunos líderes, además de ser expropiados, fueron golpeados y encarcelados por oponerse al desalojo, como ocurrió con su padre en 1998.
Las últimas familias del caserío de Caracolí fueron sacadas a la fuerza. “Les metieron las máquinas, destruyeron las casas para que se fueran obligados y no pagarles”, aseguró ella. La empresa cerró todas las vías de acceso a la vereda como lo hizo con Tabaco para evitar que las familias retornaran a buscar lo que habían dejado.
El caso de Manantial (Manantialito)
Desde la comunidad Palmarito, reubicada en el municipio Barrancas, los líderes consultados también dejaron memoria de otra de las comunidades atropelladas por la era del carbón en el Sur de La Guajira, en este caso de Manantial. Un ejercicio colectivo simbólicamente poderoso, tomando en cuenta que el conversatorio se desarrolló bajo una enramada wayuu desde donde se pueden observar las estribaciones de la Sierra Nevada, hacia el occidente, y la impetuosidad de la Serranía del Perijá en todo el horizonte oriental.
También conocida históricamente como Manantialito es un asentamiento ancestral que sufrió las consecuencias de la actividad minera de El Cerrejón, bajo dinámicas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y confinamiento. A diferencia del desalojo abrupto de Tabaco, el caso de Manantial se enmarca en un patrón de presiones territoriales y ambientales sostenidas a lo largo de décadas.
La comunidad, de raíces afrodescendientes e indígenas, fue progresivamente presionada para abandonar sus parcelas productivas. El avance de las obras de infraestructura de la mina y la contaminación forzaron la dispersión de las familias.
Al perder el acceso directo a sus fuentes tradicionales de agua y agricultura, los habitantes sufrieron una grave crisis de seguridad alimentaria. Pasaron de ser productores agrícolas autosuficientes a depender de empleos informales o subsidios temporales que resultaron insuficientes.
Tras el desplazamiento de los habitantes, la empresa minera Cerrejón transformó y bautizó parte de ese territorio desocupado como la Granja Experimental Manantial, utilizándola para proyectos de rehabilitación de suelos y ganadería regenerativa. Las organizaciones sociales señalan la contradicción de usar tierras despojadas para mostrar “sostenibilidad” corporativa.
Voceros de Manantialito y organizaciones aliadas han denunciado formalmente ante el CINEP y entes internacionales el impacto de la minería en sus vidas, catalogándolo como un despojo amparado bajo falsas promesas de desarrollo.
Acciones de tutela “no tienen dientes”
José Julio Pérez, líder de la comunidad de Tabaco en La Guajira, aseguró que las acciones judiciales emprendidas contra Cerrejón han resultado inútiles para detener el despojo territorial. A pesar de haber obtenido fallos favorables, como una tutela en el año 2000 y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia el 7 de mayo de 2002, para Pérez estos recursos “no tienen dientes, no tienen nada”.
“Son acciones simbólicas. Eso no tiene nada, eso no hace nada”, sentenció el líder desde su casa en Riohacha, explicando que las tutelas solo sirven como “un respaldo, una prueba de lo que ha venido sucediendo”, pero no obligan ni al Estado ni a las empresas a cumplir con las comunidades.
El caso más revelador, según Pérez, ocurrió cuando un juez declaró en desacato al entonces alcalde de Hatonuevo, Enaime Rodríguez Ojeda, quien facilitó el desplazamiento de la comunidad. “Salió el desacato. Si es favorable a la comunidad: cárcel y una multa”, recordó. Sin embargo, la sanción se redujo: “Le quitaron la cárcel y le dejaron la multa. Pagó la multa y no tuvo problema”.
El líder explicó que el exalcalde fue el responsable de permitir la operación de Cerrejón en el territorio: “Si el alcalde no le facilita las cosas al Cerrejón, no hubiera pasado nada, no nos hubieran podido sacar. Porque el Cerrejón no tenía autoridad tampoco sobre el Ejército”. Pérez subrayó que la Policía y el Ejército no pueden ordenar desalojos si no hay autorización estatal, y esa autorización vino del alcalde.
Tabaco, en más de 20 años ha agotado todas las vías legales: “Hicimos miles de cosas: acciones populares, denuncias penales, acciones, marchas, derecho de petición, todo lo que había que hacer, denuncia penal. Pero nada prospera contra el Cerrejón, no prosperará”, aseguró con resignación, aunque aclaró que no descansará en la lucha por la recuperación y la dignidad de Tabaco y las comunidades sometidas al despojo territorial.
De la resistencia a la acción
Si bien la lucha de las comunidades desplazadas por Cerrejón ha significado un acumulado importante por la defensa del territorio, el agua, la memoria y la dignidad de estos pueblos, líderes sociales de La Guajira como Rafael Gamarra, vocero de la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz, advirtió que se requiere con urgencia pasar de la resistencia a la acción para garantizar la participación y protagonismo de las comunidades afectadas por la minería de carbón en lo que se denomina transición energética.
Tras años de promesas incumplidas, recalcó Gamarra, las organizaciones comunitarias están decididas a profundizar la unidad y la resistencia; también están enfocadas en impulsar la reconversión económica y productiva de sus territorios, recuperando su cultura económica, con la creación de cooperativas y consejos comunitarios, con capacidad legal y financiera para ejecutar proyectos propios, porque la infraestructura de la región gira en torno a un modelo económico meramente extractivo, sin ninguna inversión económica alternativa. Desde Corpomesa se sostiene que con el cierre de la mina Cerrejón se desarrollarán las fuerzas productivas y de esta manera renacerá la economía propia de La Guajira.
Desde la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz, también conocida como Mesa Caribe, se creó la Corporación Mesa o CorpoMesa con esa finalidad, aunque advierten que no es suficiente.
Los consejos comunitarios, resguardos, asociaciones campesinas y juntas comunales se están formando en diversas áreas para desarrollar la gestión y la autogestión, así como contratar y gestionar recursos. La meta, enfatizó Gamarra, no es “negociar con Cerrejón y sacarle un billetico”, sino construir “un proyecto social, un proyecto económico desde y para la gente”, que pueda superar el modelo económico extractivista y le permita a la región dar un giro de 360 grados, pasar del extractivismo a la economía alternativa, popular, solidaria, comunitaria, de carácter agrícola y social.
La creación de una o varias corporaciones debe estar dirigida también a la superación de lo que las comunidades consideran el tutelaje de las ONG o extractivismo del conocimiento, porque las ONG llegan al territorio, sistematizan el conflicto, el conocimiento, pero no se quedan en el territorio. Las investigaciones deben ser lideradas por la gente; el conocimiento debe quedarse aquí, coinciden los líderes. “No es que rechacemos las ONG, sino que les pongamos condiciones” y se integren a los liderazgos locales con el objetivo final de “recuperar los territorios propios”.
Como alternativa, la Mesa Caribe viene planteando un plan B para las comunidades desplazadas por la operación minera: gestionar ante el Ministerio de Agricultura la creación de un Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM), un territorio colectivo donde puedan reconstruir sus pueblos y recuperar su identidad cultural. “Buscar un territorio para las comunidades desplazadas en alguna parte”, explicaron, sin renunciar a la lucha por la restitución de sus tierras originales.
La mentada transición energética no será viable si no se antepone un interés vital para la región, el acceso al agua potable. Hoy los municipios de Albania y Barrancas, cabeceras municipales donde viven muchas familias desplazadas, enfrentan una crisis hídrica que ha ocasionado conflictos comunitarios. “En Albania hay una guerra ahora entre familias y entre comunidades porque no hay agua”, denunció Pérez.
El derecho al agua es una prioridad compartida por las comunidades afectadas por el despojo territorial, sobre todo por el gran impacto ambiental que ha dejado la explotación del carbón sobre la cuenca del río Ranchería. Si no es así, ¿cómo se puede hablar de transición energética en un territorio prácticamente desbastado por la explotación minera?
Desgaste y división
Más de 30 años de lucha son ejemplares. Pero el cansancio llega, golpea la voluntad, desgasta y divide. “Algunos compañeros consiguen becas o empleos y abandonan el trabajo comunitario”, insistieron. Esta es una de las prácticas más comunes del Cerrejón para lograr dividir el movimiento y dispersar la lucha por la recuperación del territorio.
Denunciaron además que Cerrejón aplica una estrategia para debilitar el movimiento: “Paga para que los representantes de las comunidades afectadas no accedan a empleos”, señalaron. Hasta ahora, aseguran, ninguna comunidad afectada ha recibido trabajo formal de la empresa.
Esta resistencia, reconoció Rafael Gamarra, muchas veces “genera cansancio” y ocasiona que las comunidades bajen la guardia, “la esperanza se pierde, porque las cosas no se hacen”, y se van dilatando los reclamos, las sentencias en torno al conflicto y la solución definitiva al desplazamiento de estas comunidades no se cumplen.
El líder del Consejo Comunitario de los Negros Bárbaros Hoscos y Cimarrones de Tabaco, José Julio Pérez, calificó la lucha como un desgaste para quienes lideran la resistencia, y cuestionó que la empresa cuente con “mucha estrategia” para neutralizar cualquier avance judicial. “La única vía que tenemos es la vía de hecho, y en la vía de hecho tenemos más enemigos que amigos”, concluyó, refiriéndose a la necesidad de recurrir a la movilización directa ante la falta de respuestas del sistema judicial.
Consulta previa: ¿derecho o instrumentalización?
En torno a la explotación de los recursos en La Guajira, se ha podido identificar un patrón que han asumido las transnacionales en el departamento y otros territorios. La aplicación de la consulta previa: lo que debe asumirse como un derecho colectivo consagrado, defendido y amparado por la ley y el Estado, termina siendo instrumentalizado por las empresas.
El proceso de consulta previa está consagrado en la Ley 21 de 1991, a través de la cual “se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T.1, Ginebra 1989”. La norma parece ser la celebración de consultas amañadas, instrumentalizadas y manipuladas, incluso en concierto con funcionarios del Estado.
Al menos en La Guajira, estos procesos han sido criticados duramente porque terminan siendo cooptados por las empresas mineras y se han convertido en un instrumento de manipulación y conflicto. Los testimonios recogidos revelan una profunda desconfianza hacia un mecanismo que, en teoría, está diseñado para proteger los derechos de las comunidades.
La comunidad exige que se aplique la Sentencia T-704 de la Corte Constitucional (2016), que obliga a Cerrejón a realizar consulta previa y reparar los daños a pueblos desplazados antes de que existiera el Convenio 169 de la OIT. “Estamos peleando la consulta previa y la sentencia. Tiene que hacerlo la empresa, porque tiene que hacerlo con todas las comunidades que fueron desplazadas”, afirmó Jaime Pushaina, líder de Palmarito, desplazado desde 1991.
Reconocen, sin embargo, las dificultades para probar la propiedad del territorio: Cerrejón “está diciendo: ‘Sí, pero muéstreme con pruebas que usted estaba en ese territorio’. Si ya lo reasentaron, ya desbarataron el territorio, ¿cómo va a demostrar?”, cuestionó Pushaina.
Esto ha alimentado “divisiones, conflictos interclaniles y violencia. Ese es el enfoque de la consulta previa” que ha asumido Cerrejón, denunció otro vocero de la Mesa Caribe, Silvestre Pushaina, quien agregó que el proceso debe ser conducido por el Estado y no por las multinacionales, “porque no hay garantía en la conversación entre el ciudadano y la transnacional”.
Sobre la consulta previa se ha acentuado una controversia, ya que algunos liderazgos afirman que la sentencia ha sido una maniobra de Cerrejón para instrumentalizar a las comunidades, manipular los procesos de consulta previa y obtener el respaldo de nuevas licencias ambientales, a partir de reconocer compensaciones con relación a impactos causados.
A esta instrumentalización, que forma parte de la estrategia de desgaste y división anteriormente señalada, se le suma otro inconveniente según Rafael Gamarra: “Uno no tiene condiciones para enfrentar a una transnacional como Glencore, o las que ahora están en la Alta Guajira (parques eólicos). Ellos vienen con antropólogos, psicólogos, economistas, un equipo de asesores de última generación. Nosotros no tenemos asesores, abogados de ese tipo”. Y es lo que aprovechan las multinacionales para negociar por separado dentro de las comunidades.
Esta desigualdad, advirtieron, permite que las empresas “vayan dividiendo a los que trabajan en función de esas empresas y negocian”, lo que termina de “quebrar la voluntad de todos”.
Un punto central de la crítica es el uso de lenguaje técnico para confundir a las comunidades. “Llegan con palabras técnicas cuando le hablan a uno”, coincidieron los consultados, quienes agregaron que utilizan sentencias judiciales como la 704 (referida al derecho a la consulta previa), “y le hablan a la gente con palabras técnicas” para enredar a las comunidades.
Por ello, la Mesa Caribe ha insistido no solo en la lucha por la recuperación del territorio, sino por la formación constante de sus líderes para que conozcan la forma y el fondo de las sentencias judiciales, para que toda la comunidad pueda entenderlas y consolidar la lucha en términos jurídicos.
Ahora bien, una reflexión un tanto controversial es que la consulta previa pierde sentido para las comunidades que han sido desterritorializadas, como señaló Rafael Gamarra: “¿Cómo participa una comunidad que no está en el territorio porque fue desplazada?”.
Sin territorio, el proceso de consulta previa se convierte en un simple negocio: “Aceptar una consulta previa, hacer un negocio y repartir una plata y seguir sin territorio… lo que vamos a otorgar es una licencia para exterminar la vida”, advirtió el coordinador de la Mesa Caribe.
Es una lógica que los dirigentes quieren revertir. Al proceso de la consulta previa hay que contraponerle principalmente el derecho al territorio. Que la negociación arranque por la restitución de tierras. Es decir, un territorio que permita recuperar las condiciones de vida digna de las comunidades antes de ser desplazadas.
Cuando una consulta previa ha prosperado, entonces la mano invisible de Cerrejón hace lo mismo: boicotear cualquier designio de justicia, como sucedió con la comunidad Kimana, que en 2016 fue reconocida por una sentencia y les permitió conformarse como Cabildo indígena con dos autoridades tradicionales. Sin embargo, Cerrejón puso trabas para la consulta previa, argumentando división interna, afirmó Juan Carlos Epiayú, líder comunitario de Kimana.
