El 3 de mayo de este año, en las horas de la tarde, comenzó a circular la conversación entre el doctor Jaime Alberto Camacho Pico, rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), y un jefe paramilitar denominado Félix. Este hecho ha puesto en evidencia una vez más la estrategia aplicada para silenciar a profesores, estudiantes y trabajadores de las universidades públicas, llegando hasta el asesinato de muchos de ellos por parte de organismos del estado y de grupos paramilitares, con la total complicidad de las autoridades judiciales. Dicha estrategia no solo busca eliminar las voces de protesta, sino implantar un modelo educativo en detrimento de la calidad e incentivando la privatización del conocimiento.
Panorama nacional
En la última década, las universidades estatales han sido objeto de una política sistemática por parte de organismos del estado, así como de grupos paramilitares, con señalamientos, estigmatizaciones, persecuciones, y asesinatos, todos estos en la impunidad. Es bien conocido el caso de la Universidad de Córdoba, donde los grupos paramilitares toman el control de la institución en cabeza de su ex-rector Claudio Sánchez Parra, el cual fue impuesto por Salvatore Mancuso. Desde la confesión de este hecho, el pasado 21 de noviembre, no menos de 19 integrantes de dicha comunidad universitaria han sido asesinados. Este accionar violento no es exclusivo de Córdoba. Así lo comprueba el recientemente asesinato del estudiante de la Universidad de la Guajira, Éder Enrique Sierra; el de Jorge Andrés Isaza Velásquez en la Universidad de Antioquia; los casos en la Universidad del Valle de Jhonny Silva y Julián Andrés Hurtado asesinados en los años 2005 y 2006 respectivamente; Oscar Salas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el 2006; Gustavo Marulanda, estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia, asesinado en 1999, y el asesinato, en 2002, de Jaime Alfonso Acosta, estudiante de ingeniería de la Universidad Industrial de Santander. Estos son apenas los casos más nombrados, pero lamentablemente no son los únicos.
Sincrónicamente cada uno de los estamentos en las universidades públicas es perseguido por las mismas directivas y gobiernos universitarios, por el simple hecho de intentar expresar oposición a sus cuestionadas gestiones. La concentración de poder en un solo organismo es evidente, a tal punto que cualquier tipo de reforma es ejecutada por los gabinetes de las rectorías sin la presencia directa de trabajadores, profesores y estudiantes, so pretexto de mantener una institucionalidad.
El patético caso de la UIS
Una analogía para esta política sistemática se ha desplegado en la UIS después del año 2000. Para lograrlo, lo primero que realizan los estamentos internos y externos es la llamada matriz de opinión, comenzando con la deslegitimación de las diferentes formas de organización y expresión de los estudiantes, como sucedió con la llamada hoja de ruta, el documento realizado por los estudiantes y avalado por una asamblea universitaria estudiantil. Este documento planteaba los mecanismos para “comenzar un proceso de diálogo y negociación con las directivas”, en un intento de diálogo que a la fecha ha sido desconocido por las directivas de la institución. También se ha dado la eliminación de espacios no institucionales propios e históricos de los estudiantes, con la excusa de “ser centros de subversión”, así pasó, por ejemplo, con la “sede de los estudiantes”, que por más de 40 años perteneció a la comunidad estudiantil en general. Dicha sede fue desalojada por la fuerza a mediados del 2007, y hoy por hoy solo se abre para representantes avalados por la institución.
A nivel externo, se evidencian las continuas campañas respaldadas por los medios masivos de comunicación para desprestigiar y señalar que en las universidades hay infiltrados que incitan a los estudiantes a protestar. Este caso puede observarse en diversos artículos de prensa y programas radiales de opinión. Por ejemplo, el diario local El Frente, en su edición del día domingo 29 de abril de 2007 publicó: “PRESENCIA GUERRILLERA EN CONFLICTOS UNIVERSITARIOS: Los servicios de seguridad adelantan seguimiento a una célula urbana del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, que estaría desarrollando actividades políticas alrededor de los extraños conflictos que se vienen presentando en la Universidad Industrial de Santander”.
El ex-gobernador, Hugo Aguilar Naranjo, investigado por sostener varias reuniones con miembros del denominado Bloque Central Bolívar, y quien en el año 2007 era el presidente del Consejo Superior UIS, afirmó, deliberadamente y sin pruebas, en una entrevista del viernes 4 de mayo del mismo año al Canal de televisión Regional del Oriente-TRO: “Todo parece indicar que algunos estudiantes de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER que protagonizan protestas en el claustro universitario estarían fabricando papas bombas con metralla y otras de las cosas es que se han tomado 2 pisos y están elaborando papas bombas e inclusive… utilizando metralla”. También en Vanguardia Liberal: “Es de recordar que en los disturbios protagonizados por algunos estudiantes de la UIS en noviembre del año pasado, el general Orlando Pineda Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que por trabajos de inteligencia se pudo detectar la infiltración de miembros del Partido Comunista Clandestino de Colombia”. Estas afirmaciones fueron reiteradas el 2 de Diciembre del 2008 por el gobernador de Santander, Horacio Serpa: “lamentablemente creemos que hubo infiltración de milicias urbanas del ELN y las FARC en los disturbios”. Todo esto en perfecto sincronismo con las amenazas que hicieron los paramilitares en un comunicado del Bloque metropolitano de Bucaramanga Nueva generación de Águilas Negras, distribuido el día 15 de Febrero del 2009: “Estamos iniciando una campaña a nivel nacional de exterminio de guerrilleros de las Universidades y vamos a comenzar por la UIS”.
A todo esto se suma el cierre de periódicos, por parte de las directivas universitarias, como el caso del periódico Pro-Texto, en otrora único medio de los estudiantes, financiado por la universidad. Y a la par se promueve el fortalecimiento de los medios de comunicación gubernamentales, donde está prohibida la opinión diferente a la señalada por las directivas, como sucede con los periódicos Cátedra Libre y Hecho en la UIS.
No solo este modelo de matriz de opinión se usa para los estudiantes, también para cualquier estamento que difiera de las directrices. Es el caso de la Asociación de Profesores de la UIS – ASPROUIS, en la cual, después del cambio de junta de la asociación, las directivas universitarias inician señalamientos públicos: “La asociación de profesores se ha politizado y radicalizado de tal manera que ha convertido (en) su objetivo primordial la lucha política de izquierda y la oposición al gobierno nacional y a la dirección de la Universidad”. Este señalamiento aparece en un correo interno de Alonso Silva, Director de planeación de la UIS, dirigido a ASPROUIS en abril del 2009.
Las medidas de fuerza
A la par con el asedio de organismos externos, la comunidad se ve agredida por sus propios administrativos: “usted tiene conocimiento pleno de personas que están realizando el papel de… incidiendo para que los muchachos estén llevando en pasos de la izquierda?”, “usted sabe, y yo sé, que hay profesores que están jodiendo con la vaina”. Esto es un fragmento de la conversación entre el Rector y el Jefe Paramilitar en el 2007.
Las directivas universitarias, los órganos del estado y grupos paramilitares imponen la política del garrote, como las sanciones disciplinarias decretadas por el Consejo Académico de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, mediante el acuerdo nº146, el 26 de julio de 2007, menos de un mes después de la comunicación entre el rector y el Jefe Paramilitar. Allí se ordenó la apertura de investigación disciplinaria a un grupo de estudiantes de esta Institución, los cuales venían participando como voceros estudiantiles en el proceso de diálogos de la llamada hoja de ruta. Una semana después (El 2 de agosto), se recibió un comunicado desde el remitente “santandersincomunistas@hotmail.com” al correo del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL, Subdirectiva Bucaramanga. El comunicado estaba titulado II AVERTENCIA, y declaraba OBJETIVO MILITAR a siete (7) Estudiantes, un (1) Profesor y un (1) Trabajador, por el delito de ser supuestos guerrilleros.
Ante la solicitud para que se retractara de lo manifestado en la prensa hablada y escrita en meses anteriores contra del Movimiento Estudiantil de la UIS, Hugo Aguilar Naranjo, presidente del Consejo Superior-UIS, manifestó lo siguiente: “Que en ningún momento se retractaría de lo mencionado, porque la inteligencia que vienen realizando los organismos de seguridad del estado dentro de la Universidad ha demostrado la infiltración de personas que no son estudiantes de esta institución, como ha ocurrido en las marchas, en la asamblea permanente y demás actividades que han venido desarrollando”.
El 16 de junio del 2008, como parte del sincronismo, un profesor fue amenazado de muerte por el Bloque Central Bolívar. El 24 del mismo mes, mediante acto administrativo, son expulsados 2 estudiantes, este proceso de expulsión había comenzado con la apertura de investigación ordenado por el CONCEJO ACADÉMICO a 17 estudiantes, através de un grupo elite del mismo. Cabe destacar que en estos procesos se evidencian vicios, dado que el gobierno universitario en la UIS actúa como ente investigador, acusación y juez en los procesos disciplinarios.
Un arma muy utilizada como medida de acoso es la vigilancia privada, a pesar que la procuraduría y la contraloría en el 2002 recomendaron eliminarla y fortalecer mejor la vigilancia por parte de empleados propios de la UIS. Esta vigilancia es apoyada por la instalación de más de 50 cámaras de vigilancia en el campus universitario. Pero al ver que el objetivo no se logra con las anteriores prácticas, comienza la agresión física: en lo corrido de la administración del Rector Jaime Camacho se han reportado más de 9 casos de agresión física a estudiantes por parte de la Vigilancia privada. En el momento se encuentran amenazados de muerte en la UIS, por grupos paramilitares en comunicados públicos y hostigamientos, 47 personas entre estudiantes, profesores y trabajadores. Todos estos casos han sido reportados y documentados por organizaciones de derechos humanos. A su vez, en lo corrido de esta década la fiscalía ha judicializado a más de 15 estudiantes por delitos que van desde Terrorismo hasta asonada, muchos de ellos denunciados por las mismas directivas de la universidad. Hasta la fecha ninguno de estos estudiantes ha sido condenado y, en su mayoría, los casos han sido cerrados.
A pesar de la eficiencia de la fiscalía y de los órganos de seguridad del estado para sindicar y acusar a la comunidad universitaria de diversos actos, no es recíproco este entusiasmo para protegerla. A la fecha el ministerio del interior se niega a dar medidas cautelares y de protección a la comunidad universitaria, y las directivas solo asienten la medida; lo extraño es que el propio rector de la UIS conocía las intenciones de grupos paramilitares de asesinar a integrantes de la comunidad, como mínimo desde mediados del 2007. Como se puede escuchar en la grabación, Félix, el jefe paramilitar que lo contactó, decía: “esto aquí lo que se va a realizar es un plan pistola, la gente que está realizando eso nosotros vamos a proceder contra ellos. Yo necesito que me colabore con el listado de la gente que usted ve o cree que no está de acuerdo con lo que en la universidad se está realizando, que por el contrario quieren surgir cosas de izquierda”.
Aún más desconcertante es el apoyo público dado por los propios grupos paramilitares al gobierno universitario “porque para nosotros han administrado bien la universidad y estamos y apoyaremos la reelección del rector CAMACHO PICO”. Esto se lee en el comunicado del 15 de febrero de este año, donde los reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia declaran objetivos militares a 26 estudiantes, 12 trabajadores de SINTRAUNICOL, y 6 profesores. A pesar de la gravedad de los hechos, el asunto no fue reportado al ministerio del interior y la fiscalía para que adelantaran la investigación y comenzaran el proceso de medidas de protección a la comunidad.
Esperamos que este artículo sirva de llamado a los diferentes estamentos de la sociedad y protejamos lo más valioso que producen las universidades publicas, la diversidad de pensamiento, garantía esta de una real democracia.