Durante el periodo 2002-2004, en Caramanta, suroeste antioqueño, el alcalde Herman Ocampo y su administración estuvieron acompañados de un escenario particular de participación ciudadana: la Asamblea Municipal Constituyente, creada para deliberar pública y democráticamente sobre aspectos políticos, económicos, territoriales y socioculturales encaminados en la construcción de una agenda pública de desarrollo para el municipio. Pero, según los campesinos, la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Juan Guillermo Valencia, no ha querido reconocer este espacio democrático, que recoge diferentes sectores sociales, económicos y culturales del municipio, y más bien lo señala como una plataforma política opositora a su gestión.
En esos tiempos, la comunidad decidía
Las dos administraciones anteriores reconocían y trabajaban conjuntamente con la Asamblea Municipal Constituyente. “Cuando empezamos éramos cerca de 40 personas: presidentes de organizaciones y Juntas de Acción Comunal. En general, todo aquel que quisiera participar en ese espacio era bienvenido”, relata Don Alfonso Patiño, presidente de la Asociación Agropecuaria- ASAP Caramanta. “A partir de la escuela de líderes que creó la administración de Herman Ocampo, conocimos cómo es el manejo del presupuesto participativo, cómo llegaba, a qué se destinaba, cómo se repartía… nosotros no teníamos conocimiento de eso. De allí se conformó la Asamblea Constituyente y se ha mantenido como propósito ser un espacio abierto de participación ciudadana, democrática y comunitaria”.
Las Asambleas de ese periodo sirvieron para crear con la comunidad el Plan de Desarrollo y posteriormente ser veedoras de sus ejecuciones. En este sentido relata don Alfonso: “Yo recuerdo que cuando nos reuníamos a planear lo del presupuesto participativo nos dividíamos por sectores: el sector de la salud, sector de la educación, sector de obras públicas. Entonces la misma gente, por grupos o afinidades, se distribuyeron. Por ejemplo, en el sector educación estaban los educadores, porque ellos sabían qué realmente era lo que hacía falta en las aulas y en general en el colegio y las escuelas. La misma gente sabía lo que les hacía falta. Existían diferentes dinámicas para repartir esos dineros en orden de prioridad y en cantidad de recursos… ¡Eso era muy bonito!”
En el periodo siguiente (2005-2007), la administración estaba encabezada por el alcalde Augusto Gómez, que avaló la Asamblea Constituyente, de manera que esta continuó cumpliendo sus funciones. Para algunos, sin embargo, el programa de gobierno se quedó inconcluso por la pobre gestión del alcalde Gómez. Por citar algunos casos problemáticos: se había dado vía libre para construir dos trapiches comunitarios y no se hicieron; no se cumplió con el programa de Rutas de Vida, que consistía en darle el mantenimiento y mejoramiento que requerían diferentes vías de comunicación como caminos veredales, carreteras y calles urbanas; no se terminó de construir el alcantarillado de la vereda Alegrías; casi ninguna calle del casco urbano fue pavimentada después de las labores de cambio de alcantarillado; entre otras.
Para la primera Asamblea de este último período, que se realizó el 1 de marzo de 2008, estuvo presente el actual alcalde Juan Guillermo Valencia, que llevaba pocos meses de mandato. En esta ocasión se empezó a tratar el tema de la minería, pues en las veredas Yarumalito y Buenos Aires, ubicadas al norte del municipio, se venían haciendo estudios y exploraciones de minas de oro hacía aproximadamente cuatro años, es decir, desde la administración anterior; pero se puso en conocimiento solo después de que los habitantes de estas zonas empezaron a informar de lo que estaba sucediendo. La preocupación naciente entre los participantes de la Asamblea Constituyente era ¿por qué en ese espacio nunca se llegó a mencionar ese tema? Además desconocían cuáles eran las pretensiones de dichos estudios y qué efectos podría traer, ya que las fuentes económicas de Caramanta las ha constituido principalmente la agricultura, y de minería solo sabían que se daba en municipios vecinos como Marmato, en Caldas.
Cada uno de los ponentes invitados hizo su exposición y, sin que llegara el turno del alcalde, este pidió la palabra para anunciar que tenía que retirarse. Pero aprovechó para dirigirse a los asistentes y decir “que hay muchas confusiones frente al tema minero; pero además de eso, la alcaldía no puede reconocer este espacio como democrático, pues lo que se está haciendo aquí es propaganda política”.
El argumento del alcalde para sostener esta afirmación es que en la asamblea no se encuentra la empresa minera y sobre todo que las organizaciones presentes son, según él, izquierdistas.
El último episodio calentó más el ambiente
La última Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta, que se realizó el pasado 16 de mayo, contó con la presencia de representantes de varias organizaciones, entre ellas el Consejo Ciudadano, CENSAT Agua Viva, ASAP Caramanta, Biabuma (organización campesina de Tamesis, Antioquia), Comité cívico Prodefensa de Marmato-Caldas, Comité Zonal del corregimiento de Alegrías, Amucar (Asociación de Mujeres de Caramanta) y la comunidad Caramanteña. En total asistieron más de 100 personas. Esta Asamblea, que se desarrolló en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, tenía como propósito tratar el tema minero.
La empresa B2 GOLD había sido invitada para que explicara sobre los estudios hechos en varias veredas, sus efectos y los beneficios que podría traer, de darse su ejecución. Pero cuatro días antes cancelaron su asistencia. No obstante, se iba a proceder con el cronograma propuesto por el Consejo Ciudadano, cuando de repente llegaron el rector del colegio, Miguel Ángel Jaimes, y el comandante de la Policía del municipio, Sargento Otalvaro, con orden del alcalde de no prestar el auditorio para dicha actividad y evacuarlo inmediatamente, argumentando que se trataba de un evento de “campaña política”.
Tanto el alcalde Juan Guillermo Valencia como el Consejo municipal habían sido invitados, pero solo asistieron tres concejales: Ever de Jesús Abello Villada, Inés Judith Abello Bedoya y Deiby Johanny Atehortua Agudelo, que hacen parte del Consejo Ciudadano. Sin embargo, tanto los organizadores como los asistentes se rehusaron a la orden y expusieron las razones al comandante. Según ellos, la comunidad estaba en todo el derecho de permanecer allí y realizar la Asamblea, máxime cuando en días pasados se había solicitado el permiso del auditorio con su respectiva aprobación de la rectoría de la institución.
Uno de los concejales, Ever de Jesús Abello Villada, se dirigió a la alcaldía a solicitud de la Secretaria de Gobierno, Liz Margaret Álvarez, quien también acababa de llegar a la institución educativa en compañía de un policía. Allí encontró que con el alcalde estaban el personero Mario Fernando López Ríos y Olga Echeverri, representante de la empresa minera invitada, disfrutando cada uno de un tinto. Posteriormente, el alcalde Juan Guillermo Valencia le manifestó al concejal Ever que en vista de que la empresa minera no iba asistir a la asamblea, debían cancelarla inmediatamente porque se trataba de un evento de tinte político.
Mientras tanto, en el auditorio de la institución todos los asistentes decidieron proseguir, a pesar de la insistencia del rector y el comandante de impedirlo. Cuando dieron inicio con los himnos, el vigilante de la institución, por orden del rector, acudió a desconectar de energía a los equipos de sonido, el computador y el video beam que se iban a utilizar. La música se silenció, pero los cánticos de los asistentes permitieron que no se interrumpieran los himnos.
La Asamblea se realizó como se había programado. Las organizaciones que llegaron de afuera expusieron varias experiencias de minería en distintas regiones del país. Andrés Idarraga, abogado y miembro de la organización CENSAT Agua Viva, expuso una pequeña síntesis de los estudios que viene realizando su organización sobre la minería en Caramanta. En algunos apartes mencionó que “desde el 2005 la transnacional Colombia Golding viene haciendo exploraciones en el municipio; visitaron parcelas y fincas para sacar muestras de suelo y analizarlas. Con los resultados de la evaluación calcularon que hay cerca de 5.3 millones de onzas de oro en el subsuelo en 21330 hectáreas estudiadas. Como en Caramanta solo hay cerca de 860 hectáreas de superficie, quiere decir que el resto del suelo estudiado pertenece a los municipios aledaños como Marmato y Supía, en el departamento de Caldas, y Tamesis y Jericó en el departamento de Antioquia”.
Idárraga desmintió también el mito de que la explotación minera generará empleo para el país. Explicó que, según el Dane, entre los años 2002 y 2007 la actividad minera generó un incremento de 1.14% en el empleo en todo el país con referencia al 2002. Pero en esta misma etapa el aumento de la explotación minera fue de un 400% con referencia al 2002. Realizando la operación matemática se deduce que para el 2007 el empleo se redujo a 0.9%.
El rector se retiró en compañía del vigilante, pero el comandante permaneció observando y con su celular tomó fotografías a varios documentos que estaban sobre una mesa y a las personas que asistieron. Al término de la asamblea, el sargento Otalvaro reconoció que no había presenciado proselitismo o propaganda política y que, evidentemente, la Asamblea era un espacio de participación ciudadana y por ende democrática. Además, se ofreció como testigo garante para cualquier apelación que fueran a realizar los organizadores o asambleístas ante el Consejo Municipal u otras instancias. En días posteriores, el concejal Ever le pidió el favor al comandante de que borrara las fotos y este accedió sin problema.
Ese mismo sábado 16 de mayo, en la tarde, en sesión del consejo, los concejales Ever de Jesús Abello Villada, Inés Judith Abello Bedoya y Deiby Johanny Atehortua Agudelo presentaron una proposición en la que se preguntaba al alcalde cuáles son los espacios públicos a los que se puede acceder y el conducto regular correspondiente. Este fue apoyado por cerca de 7 votos contra 2, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta del alcalde.
Los organizadores de la Asamblea Municipal Constituyente, recogidos en el órgano del Consejo Ciudadano, continuarán con el proceso de las asambleas y por estos días se están reuniendo para mirar cuándo programan la próxima asamblea. Manifiestan que continuarán luchando por aquel espacio que algún día les permitió decidir sobre sus vidas y soñar con un bienestar en la comunidad. Hoy por hoy, con un año y medio de mandato del actual alcalde, se preguntan si todavía habrá planes de desarrollo que sean prósperos y convenientes para el municipio ¿Por qué las Asambleas Constituyentes le causan malestar al alcalde? A esta pregunta se une la de algunos caramanteños que apoyan las asambleas: si estos no son los espacios de participación ¿cuáles son? ¿Acaso tendrá miedo de hacer democracia?