En Colombia, cuando se comenzó a hablar de crisis, el gobierno nacional, en cabeza del ministro de hacienda Oscar Iván Zuluaga, salió inmediatamente a hacer un llamado a la tranquilidad y a decir que no teníamos de qué preocuparnos, que nuestra economía se mantenía creciente gracias a la seguridad democrática del gobierno dictatorial de Uribe y que, a diferencia del resto del mundo, y gracias al Mesías que gobierna este país, la economía colombiana seguiría creciendo.
En contraste, poco a poco se han ido conociendo informaciones sobre los primeros efectos de la crisis. El presidente de la Andi Luís Carlos Villegas declaró hace pocos días que “oficialmente” la industria colombiana está en recesión porque en los últimos dos trimestres su crecimiento se ha reducido en un 3%; a renglón seguido, en una reunión que se llevó a cabo entre empresarios, el banco de la república y el gobierno nacional, se reconoció que la tasa de desempleo nacional pasó de 9.9 por ciento en diciembre de 2007, a 10.6 por ciento en diciembre de 2008; y se informa también que, de acuerdo a cálculos del Ministerio de Hacienda, como resultado de la desaceleración económica se perdieron alrededor de 500.000 empleos entre octubre y diciembre de 2008.
Ante la evidencia de que Colombia no es el paraíso que Uribe y su cohorte predican y que la crisis tocaba las puertas del país, en enero se anunció que el gobierno nacional destinaba 55 billones de pesos a lo que se llamó el plan de choque para “animar la economía y estimular el empleo”. Lo que nunca se dijo fue que esos 55 billones que se presentaron como el gran esfuerzo del gobierno para que la crisis no nos golpeara demasiado fuerte, fueron el resultado de reciclar cifras de inversiones que ya estaban presupuestas y que de todas maneras había que ejecutar. La única intención detrás de este anuncio era dar el golpe mediático de turno y anotarle unos cuántos puntos más de popularidad al presidente “más popular de la historia de Colombia”.
Sin embargo, para la inmensa mayoría de los pobladores de este país, la crisis económica no es ninguna noticia. Hace décadas que más de 20 millones de personas en Colombia viven en una permanente crisis, ya no solo económica sino, en lo que desde Periferia hemos llamado la crisis humanitaria, que se refleja en la falta de empleo, en el cada vez más difícil acceso a la salud, a la educación, en la falta de vivienda que realmente sea digna y de interés social, en fin, la crisis de más de la mitad de los pobladores colombianos se traduce en una verdadera tragedia de tipo humanitario.
Pero como en este país todo lo que sea desfavorable a la imagen de Uribe tiene que distorsionarse u ocultarse, entonces vuelve y aparece en el escenario el trajinado tema del llamado acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados. Vale la pena anotar que la intención de Colombianos por la Paz, que fueron quiénes volvieron a hablar del tema después de la publicitada operación jaque, es buena, y puede interpretarse como la posibilidad de abrirle un espacio a la eventualidad de un diálogo para buscarle una solución política al conflicto armado.
Pero como a todo en este país, el presidente y los medios masivos de comunicación se encargan de “darle la vuelta”, de convertirlo en un show para que Uribe se luzca y para que la llamada opinión pública tenga con qué entretenerse mientras las condiciones de vida de la población siguen empeorando. Baste ver las declaraciones contradictorias de Uribe en las que un día dice que está listo para firmar el acuerdo humanitario con las Farc y al siguiente dice que lo que hay es que combatirlas y ordena arreciar los operativos contra esta guerrilla “para obligarlos a liberar a los secuestrados”. O escuchar a José Obdulio Gaviria diciendo que mientras Uribe sea presidente no tendremos acuerdo humanitario.
En resumidas cuentas, lo único nuevo que traerá la llamada crisis del capitalismo o crisis económica, es la agudización de las ya precarias condiciones de vida de la mayoría de la población, o en otras palabras la profundización de la crisis humanitaria en la que estamos inmersos. Mientras tanto, desde las esferas gubernamentales pretenden que nos distraigamos pensando si es mejor que el gobierno le arrebate los secuestrados a las Farc, o que esta guerrilla los entregue voluntariamente. Lo que no hemos escuchado de ningún sector gubernamental o de oposición es cuándo nos sentaremos por fin los colombianos a buscarle solución a la crisis humanitaria que nos agobia.