Son ya 4 años de los trágicos hechos del 10 de febrero de 2005, en los que dos compañeras perdieron su vida y otros tantos resultaron heridos en una jornada nacional de protesta contra el TLC, la reelección presidencial y por la defensa de la educación publica. En este articulo, además de espantar las tinieblas del olvido, pretendo hacer una reflexión sobre la política de seguridad democrática que todavía padecemos.
A partir de este momento se intensificaron las persecuciones al movimiento estudiantil y a los compañeros heridos por agentes estatales y paraestatales. Tras la necesidad de presentar resultados a cualquier precio (recordemos los falsos positivos que se conocieron a mediados del año pasado), la “efectiva” política de seguridad democrática el 5 de mayo en la madrugada capturó 15 compañeros (9 de ellos heridos en la explosión), que fueron presentados ante los medios de comunicación como presuntos integrantes de redes subversivas de las Farc y el Eln en Medellín. Los compañeros, una mujer entre ellos, fueron sindicados de terrorismo, rebelión y hurto calificado: todos fueron absueltos en el transcurso de un año. Pero esta detención, que uno de los abogados defensores calificó de ilegal por las irregularidades al momento de la captura, fue una estrategia mediática que criminalizó la disidencia y la crítica al proyecto político de la derecha neoliberal (encarnada por AUV) que empezaba a surgir en los establecimientos educativos a nivel nacional.
ii.
La política de seguridad democrática se ha configurado a partir de una imagen mediática que crea una suerte de “opinión pública virtual” obediente, en la cual el gobierno siempre tiene la razón, así se violen los derechos humanos, se asesinen indígenas, se desplacen campesinos o se capturen inocentes. Una de estas imágenes fueron los sucesos que se desencadenaron a partir del 10-F, en los que los estudiantes y la universidad pública fueron señalados de terroristas, de estar infiltrados y ser semilleros de los grupos guerrilleros. Imagen que se transmitió a través de los medios y “legitimó” toda una serie de atropellos: las capturas arriba señaladas, los continuos hostigamientos a los movimientos estudiantiles, el resurgir de las amenazas paramilitares al interior de la U. de A., que ya en 1999 habían cobrado la vida del compañero Gustavo Marulanda. Todo esto justo en los tiempos en que el director seccional de la Fiscalía fuera Guillermo valencia Cosio.
La política de seguridad democrática ha manejado el siguiente modus operandi en la lucha contra el pueblo colombiano: se crean unos enemigos de la sociedad en los medios de comunicación (llamados terroristas, ya sean indígenas, estudiantes, trabajadores, campesinos o defensores de los derechos humanos), que deben ser combatidos con la peor violencia posible, se manipulan las imágenes y la realidad nacional con el fin de hacernos asumir la lógica del gobierno en la que “o están conmigo o contra mi”, mediante la cual se pretende justificar los continuos abusos a las comunidades movilizadas. Bien lo saben los indígenas que en la “Minga Social Popular”, que inició a finales del año pasado, fueron presentados como terroristas de las Farc ante las audiencias nacionales o con el reciente asesinato a manos del ejército nacional del comunero nasa Edwin Legarda, compañero de la concejera mayor del CRIC (concejo regional indígena del cauca) Aída Quilque, en un atentado que iba dirigido contra esta.
La política de seguridad democrática tiene un gran trasfondo simbólico. Sus asesores tienen claro que es fundamental para administrar el poder la creación de imágenes de identificación colectiva en los medios de comunicación y las industrias culturales, que, además de potenciar la consolidación de la hegemonía que ha mantenido al uribismo en el poder, posibilite un amplio rango de acción, pues los medios ya no representan la realidad: la recrean al servicio del capital y sus gendarmes. Si se asesinan campesinos con sus hijos, como en la comunidad de paz de San José de Apartadó, o se realizan masacres extrajudiciales de personas discapacitadas para presentarlas como “positivos”, los medios primero nos dicen, reproduciendo el discurso oficial, que eran auxiliadores de la guerrilla, luego que no, que sí eran civiles pero sospechosos y, finalmente, a regañadientes por las demandas ante las cortes internacionales, aceptan que sí lo hicieron pero que actuaban de buena fe.
Para comprender como el poder del estado no solo es la manipulación legítima de la fuerza dentro de un territorio como sugiere Weber, sino también la manipulación y el control de la producción de imágenes, basta observar la actitud del gobierno ante el cubrimiento periodístico de la liberación de secuestrados en días pasados. Tanto sus ministros como sus “gran hermanos” televisivos no han parado de deslegitimar la acción unilateral de las FARC, pues solo sería “una estrategia macabra de terroristas que quieren engañar a la opinión pública nacional”. Es claro, comprenden el gran poder que las imágenes pueden generar. Solo para mostrar un último ejemplo, baste recordar cómo los indígenas del Cauca, que reivindicaban la ampliación de sus territorios, pasaron de ser los desterrados a los grandes terratenientes a nivel nacional en algunos concejos comunales.
Sin embargo, tanto como los comuneros indígenas sembrados a la Madre Tierra en la María Piendamó en las movilizaciones del 2006 y 2008, las compañeras que cayeron el 10 de febrero no mueren en vano, no quedan atrás, sino que van adelante alumbrando el camino de los pueblos. Hoy como ayer, es necesario seguir nutriendo las movilizaciones populares, seguir cubriendo nuestros rostros para ser vistos, continuar organizando la rabia y la solidaridad de los pueblos que buscan la construcción de realidades donde la dignidad, la autonomía y la libertad sean una práctica cotidiana.